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El Ciadi condena a Venezuela a pagar más de 1.480 millones por la expropiación de inversiones españolas
El Ciadi condena a Venezuela a pagar más de 1.480 millones por la expropiación de inversiones españolasEUROPA PRESS/PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA (Europa Press)

Cuando Hugo Chávez se hizo con Agroisleña —una compañía de capitales y dueños españoles con 50 años de historia en Venezuela— ya acumulaba millas expropiando a lo Robin Hood; es decir, sin pagar y sin ningún procedimiento legal. Extensos hatos, miles de hectáreas de tierras, empresas de todo tipo, edificios. Chávez firmó el decreto principios de octubre de 2010, casi a la medianoche, mientras hacía uno de sus habituales contactos telefónicos en los programas del primetime de la televisora estatal VTV. “Este es el decreto número 7.700. Me gusta ese número”, comentaba mientras leía la resolución por teléfono. “Se acabó el tiempo de Agroisleña. Ahora será de propiedad popular”.

El comandante de la revolución bolivariana entonces alegaba luchar contra un supuesto oligopolio para garantizar la seguridad alimentaria. La decisión tomada regresa ahora como búmeran, con una deuda más que debe pagar el Estado venezolano. Esta semana, el tribunal de arbitrajes internacionales del CIADI —Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, instancia del Banco Mundial— falló a favor de la compañía fundada en 1958 por Enrique Fraga Alonso, un canario que como muchos españoles emigró a Venezuela a finales de los años cuarenta del siglo pasado.

Ahora Venezuela debe pagar al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos más de 1.400 millones de euros como compensación por el incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela que protege las inversiones españolas en el país sudamericano, al que se aferró la empresa para reclamar por sus bienes con una demanda que introdujo en 2016. A este monto se suman los gastos administrativos de este procedimiento tanto para el el a como para la empresa, informó la compañía en un comunicado.

Al momento de su expropiación, Agroisleña tenía 52 años de fundada en el país, más de 60 tiendas, silos, centros de distribución, cerca de 3.000 empleados y un conglomerado de empresas asociadas al negocio agrícola como Insecticidas Internacionales, Proyefa y Venezolana de Riego. Así proveía y daban asesoría técnica a más 18.000 pequeños y medianos productores, que representaban 70% del sector. Para el agro venezolanos hay un antes y después de Agroisleña.

Tras la ocupación por el Gobierno de todas las instalaciones de Agroisleña vino el cambio de nombre. Agropatria asumió el control de la importación de todos los insumos del sector sacando provecho de los dólares preferenciales de los años del control de cambio que rigió por 15 años en Venezuela y se convirtió en una centrifugadora de corrupción.

Chávez prometió la venta de semillas y fertilizantes a precios más bajos y ocurrió lo que pasó con todas las empresas tomadas por el chavismo. Los productos empezaron a escasear, la producción del campo se fue en picada hasta que Venezuela terminó en 2020 en la lista de las Naciones Unidas de los países del mundo que enfrentan crisis alimentarias junto con Yemen, Siria y Haití. Luego de que Agropatria naufragara, Nicolás Maduro dio luz verde en 2013 para que una empresa de la Fuerza Armada Nacional, Agrofanb, entrara en el terreno. Con el monopolio militar de ambas estatales la situación no mejoró.

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Datos de Fedeagro, la patronal de los agricultores, revelan la caída de la producción en una década. En 2009, un año antes de la expropiación de Agroisleña, se producían 17 millones de toneladas métricas de los principales rubros: maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar, café, papa, cebolla, tomate, girasol y pimentón. Para 2020 se producía casi seis veces menos, tan solo 3 millones de toneladas métricas.

La decisión del CIADI ocurre días después de que se conociera que el centro comercial Sambil Candelaria, una enorme edificación en el centro de Caracas, propiedad de empresarios de origen judío y expropiada en 2006, regresó a sus dueños. Maduro ha puesto la reversa a la política de tomas y ocupaciones de la propiedad privada que marcaron el llamado socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. Desde hace un par de años, el Gobierno ha comenzado a privatizar algunas de las más de 500 empresas que posee como parte del viraje obligado por la debacle económica del país petrolero. El caso del Sambil sería atípico, porque es el primero que regresa a sus dueños, aunque no han trascendido los detalles de esa negociación. Muchas otras empresas han pasado a otras manos, en muchos casos de capitales vinculados al chavismo, bajo la sombra de la ley antibloqueo aprobada en 2021 que pone un velo de confidencialidad a todas estas transacciones.

