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El ministerio español de Asuntos Exteriores está investigando el paradero del jubilado valenciano Mariano García Calatayud, de 74 años, ante la posibilidad de que haya sido detenido por el Ejército ruso en el transcurso de una manifestación contra la invasión convocada en la ciudad ucrania de Jersón, que tuvo lugar el lunes. Una amiga ucrania ha comunicado a la hermana del funcionario retirado que había sido arrestado por soldados rusos y que se lo habían llevado con ellos, sin que se sepa cuál es su estado actual, según ha confirmado el Ayuntamiento de Carlet, donde trabajó como brigada de obras el ahora desaparecido.

La amiga citada, llamada Olana, le dijo que unos compañeros vieron “cómo los rusos lo subieron en un coche” y no saben “nada más”, según ha explicado Vicenta García Calatayud a la televisión autonómica valenciana À Punt. “El móvil suena, pero no lo coge”, ha añadido.

El ministerio español de Exteriores ha señalado a este periódico que su “Embajada en Kiev (actualmente en Varsovia) y los servicios de emergencia consular del MAEC están siguiendo atentamente este caso, investigando cuál es el paradero de Mario García Calatayud para esclarecer su situación y permanecen en contacto con su familia”.

El enclave portuario de Jersón, en la ribera del Mar Negro, tiene una población de 282.000 habitantes y es la ciudad más grande de Ucrania ocupada por las tropas rusas. Allí, este lunes, las fuerzas de Putin reprimieron con fuego real (granadas de aturdimiento y disparos) una protesta contra las fuerzas del Kremlin, según denunció el ministro ucranio de Exteriores, Dmitro Kuleba, que aseguró que un pensionista había resultado herido.

El funcionario jubilado se marchó hace unos siete años a vivir a Ucrania con la intención de prestar apoyo al país en el conflicto con Rusia. Ya se manifestó en contra de la anexión de Crimea. Llegó a crear una asociación a través de la cual no ha dejado de enviar ayuda humanitaria a los ciudadanos ucranios. Recientemente, hizo pública la organización de un convoy y no ha ocultado su apoyo a la causa ucrania ni sus críticas a Rusia ni a su presidente, Vladímir Putin. El jubilado ha manifestado que está incluso dispuesto a empuñar un arma si es necesario.

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El pasado jueves, García Calatayud habló por última vez con su hermana. ”Le dije que viniera, que volviera aquí, que con el peligro que hay. Y me dijo que de momento no, que estaba ayudando y no pensaba irse”, manifestó Vicenta García en declaraciones a la televisión valenciana.

Los servicios informativos de la cadena hablaron con él un día después. Les proporcionó vídeos sobre la resistencia pacífica de los ciudadanos de Jersón y les manifestó: “El pueblo está unido. Eso es lo que no esperaba Putin, que aquí hubiera la unión que hay”.

El brigada municipal de obras retirado explicó que su interés por Ucrania se remonta a las enseñanzas de su padre relativas a la necesidad de ayudar a los más débiles y a cómo el pueblo ucranio dio un ejemplo de solidaridad acogiendo a miles de menores de familias republicanas durante la Guerra Civil española.

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El multimillonario ruso Roman Abramóvich es también, entre otras muchas cosas, portugués. En abril de 2021, el Gobierno luso le concedió la nacionalidad en virtud de unas raíces sefardíes que nunca fueron bien esclarecidas. En aquel momento, cuando la invasión de Ucrania parecía un argumento distópico, pesaba más el dinero que la transparencia. El procedimiento para otorgar la ciudadanía portuguesa al oligarca ruso duró apenas seis meses y estuvo avalado y gestionado por la Comunidad Israelí de Oporto, cuyo rabino, Daniel Litvak, fue detenido por la policía judicial este jueves, mientras se preparaba para volar a Israel, según el diario Público, que hace unos meses destapó anomalías en la actividad de esta comunidad para lucrarse con la tramitación de ciudadanías lusas.

La Policía Judicial confirmó a última hora del viernes en un comunicado la operación que dirige la Unidad Nacional de Combate a la Corrupción, que también incluyó registros en domicilios y despachos de abogados. La Fiscalía General del Estado emprendió una investigación en enero para aclarar posibles irregularidades en la tramitación de expedientes para facilitar la nacionalización con el argumento de los antecedentes históricos de judíos ibéricos en los que se podrían haber cometido tráfico de influencias, corrupción activa, falsificación de documento, blanqueamiento de capitales, fraude fiscal y asociación criminal.

