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Un soldado detiene este lunes a un hombre en un punto de control en Santa Tecla (El Salvador).
Un soldado detiene este lunes a un hombre en un punto de control en Santa Tecla (El Salvador).Rodrigo Sura (EFE)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió este lunes a los pandilleros, mediante un mensaje en Twitter, que “paren de matar ya” y advirtió que si la escalada de asesinatos en el país no cesa, sus compañeros presos “la van a pagar también”. “Tenemos 16.000 homeboys (pandilleros) en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también”, publicó Bukele.

Las pandillas poseen unos 70.000 miembros en El Salvador, de los que 16.000 se encuentran encarcelados. El mandatario salvadoreño acompañó su “Mensaje a las pandillas” con un video en el que se observan movimientos de reos en un centro penal, sin detallar si es de días recientes.

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, decretado la madrugada del domingo por el Congreso a petición de Bukele, lo cual suspende algunas garantías constitucionales. Los derechos suspendidos son la libertad de asociación y reunión, el derecho a la defensa, la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones, además se amplió el plazo de la detención administrativa a 15 días, cuando normalmente es de 3 días.

Pese a esta medida extraordinaria y a las detenciones masivas, las pandillas mantuvieron el domingo su desafío al Gobierno de Bukele. El país registró el viernes 14 homicidios, 11 el domingo y el sábado 62, por lo que este último día se convirtió en el más mortífero de la historia reciente de El Salvador. Las autoridades atribuyen a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13), la ola de violencia, pero aún no han explicado la razón del alza.

Esta no es la primera vez que un Gobierno salvadoreño busca combatir a las pandillas con detenciones masivas. En el pasado lo hicieron los expresidentes Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009), con sus planes Mano Dura y Súper Mano Dura. Sin embargo, los índices de homicidios se mantuvieron en alza hasta 2015, cuando El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo con 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Después de ese año, las cifras comenzaron a disminuir paulatinamente y la caída se acentuó desde 2019, cuando Bukele llegó a la Presidencia.

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Soldados revisan a una mujer en un punto de control, en San Salvador, El Salvador.
Soldados revisan a una mujer en un punto de control, en San Salvador, El Salvador.Rodrigo Sura (EFE)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió con contundencia al desafío salido de las calles. A los 14 asesinatos de las pandillas del viernes, el mandatario respondió con un decreto que le da poderes especiales para combatirlos y a los 62 homicidios del sábado respondió con una orden que llega hasta las celdas donde hay miles de pandilleros encarcelados y de donde salen muchas de las órdenes. “Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio. Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys’ no podrán ver ni un rayo de sol”, ordenó el mandatario, dispuesto a llevar el castigo hasta donde más duele.

El resto de las medidas tiene que ver con el despliegue de más soldados y policías en las calles que operarán ahora amparados por un paquete legal que amplía su margen de actuación. Por si había alguna duda, Bukele acompañó sus órdenes de una catarata de mensajes a jueces y fiscales donde les advirtió sobre la nueva situación que reina en el país ante la tentación de atender posibles violaciones a los derechos humanos. “Estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes”, escribió en Twitter. Un día después, este domingo, hubo decenas de detenidos.

El estado de excepción decretado este domingo, que inicialmente durará 30 días, permite a Bukele restringir la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. También quedó suspendida la libertad de asociación y el derecho a ser informado de las razones de un arresto y se extendió el plazo de detención a 15 días, cuando el tiempo habitual es de 72 horas.

“Desde ayer, tenemos un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir. Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás, financiando esto”, escribió Bukele en Facebook, tras la reunión con su equipo de Seguridad. Ante la incertidumbre causada, dijo que: “Servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etc., pueden seguirse realizando normalmente”.

El estado de excepción de Bukele llegó después de que se supiera que algunas de las 76 víctimas del fin de semana fueron elegidas al azar. Según una fuente de seguridad citada por La Prensa Gráfica y que prefirió hablar en condición de anonimato, entre los muertos de este fin de semana “hay víctimas elegidas al azar. Un señor que estaba haciendo agujeros en la calle y sin mediar palabra lo mataron. Un vendedor de fruta, un panadero, el cliente de un taller. Es un mensaje claro al Gobierno. Ellos, las pandillas, quieren algo y, al parecer, el Gobierno no se lo ha dado. Todo parece indicar que es un ajuste de sangre”, dijo al diario salvadoreño.

La medida más tangible ordenada por Bukele es la llegada a las calles de más militares y policías en los municipios donde se dieron estos homicidios. Sin embargo, los asesinatos ocurrieron en zonas que ya estaban consideradas como prioritarias en el Plan Control Territorial (PCT), un programa de seguridad puesto en marcha desde su llegada al poder en junio de 2019. Según Bukele la reducción se debe a su plan de seguridad que sacó 5.000 soldados a patrullar barrios y colonias en el pequeño país centroamericano.

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Las revelaciones del periódico El Faro, señalan, sin embargo, que el descenso se debe a un pacto con las pandillas MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, un ‘ejército’ de casi 70.000 pandilleros en un país de siete millones de habitantes. En cualquier caso, el hecho objetivo es que en 2015 el país contabilizaba 20 asesinatos diarios y hoy ronda los cuatro. Hace seis años, El Salvador tenía una tasa de 103 muertos por cada 100.000 habitantes y hoy está en 17. Más allá de las cifras oficiales, la disminución ha supuesto un cambio radical entre la población y le ha permitido a Bukele apuntalar su popularidad. Durante los dos últimos años ha sido posible tomar el autobús sin temor, mirar el celular en la calle o tomar un taxi en la noche.

En medio de la controversia generada por el estado de excepción, Bukele añadió más enigmas al día al retuitear a una usuaria que detalló haber estado presente en una reunión en la que se planteó su derrocamiento por Estados Unidos. “En Bolivia, en una cena con asesores políticos, dijeron que están siendo contactados por una “organización” de USA, tanto de demócratas como de republicanos, para ‘derrumbar’ a Bukele y operar desde Panamá. Por lo visto ya lo están haciendo”, decía el mensaje retuiteado por el presidente el día que amplió sus poderes.

