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Detalle de uno de los formularios de votación de las legislativas de Colombia.
Detalle de uno de los formularios de votación de las legislativas de Colombia.Carlos Ortega (EFE)

Nunca llegó a ser una petición formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero la recomendación del presidente Iván Duque y las palabras del registrador nacional, Alexander Vega, que abrieron la posibilidad de volver a contar los votos de las legislativas del pasado 13 de marzo, sumieron a Colombia en la incertidumbre sobre la transparencia de los comicios. Antes de que Duque y Vega abrieran la puerta a un escenario desconocido e inédito en la historia colombiana, fue el expresidente Álvaro Uribe -que vio disminuido su caudal electoral en el Congreso con su partido Centro Democrático– quien dijo que los votos debían volverse a contar, aun cuando no existe una mecanismo legal para hacerlo y solo plantearlo como una posibilidad supone un menoscabo a la democracia e institucionalidad del país.

Este martes, en una audiencia de más de cuatro horas, la mayoría de los partidos políticos se manifestaron en contra de la idea, principalmente porque no existe una figura normativa para hacerlo e intentarlo supondría poner en duda todo el sistema electoral. Solo entonces, el registrador se echó para atrás y reconoció que en Colombia no hay razones para hablar de fraude. La pelea jurídica terminó, pero la puja política continúa y aviva los señalamientos sobre el papel del registrador en un año electoral que apenas empieza. En mayo será la primera vuelta presidencial y, en caso de no resultar vencedor ninguno de los candidatos, se llevará a cabo una segunda en junio, de donde saldrá el presidente de los colombianos para los próximos cuatro años.

“No es razonable ni ajustado al ordenamiento colombiano que se lleve a cabo un reconteo general de la votación para el Senado porque ya se tramitaron las etapas previstas en el ordenamiento jurídico”, opina el abogado y exmagistrado José Gregorio Hernández. Analistas, historiadores y políticos llevaban horas advirtiendo de que la idea de volver a contar los votos no solo era imposible de realizar sino que además era peligrosa. “Un reconteo daría lugar a una crisis institucional porque podría haber candidatos que no quedaran contentos con el resultado y volvieran a pedir un reconteo”, dice Hernández. Podía ser un proceso sin fin y, al no haber antecedentes, tampoco se sabía cómo llevarlo a cabo. En las elecciones del domingo 13 de marzo participaron 17.000 jurados que trabajaron sobre 112.000 mesas de votación. ¿Cómo se organizarían de nuevo para un reconteo? ¿Cuándo se haría? ¿Cómo se garantizaría que esta vez quedaran todos satisfechos? Hasta este martes no había respuestas sobre la propuesta del Gobierno que puso al país de cabeza.

“Hemos decidido pedir el recuento general de votos para el Senado de la República, a fin de dar transparencia al proceso electoral”, decía el registrador el domingo. 24 horas más tarde aseguraba que no había por qué dudar. “No es posible seguir hablando de fraude electoral en Colombia. Seguiremos trabajando por un proceso electoral transparente y con garantías. Es bueno que se respeten los resultados”, aseguraba la tarde de este martes. El presidente Iván Duque no ha hecho ninguna mención al asunto después de paso atrás del registrador, pero su ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el único interés del Gobierno es que “prevalezcan las instituciones y que sea la decisión del pueblo colombiano la que elija sus representantes”.

La polémica empezó por 500.000 votos. En el preconteo, dado a conocer la misma noche electoral, la coalición de izquierda, liderada por el candidato Gustavo Petro, identificó que no se habían contabilizado más de 400.00 votos, que luego sí se reflejaron en el escrutinio oficial. La advertencia dio pie para que la derecha hablara de que se estaba fraguando un fraude y se empezara a poner sobre la mesa la posibilidad de volver a contar todos los votos e incluso desconocer los resultados electorales. “¿Qué pretende el señor Petro? Que aparezcan 500.000 votos, abrumadora mayoría a su favor y no haya respuesta. ¿Por qué le teme a un reconteo? Que empiece a mirar cuántos tarjetones se entregaron en cada mesa y se revise que no estén adulterados y que hubieran sido contabilizados en debida forma?”, insistía hasta la mañana de este martes el expresidente Uribe, que ha guardado silencio después de que, con excepción de su partido, el Centro Democrático, y el Partido Conservador, todos los demás se opusieron a la idea de volver a contar los votos.

