La luna de miel que mantenían las violentas pandillas de El Salvador con Nayib Bukele ha saltado por los aires en las últimas horas con el asesinato de 76 personas en tan solo dos días. A los 14 muertos del viernes se suman los 62 de este sábado, en lo que supone el día más violento en la historia reciente del país desde el fin de la guerra civil, de acuerdo a cifras oficiales.
La respuesta de Bukele no tardó en llegar y, a medida que se conocía la cifra de muertos, el Congreso de El Salvador decretó la madrugada de este domingo un régimen de excepción con la intención de frenar un “incremento desmedido” de los asesinatos, que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental.
Al mismo tiempo, Bukele exigió que “dejen hacer su trabajo” a militares y policías para actuar con contundencia contra los pandilleros. “Deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”, escribió.
Para la aprobación de sus nuevos poderes por la vía rápida, el mandatario invocó el artículo 29 de la Constitución que contempla la suspensión de garantías constitucionales en caso de “guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.
Solicito a la @AsambleaSV decretar hoy mismo REGIMEN DE EXCEPCION, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República.
El estado de excepción, que inicialmente durará 30 días, permite a Bukele restringir la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. También quedó suspendida la libertad de asociación y el derecho a ser informado de las razones de un arresto y se extendió el plazo de detención a 15 días, cuando el tiempo habitual es de 72 horas.
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La medida, aprobada por 67 diputados de un total de 84, fue un mero trámite para Bukele que ya ejerce con puño de hierro el poder en el Congreso, donde su partido tiene 64 congresistas. Antes de pedir el estado de excepción, Bukele lanzó una amenaza a los jueces que tengan la tentación de atender posibles violaciones a los derechos humanos de la fuerza pública: “estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes”, escribió en Twitter.
Hasta este sangriento fin de semana, el gobierno de Bukele y las tres pandillas salvadoreñas, MS13, La 18 y 18-R, con un ‘ejército’ de casi 70.000 personas dedicadas a la extorsión y el homicidio a lo largo de todo el país, mantenía un pacto secreto con el Gobierno que permitió reducir hasta niveles nunca vistos antes la violencia en El Salvador. El acuerdo concedía privilegios carcelarios y frenar la extradición de los líderes, entre otros beneficios, a cambio de terminar con los homicidios. El pacto, negado insistentemente por Bukele, pero revelado por el periódico El Faro y confirmado por Estados Unidos, le ha permitido hasta ahora gobernar con altas tasas de popularidad gracias, entre otras cosas, a la seguridad lograda en las calles. Los expertos tratan de averiguar ahora qué falló o qué acuerdos se incumplieron para que las pandillas hayan reaccionado de esta forma. La matanza de este finde semana incluyó también un claro mensaje al mandatario donde más le duele, ya que uno de los cuerpos fue abandonado en Surf City, un complejo turístico cercano a la capital con el que Bukele se exhibe al mundo como el Presidente cool de un país que opera en Bitcoin.
La @PNCSV y la @FUERZARMADASV deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros.
Nayib Bukele, que llegó al poder en junio de 2019, atribuye la pacificación del país a su ‘Plan de control territorial’, un programa de seguridad que implica el despliegue del Ejército en las calles y que ha logrado reducir drásticamente la tasa de homicidios pasando de diez muertos diarios a tres, lo que ha permitido a El Salvador salir del listado de naciones más violentas del mundo. Esas cifras saltaron por los aires este fin de semana al sumar diez muertos el viernes y más de 60 el sábado, algunos de ellos elegidos al azar. Según una fuente de seguridad citada por La Prensa Gráfica y que prefirió hablar en condición de anonimato, entre los muertos de este fin de semana “Hay víctimas elegidas al azar. Un señor que estaba haciendo agujeros en la calle y sin mediar palabra lo mataron. Un vendedor de fruta, un panadero, el cliente de un taller. Es un mensaje claro al Gobierno. Ellos, las pandillas, quieren algo y, al parecer, el Gobierno no se lo ha dado”, dijo. Hasta el momento, las autoridades no han dado las razones que esconden el incremento, pero las cifras del fin de semana no dejan lugar a la duda de que el mensaje está lanzado.