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La luna de miel que mantenían las violentas pandillas de El Salvador con Nayib Bukele ha saltado por los aires en las últimas horas con el asesinato de 76 personas en tan solo dos días. A los 14 muertos del viernes se suman los 62 de este sábado, en lo que supone el día más violento en la historia reciente del país desde el fin de la guerra civil, de acuerdo a cifras oficiales.

La respuesta de Bukele no tardó en llegar y, a medida que se conocía la cifra de muertos, el Congreso de El Salvador decretó la madrugada de este domingo un régimen de excepción con la intención de frenar un “incremento desmedido” de los asesinatos, que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental.

Al mismo tiempo, Bukele exigió que “dejen hacer su trabajo” a militares y policías para actuar con contundencia contra los pandilleros. “Deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”, escribió.

Para la aprobación de sus nuevos poderes por la vía rápida, el mandatario invocó el artículo 29 de la Constitución que contempla la suspensión de garantías constitucionales en caso de “guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.

El estado de excepción, que inicialmente durará 30 días, permite a Bukele restringir la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. También quedó suspendida la libertad de asociación y el derecho a ser informado de las razones de un arresto y se extendió el plazo de detención a 15 días, cuando el tiempo habitual es de 72 horas.

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La medida, aprobada por 67 diputados de un total de 84, fue un mero trámite para Bukele que ya ejerce con puño de hierro el poder en el Congreso, donde su partido tiene 64 congresistas. Antes de pedir el estado de excepción, Bukele lanzó una amenaza a los jueces que tengan la tentación de atender posibles violaciones a los derechos humanos de la fuerza pública: “estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes”, escribió en Twitter.

Hasta este sangriento fin de semana, el gobierno de Bukele y las tres pandillas salvadoreñas, MS13, La 18 y 18-R, con un ‘ejército’ de casi 70.000 personas dedicadas a la extorsión y el homicidio a lo largo de todo el país, mantenía un pacto secreto con el Gobierno que permitió reducir hasta niveles nunca vistos antes la violencia en El Salvador. El acuerdo concedía privilegios carcelarios y frenar la extradición de los líderes, entre otros beneficios, a cambio de terminar con los homicidios. El pacto, negado insistentemente por Bukele, pero revelado por el periódico El Faro y confirmado por Estados Unidos, le ha permitido hasta ahora gobernar con altas tasas de popularidad gracias, entre otras cosas, a la seguridad lograda en las calles. Los expertos tratan de averiguar ahora qué falló o qué acuerdos se incumplieron para que las pandillas hayan reaccionado de esta forma. La matanza de este finde semana incluyó también un claro mensaje al mandatario donde más le duele, ya que uno de los cuerpos fue abandonado en Surf City, un complejo turístico cercano a la capital con el que Bukele se exhibe al mundo como el Presidente cool de un país que opera en Bitcoin.

Nayib Bukele, que llegó al poder en junio de 2019, atribuye la pacificación del país a su ‘Plan de control territorial’, un programa de seguridad que implica el despliegue del Ejército en las calles y que ha logrado reducir drásticamente la tasa de homicidios pasando de diez muertos diarios a tres, lo que ha permitido a El Salvador salir del listado de naciones más violentas del mundo. Esas cifras saltaron por los aires este fin de semana al sumar diez muertos el viernes y más de 60 el sábado, algunos de ellos elegidos al azar. Según una fuente de seguridad citada por La Prensa Gráfica y que prefirió hablar en condición de anonimato, entre los muertos de este fin de semana “Hay víctimas elegidas al azar. Un señor que estaba haciendo agujeros en la calle y sin mediar palabra lo mataron. Un vendedor de fruta, un panadero, el cliente de un taller. Es un mensaje claro al Gobierno. Ellos, las pandillas, quieren algo y, al parecer, el Gobierno no se lo ha dado”, dijo. Hasta el momento, las autoridades no han dado las razones que esconden el incremento, pero las cifras del fin de semana no dejan lugar a la duda de que el mensaje está lanzado.

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Gabriel Boric atravesó en la tarde del viernes la plaza de la Constitución, frente a La Moneda, ya ungido como presidente. Lucía aún la banda que había recibido por la mañana en el Congreso, evidencia de su nuevo cargo, y debía ahora hablar a la multitud desde uno de los balcones de la sede del Gobierno. Pero antes de llegar a la puerta de acceso rompió el protocolo, abandonó la alfombra roja y se dirigió hacia su izquierda. Se detuvo entonces frente a la estatua del expresidente Salvador Allende, muerto en su despacho de La Moneda durante el golpe perpetrado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Fue un homenaje simple pero estudiado, que anticipó el espíritu de lo que vendría después. Boric impregnó su discurso de la épica del líder socialista, mientras sus seguidores coreaban el nombre de Allende. Hubo incluso algunas lágrimas.

“Estas paredes han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidado y no olvidaremos. Por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes y eso nunca más se puede volver a repetir en nuestra historia”, dijo casi en el arranque de su discurso, en referencia al bombardeo sobre La Moneda durante el golpe militar. Volvió a Allende más tarde, para cerrar: “Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor”. “Se siente, se siente, Allende está presente”, le respondieron.

El clima en la plaza era el de la satisfacción del sueño cumplido. Patricia Requena, actriz, nació en 1957 y recuerda que era una adolescente durante el gobierno socialista. “Yo viví el tiempo de Allende, era muy chiquita, y nunca más tuvimos un proyecto colectivo como ese. La decepción estaba en nuestros corazones, sobre todo en la generación nuestra. Y ahora celebro la alegría colectiva de sentir que todo es posible. Boric proyecta algo distinto, transparente”, cuenta.

Aquellos que no vivieron el Chile previo a la dictadura también celebraban las referencias de Boric al líder socialista. Como Rodrigo Martínez, un contador de 42 años que se acercó a la plaza acompañado por su esposa. “Venimos luchando por esto muchos, muchos años. Esto es un sueño, porque es el momento en que se harán los cambios que se necesitan para ser, por fin, un país desarrollado. Desde Allende pasaron muchos años, y ahora hay un cambio generacional donde ya tenemos la capacidad para crear un país más justo”, dice. O Ignacio Salinas, un estudiante de publicidad de 24 años que dice que conoce “todo de Allende” gracias a su abuelo: “Él fue capaz de pasarme el conocimiento sobre Allende, y cómo no lo dejaron gobernar. La gran diferencia entre Allende y Boric es que ahora el pueblo lo apoya, el Congreso lo apoya y tiene todas las armas para triunfar”.

