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De Rusia, Haití, Senegal, Burkina Faso e India: 43 migrantes eran transportados ilegalmente en vías del Valle

La Policía indicó que en los operativos fueron capturados 4 personas e inmovilizados 3 vehículos en donde iban los extranjeros. Iban para Antioquia, luego Panamá y tenían como destino final Estados Unidos.

Noticias Valle del Cauca.

Son al menos 43 los migrantes de diferentes nacionalidad los que las autoridades han encontrado circulando a bordo de buses en vías del Valle del Cauca en los últimos días.

Estas personas de acuerdo a la Deval, proviene de Rusia (Georgia), Haití, Senegal, Burkina Faso e India (Jandli Haryana).

Informaron que en medio de estos procesos que se llevaron a cabo a través de unidades adscritas a la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, terminaron capturando a 4 personas, quienes están señaladas por el presunto delito de tráfico de inmigrantes.

Pero además de sus capturas, también se realizó la inmovilización de 3 vehículos en los cuales se movilizaban los inmigrantes.

Manifiestan que los hoy detenidos eran los conductores y ayudantes de los buses de servicio público y particulares.

Ellos «intentaron evadir los controles policiales que se realizan en las principales vías del departamento», dijeron.

Antioquia, Panamá y Estados Unidos: Destinos

Las autoridades presumen que los extranjeros habrían ingresado al país por la frontera ecuatoriana.

En donde al parecer cancelaron un valor de 3 mil dólares para ser transportados hasta el departamento de Antioquia, después emprenderían otro viaje con destino a Panamá y luego a los Estados Unidos, que sería el destino final.

 

Luego de hallarlos, los ciudadanos fueron dejados a disposición de Migración Colombia, teniendo a que «no cuentan con permisos migratorios para el transito por nuestro país».

Lea también:

Paso de migrantes haitianos: crisis en Antioquia, Nariño, Valle y Cauca





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Cartel que prohíbe la extracción artesanal de oro en Zemse, Burkina Faso.
Cartel que prohíbe la extracción artesanal de oro en Zemse, Burkina Faso.

Al menos 59 personas fallecieron y decenas resultaron heridas este lunes tras una fuerte explosión en un pueblo minero situado en el suroeste de Burkina Faso, según confirmó Antoine Douamba, comisario de la provincia de Poni, a la televisión pública. La detonación se produjo a causa de un incendio en el mercado que se fue propagando por los puestos de venta y que alcanzó a una tienda de dinamita que se utiliza para la minería de oro artesanal. Entre los fallecidos hay muchas mujeres y niños que se encontraban cerca del mercado en el momento de la explosión.

El accidente se produjo este lunes después del mediodía en la explotación minera de Gomgombiro, a pocos kilómetros de la ciudad de Gaoua, capital de la región de Suroeste próxima a la frontera con Ghana. Un habitante del pueblo aseguró a la televisión nacional que “las víctimas murieron por una explosión provocada por un incendio en un área de almacenamiento de cartuchos de dinamita de contrabando” que también funciona como tienda. El vecino aseguró que la explosión había dejado un “gran cráter” en el lugar, así como numerosos daños materiales.

Los muertos y heridos fueron trasladados a distintos puestos de salud y sobre todo el hospital regional de Gaoua. Una fuente sanitaria aseguró este lunes a la agencia France Press que el balance final podría ser aún peor. “Muchos heridos se encuentran en estado crítico y su pronóstico vital está seriamente comprometido”, dijo. Las autoridades han anunciado la apertura de una investigación judicial para aclarar las circunstancias de la tragedia y depurar las posibles responsabilidades. Un fiscal se personó este lunes en Gomgombiro para iniciar las pesquisas.

Burkina Faso, al igual que sus vecinos Ghana, Malí o Guinea-Conakry, es un país exportador de oro en el que están presentes grandes empresas multinacionales. Asimismo cuenta con un sinfín de explotaciones auríferas artesanales en las que miles de personas, muchas de ellos menores de edad, descienden bajo tierra para obtener el preciado mineral en condiciones de trabajo a menudo inhumanas. Esta actividad genera una importante atracción y surgen poblados improvisados aquí y allá que tampoco reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad, un fenómeno que se extiende por amplias zonas del país.

