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Países Bajos no aceptó la independencia de Indonesia y, entre 1945 y 1949, aplicó una violencia excesiva para desbaratar la denominada Revolución Nacional del país. Los soldados destacados en las antiguas Indias Orientales Neerlandesas recurrieron a la tortura y malos tratos durante los interrogatorios, así como a encierros o ejecuciones sin juicio previo, según el informe oficial sobre dicho periodo, presentado este jueves de forma telemática. Si bien los investigadores señalan que ambas partes recurrieron a la violencia en grado extremo, subrayan que el Gobierno holandés de la época toleró las actuaciones de sus militares. El número de víctimas sigue sin estar claro, pero el estudio calcula que murieron unos 100.000 civiles indonesios, y cerca de 5.000 militares holandeses.

Nada más conocerse el resultado de este informe, el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha presentado sus “profundas excusas” al pueblo de Indonesia” y a todos los que, en su país, “se vieron afectados por la violencia”. El jefe del Gobierno ha atribuido luego la responsabilidad por esa “página negra” de la historia nacional a “las instituciones que la hicieron posible: el Gobierno, el Parlamento, las Fuerzas Armadas y el poder judicial”.

Iniciada en 2017 a petición del Ejecutivo holandés, la investigación abarca hasta 1950 y muestra que “la mayoría de los responsables, desde políticos a funcionarios y desde militares a jueces, sabían o podían saber del uso sistemático y extremo de la violencia” en Indonesia. Sin embargo, “había una disposición a arrinconar las normas legales y el propio sentido de la justicia”. De este modo, emerge la imagen de “una guerra colonial cada vez más terrible, donde lograr victorias militares y limitar las bajas propias eran la norma”.

En 1969, el Ejecutivo de la época aseguró que este tipo de violencia solo se usó en casos excepcionales. El estudio deja claro, por el contrario, que la actitud colonialista predominaba entre las Fuerzas Armadas y en el seno de la política en Países Bajos: “Estaban seguros de que los nacionalistas no conseguirían liderar un Estado independiente y figuras como Sukarno [líder nacionalista y luego primer presidente de la República de Indonesia] fueron presentadas como un hombre de paja de los japoneses y con poca influencia”, sostiene. El texto utiliza la expresión “violencia extrema”, en la que caben figuras jurídicas como los crímenes de guerra, para subrayar el amplio abanico de delitos perpetrados. Los expertos que han elaborado el trabajo forman parte del Instituto para el estudio de la Guerra, el Holocausto y el Genocidio (NIOD, en sus siglas neerlandesas), el Real Instituto para la Lengua, la Tierra y la Etnología (KITLV), y el Instituto Holandés de Historia Militar (NIMH).

La actual Indonesia fue administrada como colonia por el Gobierno holandés desde 1800, aunque el comercio de las especias en la zona, y el sometimiento que implicaba, se remonta al siglo XVII. La invasión japonesa en 1941 interrumpió el dominio de Países Bajos. Tras la capitulación de Japón, los indonesios proclamaron la República. Fue el 17 de agosto de 1945, y el Holanda había sido liberada de la ocupación nazi por las tropas aliadas el 5 de mayo de ese año. Recién salido de la Segunda Guerra Mundial, este país se propuso combatir la independencia de su colonia con escasez de tropas y en un terreno donde se libró una guerra de guerrillas. Pese a ello, la actitud colonial predominaba en la cúpula militar, “y se recurrió a torturas, arrestos arbitrarios y en masa, quema de poblaciones y falta de atención a las víctimas civiles”, reza el informe. Los soldados holandeses llevaron a cabo “intervenciones policiales”. Es un tipo de operación militar considerada hoy parte de una guerra colonial, utilizada entonces para dar la sensación de que se trataba de un conflicto nacional y no de una guerra entre dos países.

Hay ejemplos en el estudio que ilustran la falta de castigo en dichas situaciones. En los consejos de guerra contra militares holandeses por la muerte de prisioneros o por las torturas durante un interrogatorio apenas se imponían penas. Incluso en casos de violación y asesinato, “los jueces holandeses eran comprensivos con los soldados involucrados y los intereses militares”. Los investigadores subrayan esta actitud: “La Administración estaba convencida de su superioridad y llevó tiempo abordar este periodo de forma crítica. No encajaba con la percepción edulcorada de su propia imagen desde la parte holandesa”. Los políticos de ese periodo no prestaron atención a lo que estaba pasando y tampoco asumieron sus responsabilidades, “porque había amplio apoyo social a esa guerra, lejana desde el punto de vista geográfico y psicológico”.

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El informe hace hincapié en el hecho de que todas las partes son culpables de la violencia, incluidos británicos y japoneses, y lo ilustran explicando lo ocurrido entre finales de 1945 y principios de 1946. Fue el momento de la retirada de las tropas japonesas del archipiélago y antes de que los militares británicos cedieran el paso a los holandeses hasta la independencia final. Ese periodo se denomina bersiap (prepárate) y es polémico porque hubo muertes civiles holandesas, chinas y de cualquier persona considerada colaboracionista sin distinción de origen a manos de guerrilleros independentistas indonesios. Aunque los investigadores admiten su “influencia en la dinámica de la violencia”, señalan que esta no fue la razón por la cual Países Bajos intentó recuperar las antiguas Indias Orientales. Cifran en unos 6.000 los civiles muertos en ese momento.