Boric regresó desde el balcón de La Moneda a las raíces de la izquierda chilena y apenas nombró como referente a Michelle Bachelet, la última presidenta socialista. Obvió al otro mandatario de ese partido, Ricardo Lagos. El resto de su discurso lo dedicó a enumerar los que serán los ejes de su Gobierno. No esquivó los temas más espinosos, como la violencia por el control de tierras indígenas en el sur del país y la presión migratoria en el norte. “En el sur tenemos un problema”, admitió el presidente chileno. “Algunos decían el conflicto mapuche, no señores, no es el conflicto mapuche, es el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir. Y allí la solución no es ni será la violencia”, dijo, ratificando así que retirará al Ejército de las zonas en conflicto. Sobre la cuestión migratoria, prometió trabajar en conjunto con los países limítrofes para recuperar el control de las fronteras, pero antes pidió no olvidar que los migrantes “son seres humanos”.

Boric trazó también un duro panorama económico, pero insistió con las reformas que fueron eje de su campaña, sobre todo las referidas al régimen previsional y la educación. Y ocupó buena parte de su discurso para apostar sin matices por el proceso constituyente que acompañará los primeros meses de su Gobierno. De allí deberá salir en julio una nueva Constitución que reemplace a la heredada de la dictadura de Pinochet. Boric dijo que la Constitución vigente “fue impuesta a sangre, fuego y fraudes por la dictadura”, y pidió defender una que “nazca en democracia, de manera paritaria, con participación de los pueblos indígenas”. “Necesitamos”, dijo “una Constitución que sea para el presente y para el futuro, una Constitución que sea para todos y no para unos pocos”.

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Hubo también guiños hacia la región, con un pedido de Boric a los chilenos para que dejen “de mirar con distancia” a los países vecinos. “Somos profundamente latinoamericanos”, repitió dos veces, lo que puede anticipar un giro de la política exterior chilena desde el eje del Pacífico hacia el del Atlántico y el Mercosur, el bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de Bolivia como asociado. “Desde aquí, desde este continente”, dijo Boric, “haremos esfuerzos para que la voz del sur se vuelva a escuchar firme en un mundo cambiante”.

En ese sur que imagina Boric hay, sin embargo, países a los que no está dispuesto a apoyar, como Venezuela. Sin nombrar directamente al Gobierno de Nicolás Maduro (ausente en la investidura en Santiago), Boric advirtió que su Administración “promoverá siempre el respeto de los Derechos Humanos, en todo lugar y sin importar el color del Gobierno que los vulnere”.

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El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, habla durante la sesión de emergencia de la Asamblea General, el 28 de febrero de 2022.
El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, habla durante la sesión de emergencia de la Asamblea General, el 28 de febrero de 2022.John Minchillo (AP)

La Asamblea General extraordinaria de la ONU votó este miércoles una resolución de condena de la invasión rusa a Ucrania. Sumó 141 votos a favor, cinco en contra (Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, Siria y la propia Rusia) y 35 abstenciones. En este último grupo destacan China, y también cuatro países de América Latina: Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Un quinto, Venezuela, aliado incondicional de Moscú, tiene su voto inhabilitado por deudas con el organismo. Fueron relevantes los votos positivos de Argentina y Brasil, dos países que habían jugado la carta de la neutralidad y que finalmente se decantaron por el repudio.

La resolución de la Asamblea General exige a Moscú el cese “inmediato” de la ofensiva miliar sobre Ucrania. Fue la respuesta de la ONU al veto ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU a una condena de la invasión. Rusia es, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China, uno de los cinco países con derecho a veto en ese órgano. Los países occidentes sortearon el bloqueo del Kremlin con una convocatoria de urgencia a la Asamblea General, donde cada país tiene un voto y no hay poderes especiales. El escenario de la discusión abierta puso en evidencia los argumentos del bloque latinoamericano prorruso.

El más entusiasta fue Venezuela. Nicolás Maduro reveló el martes que llamó a Vladímir Putin para “ratificarle la condena de Venezuela a las acciones desestabilizadoras de la OTAN”. “Maduro expresó su fuerte apoyo a las acciones decisivas de Rusia”, destacó más tarde el Kremlin en un comunicado. Venezuela no pudo votar este miércoles en la ONU porque acumula una deuda millonaria con la organización, pero dejó su opinión. “La ONU no puede ser utilizada para profundizar los conflictos”, dijo el embajador Samuel Moncada. Sí estuvieron presentes con voz y también con voto los representantes de otros aliados rusos, como Cuba.

Su embajador ante la ONU, Pedro Pedroso Cuesta, dijo que para “examinar con rigor y honestidad” la situación en Ucrania hay que valorar lo que consideró “el empeño” de Estados Unidos para avanzar bajo el paraguas de la OTAN sobre las fronteras rusas. Mencionó también la “entrega de armas modernas” a Kiev. La lectura cubana coincide con la rusa: la invasión es una respuesta a una agresión previa de Occidente, que no escuchó los clamores de seguridad del Kremlin. A su turno, el nicaragüense Jaime Hermida Castillo habló de “cerco militar”. Bolivia justificó su abstención con un alegato al reparto de responsabilidades. Según el embajador Diego Pary hubo parte de culpa “en las potencias occidentales que a través de la OTAN ponen en riesgo la seguridad y la paz de otros Estados”. “Usando Estados intermediarios que favorecen las ambiciones expansionistas de estas potencias de occidente y amenazan la seguridad de sus vecinos”, afirmó Pary, donde Ucrania es el Estado “intermediario” y Rusia el vecino amenazado.