El exmagistrado José Gregorio Hernández, conocedor del sistema electoral, explicaba en un video por qué la sola propuesta era a todas luces ir contra la institucionalidad del país. “Hubo un preconteo inicial en la noche del domingo [la del 13 de marzo] y culminó con la entrega de resultados preliminares. Después se realizó el escrutinio con más de 5.000 jueces de la República y aparecieron algunas votaciones que estaban perdidas por errores humanos. Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá formalizar y entregar las curules correspondientes mediante el título que contempla el ordenamiento jurídico: las credenciales”, decía Hernández en un repaso sobre cómo funciona el sistema. En la misma línea se manifestaron los movimientos políticos que participaron en la audiencia de la Comisión Nacional de Garantías Electorales convocada este martes por el presidente Duque para evaluar volver a abrir las bolsas con votos y empezar de nuevo con el conteo.

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“Rechazamos cualquier insinuación de fraude, no creemos que sea necesario recorrer un camino que nos puede llevar a la deslegitimación de nuestras instituciones y a la fractura de nuestro sistema democrático, rodeamos la institucionalidad del proceso electoral del 13 de marzo”, decía el vocero del Partido Liberal, en nombre del su líder el expresidente César Gaviria. “No es conveniente ni pertinente realizar un recuento general de la votación, es un mal precedente”, señalaba el movimiento Mira. “Hay que actuar con mucha serenidad, debemos ser respetuosos para que se garantice una transición democrática en Colombia. Los llamados desde la presidencia [a un reconteo] rompen la neutralidad”, apuntaba el vocero de la Unión Patriótica, que hace parte de la coalición de izquierda Pacto Histórico. “No hay evidencia de fraude, por ese lado estamos tranquilos, hubo errores humanos, que se han venido subsanando. En este momento es mejor confiar”, aseguraba Dilian Francisca Toro, del partido de La U. La posición de los partidos políticos, que se negaron a un reconteo general, fue clave para que el registrador, que no ha dado mayores explicaciones a su cambio de opinión, decidiera retractarse.

“De haberse decidido hacerlo [el reconteo] hubiéramos actuado por fuera de lo que se encuentra estipulado en la legislación colombiana. Era peligroso haber abierto ese camino que, aunque podía tener como propósito buscar transparencia, corría el riesgo de terminar en una verdadera deslegitimación”, dice Alejandra Barrios, de la Comisión de Observación Electoral (MOE). Barrios reconoce que la seriedad con la que se abordó este debate en la audiencia de este martes, incluso en los movimientos políticos que se mostraban a favor de un reconteo, permitió que hoy se reconozca en Colombia que los resultados de los comicios son confiables. El reto, dice Barrios, será lo que viene en adelante. La sensación de duda que quedó tras este episodio solo podrá ser contrarrestada con lo que pase en los próximos meses. A la exigencia de una sociedad que pide que cada voto sea contado tendrán que responder con altura todas las instituciones el próximo 29 de mayo cuando se volverán a abrir las urnas. Esta vez para elegir al próximo presidente de los colombianos.

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La dura ofensiva rusa contra Ucrania ha llevado al presidente Volodímir Zelenski a pedir a la OTAN y sus aliados armamento, pero también la creación de una zona de exclusión aérea que impida los ataques desde el aire sobre el país invadido. Estados Unidos y la UE se han movilizado para facilitar armamento a las fuerzas ucranias —el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, ha planteado este domingo la posibilidad de hacer llegar a Kiev aviones de combate procedentes de Polonia, a cambio de dar a Varsovia aparatos más modernos—. Los aliados occidentales, en cambio, han descartado declarar una zona de exclusión aérea en Ucrania. El líder ruso, Vladímir Putin, ha amenazado con utilizar todos los medios militares a su alcance para golpear a cualquier país tercero que interfiera en el conflicto. Este domingo, Rusia ha advertido también de que considerará a los países vecinos que permitan a los aviones ucranios usar sus bases aéreas como parte activa en el conflicto.

¿Qué es una zona de exclusión aérea?