La Ley de la Nacionalidad permite desde 2015 nacionalizar como portugueses a los descendientes de la antigua comunidad judía que residió en el país hasta su expulsión por orden del rey Manuel I en 1496, cuatro años después de que los Reyes Católicos los echasen de los territorios de las coronas de Aragón y Castilla. El Gobierno luso atribuyó en exclusiva a las Comunidades Israelíes de Lisboa y Oporto la potestad para certificar los antecedentes sefardíes de los solicitantes. Desde entonces se han tramitado 86.500 peticiones, de las cuales el Ministerio de Justicia ha concedido más de 32.000. El 90% de las solicitudes se han presentado en la organización judía de Oporto, entre ellas la del oligarca Roman Abramóvich. Aunque su nacionalidad se concedió hace un año, no se conoció este hecho hasta mediados de diciembre, gracias a una noticia de Público. Solo por la tramitación de estos expedientes, la comunidad hebrea ha ingresado más de 19 millones de euros.

El multimillonario ruso, que también tiene las nacionalidades israelí y lituana, fue uno de los principales contribuyentes del Museo del Holocausto de Oporto, que se abrió al público en abril de 2021, apenas un mes antes de que Abramóvich visitase la ciudad para acudir a la final de la UEFA en el estadio del Dragón, que disputaron a finales de mayo el Manchester United y el Chelsea, club que pertenece al oligarca. Uno de los comisarios del Museo del Holocausto es Hugo Miguel Vaz, que se encargó de introducir en la Wikipedia información sobre los antecedentes judíos de Abramóvich al tiempo que se tramitaba ante la administración lusa su expediente. Según el diario Público, editó en 18 ocasiones el perfil del multimillonario en sus versiones inglesa y portuguesa para hacer constar datos sobre sus abuelos judíos.

La modificación de la Ley de la Nacionalidad, que incorporó en 2013 la propuesta para descendientes de sefardíes ibéricos, fue propuesta por la diputada socialista Maria de Belém Roseira, tía del abogado Francisco de Almeida Garret, una de las principales figuras de la Comunidad Judía de Oporto, que ahora está bajo sospecha. En un artículo reciente, Roseira defendió que “se combata el fraude” y “se defienda” la ley “que constituye una reparación histórica de crímenes y acciones ignominiosas”.

Esta semana, el Gobierno de Reino Unido ha impuesto restricciones al dueño del club de fútbol Chelsea y ha congelado sus activos. Este sábado, la liga inglesa, la Premier, ha descalificado al oligarca ruso al frente del club, lo que facilita la venta de la entidad como estaba previsto.

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Imagen del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Imagen del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.Shannon Stapleton (REUTERS)

El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ha cursado citaciones este viernes para 14 republicanos que pretendieron certificar electores ilegítimos a favor de Donald Trump para revertir el recuento de los votos del Colegio Electoral el 6 de enero de 2021 (que daba la victoria a Biden), el mismo que se vio interrumpido durante varias horas por la violenta incursión de una turba de partidarios del entonces mandatario en el Congreso.

El presidente de dicho comité, el representante demócrata Bennie Thompson, ha declarado este viernes que varios asesores del expresidente Trump o de su campaña habían utilizado falsos electores para “justificar la demora o el bloqueo de la certificación de la elección durante la Sesión Conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021″. Un grupo de asesores de la campaña de Trump, encabezados por su abogado particular, Rudy Giuliani, fue quien se encargó de presentar certificaciones electorales ilegítimas.

Las citaciones están dirigidas a personas que se reunieron y presentaron certificados falsos del Colegio Electoral en siete Estados ganados por el presidente Biden: Arizona, Georgia, Míchigan, Nuevo México, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Diez de las personas ahora citadas se reunieron el 14 de diciembre de 2020, el día de la votación del colegio electoral, en las capitales de cinco Estados en los que Biden había ganado: Arizona, Georgia, Míchigan, Nevada y Wisconsin. Se declararon “debidamente elegidos y cualificados” y enviaron certificados firmados a Washington que afirmaban que Trump era el verdadero vencedor. La intención última era provocar demora e incluso bloqueo en la certificación de Biden en enero como nuevo presidente de la nación.

“El comité selecto está buscando información sobre los intentos en varios estados de anular los resultados de las elecciones de 2020, incluida la planificación y coordinación de los esfuerzos para enviar listas falsas de electores a los Archivos Nacionales”, dijo Thompson en un comunicado. “Creemos que las personas que hemos citado hoy tienen información sobre cómo se conocieron estos llamados electores suplentes y quién estaba detrás de ese montaje”.