La votación no solo puso negro sobre blanco entre aquellos que están del lado ruso. Reveló también el giro de Brasil y Argentina, que hasta ahora habían jugado la carta de la neutralidad. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó a Putin el 24 de febrero y en el arranque de la semana había advertido que su país no había decidido aún su voto. Finalmente, el Palacio de Itamaraty se decantó por el apoyo a la resolución, lo mismo que Argentina. Alberto Fernández también había visitado Moscú en los días previos a la invasión y desde allí había ofrecido al Kremlin ser “la puerta de entrada a América Latina”. Este miércoles, sin embargo, la embajadora argentina ante la ONU, María del Carmen Squeff, advirtió en su discurso que “ninguna adquisición territorial puede ser reconocida como legal a partir del uso o la amenaza del uso de la fuerza”.

México, en tanto, cargó contra el derecho a veto de Rusia como integrante del Consejo de Seguridad. “México demanda una vez más que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan de hacer uso del veto ante situaciones en las que estén directamente involucrados o frente a situaciones de atrocidades masivas”, como ha hecho Rusia, dijo el embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

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La batería de sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia tras la invasión de Ucrania ha torpedeado la economía del gigante eurasiático en la línea de flotación. Sin acceso a la plataforma de pagos bancarios internacionales SWIFT, con vetos a las operaciones de su banco central y de otras entidades, y bajo el peso de un embargo al suministro de semiconductores y tecnología para sectores clave, los expertos calculan que solo es cuestión de tiempo que Rusia empiece a hundirse. Ante este panorama, su socio estratégico, China, puede lanzarle un salvavidas. Pero la ayuda que es capaz de prestarle, según diferentes analistas, es insuficiente para sacar al país de las aguas procelosas en las que acaba de entrar. “¿China quiere salir al rescate? Sí. ¿Puede? Hasta cierto punto”, resume Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia del banco de inversión Natixis, en conversación telefónica desde Taipéi.

Hasta el momento, las sanciones de Estados Unidos, la UE y otros países aliados se han centrado —además de en castigos a individuos clave del Gobierno, incluido el propio presidente, Vladímir Putin, o en el cierre del espacio aéreo— en el sector financiero. Las medidas contra el Banco Central de la Federación Rusa congelan las reservas que tiene depositadas en otros países, por un valor total de unos 630.000 millones de dólares (unos 568.000 millones de euros). Otros bancos comerciales también han visto congelados sus activos en el extranjero. La expulsión de la plataforma SWIFT, secundada cada vez por más países, también dificulta y encarece las operaciones de las entidades bancarias rusas en el exterior. Hasta el momento, los castigos no han tocado las joyas de la corona de las exportaciones rusas, el gas y el petróleo —que aportan unos 700 millones de dólares diarios en ingresos a las arcas de Moscú—, aunque eso podría cambiar si se prolonga el conflicto.

Desde 2014, con las sanciones internacionales que pusieron contra las cuerdas a Moscú tras su anexión de la península ucrania de Crimea, Rusia ha dado pasos para impermeabilizarse ante posibles castigos occidentales. Recortó su deuda externa, aumentó sus reservas de oro y divisas y ha ido reduciendo su dependencia de los mercados europeos, que han pasado de acaparar en torno al 50% del comercio ruso a un 32% actual, en torno a unos 250.000 millones de dólares.

Y la declaración conjunta firmada el 4 de febrero en la reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín, liga hasta niveles nunca vistos hasta ahora a Rusia y China, la segunda economía del mundo. La colaboración entre ambos “no tiene límites”, declaraban los dos líderes.

Esa colaboración puede extenderse a la asistencia de China para ayudar a su socio estratégico a amortiguar —como ya hizo en el pasado— el efecto de las sanciones, que ya empiezan a morder; el rublo llegaba a caer hasta un 30% el lunes. Ya ha dado algunos pasos: el 4 de febrero firmó acuerdos para aumentar el suministro de gas y petróleo rusos para los próximos 25-30 años por valor de 117.500 millones de dólares (unos 105.900 millones de euros). También ha eliminado sus restricciones para la importación de trigo ruso.

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“No hay ninguna duda de que China quiere” auxiliar a su socio, opina García-Herrero. “Si Rusia sale victoriosa, China necesita que Putin le deba una. Es una manera de defender sus intereses en una parte del mundo muy amplia: Mongolia, Kazajistán… Y si Moscú pierde, tiene que proteger sus intereses en la propia Rusia”. En ese último caso, podría, entre otras cosas, aprovechar para sustituir a las multinacionales extranjeras en las grandes petroleras rusas, o aumentar su colaboración en el Ártico.

Hasta el momento China ha optado por la apariencia de neutralidad. Apoya a su aliado, pero sobre todo por omisión: no ha condenado la invasión ni se ha sumado a las sanciones, que considera “ilegales”. Aunque, por ahora, Estados Unidos no ha encontrado indicios de que China intente violar esas sanciones.

“La ayuda material que proporcionará China será limitada, porque tiene que ser limitada. China solo puede llegar hasta cierto punto”, opina Mikko Huotari, director del centro de estudios alemán Merics, especializado en China, en una charla con periodistas este miércoles. “Pero esa asistencia será un salvavidas para Moscú”.

Entre otras cosas, Pekín puede intensificar su comercio con su vecino del norte, una tendencia que ya se venía acelerando desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y las sanciones internacionales pusieron al país contra las cuerdas. Si entonces el intercambio comercial entre ambos representaba el 10% del total ruso, hoy acumula el 18% y suma casi 150.000 millones de dólares. El gas, el petróleo y los productos agrícolas representan las principales compras chinas: desde 2014 el consumo chino de gas ruso se ha multiplicado por tres, gracias a la inauguración en 2019 del gasoducto Power of Siberia 1. Por su parte, Rusia adquiere de su socio productos manufacturados, químicos y equipos de telecomunicaciones, entre otros.

Pero, dada la aún enorme diferencia en volumen con la balanza comercial entre Rusia y la UE, China “no puede sustituir a Europa. Especialmente en el sector del gas”, apunta García-Herrero. Según recuerda, no hay conexiones entre los gasoductos rusos que envían el combustible a Europa y el Power of Siberia 1, lo que hace “imposible que China absorba el excedente de gas que tendría Rusia en caso de que Occidente decidiera imponer sanciones sobre ese producto, o que Rusia decidiera no vendérselo a Europa”. Moscú y Pekín negocian un segundo gasoducto, Power of Siberia 2, aunque su construcción y entrada en servicio podría tardar años una vez cerrado el acuerdo.

