A inicios de la semana pasada, la justicia de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, condenó a ocho años de prisión a la opositora Cristiana Chamorro, tras desarrollar un juicio plagado de irregularidades. A la que fuera candidata presidencial se le achacó el cargo de “lavado de dinero”. Dos días más tarde, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, denunció las arbitrariedades de lo que considera la “dictadura” de Ortega y ha abogado por la liberación de los más de 170 presos políticos del régimen. El periodista de EL PAÍS experto en Nicaragua, Carlos Salinas Maldonado, disecciona los puntos clave de la crisis nicaragüense.
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Habitantes de Tamasagra han expresado su temor por lo que le pueda suceder al joven que al parecer, tendría problemas mentales.
Noticias Pasto
En el barrio Tamasagra ubicado en la comuna 6 de Pasto, ciudadanos denunciaron se encuentran preocupados por el estado de salud de un joven que hace varios días han observado deambulando por las calles, «poniéndose en riesgo de que algún vehículo lo atropelle».
El caso ha sido dado a conocer a través de un vídeo publicado en redes sociales.
Las imágenes permiten escuchar diferentes testimonios de los habitantes del barrio, los cuales manifiestan que se sienten preocupados y piden ayuda.
“No es la primera vez que lo veo así, yo lo veo varias veces, cuando yo voy a traer el almuerzo, él se para aquí en el centro –señalando la calle- y se sienta, no hay quien lo mueva” manifestó Oscar Martínez.
A demás señaló que el joven presenta problemas de salud mental, por lo cual se le dificulta entender la gravedad de estos hechos que preocupa a la comunidad.
“Si lo vamos a ayudar le damos la mano y es imposible levantarlo, y uno arriesga su vida por ayudarlo, porque las motos pasan desenfrenadas y de pronto no lo cogen a él, pero lo agarran a uno” expresó.
Respuesta de las autoridades
Otra ciudadana manifiesta que a pesar de poner en conocimiento el caso a las autoridades, el joven sigue arriesgando su vida.
“Se le fue a decir a la estación de la policía de aquí cerca, y nos dijeron que como ya lo habían movido, el vuelve y regresa, pero no dan una buena solución, lo dejan al joven allí” dijo una mujer.
Los habitantes denuncian que el caso es grave, ya que él se queda hasta altas horas de la noche en el mismo lugar.
“Es un caso de un joven que esta orinado y sentado a la mitad de la calle, si no es por la gente de buen corazón que lo mueven ya lo hubiesen atropellado” comentan.
¿Dónde está la familia?
La ciudadanía que denuncia el caso del joven en el barrio Tamasagra, se pregunta por el paradero de sus familiares.
Quieren encontrarlos y poder evitar una tragedia.
Don Óscar Martínez asegura que los familiares del joven viven en el corregimiento de Obonuco.
Comentarios vídeo denuncia ciudadana,
En los comentarios aseguran que la madre del joven ya falleció, y que los demás familiares ya no quieren hacerse cargo de él.
También espiritistas se ofrecieron a curarlo.
Finalmente piden a las autoridades o alguna fundación que puedan ayudar al joven, dirigirse al barrio Tamasagra por la Manzana 52 y así evitar una tragedia.
La sede del diario ‘El Nacional’, en Caracas (Venezuela).Rayner Peña R. (EFE)
El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, amenazó este jueves en su programa de televisión con ir ahora a “por la página web de El Nacional”, conocido diario opositor venezolano. Las declaraciones se produjeron en el desenlace de una prolongada querella judicial interpuesta por Cabello contra el medio, que acabó a favor del mandatario chavista y con la sede y las propiedades del diario confiscadas.
El dirigente político interpuso una demanda millonaria por difamación contra El Nacional y otros medios de comunicación y, a pesar del fallo, continúa en su ofensiva: “Con el valor de El Nacional no me pagaste, creo que ahora voy a ir por la página, creo”. Cabello se estaba dirigiendo directamente al presidente editor del diario, Miguel Henrique Otero, que vive en el exilio en Madrid. “Me estás provocando a que vaya un paso más adelante”, le advirtió.
