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El presidente Joe Biden ha firmado este viernes una orden ejecutiva que permite a Estados Unidos disponer de 7.000 millones de dólares (unos 6.142 millones de euros) del Banco Central de Afganistán depositados en instituciones financieras estadounidenses y que fueron congelados tras el regreso al poder el pasado verano de los talibanes, según un comunicado de la Casa Blanca. Se trata de una medida inusual, con la que Washington toma posesión de activos de otro Estado, que serán depositados en una cuenta de la Reserva Federal de Nueva York.

La orden estipula que los activos paralizados se dividan en 3.500 millones de dólares para ayuda humanitaria en Afganistán y la misma cantidad para un fondo destinado a los litigios en curso de las víctimas de terrorismo en Estados Unidos, como consecuencia de los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001. La decisión presidencial abre un proceso que deberá afrontar la dificultad de evitar que la ayuda a la población afgana caiga en manos de los talibanes; tampoco será fácil el camino para que las víctimas del 11-S “puedan hacer oír su voz” ante la justicia de EE UU, según destacó un alto funcionario de la Casa Blanca en conferencia telefónica con la prensa.

“Es muy importante poder disponer de 3.500 millones de dólares y garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo afgano”, subrayó esa misma fuente. Respecto al dinero destinado a las víctimas de Al Qaeda en EE UU, reconoció que se trata de una situación “jurídicamente complicada” y que este anuncio es apenas el comienzo de un procedimiento que puede durar meses.

La Administración de Biden insistió en que el dinero no llegará directamente a los talibanes, sino que estará en un fondo fiduciario y que las autoridades estadounidenses entregarán determinadas cantidades periódicas a las ONG internacionales de distribución de ayuda en Afganistán. Desde que el pasado 15 de agosto Kabul cayera en manos del régimen talibán y las tropas norteamericanas abandonaran de manera caótica el país tras 20 años de presencia, los radicales exigen el acceso al dinero depositado en el exterior.

Naciones Unidas y varias organizaciones humanitarias llevan meses presionando a los Gobiernos de todo el mundo, especialmente al de Estados Unidos, para que desbloqueen los fondos afganos que congelaron tras el nuevo ascenso de los talibanes. Antes de que estos se hicieran con el poder, el Banco Central afgano había depositado en el extranjero 9.000 millones de dólares. De esa cantidad, 7.000 están en EE UU y el resto en países como Suiza, Alemania y Emiratos Árabes Unidos.

Según expertos citados por el diario The New York Times, se teme que la medida de la Casa Blanca paralice todavía más al mermado Banco Central afgano, dado que “el drenaje” de una buena parte de su capital internacional obstaculizará los esfuerzos de la institución afgana para estabilizar la moneda y los precios en el país.

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Estos 7.000 millones de dólares que se prevé repartir abarcan divisas, bonos y oro, acumulados durante estos últimos 20 años como excedente de la ayuda económica proporcionada por Estados Unidos y otros países al Gobierno afgano, y son considerados como una especie de “fondo de emergencia”.

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Cuatro excolaboradores afganos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que aseguran hablar en nombre de 200 familias (unas 1.200 personas), han dirigido un llamamiento desesperado al Gobierno español, al que piden ayuda para salir del país. Su situación, alegan, es “trágica”. “Amenazas y extorsiones de los talibanes, desempleo, hambruna, carencia de servicios y aumento de precios. Muchos nos vemos obligados a vivir escondidos”, apostillan.

Los firmantes de la misiva —que aportan filiación, número de pasaporte, teléfono y correo electrónico— son tres hombres y una mujer que trabajaron en el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT, por sus siglas en inglés) de Bagdhis, bajo responsabilidad española entre 2006 y 2013, en proyectos agrícolas, ganaderos y de promoción de la mujer, así como un ingeniero de la construcción.

“Hemos escrito varias veces al Ministerio de Exteriores, pero no hemos recibido indicaciones claras. La sugerencia de viajar a Irán o Pakistán es casi imposible en las condiciones actuales. Muchos no tenemos pasaporte ni los medios económicos para pagar el viaje. Y aquellos que han logrado llegar a Teherán o Islamabad han sufrido largas esperas porque dichas embajadas están colapsadas”, alegan.