El Gobierno de Burkina Faso ha intentado en numerosas ocasiones limitar o incluso prohibir la extracción ilegal de oro, pero más de un millón de personas se dedican a esta actividad según las últimas estimaciones oficiales del Ministerio de Minas, una cifra enorme comparada con los 15.000 empleos directos que supone la explotación controlada. Hundimientos de las galerías excavadas por los mineros y fallecimientos por asfixia son habituales en este negocio. Las consecuencias sanitarias y ambientales también son dramáticas: la separación del oro de la tierra se realiza con mercurio y este material tóxico penetra en los cuerpos de quienes lavan el mineral sin protección y contamina los acuíferos y los terrenos.

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El golpe de Estado protagonizado por militares en Burkina Faso este lunes sigue el mismo que el vivido en Malí hace un año y medio. El avance del yihadismo ante la incapacidad de los ejércitos nacionales y de la operación militar Barkhane liderada por Francia para hacerle frente desencadenan una oleada de cólera popular que sienta las bases del alzamiento militar. Buena parte de la población, desesperada ante el reguero de muertos, heridos y desplazados por la violencia, acoge la llegada de los militares al poder —con asonadas de baja intensidad— con la esperanza de un cambio, todo ello trufado de un creciente sentimiento antifrancés. La vuelta al orden constitucional mediante la promesa de elecciones queda como una cuestión secundaria ante la magnitud de la amenaza.

Este es el tercer golpe de Estado militar que vive la región de África occidental en el último año y medio pues, además de Malí, también Guinea-Conakry sufrió una sublevación el pasado 1 de octubre. Sin embargo, en este caso el detonante fue la intención del presidente depuesto Alpha Condé de permanecer en el poder más allá de los dos mandatos previstos en la Constitución, lo que provocó numerosas protestas ciudadanas duramente reprimidas. Está previsto que la Comisión Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) envíe una delegación en los próximos días para negociar un calendario electoral con los militares golpistas.

Precisamente la vuelta al orden constitucional es una de las primeras promesas que realizó el teniente coronel Damiba, como también hizo en Malí el coronel Assimi Goïta o en Guinea el teniente coronel Doumbouya, líder de la junta militar. Sin embargo, en estos dos últimos países los militares no han dado señales de tener intención de dejar el poder con prontitud. De hecho, tras prometer comicios en febrero, los militares malienses dieron marcha atrás y pidieron hasta cinco años para llevar a cabo la transición, lo que provocó un régimen de duras sanciones por parte de la Cedeao. Por ahora, las nuevas autoridades burkinesas, que este martes reabrieron las fronteras aéreas, no han hablado de plazos, aunque han advertido que los mismos serán aprobados en coordinación con la sociedad civil.

Las tensiones entre el régimen de Kaboré y los militares eran evidentes desde la caída del régimen de Blaise Compaoré en 2014, pero el desencadenante ha sido la violencia yihadista. “Había un importante descontento tanto de la población civil como de las fuerzas de defensa y seguridad frente al constante deterioro de la situación en materia de seguridad en los últimos años. Los ataques sangrientos son moneda corriente, como el de Solhan de junio de 2021 con 160 víctimas y más recientemente el ataque de Inata en noviembre pasado en el que fallecieron 57 personas, 53 de ellas gendarmes, que despertó una gran indignación por los errores en la cadena de aprovisionamiento. Esto agravó las tensiones y la desconfianza entre fuerzas de seguridad y el Gobierno”, asegura Ornella Moderan, experta en el Sahel del Instituto de Estudios de Seguridad.

Otro elemento común entre los recientes golpes de Estado en Malí y Burkina Faso es que apenas encuentran resistencia y se producen prácticamente sin violencia. Los protagonistas también tienen puntos en común. El líder golpista maliense, el coronel Assimi Goïta, es un joven oficial curtido en la lucha antiterrorista en su condición de exjefe de las Fuerzas Especiales; por su parte, el nuevo hombre fuerte de Burkina Faso, el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, acababa de ser nombrado responsable de la tercera región militar burkinesa, la de Uagadugú, y había liderado una unidad antiterrorista en la zona de Dori, uno de los puntos calientes del yihadismo al norte del país. Licenciado en Criminología, en junio pasado vio la luz su ensayo Ejércitos de África occidental y terrorismo: ¿respuestas inciertas?

Este martes, decenas de personas salieron a las calles de Uagadugú y otras ciudades burkinesas para celebrar la caída del presidente Roch Marc Christian Kaboré, tal y como sucedió en Bamako en agosto de 2020. El movimiento Sauvons le Burkina considera que no había otra alternativa frente a un régimen que había abandonado sus responsabilidades en materia de seguridad. Por su parte, Smockey, líder del movimiento Balai Citoyen, acusa al régimen de Kaboré de gestión calamitosa. “Nunca lograron estar a la altura de las aspiraciones de las masas populares que, sin embargo, crearon las circunstancias para su llegada al poder”, asegura el rapero en referencia a las revueltas de 2014 que provocaron la caída del dictador Blaise Compaoré y la renovación democrática en Burkina Faso.