A finales de enero, un tribunal en Caracas adjudicó formalmente a Cabello la sede de El Nacional, ubicada en la urbanización Los Cortijos de Lourdes, en Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia falló por “daño moral” del periódico contra Cabello y condenó al diario a pagar al dirigente revolucionario 13 millones de dólares por difamación. Tras ordenar el embargo, según cifras que ofrece el propio medio, la cantidad adjudicada es de 30 millones.
“Usted señala a alguien de delitos muy graves y yo fui señalado”, dijo en su momento Cabello dirigiéndose a Otero. “Pensaron que sería como otras personas, que cuando las señalan se meten en una cueva. A mí las peleas me gusta dando y dando, yo no tengo hábitos de perseguir y asesinar, si tengo que acudir a la ley y a los tribunales, voy. Después dicen que son perseguidos. Es una lucha por la verdad, yo voy a seguir adelante, si ellos no tienen moral yo sí para seguir adelante”, manifestó.
Miguel Henrique Otero, propietario de El Nacional, uno de los periódicos referenciales y con mayor tradición editorial de Venezuela, aseguró esta semana que en el país se estaba llevando a cabo “un genocidio comunicacional”. “Se amañan expedientes que son ventilados en tribunales que están a cargo de gatilleros disfrazados de jueces, luciendo togas y birretes, comprometidos a dictar sentencias para condenar inocentes y absolver a culpables, según las instrucciones que reciban de los jerarcas de un régimen que liquidó el principio de separación de poderes en Venezuela”, dijo en entrevista en su periódico.
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Otero también se refirió a la noticia que motivó las acciones legales de Cabello: “Allí se decía que un fiscal federal del Estado de Nueva York había abierto una averiguación a Diosdado Cabello por sus vinculaciones con el narcotráfico. Eso decía la nota, que publicaron 80 periódicos. Era una noticia importante. Cabello era el presidente de la Asamblea Nacional”. Para el propietario, el juicio “ha estado lleno de irregularidades y no ha tenido ninguna lógica desde el punto de vista legal.”
Tanto Otero como sus abogados han denunciado esta semana que la jueza encargada de ejecutar el embargo, Lisbeth Amoroso Hidrobo, es hermana de Elvis Amoroso, contralor general del Gobierno de Maduro, exdiputado y también miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. “Con un mínimo de justicia esto no hubiera ocurrido”, señaló Juan Garantón, abogado defensor de El Nacional, quien agregó que es una circunstancia “terriblemente injusta y triste”.
Jorge Makriniotis, gerente general del diario, afirmó desde Caracas que el periódico seguirá existiendo, incluso si le llegaran a bloquear la página. “Seguiremos luchando y estamos con ustedes, El Nacional es la voz del venezolano. Aunque nos quiten la sede. No tenemos 77 años de gratis. Aquí estamos. Si nos bloquean la página los invito a que usemos el VPN. El Nacional va a continuar“. El Nacional fue fundado en 1941 por el escritor venezolano Miguel Otero Silva. Su página web sigue siendo una de las más visitadas dentro del universo de los portales informativos del país.
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La Unión Europea se ha mostrado este lunes dispuesta a mantener su presencia diplomática en Kiev a pesar de que EE UU y Reino Unido han anunciado la retirada de Ucrania de parte de su personal civil por razones de seguridad. Bruselas considera de momento innecesario ese movimiento de precaución e, incluso, quiere aumentar su apoyo económico y empresarial para contrarrestar la desestabilización que están provocando en el país las continuas amenazas bélicas de Rusia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un paquete de asistencia macrofinanciera de 1.200 millones de euros para ayudar al gobierno de Volodimir Zelenski “a afrontar las necesidades financieras originadas por el conflicto”. Von der Leyen confía en que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo aprueben rápidamente la propuesta “para proceder rápidamente a un primer desembolso de 600 millones de euros”.
