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El registrador Vega ha sido cuestionado desde distintos sectores políticos por las irregularidades que se presentaron en las últimas elecciones en Colombia. La Procuraduría General de la Nación abre investigación al Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, por presuntas irregularidades de servidores públicos en las elecciones legislativas llevadas a cabo del 13 de marzo. El registrador Vega ha sido cuestionado desde distintos sectores políticos por las irregularidades que se presentaron en las últimas elecciones en Colombia.

La procuradora, Margarita Cabello, se expresó al respecto y comentó que "con base en las quejas que se han presentado y en los análisis de la información que ha recopilado la Procuraduría General de la Nación frente a presuntas irregularidades en las elecciones legislativas, se ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el registrador Alexander Vega Rocha".

En los últimos días, diferentes sectores de la política se pronunciaron frente al desempeño del registrador Vega, quien incluso podría ser retirado de su cargo después de que Consejo de Estado citó a los magistrados de las tres Altas Cortes que lo eligieron para determinar si su elección fue legal, esta citación está estipulada para el día 4 de mayo.

Adicionalmente, la procuradora Cabello sostuvo que "la investigación de la Procuraduría busca determinar si el registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en las elecciones y una posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados".

Así mismo, la entidad también abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer, también de la Registraduria, por las irregularidades presentadas en el proceso de inscripción de cédulas y traslado de los puestos de votaciones.

Cuatro procuradores delegados fueron designados por la entidad con el fin de analizar más de 400 denuncias, de las cuales se encontraron 33 casos de irregularidades por parte de los jurados de votación.

 

 


En cumplimiento de la Política Pública de Víctimas del Valle, la gobernadora Clara Luz Roldán lideró la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas del Valle del Cauca, que para este primer semestre del 2022 tendrán un presupuesto de $1.448 millones en inversiones y proyectos que mejoren la calidad de vida de esta población vulnerable.

"Son recursos para protocolo de participación, proyectos productivos, ayuda humanitaria, apoyo a población víctima del conflicto armado, asistencia funeraria, entre otros aspectos. Se trata de recursos importantes que se van a ejecutar para que se logre fortalecer la política de víctimas”, dijo Orlando Riascos, secretario de Paz Territorial y Reconciliación del Valle.

Integrantes de la Mesa Departamental destacaron el compromiso del Gobierno del Valle con este presupuesto. "Realmente es algo histórico que se aumente el presupuesto para las víctimas del conflicto armado, porque nos permite dignificar a las víctimas y a la Mesa Departamental de Víctimas y poder realizar una incidencia sobre los municipios que tenemos a cargo", aseguró Juan Felipe Valencia, delegado de la Mesa Departamental y Nacional por enfoque diferencial LGTBI.

Por su parte, Carlos Arturo Valencia, coordinador de la Mesa Municipal de Bugalagrande y delegado de la Mesa Departamental de Víctimas, dijo que con este presupuesto se mejora la calidad de vida de la población y "así podemos trabajar y dirigirnos a varios municipios que no tienen representación en la Mesa Departamental para darles a conocer la Ley de Víctimas".

En el encuentro hicieron presencia delegados de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Víctimas del Valle del Cauca.

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