Hasta el año pasado el Gobierno venezolano había hecho más de 5.500 confiscaciones directas y expropiaciones y adeudaba más 30.000 millones de dólares (27.400 millones de euros) solo en litigios y arbitrajes, según el Observatorio de Gasto Público de Cedice, un centro de investigación económica local, sin incluir los compromisos con bonos de PDVSA. Entre los más costosos están los de las mineras canadienses Gold Reserve y Crystallex. Con Agroisleña también hubo intentos de negociación, pero el pleito finalmente ha desembocado en el CIADI y abulta una monstruosa deuda para el futuro de un país quebrado.

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The Fundació Puigvert has successfully performed the first two surgeries in Spain with a new state-of-the-art surgical robot, one of the most advanced in the world with this healthcare technology

First surgery in Spain with a new state-of-the-art surgical robot


A moment of the intervention of the HUGO surgical robot at the Fundació Puigvert/Courtesy photo

With this double surgery, performed on patients with prostate cancer and kidney cancer, this Foundation has become the second hospital in Europe to perform an operation with this system, and one of the first in the world, this health center has reported.

The new surgical robot, called HUGO and developed by Medtronic, introduces an open console, portability, artificial intelligence and a modular design for the first time in a system of its kind, while improving precision and ergonomics.

This robot guarantees patients the advantages of minimally invasive surgery, with fewer complications and less recovery time after the intervention, according to its creators.

Dr. Joan Palou, director of the Urology Service of the Fundació Puigvert, highlights the “solvency and functionality” of the new robot.

The urologist affirms that, although the new tool will allow all types of intervention, it stands out in “some surgeries in which scientific evidence shows that the advantages are unquestionable, such as radical prostatectomy for prostate cancer or partial nephrectomy for kidney cancer, first two operations that we have carried out successfully”.

The technology of this robot has a mobile system that allows it to be moved easily inside and outside the operating room.

In a complementary way, it incorporates artificial intelligence to record the interventions and make a selection of the key moments of the surgery automatically.

Currently, robotic surgery is used in only 3 percent of procedures in the world.

Dr. Alberto Breda, head of the Urology Oncology Unit and the Renal Transplant Surgical Team, stresses: “Surgeons want to operate with robotic surgery because it has been shown to be the best way, and it offers clear advantages for patients, such as decrease in bleeding, postoperative pain and days of hospitalization».

“The ideal scenario, and the one posed by the arrival of HUGO and the rest that will arrive, is that it will stop being done only in selected cases, like now, to be done routinely,” adds Dr. Breda, president of the robotic surgery section of the European Society of Urology.

Despite advances in medical technology over the past decade, cost and availability barriers have put robotic-assisted surgery out of reach for many hospitals and, consequently, patients, notes the Puigvert Foundation.


Humberto Ortega junto a su hermano, Daniel, cuando llevaban en hombros el féretro de su madre, el 4 de mayo de 2005.
Humberto Ortega junto a su hermano, Daniel, cuando llevaban en hombros el féretro de su madre, el 4 de mayo de 2005.ARIEL LEON (AP)

Ocho días después que el histórico comandante sandinista Hugo Torres falleciera en manos del Gobierno de Daniel Ortega, el general en retiro Humberto Ortega publicó este viernes un artículo de opinión en el diario La Prensa que ha causado revuelo en Nicaragua. El hermano del presidente nicaragüense ha reprochado que el preso político de 73 años haya muerto “al ser expuesto en el cruel encierro” por parte de las autoridades judiciales del régimen que encabeza su hermano y su cuñada, la vicepresidenta Rosario Murillo.