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La comunidad internacional ha reaccionado este martes como era de prever, condenando el golpe de Estado y pidiendo la liberación inmediata de Roch Kaboré. El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró a los periodistas que había hablado con los nuevos dirigentes del país y que estos le transmitieron que el ya expresidente se encontraba en buen estado de salud y que no existía ninguna amenaza para su salud física. Los acontecimientos de Burkina, dijo, “se inscriben en una sucesión de numerosos golpes de Estado militares que son extremadamente preocupantes en un momento en que la región debe tener una prioridad, que es la lucha contra el terrorismo islamista”.

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Un joven cruza delante de barricadas instaladas por manifestantes que apoyan a los militares amotinados, este domingo 23 de enero en Uagadugú.
Un joven cruza delante de barricadas instaladas por manifestantes que apoyan a los militares amotinados, este domingo 23 de enero en Uagadugú.OLYMPIA DE MAISMONT (AFP)

El motín que estalló este domingo en diversos cuarteles de Burkina Faso protagonizado por soldados que exigen más medios en la lucha contra el yihadismo y el relevo de la cúpula militar se ha convertido con el paso de las horas en un levantamiento. El presidente del país, Roch Marc Christian Kaboré, se encuentra detenido por los militares en una base de Uagadugú, según aseguraron varias fuentes del Ejército y diplomáticas a Reuters y a medios locales. Durante la noche se produjeron disparos en torno a la residencia presidencial y en los cuarteles Sangoulé Lamizana y Baba Sy de la capital burkinesa. Este lunes, soldados encapuchados han tomado posiciones delante de la sede de la televisión nacional, donde se espera una declaración durante la jornada.

Los incidentes estallaron la madrugada del domingo en diversos cuarteles del país, tanto en Uagadugú como en otras ciudades, cuando soldados que ocultaban su rostro comenzaron a disparar al aire. El Gobierno se apresuró a informar a través de un comunicado de que no se trataba de un golpe de Estado y el ministro de Defensa revelaba el inicio de negociaciones con los amotinados. Numerosas manifestaciones espontáneas de apoyo a los militares comenzaron a producirse en la capital, donde ciudadanos encolerizados incendiaron una de las sedes del partido en el poder. Los militares hicieron llegar a los medios de comunicación un mensaje en el que pedían más tropas para combatir a los grupos yihadistas que siembran el terror en todo el país, formación militar adaptada a la amenaza terrorista, el recambio de la jerarquía militar y de inteligencia, un aumento de las primas para aquellos que van al frente de este conflicto y una mayor atención a los familiares de los soldados fallecidos, así como a los heridos en estos combates

La tarde del domingo fue de calma relativa mientras se producían esas conversaciones entre los militares amotinados y el Gobierno, que decretó un toque de queda a partir de las 20.00. Incluso el presidente Kaboré publicaba en Twitter un mensaje de felicitación a los jugadores de la selección nacional de fútbol que el domingo lograban su clasificación para los cuartos de final de la Copa de África. Sin embargo, residentes en Uagadugú aseguran que por la noche volvieron a escucharse disparos en el entorno de la residencia del presidente y en cuarteles de la capital. Vehículos de la flota presidencial han aparecido este lunes con evidentes señales de haber sufrido un ataque.

La tensión ha ido en aumento en Burkina Faso en los últimos meses ante la incapacidad del Gobierno de hacer frente al avance del yihadismo por todo el país. Buena parte de ese descontento popular se expresa en un creciente sentimiento antifrancés, al igual que en otros países de la región como Malí o Níger, por el fracaso de la operación Barkane a la hora de impedir los constantes ataques terroristas. Este sábado se produjeron incidentes entre la policía y ciudadanos que trataban de manifestarse contra el Gobierno, tanto en la capital como en otras ciudades del país. En Kaya fue saqueada la sede del partido en el poder. Otra manifestación fue convocada en apoyo de Malí, país sancionado tras la toma de poder por una junta militar que ha reforzado su cooperación militar con Rusia en plena crisis diplomática con París y la Unión Europea.

