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Vendaval en el frente exterior del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: después de que su embajador Arturo McFields se les rebeló en la Organización de Estados Americanos (OEA) la semana pasada, el Gobierno sufrió una nueva deserción este domingo 27 de marzo, cuando el abogado Paul Reichler renunció a su cargo de asesor internacional, a través de una carta en la que expresó que el mandatario sandinista ha instaurado una dictadura en Nicaragua.

“Usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años”, dijo Reichler. El abogado estadounidense sirvió como asesor legal internacional de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, primero en los años ochenta, durante la guerra, cuando Managua denunció a Estados Unidos por el financiamiento a la contrarrevolución. Un fallo que fue considerado histórico y favorable para los sandinistas en ese entonces. Reichler volvió al cargo a partir de 2007, cuando Ortega retornó al poder.

Reichler culpa a Ortega de destruir la democracia y establecer una dictadura con “elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia, y el silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes”.

Reichler ha estado involucrado en los principales litigios internacionales de Managua. Primero fue parte del equipo en los conflictos limítrofes del país por la soberanía del río San Juan contra Costa Rica y el límite marítimo del meridiano 82 en el Mar Caribe con Colombia, cuando Nicaragua recuperó su Mar Caribe.

En la carta, Reichler dice que le “resulta inconcebible que ese Daniel Ortega (que conoció en el pasado) hubiera reprimido manifestaciones pacíficas tan despiadadamente, resultando en cientos de trágicas muertes, en abril de 2018″. La declaración del abogado es un claro golpe a la narrativa que ha impulsado el régimen desde la crisis de 2018, que insiste en que la rebelión ciudadana fue un “intento de golpe de Estado”.

Acusa a Ortega de “asesinar” a Hugo Torres

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Reichler es el segundo funcionario internacional del régimen que se le pone en contra en menos de una semana, después de que el embajador de Nicaragua ante la OEA diera un discurso ante el Consejo Permanente el pasado miércoles 23 de marzo en el que calificó al régimen como “dictadura”. El asesor internacional Reichler señala en la carta que le “resulta aún más inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera arrestado, confinado en condiciones intolerables y enjuiciado a más de 50 ciudadanos destacados —de la política, los medios de comunicación, las universidades y los negocios— con cargos falsos que no son más que un pretexto para eliminar la disidencia y la oposición”.

Reichler sostiene además que Ortega asesinó al exguerrillero histórico sandinista Hugo Torres, quien falleció en manos de la policía, después que en la temible cárcel de El Chipote, donde permanecía como preso político, no tuvo atención médica oportuna. “Me resulta impensable que ese Daniel Ortega hubiera asesinado a Hugo Torres y llevado sádicamente a los otros grandes patriotas, ahora encerrados en sus celdas, al borde del hambre y la muerte”, sostuvo el abogado.

El hasta hace poco asesor internacional considera “inconcebible” que el Daniel Ortega al que sirvió en su día pudiera forzar al exilio a “ilustres ciudadanos”, como Sergio Ramírez, Luis Carrión, Carlos Fernando Chamorro, Edmundo Jarquín, Gioconda Belli, Mónica Baltodano, Julio López Campos, y “muchos otros héroes sandinistas y no sandinistas, así como miles de nicaragüenses de todas las tendencias políticas, cuya libertad ha sido negada o amenazada”.

En la carta, Reichler dice haber servido a Ortega desde hace más de 40 años. Dice que también fue el enlace entre los sandinistas y el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter para que este fuera a Nicaragua en calidad de observador internacional en las elecciones de 1990.

El abogado cuenta también que fue en enero de 1984, en la casa del padre Miguel D’Escoto, que el caudillo sandinista le pidió que formara parte del equipo legal de Nicaragua para demandar a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia para responsabilizar a ese país “por la guerra, agresión y terrorismo que había lanzado contra la soberanía, independencia e integridad territorial de Nicaragua”. Sin embargo, de aquellos días épicos solo queda nostalgia y decepciones que, según la carta, lleva a Reichler a “rezar para que Nicaragua vuelva a ser libre”.