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Un criminal y la mujer con la que regresaba de un baile funk en Río de Janeiro fueron asesinados en una emboscada con un centenar de disparos y cinco coches este sábado a primera hora, según informa este lunes un diario carioca. El caso es llamativo por lo espectacular y porque la prensa informa de ello, pero la inmensa mayoría de los 41.069 asesinados en 2021 no fueron noticia entonces. Lo son ahora porque es la cifra más baja de muertes violentas desde hace 15 años, cuando el Forum Brasileiro da Segurança Pública empezó a recopilar los datos. Este balance, publicado por G1, un medio digital del grupo Globo, no incluye las muertes en operaciones policiales.
Los poco más de 41.000 muertos suponen un 7% menos que los sumados el año anterior. Es decir, más de 3.000 fallecidos menos. Los especialistas atribuyen la reducción a una combinación de factores entre los que no está la pandemia, sino “la profesionalización del mercado de drogas”, que los gobiernos tienen mayor control sobre los criminales, un apaciguamiento de la guerra entre bandas, políticas públicas de seguridad y sociales como las desarrolladas en Pernambuco, Espirito Santo o Ceará y una juventud menguante por un cambio demográfico.
La organización criminal más poderosa de Brasil, el Primer Comando de la Capital, está exportando al resto del territorio el modelo que implantó en São Paulo hace más de dos décadas, según explica a G1 Bruno Paes Manso, de la Universidad de São Paulo. El PCC funciona como una hermandad de delincuentes con normas rígidas, un sistema propio con el que impone su justicia y además regula los precios. Sus líderes dirigen desde la cárcel a 30.000 miembros que pagan cuota.
El PCC y la segunda banda más poderosa, el Comando Vermelho, de Río de Janeiro, y sus respectivos aliados territoriales libraron una brutal guerra que regó de sangre el norte y el nordeste. La disputa por las rutas de la droga desde los países productores a través de la Amazonia y hasta la costa Atlántica dejaron más de 55.000 muertos anuales en el periodo 2014-2017. En el momento en que uno de los grupos se hace fuerte en un territorio, la violencia disminuye.
La seguridad pública es uno de los asuntos prioritarios para los brasileños, que en octubre elegirán presidente. El antiguo juez y precandidato Sergio Moro, que lleva semanas en campaña, no suele perder la ocasión de recordar que en su año como ministro de Justicia los asesinatos cayeron un 19%, que los expertos vinculan con una tregua entre el PCC y el CV. Y este lunes algunos bolsonaristas se han apresurado a destacar la caída de asesinatos pese a que las licencias de armas se han duplicado en los tres años que Jair Bolsonaro lleva en el poder, un factor que, según los críticos, iba a disparar la violencia.
Este balance anual excluye las muertes en operaciones policiales, que en Brasil en 2020 fueron más de 6.400 personas. Es uno de los países del mundo con una tasa más alta. Algunos Estados están logrando reducir esa letalidad policial mediante la instalación de cámaras en los uniformes de los agentes.
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Regresando a la espectacular emboscada del fin de semana, la Policía de Río de Janeiro está convencida de que es parte del pulso entre grupos paramilitares locales, que van entrando en el negocio de la droga, pero se dedican sobre todo a la extorsión y a ofrecer servicios como Internet o transporte ilegal.
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La familia Walczak es feliz bajo el sol. Los padres beben Coca-Cola panza arriba en la tumbona y el niño juega con la arena sin perder de vista el mar. En la orilla, una chica se acaba de quitar el bikini para tomarse una selfie de espaldas al regimiento de turistas que abarrotan la playa. Los Walczak llegaron de la fría Varsovia hace casi dos semanas y el Caribe mexicano les está bronceando por fuera y por dentro. “Nuestros amigos polacos decían que mejor nos fuéramos a las Canarias. Estaban preocupados por lo del narco, pero aquí todo han sido margaritas y mojitos”, dice la madre en un inglés un poco ortopédico.
No leen periódicos en español y tampoco han visto las noticias últimamente. Durante la entrevista en la playa con el reportero se enteran por primera vez de lo que pasó hace una semana detrás de sus tumbonas. A menos de 20 pasos subiendo unas escaleras, pasando el busto de Buda pero antes de llegar a la sala de masajes, el gerente del Mamita’s Beach Club fue asesinado en el baño. La madre lo acaba de traducir al polaco para el resto de la familia. El padre abraza a su hijo y ya no quieren hablar más.