Bruselas casi doblará, además, las subvenciones a fondo perdido que ofrecerá a Ucrania este año, añadiendo 120 millones de euros a los 160 millones ya previsto, según ha detallado la presidenta de la Comisión.
El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha descartado por su parte secundar la decisión de Washington de comenzar a reducir la presencia diplomática en Kiev a menos que EE UU facilite información que justifique la alerta. “No vamos a hacer lo mismo [que EE UU]”, ha señalado Borrell a su llegada a la reunión del consejo de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas. El jefe de la diplomacia europea considera que “mientras las negociaciones [con Moscú] continúen, y de momento continúan, no pienso que sea necesario salir de Ucrania”.
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La UE parece apostar así por una escalada de tensión a medio plazo pero sin un desenlace armado inmediato. Washington, en cambio, asegura que el ataque de las fuerzas rusas contra Ucrania podría producirse en cualquier momento. Y Moscú acusa una y otra vez a Kiev, este mismo lunes de nuevo, de estar preparando un ataque militar contra las provincias ucranianas del Donbás que están en manos de rebeldes prorrusos, una amenaza que, real o no, podría brindar al Kremlin la excusa para irrumpir en el territorio de su país vecino.
Los ministros de Exteriores de la UE han analizado la posibilidad de ese ataque en una reunión por videoconferencia con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Y después, a puerta cerrada, los europeos han abordado los planes de represalias y contingencia que se adoptarían en caso de que el presidente ruso, Vladímir Putin, consume una invasión del territorio ucraniano.
Los ministros de Exteriores de la UE han aprobado por unanimidad un texto en el que reiteran la advertencia a Moscú de que “cualquier nueva agresión militar de Rusia contra Ucrania tendrá consecuencias enormes y costes elevadísimos”. El documento detalla de manera oficial por primera vez que las represalias económicas de la UE y de sus aliados occidentales no afectarán solo a altos cargos rusos sino también “a una amplia gama de sectores”.
Los 27 consideran innegociables ni susceptibles de revisión los textos fundacionales de la seguridad europea tras la Guerra Fría, como el acta de Helsinki o la carta de París. Y señalan que su violación por parte de Moscú sería “una amenaza para la paz y la estabilidad en nuestro continente”.
El documento, cargado de párrafos muy duros contra la Rusia de Putin, mantiene la oferta de diálogo como la mejor vía para resolver el conflicto. Y ofrece un apoyo sin fisuras a la integridad y la soberanía de Ucrania frente a las agresiones que viene sufriendo.
“Cualquier forma de agresión por parte del Gobierno ruso tendrá una postura clara, una respuesta clara por parte de los europeos junto con los estadounidenses y en el marco de la OTAN”, ha señalado la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, a su llegada a Bruselas. Pero ha añadido que mientas se contemplan todos los escenarios, la prioridad debe ser la ayuda económica al país asediado.
“Es importante que vigilemos la la situación económica de Ucrania, su estabilización”, ha afirmado Baerbock antes de la reunión de los ministros europeos. Y ha añadido que “estamos trabajando muy estrechamente con Ucrania, tanto en términos de apoyo financiero como de asistencia económica”.
Baerbock también se ha desmarcado de la retirada de personal diplomático anunciada por Washington y ha insistido en que la presencia diplomática y empresarial en Ucrania puede contribuir a estabilizar la situación y a propiciar una desescalada de la tensión. La ministra ha asegurado que la seguridad del personal es la prioridad absoluta “pero también es importante que no contribuyamos a aumentar la incertidumbre de la situación, sino que sigamos apoyando claramente al gobierno ucraniano y, sobre todo, que mantengamos la estabilidad del país”.
Su arresto, hace un año, fue el precursor de otros muchos, el descorche de una oleada de represión a la disidencia y a la sociedad civil sin precedentes en la Rusia moderna. El líder opositor Alexéi Navalni lleva un año preso. El feroz enemigo del presidente ruso, Vladímir Putin, que sobrevivió a un gravísimo envenenamiento tras el que la inteligencia occidental aprecia la mano del Kremlin cumple casi tres años de condena por un polémico caso y está encausado en varios procesos más que pueden engrosar su tiempo en prisión.