Antes de las elecciones, los partidos eligen una lista de posibles electores en cada Estado en el que el candidato se postule, que son los delegados de cada partido al Colegio Electoral, instancia que final y realmente elige al próximo presidente. Esa ceremonia se realiza en cada Estado “el primer lunes después del segundo miércoles del mes de diciembre” siguiente a las elecciones y en ella los electores votan por el candidato que representan. El presidente de Estados Unidos es elegido por 538 electores que son repartidos en función de la población de cada Estado.

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El Comité creado a petición de la presidenta de la Cámara de Republicanos, Nancy Pelosi, ha hablado con unos 400 testigos y ha emitido docenas de citaciones. El comité tiene como objetivo publicar un informe provisional en el verano y un informe final en otoño, según informa Reuters a través de una fuente familiarizada con la investigación.

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Donald Trump besa a su hija Ivanka al término de un mitin en Dubuque (Iowa), el 1 de noviembre de 2020.
Donald Trump besa a su hija Ivanka al término de un mitin en Dubuque (Iowa), el 1 de noviembre de 2020.CARLOS BARRIA (Reuters)

El Comité selecto de la Cámara de Representantes creado el verano pasado para dilucidar lo sucedido durante el ataque al Capitolio en enero de 2021 ha hecho llegar una invitación a Ivanka Trump para que aporte información sobre cómo se encontraba, qué sentía y cómo actuó su padre, entonces todavía presidente, aquel día en el que la capital de Estados Unidos vio un asalto a su democracia en directo.

Ivanka Trump, de 40 años, fue asesora de su padre durante todo su mandato (2017-2021) y estaba “en contacto directo” con el mandatario en momentos clave de aquel trágico 6 de enero. Trump convocó para aquel día una protesta cerca de la Casa Blanca y, al concluir, unas 10.000 personas marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara el resultado electoral, que daba como nuevo inquilino de la Casa Blanca al demócrata Joe Biden. Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos.

“El comité solicita que Ivanka Trump proporcione información para la investigación sobre la violencia del 6 de enero y sus causas”, asegura el comunicado del comité. En una carta de ocho páginas, el presidente del comité, el legislador demócrata Bennie Thompson, asegura que la hija favorita del republicano “tuvo conocimiento de primera mano” sobre las decisiones que tomó -o no tomó- su progenitor.

Lo que el comité ha cursado es una invitación y no una citación. A principios de enero, la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, citaba a declarar a los dos hijos mayores del expresidente en el marco de la investigación civil sobre presuntos delitos fiscales de la Organización Trump. La oficina de James quiere escuchar los testimonios de Ivanka Trump y Donald Trump Jr. “sobre la valoración de propiedades propias o controladas” por el magnate o su conglomerado.

El comité posee información que asegura que Ivanka Trump estuvo en la Casa Blanca cuando su padre telefoneó al entonces vicepresidente, Mike Pence, para que le respaldara en su intención de frenar la ratificación de Biden. El pasado martes, el comité citó a declarar a cuatro antiguos aliados del expresidente Donald Trump, entre los que se encuentra el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. Los cuatro fueron citados a declarar por haber promovido teorías falsas sobre fraude electoral en los comicios de noviembre de 2020, en los que Trump fue derrotado por Joe Biden, explicaba en un comunicado el presidente de la comisión, Thompson.

Además de Giuliani, las otras dos abogadas que recibieron una notificación para testificar ante el Congreso son Sidney Powell y Jenna Ellis, que interpusieron varias demandas para anular el resultado electoral. También fue citado a declarar Boris Epshteyn, un exasesor de la Casa Blanca que supuestamente conversó el mismo 6 de enero con Trump para ver cómo se podía evitar que se certificara la victoria de Biden.

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El expresidente ha criticado la investigación del comité y la ha calificado como un esfuerzo partidista. Además, trata de manera continua de bloquear el testimonio de otros ayudantes y se niega a entregar documentos de la Casa Blanca.

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Los colíderes de Los Verdes, Annalena Baerbock y Robert Habeck (segundo por la izquierda), en una imagen tomada durante las negociaciones para formar el Gobierno de coalición que lidera Olaf Scholz, en el centro.
Los colíderes de Los Verdes, Annalena Baerbock y Robert Habeck (segundo por la izquierda), en una imagen tomada durante las negociaciones para formar el Gobierno de coalición que lidera Olaf Scholz, en el centro.FABRIZIO BENSCH (Reuters)

La Fiscalía de Berlín ha abierto una investigación contra el comité ejecutivo federal de Los Verdes al completo, incluidos dos ministros del nuevo Gobierno tripartito de Olaf Scholz, por una presunta malversación de los fondos del partido. La cúpula del partido aprobó un pago especial de 1.500 euros a varios de sus empleados en 2020, una especie de bonus o gratificación con el objetivo de compensar la carga extra por trabajar desde casa a causa de la pandemia de coronavirus.

La ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, y el ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, están entre los investigados al pertenecer a la junta ejecutiva federal de la formación, que consta de seis miembros, en su calidad de copresidentes de la formación.

Las gratificaciones por la pandemia, o bonus corona, como los llamaron los medios alemanes, en Los Verdes se conocieron el año pasado y ya salpicaron a Baerbock durante la campaña electoral. La entonces candidata de la formación ecologista tuvo que dar explicaciones por haber declarado tarde ante el Bundestag ingresos adicionales que recibió del partido. En mayo Baerbock admitió que informó fuera de plazo al Parlamento de los 25.220 euros que ingresó en concepto de primas de Navidad y otras gratificaciones entre 2018 y 2020. El retraso no comportaba sanción, ni administrativa ni de otro tipo, pero perjudicó su imagen durante la carrera por la Cancillería.

Ahora los pagos extra han llegado a la Fiscalía de Berlín, que este miércoles ha confirmado la apertura de una investigación porque sospecha que ha podido producirse una malversación de los fondos del partido verde. El ministerio público inició las pesquisas a raíz de varias denuncias de particulares, según informó su portavoz, Martin Steltner, que confirmó así una información adelantada por Der Spiegel.

Además de Baerbock y Habeck, se investiga a las vicepresidentas Jamila Schäfer y Ricarda Lang, al gerente Michael Kellner y al tesorero Marc Urbatsch. Lang es una de las candidatas a convertirse en la próxima copresidenta del partido, puesto que los ministros abandonarán en el próximo congreso al ser incompatible con su cargo en el Ejecutivo. Todos salvo Urbatsch son a la vez diputados en el Bundestag. Las autoridades están obligadas a informar a la Cámara cuando se abre una investigación contra sus miembros, cosa que sucedió en diciembre pasado, según Der Spiegel.

Un portavoz de Los Verdes afirmó que los trabajadores afectados ya han devuelto las gratificaciones y que los miembros de la ejecutiva y los empleados de la sede central “están cooperando plenamente con la Fiscalía para aclarar el asunto”.

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El comité de la Cámara baja de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado citó este martes a declarar a cuatro antiguos aliados del expresidente Donald Trump, entre los que se encuentra el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. Los cuatro fueron citados a declarar por haber promovido teorías falsas sobre fraude electoral en los comicios de noviembre de 2020, en los que Trump fue derrotado por Joe Biden, explica en un comunicado el presidente de la comisión que investiga el asalto al Capitolio, el demócrata Bennie Thompson.

Giuliani, que fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, intentó convencer a legisladores estatales para que invalidaran la victoria de Biden, y, además, estuvo en contacto con Trump y otros miembros del Congreso para evitar que se ratificaran los resultados electorales.

Además de Guliani, las otras dos abogadas que recibieron una notificación para testificar ante el Congreso son Sidney Powell y Jenna Ellis, que interpusieron varias demandas para anular el resultado electoral. También fue citado a declarar Boris Epshteyn, un exasesor de la Casa Blanca que supuestamente conversó el mismo 6 de enero con Trump para ver cómo se podía evitar que se certificara la victoria de Biden.

Los cuatro deberán entregar una serie de documentos al comité que investiga el asalto al Capitolio antes del 1 de febrero y deberán acudir a declarar el próximo el 8 de febrero. De negarse, podrían ser declarados en desacato, tal y como ha ocurrido hasta ahora con tres excolaboradores de Trump: su exjefe de gabinete Mark Meadows, el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark y su exasesor y exjefe de campaña Steve Bannon, quien además enfrenta cargos por la vía penal.

Trump había convocado el 6 de enero una protesta cerca de la Casa Blanca y, al concluir, unas 10.000 personas marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara el resultado electoral. Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos.

Donald Trump tiene que enfrentar también otros conflictos con la justicia. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha afirmado este martes que existen “pruebas significativas” que indican que el conglomerado del expresidente de EE UU utilizó valoraciones de activos “fraudulentas o engañosas” para obtener beneficios económicos como préstamos, cobertura de seguros y deducciones de impuestos. James también emprendió acciones legales para que Trump y sus hijos Donald Jr. e Ivanka comparezcan ante los magistrados para prestar testimonio.

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La Fiscalía sostiene que los informes de la compañía contienen información engañosa, como por ejemplo el tamaño del ático de la Trump Tower y el valor de otras propiedades del magnate o activos mal categorizados como “efectivo” para exagerar así la liquidez del expresidente.

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Se investiga posible parricidio: Niño de 15 años muere tras recibir disparo en Linares

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