Consiste en prohibir todos los vuelos militares en una determinada zona para evitar misiones aéreas de ataque, de vigilancia o de observación.

¿Qué ventajas tendría para Ucrania?

Evitaría los bombardeos de la aviación rusa y restaría capacidad operativa al ejército del presidente Vladímir Putin en la invasión de un país con más de 600.000 kilómetros cuadrados.

¿Se ha utilizado alguna vez?

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Sí, más de una. Por ejemplo, en los conflictos en Libia (2011), en el norte de Irak (entre 1991 y 2003) o en Bosnia-Herzegovina (1993-95).

¿Cuál fue el desencadenante?

En el caso de Libia, evitar que las fuerzas aéreas del Gobierno de Muamar el Gadafi aplastasen las revueltas de la primavera árabe en el país. En otros casos, se han invocado razones humanitarias o para frenar la persecución y muerte de ciertos grupos étnicos dentro de un país.

¿Cómo se garantiza el cumplimiento de la prohibición?

Por medios militares. Cualquier aparato que entre en la zona de exclusión puede ser derribado.

¿Quién ejerce la vigilancia?

Depende de cada caso. En Libia fue una coalición internacional. En el norte de Irak fueron fuerzas estadounidenses, británicas y francesas. Y la OTAN asumió la operación en la antigua república yugoslava de Bosnia.

¿Cuál es la postura de Occidente en este caso?

Ha descartado aplicar una zona de exclusión. “Los aliados han acordado que no debe haber aviones de la OTAN en espacio aéreo de Ucrania ni tropas de la OTAN en territorio ucranio”, señaló el pasado viernes el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, al término de una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los 30 países aliados.

¿Por qué rechazan los occidentales aplicar la exclusión en Ucrania?

Por temor a que provoque una escalada del conflicto y un choque frontal entre potencias nucleares como son Rusia y los principales aliados de la OTAN (Estados Unidos, el Reino Unido y Francia). “La única forma de implementar una zona de exclusión aérea es enviar aviones de la OTAN, aviones de combate en el espacio aéreo de Ucrania, y a partir de ahí se aplica la exclusión derribando aviones rusos”, explicó Stoltenberg el viernes. Los expertos recuerdan, además, que la primera medida para una exclusión es destruir el material antiáereo del posible enemigo, lo que podría obligar a bombardear posiciones rusas en Ucrania.

El secretario general de la Alianza añadió que los aliados están convencidos de que si llevan a cabo esa operación se encaminarán a “una situación que podría terminar provocando una guerra total en Europa, involucrando a muchos más países y causando mucho más sufrimiento humano”. Las palabras de Stoltenberg son tal vez las primeras de un dirigente internacional que evocan el riesgo de que el conflicto sobre Ucrania derive en una tercera Guerra Mundial.

¿Qué ha dicho Rusia al respecto?

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha acusado este sábado a Zelenski de intentar involucrar a la OTAN para arrastrar a los occidentales a un choque armado con Rusia. “Intenta provocar un conflicto con participación de la OTAN, entre la OTAN y Rusia”, señaló Lavrov en una rueda de prensa. El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió el 24 de febrero, al iniciar la invasión de Ucrania, que utilizaría todos los medios militares a su alcance para golpear a cualquier país tercero que interfiera en el conflicto. Todas las capitales occidentales han interpretado esas palabras como una amenaza al uso de bombas nucleares. Putin y Lavrov han subrayado varias veces en las últimas semanas que Moscú está dispuesto a utilizar su arsenal atómico. Y el presidente ruso le indicó al presidente francés, Emmanuel Macron, en una de sus recientes conversaciones telefónicas, que “Rusia va a ganar esta guerra, pase lo que pase”. Este domingo, un portavoz del Ministerio de Defensa ruso ha advertido de que “el uso de las bases aéreas de estos países como bases para las fuerzas aéreas ucranias, seguidos de su despliegue contra las fuerzas armadas rusas, podría ser considerado como una participación de estos países en el conflicto armado”.

Llegado el caso, ¿quién tendría que autorizar o decidir la zona de exclusión?