Ante la caída de Kabul, España puso en marcha una operación que se prolongó 10 días y permitió evacuar a 2.200 personas; pero solo 1.671 eran colaboradores del Ejército y la Cooperación española y sus familias; y el resto, trabajadores de la UE, la OTAN o EE UU. La mayoría no pudieron llegar desde Herat y Bagdhis, las dos provincias al oeste del país donde se desplegaron las tropas españolas, hasta Kabul. Y algunos que lo hicieron no lograron entrar al aeropuerto, sumido en el caos y rodeado de controles de los talibanes.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, prometió “no dejar a nadie atrás” y, tras viajar a Qatar y Pakistán, los días 11 y 12 de octubre se fletaron dos aviones que trasladaron a España a 244 afganos que habían llegado por tierra hasta Islamabad. Aun así, en Afganistán se quedaron muchos colaboradores españoles. Un grupo de exempleados de la AECID ayudó a identificar a unas 170 familias —que el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó y registró—, a las que posteriormente se sumaron otras 80 (cada familia la forman el trabajador, su cónyuge, sus hijos dependientes, las hermanas solteras y los padres) hasta totalizar unas 250, de las que en una primera fase se evacuó a medio centenar.

Desde entonces, se ha producido un goteo de traslados y ya suman 269 los afganos que han llegado a España con documentación expedida por las embajadas en Islamabad, Teherán, Ankara (Turquía), Nueva Delhi (India) y Nur-Sultán (Kazajistán), según datos de Exteriores. “Somos conscientes de que aún existen casos para los que estamos intentando buscar una solución que, en primer lugar, les comunicaremos a los propios interesados por canales que no pongan en riesgo cualquier operación ni, por su puesto, su seguridad”, asegura un portavoz de dicho departamento.

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El problema es que, para conseguir la documentación que les permite viajar a España, los colaboradores afganos tienen que viajar a algún país vecino, ya que la Embajada española en Kabul está cerrada y el embajador se encuentra en Doha (Qatar). Para ello, necesitan un pasaporte del que muchos carecen, ya que les ha caducado y tienen miedo de acudir a renovarlo por temor a ser identificados como colaboradores de los ocupantes extranjeros y sufrir represalias. Los talibanes dan los pasaportes con cuentagotas, para evitar la fuga de técnicos, e Irán y Pakistán exigen, además, a los afganos un visado cuyo precio es cada vez más caro.

Una vez que consiguen llegar a la capital de un país vecino, deben pedir cita en la Embajada española para solicitar protección internacional y tramitar la documentación que les permita viajar a España. Pero la falta de personal hace que estén colapsadas y el proceso se demore meses, sin medios para subsistir en un país extranjero y con el riesgo de que se les caduque el visado, según denuncian los excolaboradores de la AECID.

40 días de espera

S. N. explica que llegó a Islamabad el 13 de noviembre de 2021 y, aunque envió numerosos correos a la Embajada española pidiendo cita, nunca le respondieron. El 23 de diciembre se presentó en la legación diplomática sin cita y, tras ocho horas de espera en la puerta, alguien salió buscando un traductor. Eso le permitió entrar en la Embajada y solicitar la documentación, que obtuvo finalmente el 3 de enero. Por su parte, A.N.R. consiguió su visa tras 40 días de espera en Pakistán.

Los excolaboradores afganos de la Cooperación española aseguran que el Gobierno alemán evacuó recientemente a decenas de familias de antiguos empleados sin pasaporte ni visado con el visto bueno de las autoridades paquistaníes y se preguntan por qué España no puede hacer lo mismo.

También aseguran que Berlín financia el viaje y el coste del alojamiento de sus antiguos trabajadores en Islamabad o Teherán, mientras que Madrid ha dejado claro que deben sufragarlo de su propio bolsillo, lo que no está al alcance de la mayoría de los exempleados de la AECID. “¿Qué va a pasar con los cientos de familias que se han quedado atrás?”, se preguntan en su misiva.

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