Fueron tres balazos. Uno en la pierna y dos en la cabeza. Lo cuenta desde la tumbona de al lado Claudia Suárez, una empresaria mexicana de la capital con casa de veraneo aquí, en Playa del Carmen. “El de la pierna era un aviso: ‘O pagas o te matamos”, explica como si conociera ya de memoria el manual de instrucciones del crimen. El Mamita’s es el local de moda en la zona y salvo un discreto crespón negro en la verja de la entrada nada indica que hace unos días asesinaron al gerente en el baño. “La gente viene aquí a disfrutar de sus vacaciones. Además, lo que pasó ya pasó”, continúa Suárez mientras su marido se extiende crema por la frente. “En México es así: haz de cuenta que aquí no ha pasado nada”.
México se ha acostumbrado a las violencias cotidianas que le golpean en casi cada rincón. Las cifras oficiales llevan los últimos años instaladas por encima de los 90 asesinatos al día, superando incluso la peor época de la llamada guerra contra el narco. Pero aquí, en plena Riviera Maya, el corazón turístico del país, la violencia parece más amortizada que en ninguno otro lugar, un incómodo problema que se da por descontado si quieres mojitos y mariachis.
Turistas pasan el día en la playa del Mamita’s Beach Club, en Playa del Carmen.Teresa de Miguel
El turismo resiste
El goteo de sucesos en primera línea de playa —asesinatos a quemarropa, tiroteos, balas perdidas— desde el año pasado no parece haber afectado a la llegada del turismo, que tras un 2020 aciago por la pandemia se ha recuperado mejor que el resto de grandes destinos del turismo global. Cancún cerró el año pasado como el segundo aeropuerto con más llegadas internacionales, solo detrás de Dubai. Fueron más de 12 millones de visitantes, algo así como si toda la población de Bélgica viajara de vacaciones al Estado de Quintana Roo, que apenas tiene dos millones de residentes registrados.
Las autoridades estatales defienden que los últimos sucesos son la excepción, casos aislados —de los que ya tienen a unos primeros detenidos— dentro de la complejidad de manejar esos gigantescos movimientos de personas en busca, muchas veces, del ocio de playa de día y fiesta de noche. Es decir: jugosos negocios —legales e ilegales— también para las mafias del narcotráfico. Los políticos ponen los datos oficiales de seguridad sobre la mesa para ahuyentar la alarma. El Estado está muy lejos del ratio nacional de asesinatos. La media diaria —90— para ellos es la cifra de muertes mensuales. Este enero incluso bajó a 34.
Las cifras de hecho se han ido reduciendo levemente los últimos dos años mientras que los mediáticos golpes del crimen organizado se han repetido más que en otras épocas. Esta vez, el foco se ha desplazado de Cancún, la matriz del desarrollo turístico de la zona, al corredor que termina al sur en Tulum, la última perla de la Riviera Maya. Unos 200 kilómetros de carretera clavada en medio de la selva por la que desfilan las puertas gigantes de los aún más desproporcionados resorts, spas y clubs privados.
Dos elementos de la Guardia Nacional resguardan la playa frente al Mamita’s Beach Club.Teresa de Miguel
Ante la sucesión de golpes, el presidente envió a finales del año pasado como refuerzo para toda la costa del Caribe mexicano un retén de 1.500 soldados de la Guardia Nacional. Botas, uniforme y casco militar, en Playa del Carmen se les ve patrullando por la arena de la playa por la que la semana pasada escaparon, subidos a una moto acuática, los dos asesinos del Mamita’s. Eran las cinco de la tarde. Cuatro días después, la Fiscalía presentó a tres detenidos, según las autoridades, gracias a las cámaras públicas de seguridad. Ambos, supuestos integrantes de una célula del cartel de Sinaloa.
La policía estatal de Quintana Roo acaba de inaugurar hace pocos meses un nuevo centro de vigilancia en Cancún. Un imponente recinto del tamaño de medio campo de futbol donde se centralizan las labores de inteligencia y control de las más de 2.000 cámaras distribuidas por el Estado. La sala central es una espacio circular con una pantalla gigante, una especie de Matrix de más de 20 metros funcionando las 24 horas.