En marzo de 2020, el rey Guillermo de Orange pidió perdón por “el abuso de la violencia a cargo de las fuerzas coloniales”. Era la primera vez que el jefe del Estado se disculpaba por una de las épocas más negras de la historia holandesa. La investigación coincide con la primera muestra sobre este periodo abierta en el Rijksmuseum, de Ámsterdam, titulada Revolusi! Indonesia independiente.

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El Gobierno holandés puso en marcha este jueves una operación para repatriar a cinco mujeres y a sus 11 hijos, que vivieron bajo el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y se encontraban en el campo bajo control kurdo de Al Roj, al noreste de Siria. Sospechosas de formar parte de una organización terrorista o bien de preparar atentados, las mujeres han sido sacadas del campamento para ser juzgadas en Países Bajos antes de que extingan los plazos de los casos en su contra. La operación ha sido llevado a cabo, pero se desconoce el paradero de los repatriados. Está previsto que ellas ingresen en la cárcel a la espera del proceso judicial. La Junta de Protección del Menor comprobará si los pequeños pueden volver con sus familiares o son instalados en hogares de acogida. Los servicios secretos (AIVD) estiman que puede haber unas 40 mujeres holandesas en Al Roj. La decisión del Gobierno holandés contrasta con la postura de otros países europeos que, como España, no han repatriado a ningún nacional desde el noreste sirio. 17 niños y tres mujeres españolas (más una de origen marroquí, pero con hijos de padre español) están alojados en los campamentos de Al Roj y Al Hol.

En una carta remitida al Congreso este jueves, los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores han confirmado la existencia de “una operación especial de traslado, preparada con cuidado”. No han dado más detalles. Una vez en suelo holandés, las mujeres pueden ser llevadas a un centro penitenciario que cuenta con una sección para sospechosas de terrorismo. Está situado en el municipio de Zwolle, al noreste del país. Si sus familias holandesas pueden hacerse cargo de los niños, contarán con apoyo psicológico y de los servicios sociales.

El campo de Al Roj está controlado por la Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una organización apoyada por Estados Unidos. Dirigida por la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular (YPG, en sus siglas en kurdo) intentan que los países occidentales repatrien a los ciudadanos que se sumaron al Estado Islámico. El pasado 27 de enero, el portavoz de la autoridad kurda en el norte sirio, Abdulkarim Omar, informó de la repatriación de dos mujeres y cuatro menores de nacionalidad sueca. Alrededor de 60.000 personas, la mayoría niños y mujeres, de 60 países, viven en los campos para familiares del ISIS de Al Roj y Al Hol.

Desde 2012, cerca de unos 300 ciudadanos holandeses ―100 mujeres y 200 hombres― han viajado a zonas controladas por el ISIS. De estos, alrededor de un centenar de ellos han muerto. Unos 120 adultos siguen en Siria, Irak o Turquía, según cálculos de AIVD. En su informe de 2020, el mismo organismo indicaba que en la zona hay alrededor de 210 niños con un progenitor que tiene lazos con Países Bajos. En junio de 2020, el Tribunal Supremo falló que el Gobierno no está obligado a repatriar a mujeres y niños de yihadistas del ISIS. Los consideró “una amenaza para la seguridad”, y recordó que ellas “viajaron por voluntad propia”. Dejó, sin embargo, su futuro, en manos de los políticos. La mayoría del Parlamento prefiere que este tipo de juicios se celebren en Siria e Irak. También podría ocuparse una corte especial, aunque no hay un acuerdo internacional al respecto. A la vista de la situación, el coordinador nacional para la lucha contra el terrorismo cree que la opción más segura es “traer de vuelta a estas personas de forma controlada”.

En julio de 2021, un juzgado de primera instancia de Róterdam advirtió al Gobierno de que si no hacía lo posible por traer a las mujeres que vivieron bajo el ISIS, los procesos en su contra podían quedar sin efecto este abril. Un grupo de 13 han pedido que se anulen los cargos si no se les permite comparecer ante la corte. Hasta ese momento, el Gobierno sostenía que las repatriaciones eran demasiado peligrosas. Aunque hubo excepciones. En junio del mismo año, se recogió en Siria a Ilham B., de 29 años, una madre con sus dos hijos. Un tercer menor que no era de su familia viajó con ellos.

Este viaje generó la repulsa del líder de ultraderecha Geert Wilders. En su cuenta de Twitter dijo que le parecía “inaceptable meter al enemigo, el ISIS, en casa”. Para él, “estas mujeres terroristas han perdido su derecho a poner de nuevo los pies en suelo holandés”. Tanto el Defensor del Menor como la organización Human Rights Watch abogan por el retorno de los menores. Y por no separarlos, en lo posible, de sus madres. En 2019, dos huérfanos holandeses, de 2 y 4 años, fueron repatriados por el Gobierno francés junto con otros 12 menores galos.