Además, hay áreas en las que China simplemente no puede servir de alternativa a Europa o Estados Unidos a la hora de suministrar a Rusia productos, como es el caso de la farmacéutica. Además, “una cuestión clave llegará en el sector tecnológico y de comunicaciones. Claramente, hay una oportunidad enorme para que los representantes chinos cubran las pérdidas potenciales de Rusia con respecto a las sanciones tecnológicas que puedan llegar. Pero el suministro de equipos de alta tecnología y semiconductores es un problema que afecta a todo el mundo, y ahí no parece que China pueda ser fácilmente un sustituto”, apuntaba previamente Huotari.

Pekín sí puede echar una mano en el sector financiero. Un 13% de las reservas rusas, unos 90.000 millones de dólares, se encuentran denominadas en renminbi, la divisa china, y el Banco Popular de China (PBoC, banco central) no va a bloquear su uso. Podría también permitirle cambiar esos fondos a la moneda estadounidense para darle liquidez, aunque según la economista jefe de Natixis “sería una muestra de apoyo muy grande… si lo hace, será a cambio de algo”. Rusia también cuenta con una línea de crédito (swap line) con el PBoC por valor de 150.000 millones de yuanes, o casi 24.000 millones de dólares. “El PBoC podría establecer esa línea de crédito en dólares para aportar liquidez en divisas fuertes a Rusia, pero hay un riesgo de crédito obvio en ello”, indica Natixis en una nota.

Menos claro es el alivio que podría obtener al cierre de la plataforma SWIFT para sus operaciones bancarias. China cuenta con su propio sistema alternativo, CIPS, al que podrían recurrir los bancos rusos. Pero este mecanismo tampoco es totalmente independiente del internacional, y su nivel de transacciones es muy inferior al de su rival: moviliza 50.000 millones de dólares diarios en operaciones, frente a los 400.000 millones de SWIFT. “Va a ser un coste de transacción muy elevado y solo con bancos rusos, porque no hay nadie operando internacionalmente con CIPS, realmente no hay liquidez”, explica García-Herrero.

En términos similares se expresaba Chen Xin, profesor de la Universidad Fudan de Shanghái, en una entrevista con el digital Guancha, en la que apuntaba a que permitir el uso de CIPS a los bancos rusos podría exponer a sanciones a las entidades financieras chinas: “Es un sistema que se sigue basando en una red de bancos, que pueden resultar sancionados por Estados Unidos. Si no se permite a nadie hacer negocios con esos bancos chinos y otros países se suman a esas sanciones, el sistema no funcionará”.

Según resume García-Herrero, “no hay manera de que China pueda totalmente paliar” el daño a la economía rusa. “Otra cosa es que pueda amortiguar los golpes, pero cada vez que amortigüe alguno, pasará la factura (en beneficio propio). Esa es la idea”. Huotari, por su parte, subraya: Rusia “claramente va a ir dependiendo más de China en el futuro”.

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Apoyado en su enorme popularidad y el control que ejerce sobre los poderes del Estado, el controvertido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha enviado a la Asamblea Legislativa de su país un paquete de 52 reformas legales que allanarán el camino para atraer inversiones y cumplir de esta manera su plan de convertir a la nación centroamericana en un centro mundial de criptomonedas. El anuncio lo ha hecho Bukele el domingo a través de Twitter, la plataforma en la que gobierna a golpe de decretos, y ha generado entusiasmo entre especuladores e inversores. “Las acciones de Nayib Bukele allanan el camino para que El Salvador se convierta en un futuro centro para el talento mundial y los usuarios de bitcoin. Es hora de visitar El Salvador”, ha respondido Richard Byworth, uno de esos inversores, quien se presenta como fundador de EQONEX Group, una organización que promueve inversiones en criptomonedas.

El mandatario ha explicado que las reformas enviadas el domingo eliminarán trámites a la hora de invertir en El Salvador, reducen la burocracia, crean nuevas leyes para incentivar las inversiones y contratos de estabilidad para quienes decidan poner su dinero allí. Además, ofrecen incentivos fiscales y, lo más controvertido, la ciudadanía salvadoreña a cambio de invertir en esa pequeña nación de Centroamérica. “El plan es simple”, ha dicho Bukele. “Mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad”. El anuncio se da mientras el Gobierno se prepara para sacar al mercado bonos por 1.000 millones de dólares en bitcóin, una decisión que es vista con recelo por organismos financieros multilaterales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a finales de enero al popular mandatario a que elimine el bitcoin como moneda de uso legal, lo que ha aumentado la tensión en las relaciones entre el Fondo y el Ejecutivo de Bukele. El FMI manifestó su “preocupación” por la emisión de bonos respaldados con la criptomoneda y ya había alertado de los riesgos que implica para El Salvador asumir esta moneda virtual. “La adopción del bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Gerry Rice, portavoz del Fondo. Rice también advirtió que “los activos cripto pueden traer riesgos significativos”, por lo que sugirió que debería haber “medidas efectivas de regulación”. Ante la exigencia del Fondo de revertir la controvertida decisión —el proyecto insignia del popular Bukele—, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha sido contundente: “Ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los Estados son soberanos y toman decisiones soberanas sobre sus políticas públicas”, ha afirmado Zelaya.

Tres senadores de Estados Unidos presentaron la semana pasada una iniciativa legislativa para que el Gobierno de Joe Biden diseñe un plan que “mitigue los riesgos” que tiene para el sistema financiero estadounidense la adopción del bitcoin en el país centroamericano, informa Efe. Fitch Ratings también rebajó la calificación crediticia a largo plazo de El Salvador y entre las razones citó la “incertidumbre” de alcanzar un acuerdo con el FMI tras la adopción del bitcoin, según información de la misma agencia de noticias.

