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La letra zeta, convertida en símbolo por los defensores de la guerra de agresión que ha lanzado Vladímir Putin contra Ucrania, está en el punto de mira de las autoridades alemanas. Exhibirla como expresión de apoyo a la invasión puede llegar ahora tener consecuencias penales. “Todo el mundo puede expresar su opinión en Alemania”, aseguró el ministro del Interior bávaro, Georg Eisenreich, que lanzó esta advertencia: “Pero la libertad de expresión termina donde empieza el Código Penal”.

Dos Estados alemanes han alertado ya de la exhibición, en manifestaciones y otros actos públicos, de la zeta blanca que empezó a aparecer pintada en los vehículos militares rusos al inicio de la invasión de Ucrania. Hay distintas teorías sobre su significado —para algunos expertos podría ser una abreviatura de la frase “por la victoria”; otros opinan que podría equivaler a “Oeste’”—, pero de lo que no hay duda es de que se ha convertido en una muestra de apoyo a la invasión de Ucrania.

Tanto Baviera como Baja Sajonia han anunciado que sus fiscalías van a estar muy pendientes de este tipo de manifestaciones y que van a perseguirlas penalmente. La ministra del Interior de Berlín anunció también que actuarán ante la exhibición pública de este símbolo y varios grupos parlamentarios en otras regiones quieren que se prohíba explícitamente. “La Z como símbolo del fascismo de Putin debería prohibirse en toda Alemania”, escribió en su cuenta de Twitter el liberal Joachim Stamp, ministro de Familia, Refugiados e Integración en Renania del Norte-Westfalia.

La policía de ambos Estados tiene orden de verificar si el uso de la Z está relacionado con la guerra de Ucrania y, de ser así, denunciar a los autores. Quienes “expresen públicamente su aprobación a la guerra de agresión del presidente ruso Putin contra Ucrania utilizando este símbolo se enfrentarán a consecuencias penales”, advirtió el ministro del Interior de Baja Sajonia, el socialdemócrata Boris Pistorius. La persecución de estos delitos se ampara en la aplicación de un artículo del Código Penal alemán, el 140, que prohíbe apoyar actos ilegales que perturben el orden público. Se castiga con multas y hasta tres años de cárcel.

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¿Cómo prohibir una letra?

La aplicación de esta prohibición plantea muchas dudas porque, a diferencia de otros símbolos claramente reconocibles, la Z de apoyo a la guerra es simplemente una letra del alfabeto latino. El Gobierno federal admite que no será sencillo demostrar cuándo se usa como exaltación del sangriento ataque contra Ucrania, por lo que deja esa interpretación en manos de los tribunales a los que lleguen estas denuncias. “La letra zeta como tal, por supuesto, no está prohibida”, aseguró el lunes un portavoz gubernamental. “Sin embargo, en casos individuales, su uso puede representar la aprobación de la guerra de aprobación rusa y, por tanto, estar prohibido de acuerdo con el Código Penal”.

Las autoridades tienen conocimiento de que este símbolo ya se está utilizando en Alemania, añadió el portavoz. Por ahora, su uso se ha limitado a pintadas callejeras, aunque también se ha visto en carteles en actos públicos. Hay constancia asimismo de actos vandálicos, como lonas de camiones rajadas siguiendo la silueta de la letra zeta, que la policía va a considerar como daños a la propiedad. “La guerra de agresión rusa contra Ucrania es delictiva”, subrayó el portavoz del ministerio del Interior alemán. “Por eso, quien la apoye públicamente podrá ser procesado. Acogemos con satisfacción los anuncios realizados por varios Estados federales de que examinarán estos casos”, añadió.

A medida que avanza la invasión, el símbolo Z se ha ido extendiendo a las redes sociales, a carteles publicitarios, a fachadas de edificios e incluso a pegatinas por toda Rusia. También se comercializan camisetas y sudaderas con la letra, que no existe en el alfabeto cirílico. Hace unos días, el gimnasta ruso Ivan Kuliak se subió al podio en la Copa del mundo de gimnasia de Catar con la Z bordada en la camiseta. La Federación Internacional de Gimnasia aseguró en un comunicado que le abrirá un procedimiento disciplinario.