“Seguiré respetando, admirando y queriendo al primer Daniel Ortega, aunque sienta desesperanza y dolor por culpa del que ha tomado su lugar. Siempre atesoraré mi servicio al primero, aun cuando, por las razones expuestas anteriormente, mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos con el segundo y negarme a servirle. Mientras tanto, rezaré por el día en que Nicaragua vuelva a ser libre”, dice la misiva.

Aunque la renuncia de Reichler y la rebelión de McFields en la OEA resultan, según analistas internacionales, un golpe duro a la narrativa del régimen, sobre todo de cara a sus bases políticas, en Managua la diplomacia dirigida por la vicepresidenta Murillo se reacomoda y busca sustitutos. De acuerdos a fuentes sandinistas consultadas por EL PAÍS, tras el discurso de McFields se desarrolla una “cacería de brujas” en el interior de las instituciones, en especial Cancillería, que mantiene aterrados a los servidores públicos.

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Ana María Castro, joven asesinada.

«Se hizo justicia», madre de la joven asesinada.

Noticias Colombia.

A 41 años de cárcel fueron condenados Paul Naranjo y Julián Ortegón por la muerte de Ana María Castro, joven que murió en extrañas circunstancias en Bogotá luego de salir de una discoteca a bordo de una camioneta.

Ana María Castro, joven asesinada.

De acuerdo a la sentencia del juez, la pena que pagarán estos dos sujetos corresponde a «500 meses de prisión, en su condición de coautores, finalmente responsables, de la conducta punible de feminicidio agravado», señaló el togado.

Boletín de la Fiscalía Genral de la Nación.

Tanto Naranjo como Ortegón no serán cobijados con medida de casa por cárcel: «tampoco es viable la concesión de la prisión domiciliaria», es decir, tendrán que cumplir la pena «de manera física e intramural en el lugar de reclusión que disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)».

Julián Ortegón, Ana María Castro y Paul Naranjo.

En el siguiente audio se escucha la sentencia:

La defensa de los acusados manifestó que apelarán la decisión del juez.

Los hechos

Según la investigación de la Fiscalía el día 4 de marzo del 2020, Ana María Castro se encontraba disfrutando en un bar del norte de la ciudad de Bogotá junto con Paul Naranjo y Julián Ortegón. Un tercer hombre también compartió con ella esa noche.

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En la madrugada del 5 de marzo, la víctima salió del sitio y «se ubicó en la parte de atrás de la camioneta, mientras que Naranjo y Ortegón iban en la parte de adelante del vehículo», indica el boletín del ente acusador.

«Se logró demostrar que, el día de los hechos, Paula Naranjo bajó del automotor al acompañante de la mujer, y unos metros adelante, fue lanzada de la camioneta en pleno movimiento, en la calle 80 con carrera 69», dice el comuniciado.

«Un testigo que pasaba por el lugar informó lo ocurrido a la línea de emergencia 123 y señaló que vio cómo Ana María Castro fue arrojada violentamente del vehículo y cayó con fuerza al suelo», agrega el comunicado.

Este finaliza indicando que Ana María Castro murió en el Hospital Simón Bolívar, a donde llegó remitida del Hospital de Engativá por la gravedad de sus heridas.

Nidia Romero, madre de Ana María Castro, se mostró muy animada porque se hizo justicia en el caso de su hija.

Agradeció la labor de los abogados que estuvieron al frente del caso:

Precisamente, Abelardo De La Espriella, fue quien estuvo a cargo de la defensa de Ana María Castro y calificó el veredicto del juez como un triunfo para que este tipo de casos no queden más en la impunidad.

Foto de portada: @rcnradio

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Jean Paul Salcedo Cuentas danced life for 30 years, but yesterday, just beginning March, death took him away.

He ripped it from planet earth, from Cartagena who always enjoyed his raucous dance… his art, joy and life.