A pesar de las críticas, el presidente salvadoreño se jacta del buen funcionamiento de la economía. El sábado citó en Twitter un informe del Banco Central que registra un aumento del 13% de las exportaciones salvadoreñas en enero 2022, por valor de 564 millones de dólares, “una cifra récord que supera los valores registrados en todos los meses de enero de las últimas tres décadas”, ha afirmado la institución. Bukele se ha felicitado y ha dicho que “el PIB de El Salvador creció 10,3% en 2021. Y ahora sus exportaciones (principal motor del crecimiento económico) crecieron 13% este enero, en comparación con enero de 2021″. “¿Estamos ante otro crecimiento del PIB de dos dígitos este año? Por cierto, El Salvador nunca tuvo un crecimiento del PIB de dos dígitos antes de 2021″, ha afirmado. La propaganda gubernamental, bien explotada en las redes sociales, tiene como fin vender a su empobrecido país como un oasis de crecimiento o un “refugio para la libertad” para quienes quieran hacer negocios de forma fácil de la mano del popular presidente.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha enviado un mensaje contundente este martes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El organismo ha instado al popular mandatario que elimine el bitcoin como moneda de uso legal en el país centroamericano, lo que aumenta la tensión en las relaciones entre el Fondo y el Ejecutivo de Bukele. Para el presidente la implementación de bitcoin como moneda de pago es uno de sus principales proyectos, que promociona con intensidad tanto desde su cuenta de Twitter —plataforma favorita para comunicar sus decisiones— como en las giras que ha emprendido para vender a su país como una tierra de oportunidades para los empresarios. Bukele no ha reaccionado inmediatamente a la exigencia del FMI.

El Fondo ya había alertado a inicios de enero de los riesgos que implica para El Salvador asumir la criptomoneda y había pedido a Bukele una reunión para discutir su implementación como moneda de curso legal. “La adopción del bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Gerry Rice, portavoz del Fondo. El popular presidente ya había anunciado en noviembre sus grandes planes para convertir a su país en un laboratorio mundial de la criptomoneda. Bukele se ha mostrado entusiasta con el proyecto y ha prometido a sus ciudadanos que llevará desarrollo económico para su país. Desde su Gobierno se ha afirmado que esta iniciativa pretende convertir a El Salvador en la Singapur de América Latina.

El salvadoreño viajó la semana pasada a Turquía en su búsqueda de atraer apoyos en momentos cuando su relación con Estados Unidos —el principal socio de su país— pasa por horas bajas. Bukele se reunió con Recep Tayyip Erdogan, con quien firmó seis acuerdos de cooperación bilateral en los sectores de economía, comercio, defensa, diplomacia y educación. Pero el tema que más expectativa levantó durante la visita fue el uso de las criptomonedas, en un país donde sus habitantes están en plena fiebre inversora para proteger sus ahorros, cuando la lira turca ha sufrido una fuerte pérdida en su valor.

La exigencia del FMI se da en momentos cuando el valor de las criptomonedas va en caída libre. La semana pasada el bitcoin perdió más del 10% de su valor, mientras las bajas continúan. La criptomoneda bajó a 35.000 dólares, lo que representa el valor más bajo desde julio. Bukele ha reaccionado con mofa a quienes critican la caída en el valor de la moneda virtual y su decisión de adoptarla. “La mayoría de la gente entra [a comprar] cuando el precio sube, pero el momento más seguro y rentable para comprar es cuando el precio baja. No es ciencia espacial. Así que invierta una parte de su sueldo de McDonald’s en Bitcoin”, escribió Bukele el 24 de enero. El presidente cerró su mensaje con un “Drama queens” [reinas del drama] para sus críticos.

Rice, del FMI, ya había advertido a inicios de enero que “los activos cripto pueden traer riesgos significativos”, por lo que sugirió que debería haber “medidas efectivas de regulación”. Para Bukele, sin embargo, se trata de una “oportunidad de oro” para su país. A inicios del pasado junio la Asamblea Legislativa salvadoreña adoptó una ley que hace del bitcoin una moneda de uso legal. Un hecho que el presidente Bukele celebró con entusiasmo. “En cada restaurante, hotel, banco, transacción personal, si quieres vender un auto, todo podrá pagarse con bitcoins o dólares. El bitcoin será tratado como moneda nacional, todos tendrán que aceptarlo”, auguró. Entonces, sus planes comenzaron a crecer y Bukele lanzó su idea de convertir al país centroamericano en un gran centro de minado de la moneda virtual. Para ello prometió ofrecer “energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable, con cero emisiones, de nuestros volcanes”. El 10 de junio, Bukele hizo público en Twitter un proyecto geotérmico que servirá como sede del minado.

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Una ilustración de un móvil infectado con el sistema Pegasus.
Una ilustración de un móvil infectado con el sistema Pegasus.Fernanda Castro

Los teléfonos celulares de más de la mitad de los trabajadores del medio digital salvadoreño El Faro estuvieron intervenidos entre junio de 2020 y noviembre de 2021, según pudieron verificar The Citizen Lab, un laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, y Access Now, una organización que vela por la protección de los derechos digitales. Ambas organizaciones examinaron durante tres meses, de septiembre a diciembre de 2021, los teléfonos iPhone de todos los miembros de El Faro y la conclusión es contundente: los aparatos telefónicos de 22 miembros del periódico fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group.

El espionaje detectado y que este miércoles reveló El Faro fue dirigido contra todos los estamentos posibles del diario: editores, redactores, miembros de Junta Directiva y hasta personal administrativo. En casi todos los casos, el equipo permaneció bajo constante vigilancia a lo largo de 226 intervenciones distintas.

Desde su llegada al poder en junio de 2019, el diario salvadoreño está en el centro de las iras del Presidente Nayib Bukele después de que el periódico digital revelara, entre otras cosas, el acuerdo entre su Gobierno y las pandillas para la pacificación del país, así como otros casos de corrupción que afectan a sus colaboradores.

La empresa dueña del software, NSO Group, ha declarado que solo vende el programa de espionaje Pegasus a Gobiernos bajo la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. Las organizaciones internacionales que han hecho el peritaje de los teléfonos de El Faro han liderado procesos similares con periodistas, activistas u opositores de otros países en las que concluyeron que todo apuntaba que fueron los respectivos gobiernos los que estuvieron detrás de las intervenciones. EL PAÍS ha tratado de obtener la versión del portavoz del Gobierno salvadoreño, Ernesto Sanabria, sin que haya habido respuesta alguna.