La mayoría de los principales aliados de Navalni están hoy fuera de Rusia y los que no, afrontan serios procesos judiciales; sus organizaciones han sido declaradas “extremistas”, ilegalizadas y cerradas. Y la represión ha ido alcanzando, gota a gota, a multitud de otras voces y redes críticas y disidentes en un país con un régimen que no admite una oposición real. El Kremlin, embarcado ahora también en una crisis con Ucrania, la OTAN y la UE por la concentración de tropas junto a las fronteras de la vecina antigua república soviética y la sombra de una nueva agresión militar, liquida así a la oposición en casa.
Navalni, pese al desenlace, ha asegurado que volvería a recorrer el camino emprendido. “No le tengan miedo a nada”, ha dicho este lunes en un mensaje en sus redes sociales que sus abogados han pasado a su equipo. “Este es nuestro país, no tenemos otro”, ha añadido. El opositor está internado en una colonia penal —una prisión donde los reclusos trabajan— a unas tres horas de Moscú, conocida por su severidad y donde ha denunciado la falta de acceso a tratamiento médico y que se le sometió a privación del sueño. Navalni no lamenta, sin embargo, haber regresado a Moscú, donde sabía que con toda probabilidad sería detenido. “Hice todo lo que pude para tirar de mi extremo de la cuerda, tirando hacia mi lado a los que son honestos y ya no tienen miedo”, dice Navalni desde prisión. “No me arrepiento ni por un segundo”.
Abogado y activista anticorrupción, el disidente, de 45 años, estaba en busca y captura por haber violado los términos de la libertad condicional de una antigua condena por fraude —y que denunció como “motivada políticamente”— mientras estaba en Alemania. Navalni, que se hizo un nombre destapando y publicando en Internet investigaciones y escándalos de la élite política y económica rusa, había estado desde el verano en Berlín. Allí fue trasladado en agosto de 2021, en coma y de urgencia —y tras la mediación de la canciller Angela Merkel— desde Siberia, donde fue envenenado con una neurotoxina militar de la familia Novichok, como indican los informes de la Fiscalía alemana y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Se trata de la misma empleada con el exespía ruso Serguéi Srkripal en 2018 en suelo británico por espías de la inteligencia militar rusa, según Reino Unido.
Activistas de Amnistía Internacional se manifestan para pedir la liberación de Navalni, este lunes en Bruselas. DPA vía Europa Press (Europa Press)
Una investigación de varios medios señaló más tarde, cuando el opositor ya estaba en prisión, con nombres y apellidos a varios agentes del FSB (el servicio de inteligencia ruso, heredero del KGB) como responsables del ataque químico. El Kremlin ha negado su implicación, ha llegado a acusar a Navalni de ser un agente de la CIA y ha asegurado que Alemania no le ha entregado pruebas sobre el caso del opositor, galardonado el año pasado con el premio Sájarov a los derechos humanos del Parlamento Europeo.
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El arresto de Navalni hace un año sacó a decenas de miles de personas a la calle, recuerda el politólogo Alexander Morozov. No solo partidarios del opositor, indignados por su detención y el envenenamiento, también a una ciudadanía cansada, desencantada por la corrupción, la falta de renovación en las instituciones y la pérdida de poder adquisitivo, que se ha cebado con las clases medias en Rusia, donde los ingresos reales han caído casi un 13% desde 2013. Aquellas manifestaciones fueron duramente reprimidas, miles de personas detenidas. Y se inició el proceso contra el equipo de Navalni y sus organizaciones, declaradas en verano “organizaciones extremistas”.