El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, en las instalaciones del C5 en Cancún, el 3 de febrero.Teresa de Miguel
Miedo a denunciar
Desde su cuartel general, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, explica los detalles del asesinato en el club privado de Playa del Carmen. “Los propietarios nos dijeron que no necesitaban a la autoridad, que tenían buena relación con ellos y que preferían no denunciar porque habían tenido malas experiencias. El crimen derivó de un exceso de confianza. Ellos no tienen palabra y sucede lo que sucede”. “Ellos” son las mafias del crimen organizado que, según los testimonios recogidos para este reportaje bajo condición de anonimato, tienen atenazados a los empresarios de Solidaridad, el municipio al que pertenece Playa del Carmen.
La extorsión es el delito silencioso en la zona. Las estadísticas oficiales, que van a la baja los últimos tres años, no reflejan la magnitud del problema. “Por cada 100 casos nos llegan solo tres o cuatro denuncias”, reconoce Hernández. Por eso están incentivando un sistema de denuncias anónimas y nuevos dispositivos como la infiltración de policías de paisano en los negocios. En diciembre, las autoridades retiraron de la avenida principal, la Quinta, a los comerciantes ambulantes. “Son el disfraz del narcomenudeo”, afirma el jefe de Seguridad.
Uno de los empresarios de la Quinta, que no da su nombre por miedo, confirma la tesis. “Lo controlan todo. Droga, alcohol, prostitución, los camastros, los masajes… y tienen amenazado a todo el mundo”. Pero a la vez explica el efecto secundario que ha provocado para ellos que la policía les haya echado de la calle. “Ahora están perdiendo dinero y eso significa que nos están presionando más a nosotros”. El empresario afirma que tras varios meses resistiéndose, no pudo más y aceptó pagar 25.000 pesos −unos 1.200 dólares− mensuales por cada negocio. “Nuestras familias —añade— ya no van a la Quinta por miedo a que les reconozcan y les secuestren. Y las autoridades no hacen nada. Necesitamos vigilancia y castigo”.
Dos policías frente a una discoteca en la popular Quinta Avenida de Playa del Carmen, el 3 de febrero.Teresa de Miguel
Sicarios mexicanos y mafiosos canadienses
El guardia de seguridad ya no deja pasar a ningún turista que quiera preguntar si hay habitaciones libres en el hotel Xcaret, a 15 minutos en coche de Playa del Carmen. Así logró entrar la pareja de sicarios armados que asesinó hace dos semanas a dos turistas canadienses en uno de los bares del recinto hotelero. Xcaret es un mega desarrollo turístico del tamaño de 150 estadios de futbol que incluye un parque temático y arqueológico sobre una antigua ciudad maya, una reserva natural con jaguares, tiburones y delfines y un recinto con tres hoteles. Más de un un millón de personas pasan por aquí cada año.
¿Cómo pudo entrar un arma al recinto? Las autoridades se justifican con el argumento de la dificultad de identificar la aguja en el pajar. Y defienden de nuevo la efectividad de las cámaras, este vez las privadas del hotel. Gracias al rastreo de las imágenes lograron seguir la pista del coche en el que huyeron los asesinos hasta llegar al departamento donde se escondían. Cuatro días después del suceso, la Fiscalía estatal anunció que tenía a dos detenidos.
La información que han ido anunciado desde entonces las autoridades parece sacada de un thriller de Hollywood. Las víctimas, con antecedentes penales en su país, pertenecían una mafia de criminales canadienses con cuentas pendientes dentro del grupo. El Caribe mexicano fue el lugar elegido para ejecutar la vendetta. Sicarios mexicanos contratados por las mafias canadienses volaron desde Ciudad de México para asesinar a los traidores. Les siguieron durante días hasta encontrar el momento idóneo, dentro del exclusivo hotel, para balearlos a quemarropa.
“Tenemos constancia de la entrada a nuestro territorio de miembros de bandas del crimen internacional. No puedo desvelar de qué países por respeto a las embajadas pero se hacen pasar por turistas y muchas veces vienen para entrar después a EE UU”, cuenta el secretario de Seguridad. El año pasado, la Fiscalía detuvo al supuesto líder de una organización criminal rumana que operaba en los principales focos turísticos del Estado duplicando las tarjetas de crédito de los turistas.