En un comunicado enviado a la agencia Reuters, la oficina de comunicaciones de Bukele dijo no ser cliente de NSO Group. Además, asegura que su Gobierno está investigando el supuesto ataque cibernético y que tienen indicios de que algunos altos funcionarios podrían también tener sus teléfonos intervenidos y ser “víctimas de ataques”.

En el caso de El Faro, entre los más espiados destacan el jefe de redacción, Óscar Martínez, víctima de 42 pinchazos, el subjefe de Redacción, Sergio Arauz, con 14; el corresponsal de El Faro en Estados Unidos, José Luis Sanz, 13 y el editor mexicano, Daniel Lizárraga, antes y después de que el Gobierno salvadoreño lo expulsara del país en julio.

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El caso más llamativo es el del periodista Carlos Martínez, quien ha firmado todas las publicaciones relacionadas con pactos de políticos y pandillas desde 2012. El reportero estaba siendo escuchado en el momento mismo en que Citizen Lab y Access Now analizaban su teléfono en noviembre de 2021. En esos momentos, Martínez ya investigaba las negociaciones de la MS-13 con el Gobierno y había publicado que las negociaciones incluyeron a las tres pandillas. Este pinchazo revela para los investigadores “un caso sin precedentes”, según el laboratorio de Toronto. “Es muy raro agarrar una infección cuando está viva”, según el investigador de The Citizen Lab Scott-Railton. Contactado por EL PAÍS, el periodista Carlos Martínez considera que Bukele está detrás del robo de información. “Esta operación de espionaje ilegal contra el periódico es coherente con los distintos ataques de Bukele contra El Faro desde que comenzó su gestión. Este ataque tiene que ver con las campañas de difamación contra nosotros, con la utilización de instituciones públicas para atacar al periódico y las abusivas auditorías o las acusaciones en televisión sobre que somos lavadores de dinero. Las escuchas a las que somos sometidos son coherente con esta forma de actuar”, explicó.

Otro de los casos destacados es el de Carlos Dada, director de El Faro y presidente de la junta directiva, quien fue víctima de 12 pinchazos. Por la duración de los mismos, la investigación permite concluir que éstos se mantuvieron activos durante 167 días distribuidos entre julio de 2020 y junio de 2021. Cada uno de estos pinchazos, que cuesta miles de dólares, permite al programa el acceso completo al contenido del teléfono: extracción de mensajes, imágenes o cualquier archivo, activación de la cámara y el micrófono, robo de sesiones en aplicaciones de redes sociales, acceso a los adjuntos de los mensajes de texto, aplicaciones de mensajería, de correo electrónico, y también la posibilidad de que acceder a las bitácoras de geolocalización, registros de llamadas y actividad de navegación en sitios de internet.

Entre los periodistas con diez o más robos de información están Gabriel Labrador, con 20, Julia Gavarrete, con 18 (incluidas 15 intervenciones en su teléfono personal y tres en el institucional), Gabriela Cáceres, con 14; Roxana Lazo, con 12: y Efren Lemus, con diez. Además, hay implicados periodistas del medio Gatoencerrado contra quien Bukele ha dirigido varios de sus ataques.

Fernanda Castro

Durante los meses en que los periodistas fueron espiados, se realizaron investigaciones sobre la negociación entre el Gobierno y las pandillas, el robo de alimentos destinados a la pandemia por parte del director de Centros Penales y su madre, las negociaciones secretas de los hermanos de Bukele para el desembarco del Bitcoin o el patrimonio de algunos funcionarios del actual Gobierno.

El espionaje contra El Faro, sin embargo, no se limitó a la redacción. El teléfono del gerente general, Carlos Salamanca, estuvo intervenido entre septiembre y octubre de 2020, justo cuando se intensificaron las auditorías de Hacienda contra el periódico. Lo mismo sucedió con el gerente administrativo, Mauricio Sandoval. Sandoval fue intervenido, en otros momentos, el 6 de julio día que recibió la notificación institucional enviada por Migración que ordenaba al editor Daniel Lizárraga abandonar el país en 24 horas.

Precisamente Lizárraga representa uno de los casos más sangrantes del espionaje contra los periodistas. Lizárraga ha sufrido el brutal espionaje de Pegasus en dos ocasiones: la primera en México, como miembro del equipo de la periodista Carmen Aristegui y la segunda en El Salvador como parte de El Faro. Su caso puso por primera vez el escándalo de Pegasus sobre la mesa cuando se descubrió que el gobierno de Peña Nieto utilizó el programa para espiar a Lizárraga, quien participó en las revelaciones sobre la ‘Casa Blanca’ como se conoció el escándalo que implicaba a la esposa de Peña Nieto en la compra de una mansión con dinero de un constructor agraciado en la concesión de obras públicas. El escándalo reveló que, para espiar, Pegasus es el arma favorita de los gobiernos con tentaciones autoritarias.

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Una mujer observa los retratos de seis sacerdotes jesuitas que fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989, el 6 de enero de 2022, en San Salvador (El Salvador).
Una mujer observa los retratos de seis sacerdotes jesuitas que fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989, el 6 de enero de 2022, en San Salvador (El Salvador).Rodrigo Sura (EFE)

La sentencia contra el coronel y ex viceministro de Defensa Inocente Orlando Montano por la matanza en 1989 de seis jesuitas —cinco de ellos españoles— en El Salvador, confirmada hace un año, parecía cerrar tres décadas de impunidad por el asesinato de Ignacio Ellacuría y los otros cinco religiosos. Sin embargo, el anuncio de la reapertura del caso por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano da cuenta de que todavía falta mucho para que los hechos se esclarezcan y todos los militares implicados sean responsabilizados.

“La decisión la recibimos con agrado, ya que se responde a una demanda de justicia y de verdad, tanto de parte de la Compañía de Jesús como de la Universidad Centroamericana (UCA) y los familiares de las víctimas”, ha dicho el sacerdote jesuita Andreu Oliva en declaraciones a Efe. Andreu es rector de la UCA, en cuyo campus universitario se produjo la masacre.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó frenar la investigación contra los hombres señalados como autores intelectuales de la masacre. Ante la decisión, que representó un golpe para las familias y la comunidad religiosa a la que pertenecían los religiosos, el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó en noviembre pasado un amparo ante el Constitucional para que revisara la decisión. Para el fiscal, cerrar el caso significó ir “contra de la ley salvadoreña y contra el derecho a la verdad y a la justicia que tienen el pueblo salvadoreño y las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.

