El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) que dicte una orden urgente “para que detenga la actividad militar rusa” en su país. Aduce para ello que “Rusia ha distorsionado la noción de genocidio para justificar la agresión y debe ser hecha responsable de ello”. En el marco de la justicia internacional, una demanda de estas características, en pleno conflicto armado, desplaza por su urgencia a todos los demás casos estudiados por los 15 jueces del tribunal. De modo que es posible que estos resuelvan en los próximos días si cabe dictar medidas cautelares, como ha pedido Ucrania, al menos para que no se agrave la situación.
El Tribunal Internacional de Justicia es la máxima instancia judicial de Naciones Unidas y resuelve litigios entre Estados. Ambas partes deben aceptar su jurisdicción, un acuerdo previo imposible dada la actual situación bélica. Sin embargo, como se presume que Ucrania ha invocado la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio (1948), de la que forman parte Kiev y por Moscú, el TIJ puede analizar el caso.
“Hay que dejar las cosas claras: desde el punto de vista del orden legal internacional edificado desde 1945, lo que hemos visto es una invasión de un Estado soberano del territorio de otro Estado soberano. Es algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial en el continente Europeo, pero el tribunal de la ONU no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la agresión militar en sí misma. Sí podría indicar ciertas medidas provisionales en virtud de la jurisdicción que sea invocada por Ucrania”, dice, al teléfono, Vladyslav Lanovoy, profesor asistente de Derecho Internacional de la universidad canadiense de Laval, en Quebec, que fue asesor legal de uno de los jueces del tribunal. En su opinión, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, alega que desde 2014 se ha producido supuestamente un genocidio contra la población de la región del Donbás (la minoría rusa en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk), “retuerce la noción de genocidio para justificar la agresión contra Ucrania”.
Daniel Peat, profesor asistente de Derecho Público Internacional en la universidad holandesa de Leiden, recuerda por su parte que las decisiones adoptadas por el TIJ son vinculantes para los Estados, pero carece de poderes para obligarles a que las cumplan. “Lo que sí puede hacer el tribunal es clarificar que no hay un genocidio en el Donbás, lo cual contradice los argumentos del presidente ruso Putin para lanzarse contra Ucrania. Ello sería una fuente de información objetiva para la población rusa. Verían que les han dado unas explicaciones que no son ciertas, y tal vez anime la protesta interna rusa”, explica en conversación telefónica.
Desde el punto de vista legal, el genocidio es el crimen más difícil de abordar porque hay que demostrar la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Rusia debería por lo tanto probar ante el TIJ que dichos grupos existen en la región del Donbás. “No creo que esa población pueda considerarse un grupo protegido con la convención en la mano, pero habrá que ver qué argumentos alega la parte rusa cuando se aborde el fondo de la cuestión, una vez resuelta esta fase de medidas provisionales. De la misma forma, no creo que Ucrania vaya a alegar que se está produciendo un genocidio contra su pueblo. Sería incurrir en el mismo error”, dice Vladyslav Lanovoy. Con su demanda, “el presidente Zelenski busca que la comunidad internacional entienda que estas alegaciones del presidente ruso son infundadas”, concluye.
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En los documentos que ilustran la situación actual, Ucrania hace una relación de “violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las Fuerzas Armadas rusas desde el pasado 24 de febrero de 2022″. Entre otros, figuran ataques de artillería y con misiles contra viviendas, hospitales, ambulancias, almacenes, escuelas y zonas residenciales, “con más de 210 muertos, incluidos seis niños”. El mismo texto, señala que desde el 25 de febrero, “se han registrado hasta 20 casos de saqueo por parte de los militares rusos”.
La situación en Ucrania ocupa también al Tribunal Penal Internacional (TPI). Con sede en La Haya, como la corte de la ONU, la propia Ucrania y Rusia no figuran entre sus miembros. El TPI no puede actuar por tanto en la actual situación en virtud del denominado crimen de agresión, que figura entre sus atribuciones desde 2018. En 2015, sin embargo, Kiev aceptó de forma parcial la jurisdicción de esta corte penal en los casos de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en su territorio, después de la anexión rusa de Crimea en 2014. En diciembre de 2020, Karim Khan, el fiscal general del TPI, anunció que “había razones para creer que durante ese conflicto se habían producido crímenes de guerra y otros delitos”. De momento, no ha solicitado a los jueces la apertura de una investigación formal. El pasado viernes, el propio Khan mostró su preocupación ante los crímenes que pudieran perpetrarse durante la invasión rusa, y que pueden ser investigados por la fiscalía.
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