(Also: Students protested on La Línea road due to lack of school transportation)

For Jean Paul, dance was an art form in which the movement of her body was a way of feeling and communicating.

In addition to being a folkloric dancer, he was a business administrator and worked in the tourism sector for many years. In his last years he worked for a health entity.

(Also: What went wrong in the case of Petro’s frustrated visit to Providencia?)

“Today the dance is in mourning. A great dancer has left, who for more than 10 years participated in the Folkloric Parade of Independence and other city events. Jean Paul was the bearer and defender of our Cartagena cultural identity”, commented Oscar Uriza Pérez, director of the Institute of Heritage and Culture of Cartagena (IPCC), IPCC. The artist’s house.

A flare that raises dry twigs as it burns. That is the joy. That was Jean Paul.

His beginnings in dance were in the Cumbalí group, and later he was part of the Ekobios National Folkloric Ensemble.

Similarly, she danced in the Afrobatata group, which significantly marked her growth process in dance. He eventually served as the captain of the B’jembe group for 8 years.

Colon cancer won the battle.

Peace in his grave.

Cartagena.

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Unpublished photos of military practice in Cartagena with a nuclear submarine



El Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés) lleva meses mirando de reojo y con pavor las encuestas. Anuncian que perderá su posición de primer partido en Irlanda del Norte en las próximas elecciones autonómicas de mayo, en favor de los republicanos del Sinn Féin (antiguo brazo político del IRA, y partidarios de la reunificación de la isla). Y hace tiempo también que el DUP ha señalado al chivo expiatorio que culpa de todos sus males: el Protocolo de Irlanda, que firmaron Londres y Bruselas para cerrar definitivamente un acuerdo sobre el Brexit. En una acción concertada para dar un golpe al avispero, el ministro principal del Gobierno autónomo (cargo equivalente a primer ministro), Paul Givan, ha anunciado este jueves su dimisión. Y el consejero de Agricultura, Edwin Poots, ha decidido unilateralmente suspender los controles sanitarios de productos ganaderos y agrícolas procedentes de Gran Bretaña, algo de obligatorio cumplimiento según lo acordado entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Ambos políticos son unionistas del DUP. Ambos pertenecen a la línea dura del partido, que quiere deshacerse del Protocolo de Irlanda antes de que lleguen las elecciones de mayo. Frente a ellos se sitúa el presidente de la formación, Jeffrey Donaldson, quien quisiera dar una última oportunidad a las negociaciones en curso entre Londres y Bruselas. Después de la dimisión a mediados de diciembre de David Frost como negociador británico con la UE se abrió un cierto margen de esperanza. Tomó las riendas de ese negociado Liz Truss, la ministra británica de Exteriores. Y aunque mantuvo en sus declaraciones el tono de dureza de su predecesor, su voluntad de regresar con otra actitud a la mesa de negociación relajó una relación que a punto había estado de derivar en una guerra comercial entre las dos orillas del canal de la Mancha.

Un portavoz del Gobierno de Johnson ha asegurado este jueves que Downing Street desconocía la intención del Ejecutivo norirlandés de suspender los controles sanitarios, y que el primer ministro desearía una solución lo más pronto posible frente a este nuevo inconveniente.

Truss y su contraparte negociadora, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, han retomado este jueves sus conversaciones bajo la sombra de la sorprendente decisión del Gobierno autónomo irlandés. “La Comisión Europea ha estado trabajando de un modo incansable con el Gobierno del Reino Unido para solucionar los problemas prácticos derivados de la puesta en práctica del protocolo. La decisión del consejero de Agricultura de Irlanda del Norte resulta de poca ayuda”, ha dicho un portavoz comunitario. “Vigilaremos de cerca los siguientes movimientos en Irlanda del Norte después de este anuncio”, han advertido.

