El campus de la Universidad Politécnica, Upoli, en Managua era a mediados de abril de 2018 un cardumen de estudiantes en resistencia. Unos 150 de ellos se habían atrincherado en su protesta contra el presidente Daniel Ortega. El centro de estudios era el bastión del descontento estudiantil en medio de las manifestaciones que exigían el fin del mandato del exguerrillero sandinista. Una acción que Ortega jamás les perdonaría. Tanto así que este miércoles la Asamblea Nacional, al servicio del mandatario, ha aprobado una iniciativa que ilegaliza cinco centros universitarios, entre ellos la Upoli, en una nueva medida represiva del régimen contra las voces críticas. El Gobierno, además, ha disminuido el subsidio estatal que recibía la jesuita Universidad Centroamericana, UCA, la más prestigiosa del país, donde sus estudiantes han mantenido una posición crítica contra lo que califican de “dictadura”. Se trata de un duro golpe para centenares de estudiantes de escasos recursos que dependen de una beca para terminar sus estudios en esa universidad privada.
Atrás quedaron aquellas imágenes de los estudiantes rebeldes atrincherados en las universidades. Ortega apagó con fuego y sangre las protestas, con una durísima represión que dejó más de 360 muertos, la mayoría jóvenes universitarios. Los reportes de los medios de comunicación y organismos de derechos humanos dan cuenta de chicos asesinados por disparos de francotirador, con balas en la cabeza, cuello y tórax. Se trata, según un reporte de la CIDH, de crímenes de lesa humanidad. Pero la sangría no fue suficiente para el mandatario nicaragüense, que ha decidido poner candado a los centros que permitieron el grito de libertad juvenil. En una orgía de ilegalización de organizaciones de la sociedad civil, los diputados nicaragüenses cancelaron la personería jurídica no solo de los cinco centros de estudio, sino de once onegés, muchas de ellas ligadas a la Iglesia Católica, que ha sido crítica con el régimen.
Uno de los argumentos para ilegalizar a estos organismos se basa en la controvertida Ley contra el lavado y terrorismo, que también ha sido usada para arrestar y enjuiciar a 40 críticos, incluidos siete aspirantes a la presidencia por la oposición, además de periodistas y empresarios. Los juicios en su contra comenzaron el martes y son considerados espurios por familiares y defensores de derechos humanos. “Hay organizaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse. Este es un proceso [la cancelación de organismos] que va a continuar y nadie debe asustarse”, ha advertido este miércoles el diputado Filiberto Rodríguez, del oficialista Frente Sandinista.
Esta decisión se da dos semanas después de que las autoridades de la UCA denunciaron el recorte al presupuesto que el Gobierno otorga a ese centro de estudios de acuerdo a a los fondos destinado a las universidades y establecidos por la ley. La universidad jesuita solo recibirá este año 28.000 dólares, un monto ínfimo para hacer frente a las becas que otorga a los estudiantes de bajo recurso, que incluyen no solo la colegiatura, sino vivienda y alimentación. El recorte “afecta las posibilidades de la Universidad de continuar otorgando becas totales y parciales a estudiantes que por su condición socioeconómica se ven impedidos de hacerle frente a los costos de su formación universitaria”, han explicado las autoridades en un comunicado.
Los estudiantes de este centro están nerviosos y temen por su futuro académico. Algunos de ellos expresaron su temor al medio digital Divergentes. “Es una medida demasiado brutal. Se siente como que (el régimen) dice: si nosotros la queremos cerrar (la universidad) la cerramos, si nosotros queremos joderlos, los vamos a seguir jodiendo. Es un mensaje claro”, ha explicado una estudiante de 21 años. “Tengo temor, porque estoy a un paso de licenciarme. Siento que tener un título en medio de esto, también es como decirle al régimen que seguimos resistiendo en Nicaragua. Yo pude, yo lo hice. Ahora, estudiar es resistir”, ha afirmado otra estudiante de la UCA. Ortega, en su vorágine represiva, intenta ahora truncarles su futuro.
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