No hay normas internacionales claramente definidas sobre la adopción de esa medida. En algunos casos, se hizo con autorización expresa de Naciones Unidas, como fue en el caso de Libia, aprobada por el Consejo de seguridad con 10 votos a favor y cinco abstenciones (Alemania, Rusia, China, la India y Brasil). En Bosnia-Herzegovina, la ONU también pidió de manera tajante una zona de exclusión aérea para poner fin a la catástrofe humana provocada por uno de los frentes del conflicto de los Balcanes. En Irak, en cambio, se utilizaron como punto de partida las resoluciones de la ONU favorables a una intervención por razones humanitarias, aunque en esos textos no figuraba la autorización explícita de utilizar medios militares.

¿Sería costosa la operación?

Sin duda. Ucrania es el país más grande de Europa, después de Rusia, por lo que el área a cubrir sería inmensa. La zona de exclusión requiere un patrullaje aéreo muy frecuente. La factura también dependería de la duración del conflicto. Los expertos coinciden en que la resistencia ucrania ante la invasión rusa puede llevar a una guerra de larga duración. Solo la participación de EE UU en la zona de exclusión del sur de Irak costó unos 700 millones de euros anuales, según un informe del servicio de estudios del Congreso estadounidense.

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Donald Trump, durante un mitin para impugnar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Donald Trump, durante un mitin para impugnar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.JIM BOURG (REUTERS)

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el miércoles una solicitud del expresidente Donald Trump para bloquear la entrega de documentación de la Casa Blanca relacionada con el asalto al Capitolio. La decisión del máximo tribunal —de mayoría conservadora, y con tres magistrados nombrados por el exmandatario republicano— despeja el camino legal para que la comisión investigadora del Congreso pueda acceder a casi 800 páginas de registros sobre el ataque del 6 de enero de 2021.

Entre los documentos solicitados por el comité a los Archivos Nacionales, la institución que custodia esos registros, figura información relacionada con los principales asesores de Trump y los memorandos a su secretaria de prensa. También el llamado diario de la Casa Blanca, un registro de las actividades, viajes, reuniones informativas y llamadas telefónicas del entonces mandatario. Los abogados de Trump fracasaron en su intento de ocultar la información invocando el privilegio ejecutivo, una disposición legal que protege las comunicaciones del presidente estadounidense con su equipo.

“El presidente Trump es más que un ciudadano común”, dijeron los abogados del republicano en una carta dirigida al Supremo para bloquear el acceso a los documentos mientras continuaba la batalla legal en los tribunales de menor rango. “Él es uno de los cinco estadounidenses vivos a quienes, como expresidentes, se les otorga autoridad especial para tomar determinaciones con respecto a la divulgación de registros y comunicaciones creados durante sus mandatos”, agregaron. Según el exmandatario, si los documentos solicitados se hacen públicos, la seguridad nacional estará en peligro. El presidente Joe Biden rechazó invocar el privilegio ejecutivo para este caso.

Los abogados de la comisión investigadora, formada por siete congresistas demócratas y dos republicanos, argumentaron ante el alto tribunal que este no debería torpedear su investigación. El trabajo del comité “es de la mayor importancia y urgencia: investigar uno de los episodios más oscuros en la historia de nuestra nación, un asalto mortal al Capitolio y al Congreso de Estados Unidos, y una interrupción sin precedentes de la transferencia pacífica de poder de un presidente a otro”, defendieron.

Solo el juez Clarence Thomas dejó constancia de que estaba en contra de rechazar la solicitud de Trump, pero no explicó por qué. Los magistrados tampoco dejaron por escrito las razones de su decisión.

El 9 de noviembre, una jueza federal le quitó la razón a la defensa de Trump. La magistrada Tanya Chutkan concluyó entonces que la comisión del Congreso tenía derecho a recibir la documentación y defendió que “la posición de Trump de que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo [en alusión a la decisión de Biden de autorizar la publicación de los registros] parece basarse en la noción de que su poder existe a perpetuidad”. “Pero los presidentes no son reyes”, sentenció. Los abogados de Trump recurrieron el fallo y, un mes después, un tribunal federal de apelaciones ratificó la decisión de la magistrada Chutkan.

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Ricardo Lunari reaccionó en redes sociales luego de que los fanáticos pidieran el retorno de Ariel Holan tras la derrota en Copa Libertadores.

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