En el artículo titulado Compañero Hugo Torres, el hermano de Daniel Ortega realza la gesta revolucionaria del fallecido, en especial las dos operaciones guerrilleras que dirigió en 1974 y 1978 [los asaltos a la casa de Chema Castillo y la toma del Palacio Nacional], que obligaron al somocismo a liberar a presos políticos sandinistas, entre ellos el actual mandatario Daniel Ortega. Irónicamente, han criticado muchos sectores en Nicaragua, Torres murió cautivo y acusado de “conspiración” por el hombre que salvó a costa de arriesgar su vida en el pasado.

“Con ese mismo espíritu de lucha, ahora en el campo cívico, Hugo Torres integra una de las varias fracciones en que el antiguo Frente Sandinista se divide desde la década de los noventa, y no rehúye el sacrificio, la cárcel, en la que una vez más demuestra sus convicciones revolucionarias, y muere, como cualquiera a su edad y condiciones físicas, al ser expuesto en el cruel encierro”, escribió el general Ortega, una figura militar determinante en la transición democrática en los noventa.

Desde 2018, tras las protestas sociales que fueron violentamente reprimidas por policías y paramilitares del régimen, el general Ortega comenzó a criticar la Administración de su hermano. Aunque no lo hace tan seguido, esta vez vuelve a pedir la liberación de todos los presos políticos que mantiene el Gobierno.

“Este lamentable, doloroso desenlace de un compañero de luchas, que cumple hasta el final consecuentemente este juramento [revolucionario], debe contribuir en la ruta de solución a la crisis política que padece nuestra patria, que requiere urgentemente un clima de reconciliación, que lo genera de ser puestos en libertad los encarcelados políticos, por medio de cualquiera de los instrumentos jurídicos, legales requeridos”, planteó el general Ortega.

En julio de 2021, cuando el presidente Ortega desató una cacería de opositores que sirvió para liquidar las elecciones generales y perpetuarse en el poder, el general Ortega dijo en la cadena CNN que los presos políticos no eran “terroristas”, como insiste la propaganda oficial que justifica los proceso judiciales espurios, de acuerdo con organismos defensores de derechos humanos. “Los presos políticos no han atentado contra la estabilidad de este país. Simplemente son opositores que tienen sus puntos de vista como los tengo yo. He criticado con toda firmeza y respeto al actual Gobierno, y no por eso voy a ser catalogado ahora de terrorista o traidor a la patria”, insistió.

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El general en retiro se mantiene al margen de la actividad política de Nicaragua, a excepción de estas declaraciones públicas. Humberto Ortega es uno de los jefes castrenses que más preponderancia ha tenido en la historia reciente del país. No obstante, sus posturas críticas parecen no tener eco –al menos públicamente– en el Ejército de Nicaragua, una institución que ha guardado no solo silencio por la muerte de Hugo Torres, quien fue general de brigada, sino ante todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por la pareja presidencial desde 2018.

Además de la condena de Humberto Ortega, este viernes se han multiplicado las presiones al Gobierno nicaragüense por la muerte de Hugo Torres en prisión. La Organización de Estados Americanos (OEA) y 27 países exigieron la liberación inmediata de los presos políticos, al mismo tiempo que condenaron el deceso del exguerrillero. “Estamos profundamente consternados por la muerte del ciudadano nicaragüense Hugo Torres quien era preso político y que había sido arrestado el pasado junio y mantenido en condiciones inhumanas, al igual que muchas otras personas encarceladas por sus opiniones políticas. Las circunstancias de su detención y prematura muerte constituyen una dolorosa injusticia tanto para él como para su afligida familia, y una afrenta a los valores que defienden nuestras naciones”, denunciaron los países de la OEA.

EE UU se plantea presionar al magnate del azúcar

Por otra parte, la agencia Associated Press (AP) reveló que el Gobierno de Joe Biden está considerando expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio (RD-Cafta), pero es una posibilidad remota dado que no hay mecanismo para ello. Sin embargo, una fuente de Washington consultada por AP aseguró que lo más factible es dejar de importar ciertos productos nicaragüenses, como el azúcar. Esta medida golpearía directamente a Carlos Pellas, uno de los hombres más ricos del país y dueño de la más grande productora de azúcar, el ingenio San Antonio.