Entre el 8 y el 12 de enero pasados, 15 personas fueron detenidas por un supuesto complot para organizar un golpe de Estado, de las que tres fueron posteriormente liberadas. De los 12 que permanecen bajo arresto, tres son civiles y nueve militares, entre los que se encuentra el supuesto cabecilla de la conspiración, el teniente coronel Emmanuel Zoungrana, quien presuntamente había contactado a numerosos oficiales en busca de apoyo para llevar a cabo un levantamiento militar. Zoungrana era hasta el pasado diciembre responsable del regimiento de infantería de Ouahigouya y es un joven oficial respetado a quien se considera próximo del exministro de Defensa Cheriff Sy, destituido en junio de 2021 tras la terrible masacre de Solhan en la que un grupo yihadista asesinó a unos 160 civiles.

Estas detenciones ponen de manifiesto el malestar en el seno del Ejército burkinés ante la estrategia de defensa y seguridad del Gobierno y los constantes ataques yihadistas de grupos vinculados a Al Qaeda y Estado Islámico que han costado la vida a decenas de soldados y miembros de las fuerzas de seguridad. La matanza de Inata, que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre, marcó un punto de inflexión en dicho descontento. Ese día, decenas de yihadistas presuntamente miembros de Ansarul Islam, afiliado a Al Qaeda, atacaron el cuartel de la Gendamería de dicha localidad y asesinaron a 53 gendarmes. Investigaciones posteriores revelaron graves errores en el abastecimiento y gestión de dicha instalación, como falta de munición e incluso de comida. Días más tarde, ante el descontento popular y de los militares y entre rumores de golpe de Estado, el presidente Kaboré cesó a todo el Gobierno.

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Burkina Faso es uno de los países más afectados por el conflicto yihadista que golpea al Sahel central desde enero de 2012, ha sufrido más de 7.000 muertos desde entonces, según el analista de datos José Luengo-Cabrera, y tiene un millón y medio de desplazados internos. Además de los atentados de Uagadugú de 2016, los ataques comenzaron ese año de manera sistemática en el norte y se fueron extendiendo al este e incluso el sur con el paso del tiempo. El Estado ha perdido el control de buena parte del territorio. Solo en 2021 fueron asesinadas 2.341 personas en Burkina Faso fruto de esta violencia, el año con más víctimas mortales. El Gobierno, incapaz de hacer frente a esta amenaza, creó en 2020 los Voluntarios para la Defensa de la Patria, grupos paramilitares integrados por civiles que han sufrido numerosas bajas desde entonces, entre ellas la de uno de sus líderes, el popular Ladji Yoro.

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Militares burkineses de diferentes cuarteles situados en Uagadugú, capital del país, y de las ciudades de Kaya y Ouahigouya han protagonizado este domingo un motín disparando al aire para exigir más medios en la lucha contra el yihadismo que avanza por el país, el reemplazo de la cúpula militar y una mayor atención a los heridos y a los familiares de las víctimas. La protesta militar encontró el apoyo de parte de la población, que salió a manifestarse. El Gobierno ha reconocido el incidente a través de un comunicado y, ante los rumores de golpe de Estado, el ministro de Defensa, el general Barthélémy Simporé, aseguró a través de la televisión pública que ninguna institución del Estado había sido inquietada y que el presidente del país, Roch Marc Cristian Kaboré, no había sido detenido.

Los incidentes comenzaron a primera hora del domingo. Tres cuarteles de Uagadugú se vieron afectados por los mismos, en concreto, la base Sangoulé Lamizana situada en el barrio de Gounghin, el campamento Baba Sy, en la salida sur de la capital, y la base aérea próxima al aeropuerto. Vecinos de Uagadugú aseguran que los disparos comenzaron a escucharse cuando aún era de noche y que prosiguieron durante la mañana del domingo, cuando comenzaron a circular informaciones sobre un supuesto intento de golpe de Estado.

El portavoz del Gobierno de Burkina Faso, Alkassoum Maïga, se apresuró a publicar un comunicado reconociendo que había disparos en varios cuarteles, pero negando que se tratara de una asonada militar. Dos horas más tarde, el general Simporé daba una entrevista en la televisión pública. “Por ahora no sabemos los motivos de esos disparos, no sabemos qué reivindican. Vamos a entrar en contacto con los responsables de esta maniobra para comprender sus motivaciones”, aseguró el ministro de Defensa. “El jefe de Estado no ha sido detenido, ninguna institución de la República ha sido inquietada. Se trata de un movimiento localizado y circunscrito que está bajo control”, añadió.