Solo mexicanas, las autoridades tienen identificadas al menos a tres mafias: Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación —las dos más grandes en el país— y los restos del Golfo, el histórico cartel que dominó en los noventa la costa este de México. En aquella época, el sur de Quintana Roo era uno de los nodos de la llamada ruta del Caribe por la que entraba la cocaína colombiana a EE UU. Una ruta que, de hecho, aún sigue funcionando. En los noventa, una investigación de la DEA destapó una red de lavado de dinero a través de inversiones inmobiliarias en un Cancún que acabó con el exgobernador priista, Mario Villanueva, encarcelado en EE UU por lavado y narcotráfico.
Cordón policial frente a la mezcalería La Malquerida de Tulum, donde tuvo lugar una balacera que acabó con la vida de dos turistas.Teresa de Miguel
Bala perdida o ajuste de cuentas
Tulum es la última joya de la Riviera Maya, al final de los 200 kilómetros de carretera plagada de resorts. Levantada sobre otro parque natural y otra antigua ciudad maya, el reclamo es diferente al turismo a granel de las ciudades del norte. Si en Playa del Carmen la oferta es alcohol barato, mariachis en directo y bailarinas en tanga, aquí la cosa es más eco-chic: comida ecológica, música new age y retiros de ayahuasca.
La violencia pese a todo ha golpeado también a la última perla. En octubre del año pasado, una bala perdida en un restaurante asesinó a una turista india y otra alemana, además de herir a otros tres comensales. Tres meses después, una patrulla de la policía permanece fija a las puertas de La Mezcalería, cerrada desde aquel suceso. Un camarero del bar de enfrente recuerda que estaba sirviendo unas cervezas cuando se escucharon los disparos. Metieron a todos los clientes dentro del local y bajaron la reja.
“Al salir la gente estaba gritando desesperada”, cuenta el camarero, que es de los pocos que no decidió dejar su trabajo por miedo: “Si te lo piensas, pero necesitamos la chamba”. En septiembre, un taxista y un guardia de seguridad fueron acribillados en otro tiroteo en la localidad. Y en agosto, un hombre murió tras recibir un disparo en la nuca, también en Tulum.
El nuevo jefe de la policía municipal, Oscar Alberto Aparicio, lleva menos de una semana en el cargo. Viene de trabajar en departamento de inteligencia de la Guardia Nacional y entre sus primeras medidas ha decidido colocar más cámaras, contratar más policías y subirles el sueldo un 20%. Sobre el suceso en La Mezcalería, desliza otra línea de investigación. “Los turistas están empezando a comprar droga para revender. A lo que las mafias locales responden con violencia. En aquella ocasión, parece ser que les avisaron que dos chicas extranjeras estaban vendiendo. Al llegar, las confundieron con las dos víctimas”. Este diario preguntó al respecto de esta nueva tesis a la Fiscalía, que insistió en que, según las imágenes de las cámaras, se trató de una pugna entre dos bandas rivales y el fuego cruzado acabó con la vida de las turistas.
La explosión turística en el Caribe mexicano fue un invento de los gobiernos del PRI de mediados de los años setenta. Cancún, la primera semilla, fue literalmente una ciudad “integralmente planeada” por la secretaría de Turismo en medio de la selva y las ruinas arqueológicas. La marca Riviera Maya nació en 1998 por el impulso de la patronal de hoteleros. El auge del caribe como nuevo destino para el turismo internacional coincidió con la decadencia de Acapulco, el lugar de recreo de la jet set de Hollywood hasta los setenta. Por sus playas era habitual ver a Bette Davis, Rita Hayworth o Cary Grant. Acapulco se apagó precisamente por la descomposición social derivada de la violencia política y del crimen organizado. Los empresarios de la Riviera Maya ya comienzan a ver también los fantasmas: “Ojalá no nos convirtamos en la nueva Acapulco”.
Miembros de la Marina recorren la playa frente al Mamita’s Beach Club, en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 2 de febrero de 2022.Teresa de Miguel
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De acuerdo con las autoridades, parte de estos hechos se presentan en medio de confrontaciones entre el Frente Carolina Ramírez y Comandos de Frontera.