El asesinato de los sacerdotes y dos colaboradoras ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 durante la guerra civil de ese país. En medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora batallón Atlacatl cometieron el asesinato en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana. Ellacuría se había convertido en una figura incómoda para el Gobierno de El Salvador. Junto a él fueron tiroteados otros cuatro religiosos españoles (Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno); y uno salvadoreño, Joaquín López, además de la esposa e hija del guardián de la universidad, Elba y Celina Ramos.

Los militares entraron en la universidad con el propósito de matar a quien era su rector, el jesuita Ellacuría y a sus compañeros, prestigiosos intelectuales que analizaban críticamente la realidad del país centroamericano.

Los señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, René Emilio Ponce [quien ya falleció] y el coronel Inocente Montano, condenado en España a 133 años de prisión.

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La decisión del Supremo ha abierto una nueva oportunidad para conocer la verdad sobre uno de los crímenes que han marcado la historia del país centroamericano. “Si realmente se llega a determinar quiénes son los que organizaron y decidieron la masacre en la universidad y son condenados según nuestras leyes, el mensaje que se estaría dando es que ya no hay más impunidad en El Salvador y que los crímenes de lesa humanidad y de guerra pueden ser juzgados”, ha asegurado el sacerdote jesuita Andreu Oliva.

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Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodriquez , miembros del Movimiento San Isidro y periodistas independientes de ADN Cuba .
Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodriquez , miembros del Movimiento San Isidro y periodistas independientes de ADN Cuba .Héctor Luis Valdés

Dos periodistas cubanos que permanecieron por más de 30 horas varados en el Aeropuerto Internacional de San Salvador han sido admitidos al país centroamericano por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, después de que el régimen de Daniel Ortega, aliado de La Habana, rechazara su ingreso a Nicaragua.

Los reporteros independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés dejaron Cuba “presionados” por el régimen debido a su trabajo crítico en la isla caribeña. Relataron a medios locales que abandonaron el país gracias al apoyo de organizaciones de derechos humanos y tenían como destino final Managua, pero mientras hacían escala en El Salvador se les comunicó que no se les permitiría la entrada al vecino país. “No sabemos qué estatus legal tenemos, pero hemos solicitado ayuda y la hemos recibido”, ha afirmado Valdés a los periodistas reunidos en el aeropuerto salvadoreño.

Las autoridades salvadoreñas han afirmado que trasladaron a los reporteros a un hotel de la capital, mientras les entregan ayuda humanitaria y resuelven su situación migratoria. Rodríguez y Valdés fueron recibidos en la estación aeroportuaria por Ricardo Cucalón, director del Departamento de Migración y Extranjería, y Apolonio Tobar, procurador de derechos humanos salvadoreño. Ambos han relatado a las autoridades que fueron obligados a dejar Cuba debido a su trabajo. Rodríguez ha afirmado que estuvo encarcelado en una prisión de la isla durante ocho meses, donde ha sido torturado y estuvo bajo amenazas de muerte. “Me han obligado a abandonar el país por pensar diferente, por querer ejercer el periodismo independiente”, ha dicho el reportero.

El régimen cubano mantiene una fuerte represión contra las voces críticas, incluyendo activistas, intelectuales, artistas y reporteros. “En las últimas semanas hemos recibido reportes constantes de activistas y periodistas que, al igual que Héctor y Esteban, han sido obligados a salir de Cuba debido a las amenazas del régimen. [Miguel] Díaz-Canel parece decidido a construir un país con cero disenso. Es fundamental que los países democráticos de la región presionen a Cuba para frenar estos abusos y acojan a quienes se ven forzados al exilio”, ha dicho Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch. Sobre la negativa de Managua de admitir a los periodistas, Pappier ha agregado: “Tratándose de una dictadura brutal como la de Daniel Ortega, no sorprende que el Gobierno de Nicaragua use de forma arbitraria los permisos de ingreso para admitir a periodistas y activistas independientes cubanos”.

Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha criticado la decisión del régimen cubano de expulsar a los reporteros. “Estamos hablando de denuncias de tortura. Esto reviste el más alto nivel de preocupación, porque son personas que estaban bajo custodia estatal. Esas denuncias deben ser investigadas rigurosamente y ojalá que con el acompañamiento de la comunidad internacional”, ha dicho Vaca en entrevista por teléfono. El relator ha calificado la situación de ambos periodistas como “ostracismo” y ha afirmado que su “expulsión es una sin salida muy difícil, que apunta a la vulneración de sus derechos”.

Esta nueva embestida del Gobierno cubano se da seis meses después de que estallarán una serie de protestas en el país caribeño desatadas por el descontento causado por el manejo de la pandemia y la escasez de alimentos y medicinas. Las manifestaciones fueron reprimidas por el régimen y los principales rostros de las protestas han sido perseguidos, encarcelados o asediados. “Estamos hablando que este hecho muestra que los efectos de represión y silenciamiento se han sostenido en el tiempo y que claramente no ha habido un acompañamiento de la misma intensidad de parte de la comunidad internacional. La sociedad cubana genera un alto nivel de autocensura frente a sus reclamos legítimos”, ha criticado Vaca.

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La Comisión de RREE de la Cámara, a petición mía, acordó citar los embajadores en Colombia y El Salvador para que informen respecto a la situación política y social que se vive en ambos países de América. Este Gobierno debe condenar las violaciones a los DDHH en cualquier país. pic.twitter.com/z24AfUplzH

— Gabriel Ascencio (@G_Ascencio) May 5, 2021
 

En tanto, respecto a El Salvador, indicó que «tiene que ver con una decisión del Congreso, dominado por el partido del Presidente, que ha tomado acuerdos en torno a cambios en la magistratura de ese país».

Es en ese contexto que ha solicitado a la comisión pedirle «a nuestros embajadores en Colombia y en El Salvador que nos pudieran informar telemáticamente qué es lo que está ocurriendo en estos países (…) y puedan hacerse presente en una de nuestras sesiones».

A la mencionada comisión, se acordó también invitar a representantes del ministerio de Relaciones Exteriores.



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