Poco después, el periodista británico Henry Wilkins aseguró a través de Twitter que un grupo de militares de la base Sangoulé Lamizana le retuvieron a él y a otro periodista durante media hora y les trasladaron sus demandas: más tropas para combatir a los grupos yihadistas que siembran el terror en todo el país, formación militar adaptada a la amenaza terrorista, el recambio de la jerarquía militar y de inteligencia, un aumento de las primas para aquellos que van al frente de este conflicto y una mayor atención a los familiares de los soldados fallecidos, así como a los heridos en estos combates. Según Wilkins, el portavoz de los militares amotinados se negó a identificarse.

A medida que pasaban las horas, varias manifestaciones espontáneas de apoyo a los militares comenzaron a producirse en diferentes puntos de Uagadugú. Un centenar de personas trató de concentrarse en la plaza de la Nación, en el centro de la capital, pero fueron dispersados por la Policía con gases lacrimógenos. Mientras tanto, cientos de jóvenes lograron manifestarse en el barrio de Gounghin, donde prendieron fuego a neumáticos al tiempo que se seguían escuchando disparos procedentes de la base de Sangoulé Lamizana.

La tensión ha ido en aumento en Burkina Faso en los últimos meses ante la incapacidad del Gobierno de hacer frente al avance del yihadismo por todo el país. Buena parte de ese descontento popular se expresa en un creciente sentimiento antifrancés, al igual que en otros países de la región como Malí o Níger, por el fracaso de la operación Barkane a la hora de impedir los constantes ataques terroristas. Este sábado se produjeron incidentes entre la policía y ciudadanos que trataban de manifestarse contra el Gobierno, tanto en la capital como en otras ciudades del país. En Kaya fue saqueada la sede del partido en el poder. Otra manifestación fue convocada en apoyo de Malí, país sancionado tras la toma de poder por una junta militar que ha reforzado su cooperación militar con Rusia en plena crisis diplomática con París y la Unión Europea.

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Entre el 8 y el 12 de enero pasados, 15 personas fueron detenidas por un supuesto complot para organizar un golpe de Estado, de las que tres fueron posteriormente liberadas. De los 12 que permanecen bajo arresto, tres son civiles y nueve militares, entre los que se encuentra el supuesto cabecilla de la conspiración, el teniente coronel Emmanuel Zoungrana, quien presuntamente había contactado a numerosos oficiales en busca de apoyo para llevar a cabo un levantamiento militar. Zoungrana era hasta el pasado diciembre responsable del regimiento de infantería de Ouahigouya y es un joven oficial respetado a quien se considera próximo del exministro de Defensa Cheriff Sy, destituido en junio de 2021 tras la terrible masacre de Solhan en la que un grupo yihadista asesinó a unos 160 civiles.

Estas detenciones ponen de manifiesto el malestar en el seno del Ejército burkinés ante la estrategia de defensa y seguridad del Gobierno y los constantes ataques yihadistas de grupos vinculados a Al Qaeda y Estado Islámico que han costado la vida a decenas de soldados y miembros de las fuerzas de seguridad. La matanza de Inata, que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre, marcó un punto de inflexión en dicho descontento. Ese día, decenas de yihadistas presuntamente miembros de Ansarul Islam, afiliado a Al Qaeda, atacaron el cuartel de la Gendamería de dicha localidad y asesinaron a 53 gendarmes. Investigaciones posteriores revelaron graves errores en el abastecimiento y gestión de dicha instalación, como falta de munición e incluso de comida. Días más tarde, ante el descontento popular y de los militares y entre rumores de golpe de Estado, el presidente Kaboré cesó a todo el Gobierno.

Burkina Faso es uno de los países más afectados por el conflicto yihadista que golpea al Sahel central desde enero de 2012, ha sufrido más de 7.000 muertos desde entonces, según el analista de datos José Luengo-Cabrera, y tiene un millón y medio de desplazados internos. Además de los atentados de Uagadugú de 2016, los ataques comenzaron ese año de manera sistemática en el norte y se fueron extendiendo al este e incluso el sur con el paso del tiempo. El Estado ha perdido el control de buena parte del territorio. Solo en 2021 fueron asesinadas 2.341 personas en Burkina Faso fruto de esta violencia, el año con más víctimas mortales. El Gobierno, incapaz de hacer frente a esta amenaza, creó en 2020 los Voluntarios para la Defensa de la Patria, grupos paramilitares integrados por civiles que han sufrido numerosas bajas desde entonces, entre ellas la de uno de sus líderes, el popular Ladji Yoro.

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