Noticias Putumayo.
Un llamado de alerta emitieron los líderes del departamento de Putumayo por el asesinato de dos personas en menos de 24 horas.
Los hechos se registraron en el municipio de Puerto Guzmán Y Puerto Caicedo.
De acuerdo con la Red Departamental de Derechos Humanos del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos, Nariño, el primer hecho corresponde a Pedronel S. G.
Indicaron que la víctima fue abordada por sujetos armados, quienes le propinaron varios impactos con arma de fuego cuando estaba frente a su familia.
Según la organización, la víctima era esposo de la secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Perlas, de Puerto Guzmán
Por otro lado, indicaron que el segundo caso fue reportado por la comunidad del sector conocido como La Playa, en el municipio de Puerto Caicedo.
Frente a este hecho se conoció que la víctima fue identificada como Jesús R., quien fue encontrado sin vida a orillas del río Putumayo.
— Comisión de Justicia y Paz (@Justiciaypazcol) January 26, 2022
Manifiestan que al parecer lo mandaron a llamar a una reunión y cuando se disponía a regresar lo asesinaron.
Frente a esta situación, la red de derechos humanos, insistió en la necesidad de que “se activen las Rutas de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición”.
Así mismo, pidieron el acompañamiento de organismos internacionales.
En el primer brindis de 2022, cuando el reloj marcaba la medianoche, los que luchan contra la extinción de la Amazonia sabían que era cuestión de tiempo que cayera la primera víctima. Cada brindis por estar vivo estaba envenenado por los que murieron en 2021 y la anticipación de los que aún morirán. ¿Quién caerá? ¿Cuántos serán? ¿Cuál de los frentes de lucha sufrirá el primer ataque? ¿Cómo soportar un año más mortífero que el anterior, cuando desaparecieron más de 10.000 km² de selva, la mayor deforestación en 14 años? Y entonces llegó la noticia. Padre, madre e hija, ambientalistas, habían sido acribillados. Los cuerpos se encontraron el 9 de enero, pero la descomposición indicaba que habían sido ejecutados días antes.
José Gomes, Márcia Lisboa y su hija Joene, de 17 años, protegían quelonios en São Felix do Xingu. Con 2,4 millones de bueyes, el municipio amazónico tiene el mayor rebaño de Brasil, que a su vez es el mayor exportador de carne de vacuno del mundo. Esto significa que por cada uno de los 136.000 habitantes de São Felix do Xingu hay casi 18 reses que van a convertirse en proteína animal para China, principalmente, pero también para Estados Unidos y otros países. También significa que gran parte de la selva se ha arrancado y quemado para convertirse en pasto.
En las últimas cuatro décadas han muerto 62 personas debido a conflictos de tierra solo en este municipio. Todos los asesinatos —el 100%— quedaron impunes. En la primera masacre amazónica de este año, no se robó nada. Había 18 casquillos en la escena del crimen. Pero hasta el cierre de esta columna, la policía no tenía ninguna pista sobre el triple homicidio.
Con el impulso de Jair Bolsonaro, que el lunes celebró la reducción del 80% de las sanciones por dañar el medio ambiente, la deforestación está fuera de control en São Félix, como en toda la Amazonia, y se acercaba cada vez más a la zona donde vivía la familia. En Navidad, los ganaderos celebraban que China volvía a importar carne de vacuno brasileña, tras meses de suspensión. Los cinco primeros días de enero el total de las exportaciones ya había aumentado un tercio respecto al año anterior: 7,2 toneladas diarias. Solo una rigurosa investigación podrá demostrar si la evidente relación entre el aumento de las exportaciones de carne y la violenta presión para ampliar la superficie de pasto en la Amazonia ha sido el detonante. Es lo que claman más de 50 organizaciones en Brasil, que saben que este es el año del todo o todo para Bolsonaro y su grupo, que se aleja cada vez más de la reelección en octubre. Quienes consumen la carne que proviene de la Amazonia —o de animales alimentados con soja amazónica— deberían querer saber si hay sangre humana en su plato. Quienes mueren para proteger la vida de las generaciones futuras se lo agradecerían.
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