La red de entidades que el opositor tejió en muchas regiones rusas —y que logró réditos políticos inéditos en algunas provincias— ha quedado desmantelada. Su cuartel general, finiquitado. Y las detenciones se suceden entre los activistas y políticos que se han quedado en Rusia, como Ksenia Fadeyeva, diputada provincial por Tomsk, arrestada a finales de año por “extremismo”. Aunque el núcleo duro de su equipo sigue manteniendo sus proyectos desde el exilio, explica Ruslan Shaveddinov. Investigaciones anticorrupción, proyectos de medios y la aplicación de “Voto Inteligente”. Con esta aplicación —que fue correspondientemente prohibida, y que las autoridades lograron incluso vetar de los buscadores de Internet y de Telegram—, trataron de arrebatar al partido de Putin, Rusia Unida, votos en las elecciones parlamentarias de septiembre al identificar a la persona candidata con más posibilidades de derrotar a la formación gubernamental. “No importa dónde estemos, podemos trabajar en cualquier lugar e interactuar con nuestros seguidores. Nuestro trabajo es muy necesario porque en Rusia ahora hay una gran demanda de cambios y de una opinión alternativa”, asegura Shaveddinov.
El líder opositor ruso Alexei Navalny (c) a las puertas de la comisaría de policía de Khimki a las afueras de Moscú, el 18 de enero de 2021, un día después de ser arrestado a su llegada al aeropuerto de Moscú desde Alemania. SERGEI ILNITSKY (EFE)
Con CNN y HBO han filmado un documental —Navalni: el veneno siempre deja rastro— que se estrenará pronto, ha contado María Pevchij, que lidera el grupo de investigación que hace casi un año, poco después del arresto del opositor, sacudió Rusia con la publicación en YouTube de una pesquisa sobre el supuesto palacio multimillonario de Vladímir Putin en un entorno protegido a orillas del Mar Negro.
Pero lo cierto es que con Navalni en prisión, sus principales aliados en el exilio o procesados y sus organizaciones liquidadas, el movimiento opositor ha perdido mucho fuelle en Rusia, pese a que el disidente nunca logró registrar un partido político. Su caso fue la espita y el aviso a navegantes que se ha ido repitiendo en un sistema político cada vez más controlado. “En el año transcurrido desde la detención de Aleksei Navalny en un aeropuerto de Moscú, el político, sus seguidores y otras organizaciones de la sociedad civil rusa han sufrido una implacable embestida de represión”, abunda Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central. Más de 1.500 activistas y periodistas han abandonado Rusia por motivos “políticos”, según un informe de la Fundación Rusia Libre, que no incluye en su recuento a las familias de los exiliados.
Las autoridades han sofocado a la oposición y añadido a decenas de activistas, opositores, periodistas, medios de comunicación independientes y ONG a su lista de “agentes extranjeros”, una etiqueta que tiene unas connotaciones muy negativas en Rusia y que dificulta a través de grandes trabas administrativas el trabajo; tanto que puede desencadenar, como ha sucedido, el cierre de las entidades. También ha ampliado su índice de “organizaciones extremistas”, una de las últimas, la reputada ONG Memorial, que se ocupa de los crímenes del estalinismo.
Según la sentencia, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —que llegó a pedir en su momento que se indemnizase al activista por el fallo— declaró “arbitraria e injusta”, Navalni debería salir de prisión en otoño de 2023, a más tardar. Sin embargo, desde hace meses, las autoridades han encausado al opositor en otros procesos penales: desacato al tribunal, fraude a una escala especialmente grande, y lavado de dinero en relación con la supuesta malversación de donaciones a sus ONG. También ha sido acusado de crear una organización que “atenta contra los derechos de los ciudadanos”. “No sé cuándo terminará mi ‘viaje espacial’ ni si terminará en absoluto”, ironizaba el opositor en otra publicación de Instagram.
«Dada la seriedad de las violaciones y del persistente riesgo de violencia, estaba justificado que Facebook suspendiera las cuentas de Trump el 6 de enero y extendiera esa suspensión el 7 de enero», aseveró la resolución.
Asimismo, el panel indicó que «no fue apropiado que Facebook impusiera una pena indeterminada y estandarizada de suspensión indefinida».
Se pidió a la red social «revisar este asunto para determinar y justificar una respuesta proporcionada» en los próximos seis meses.