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El rey Guillermo de Orange, en el centro, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, a su derecha, posan con otros ministros del nuevo Gobierno, en el palacio real de La Haya, este lunes.
El rey Guillermo de Orange, en el centro, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, a su derecha, posan con otros ministros del nuevo Gobierno, en el palacio real de La Haya, este lunes.Peter Dejong (AP)

Casi un año de negociaciones ha costado la foto de familia del nuevo Gobierno de Países Bajos, que se ha presentado este lunes junto al rey Guillermo de Orange. Han sido diez meses de tanteo, desencuentros, rechazos y reproches mutuos hasta lograr un pacto que repite la anterior coalición de centroderecha. Son los mismos partidos con muchas caras nuevas y por primera vez una distribución paritaria: hay 10 ministras en un Gabinete de 20, contando al primer ministro.

Liberales de derecha (VVD), liberales de izquierda (D66), democristianos (CDA) y la Unión Cristiana (CU) un partido de inspiración protestante, se reparten otra vez el poder en torno al mismo líder, Mark Rutte, que encabeza así su cuarto mandato consecutivo a los 54 años. El lema de la coalición es “Cuidarnos unos a otros y mirar hacia el futuro”, y empiezan a trabajar en un clima de desconfianza ciudadana en la labor de las instituciones afianzada por las restricciones impuestas por la pandemia.

La toma de posesión se ha producido en el Palacio de Noordeinde, en La Haya, que es utilizado por el rey para su trabajo. Luego, ha tenido lugar la foto de familia en las escaleras exteriores, guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros para evitar contagios. Ha habido allí un momento de cierta confusión cuando el grupo ha empezado a dispersarse antes de que el propio rey tomara la iniciativa. Para esta tarde está previsto el primer consejo de ministros del nuevo Gobierno.

La paridad en la distribución de cargos ministeriales es un hito en Países Bajos. La nueva ministra de Finanzas, Sigrid Kaag, no ha podido estar presente porque ha dado positivo por covid. Es liberal de izquierda y fue titular de Asuntos Exteriores. Ahora, su lugar al frente de uno de los puestos de mayor relevancia del Ejecutivo puede servirle de trampolín para perfilarse como posible sucesora de Rutte, dado que su partido es hoy el segundo en votos del Parlamento. Kaag ha acompañado a sus colegas por videoconferencia.

Repite también el democristiano Wopke Hoekstra, que también cambia de cartera: de Finanzas a Asuntos Exteriores. En 2020, fue el rostro de la dureza frente a los países del sur de Europa al oponerse de entrada a una propuesta solidaria para combatir la crisis sin lo que consideraba suficiente supervisión y control financiero. Hoekstra acusó las críticas recibidas en el seno de la UE y también a escala nacional, y aunque hubo ajustes y las transferencias estarán condicionadas al cumplimiento de los objetivos acordados, se disculpó por su tono. Como jefe de la diplomacia holandesa tendrá que desplegar todas sus dotes en un puesto que requiere capacidad de persuasión y tacto a partes iguales.

El primer ministro Rutte ocupa el cargo por cuarta vez desde 2010 y ha sobrevivido a la formación más larga de una coalición registrada en su país. Se rodea, además, de ministros con tareas específicas y novedosas. Por ejemplo, la ministra de la Naturaleza y el Nitrógeno (adscrita al ministerio de Agricultura), el de Clima y Energía (en Economía y Clima), o la de Pobreza, Participación y Pensiones (en Asuntos Sociales y Empleo). Hay también una Secretaría de Estado de Minería, en el Ministerio de Interior. Y otra de Digitalización, en el de Interior. Se han abierto departamentos para abordar todos los problemas discutidos durante las negociaciones, un esfuerzo que muestra su habilidad negociadora y también que es ahora un superviviente.

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Si bien Rutte se presenta en buena forma, ha conseguido formar gobierno después de ser reprobado por el Parlamento, el pasado abril, por mentir supuestamente durante las negociaciones que han llegado hasta esta toma de posesión. Peleó por su vida política y pudo seguir adelante, aunque con menos brillo. A partir de ahora, no solo seguirá afrontando la contención del coronavirus. Su Gabinete tratará de reducir las emisiones de nitrógeno en la lucha contra el cambio de clima, y buscará la forma de aumentar la construcción de viviendas sin superar los límites contaminantes. Durante esta nueva legislatura se espera, por otra parte, una investigación parlamentaria sobre los daños causados por las extracciones de gas natural en el norte del país. Se ampliará la dedicada al escándalo de los subsidios familiares, que suma unos 48.000 afectados por un fraude que no cometieron, y forzó el pasado enero la dimisión del anterior Gobierno. Y será analizada la gestión misma de la pandemia. Rutte tendrá que emplearse más a fondo que nunca en el que puede ser su último capítulo en el poder.

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