La popularidad de este símbolo ha crecido tanto que la aseguradora suiza Zurich ha decidido retirar la Z de su logo (la letra en color blanco sobre un fondo azul) en redes sociales porque no quiere que se entienda erróneamente como un apoyo a Rusia en el conflicto. En los avatares de la compañía en Twitter y Facebook aparece ahora el nombre completo sobre fondo azul. “Dejamos de usar temporalmente la zeta en nuestras redes sociales, donde aparece por separado y podría ser malinterpretada”, declaró la compañía a Reuters.

En Alemania, representantes de todas las formaciones políticas se han manifestado a favor prohibir la Z en los espacios públicos por considerarla comparable a otros símbolos anticonstitucionales. El Código Penal alemán prohíbe varios de ellos explícitamente en otro de sus artículos, el 86: la esvástica, el saludo hitleriano y el himno del partido nazi. La esvástica no se puede usar en banderas, insignias, uniformes, ni el himno en saludos o canciones bajo amenaza de multas y penas privativas de libertad de hasta tres años.

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El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, comparece antes del primer aniversario del ataque del 6 de enero al Capitolio, en el Departamento de Justicia, Washington.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, comparece antes del primer aniversario del ataque del 6 de enero al Capitolio, en el Departamento de Justicia, Washington.Carolyn Kaster / POOL (EFE)

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha advertido este miércoles que el Departamento de Justicia perseguirá a los implicados de “cualquier nivel”. A los presentes en el asalto al Capitolio y a aquellos que cometieron delitos “de otra manera” en la aciaga jornada del 6 de enero de 2021. La figura de Garland, líder responsable de la investigación criminal más grande en la historia de EE UU, ha sido objeto de escrutinio público durante las últimas semanas por varios exfiscales y académicos que le achacan no dirigir la investigación a la rendición de cuentas del expresidente Donald Trump y su círculo. “Seguiremos los hechos a donde sea que nos lleven”, adelantó esta tarde durante la comparecencia en la que también le pidió paciencia a la ciudadanía.

Un año después del ataque al núcleo del poder en Washington, solo 71 manifestantes han sido condenados, y ni la mitad de ellos han recibido pena de cárcel. De los cerca de 2.500 implicados que podrían ser acusados de delitos federales, hasta ahora han imputado a unas 725 personas; casi un tercio por delitos de agresión, resistencia al arresto u obstaculizar el trabajo de la policía. Cerca de 165 se han declarado culpables, la mayoría de delitos menores. Una veintena de ellos se enfrentan a penas por delitos graves, que pueden llegar a los 20 años de cárcel.

“Primero resolvemos casos más sencillos porque proporcionan la base probatoria para casos más complejos”, explicó Garland, y agregó: “No puede haber reglas diferentes para los poderosos y los que no tienen poder”. En las últimas semanas, los principales periódicos estadounidenses han publicado una ristra de tribunas criticando la lentitud de la labor del Departamento de Justicia y la aparente falta de urgencia en buscar las responsabilidades de Trump. El fiscal general aclaró que las acciones que ha llevado a cabo hasta ahora el Departamento de Justicia “no serán las últimas”. El violento episodio del asalto abrió un debate sobre la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión en EE UU. Garland aprovechó la ocasión para aclarar que “expresar pacíficamente un punto de vista o ideología, sin importar cuán extremo sea”, está protegido por la Constitución, “pero amenazar ilegalmente con dañar o matar a otra persona, no”.

En paralelo al trabajo del equipo de Garland, una comisión de investigación de la Cámara de Representantes también indaga lo que sucedió antes y durante el ataque, con especial interés en la tardía respuesta de la Casa Blanca. Hasta ahora, la evidencia que se ha hecho pública no apunta a que Trump y su círculo hayan conspirado para que se produjera el asalto, pero sí que fueron alertados para detener el caos. Una de las personas que intentó disuadir al mandatario republicano para que frenara la violencia fue su hija y asesora Ivanka Trump, según han adelantado miembros del comité, compuesto por siete congresistas demócratas y dos republicanos.

La comisión de investigación ha solicitado miles de documentos a varias agencias federales para reconstruir los pasos de Trump aquel día y averiguar por qué tardó tres horas en pedir a sus simpatizantes que se retiraran del Capitolio. También si su inacción frente a la amenaza de que los manifestantes impidieran la confirmación oficial de la victoria electoral del presidente Joe Biden en el Congreso es carne de delito. Si encuentran pruebas suficiente, los congresistas pueden derivar el material al Departamento de Justicia, que tiene la potestad de presentar cargos penales.

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