Poots se ha cobijado en un supuesto asesoramiento legal que le permitiría suspender los controles sanitarios ante los problemas que provocan, pero el resto de partidos norirlandeses le han acusado de estar violando las obligaciones de un tratado internacional con fuerza legal. Y a última hora del jueves ni siquiera estaba claro que su orden se hubiera cumplido en los distintos puertos norirlandeses, porque los altos funcionarios encargados de trasladar la directiva habían expresado dudas sobre su legalidad.

La UE no entra en las maniobras políticas internas del Gobierno norirlandés, pero sí responde ante una decisión que choca legalmente con un tratado internacional como es el Protocolo de Irlanda. Firmado como anexo del Acuerdo de Retirada de la UE, el protocolo fue una solución compleja y largamente negociada para solucionar el atasco del Brexit. El abandono del Reino Unido suponía que Irlanda fuera la única frontera terrestre de la UE con ese país. Bruselas quería proteger a toda costa su preciado Mercado Interior, pero no al precio de volver a partir en dos la isla de Irlanda y poner en peligro la paz alcanzada en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Aquel pacto estableció la conveniente ficción de que Irlanda era una única isla, y su frontera interna se volvió invisible. Cualquier nueva señal de control entre las partes, aunque fuera aduanero, podía resucitar la violencia sectaria. La solución, firmada por Boris Johnson, fue mantener a Irlanda del Norte dentro del espacio aduanero de la UE y trasladar la barrera aduanera al mar de Irlanda.

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Desde entonces, todo han sido problemas. La burocracia y aumento de costes y controles aduaneros y sanitarios para el envío de productos desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte desató las protestas de empresas y ciudadanos. Fue la llamada “guerra de las salchichas”, cuando desapareció este producto de las estanterías de supermercados británicos con establecimientos en la región. A pesar de la voluntad de Bruselas de buscar soluciones prácticas —redujo hasta un 80% el número de obligaciones aduaneras—, Londres y Belfast se alinearon en una posición extrema. El Gobierno de Johnson ha mantenido en todo momento sobre la mesa la amenaza de invocar el artículo 16 del protocolo, que permite la suspensión unilateral de sus disposiciones “ante graves dificultades económicas, sociales o medioambientales”. El aumento de la violencia vandálica en las calles de Belfast y Londonderry de los últimos meses, sobre todo por parte de bandas juveniles unionistas, ha sido la justificación esgrimida por el Gobierno de Johnson para replantear un tratado que, sobre todo, irritaba al ala euroescéptica del Partido Conservador y dejaba a los pies de los caballos a los unionistas del DUP, porque su electorado veía el protocolo como una traición que los alejaba aún más del resto del Reino Unido.

La dimisión de Givan

Unionistas y republicanos están obligados a compartir el poder en las instituciones autonómicas de Irlanda del Norte, pero el puesto de ministro principal queda reservado para el partido más votado. Hasta ahora ha sido el DUP. El anuncio de dimisión de Paul Givan implica automáticamente el cese de la viceministra principal, Michelle O’Neill, del Sinn Féin. En el plazo de una semana, los dos partidos deberán ponerse de acuerdo para un nuevo reparto de puestos, o el ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, estará autorizado a adelantar los comicios autonómicos, previstos para mayo. El movimiento sorpresa del DUP, en teoría, no tendría por qué acelerar el plazo para convocar las urnas, pero su dirección llevaba meses advirtiendo que reventaría la estabilidad de las instituciones políticas autonómicas —al abandonarlas— si no desaparecía el Protocolo de Irlanda. La voluntad negociadora expresada por Londres y Bruselas amenazaba con mantener vivo el problema para cuando mayo llegara, y obligar al DUP a competir con ese lastre. “Nuestras instituciones vuelven a estar sometidas a prueba (…) y su delicado equilibrio ha resultado afectado por el acuerdo entre el Reino Unido y la UE que puso en marcha el Protocolo de Irlanda”, ha dicho Givan en una comparecencia en un hotel de Belfast, al borde de las lágrimas.

La presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones, “ante la ausencia de un Ejecutivo en funcionamiento. Debe quedar claro que las maniobras del DUP tienen sus consecuencias”, ha dicho.

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