“Elegir el azúcar podría ser una forma de movilizar a Carlos Pellas, el hombre más rico de Nicaragua y dueño del mayor productor de azúcar. Pellas fue uno de los firmantes de una carta abierta de los empresarios tras las protestas antigubernamentales de 2018, en la que se pedía a Ortega que adelantara las elecciones. Advirtió que el modelo económico del país estaba en quiebra. Pero se ha mantenido al margen, al menos públicamente, desde que Ortega empezó a reprimir de verdad”, cita el reporte de la agencia. Tras la brutal represión a las protestas, el magnate se ha mantenido en silencio, incluso después del arresto de varios miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la patronal más grande del país.

Según AP, la eliminación de ese subsidio estadounidense por valor de millones de dólares cada año tendría como objetivo presionar a Pellas. De acuerdo con un reportaje de la plataforma CONNECTAS, entre 2008 y 2018, el empresario fue uno de los más importantes impulsores del modelo político y económico que funcionaba en Nicaragua bajo el nombre de Diálogo y Consenso, pero que consistía en otorgarles ventajas económicas a los grandes empresarios, a cambio de respaldar las decisiones políticas de Ortega, entre ellos su reelección y la destrucción de la institucionalidad y la oposición. Sin embargo, la relación se fracturó por la represión de las protestas y hasta el día de hoy no ha podido ser recompuesta. No obstante, Pellas, factor determinante del empresariado, ha guardado silencio hasta ahora sobre la represión contra opositores y la liquidación de las elecciones de noviembre pasado.

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Hugo Torres, en una imagen los días previos a su detención en junio de 2021.
Hugo Torres, en una imagen los días previos a su detención en junio de 2021.RR.SS UNAMOS

El preso político y exguerrillero histórico del sandinismo, el general en retiro Hugo Torres, falleció este sábado en la cárcel, preso como estaba por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fuentes allegadas a la familia confirmaron el deceso, aunque se desconocen más detalles, ya que el comandante crítico del actual Gobierno estaba recluido en la cárcel de El Chipote, que organismos defensores de derechos humanos consideran un centro de tortura.

Torres, de 73 años, es el primer preso político que muere en manos de la Policía Nacional, de los 47 que fueron arrestados el año pasado previo a las elecciones. Murió sin que se le haya procesado en un juicio. El general en retiro era uno de los más de 20 presos políticos de la tercera edad, varios de ellos valetudinarios, que se encuentran en El Chipote sometidos a torturas. Desde hace un par de meses, organismos defensores de derechos humanos iniciaron una campaña para conocer el paradero del general en retiro quien tuvo problemas de salud en prisión. Era figura clave del sandinismo. En 1974, el exguerrillero, conocido como Comandante Uno, arriesgó su vida en un operativo para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre ellos el mismo Daniel Ortega. También dirigió junto a Dora María Téllez, actual presa política y condenada por el supuesto delito de “conspiración”, el asalto al palacio, hazaña registrada en una crónica clásica del escritor Gabriel García Márquez.

Tras conocerse su muerte, comenzó a recircular el vídeo que Torres grabó antes de ser detenido por la policía de Ortega hace ocho meses en el que dice: “Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos (…) pero así son las vueltas de la vida, y los que algún día acogieron principios hoy los han traicionado”.

Desde inicios de este año el movimiento Unión Democrática Renovadora (Unamos) inició una campaña para conocer sobre la salud de Torres, quien era el vicepresidente de esta organización. La exguerrillera Mónica Baltodano escribió en un artículo de opinión en Confidencial que Torres fue sacado de su celda desde 17 de diciembre de 2021 porque había enfermado rápidamente y sus compañeros lo habían auxiliado varia veces “por el grado de inflamación de sus piernas, casi no podía moverse por sí mismo. Fue atendido por médicos del penal, pero no lograron aliviar su situación. Ese día, Hugo sufrió un largo desmayo. De su celda fue sacado con rumbo desconocido”, escribió Baltodano.

Aunque luego se conoció que fue trasladado a un hospital de Managua para ser atendido, el paradero de Torres fue tratado con total hermetismo, hasta la noticia de su fallecimiento. “Él padecía cáncer, pero todo es muy raro porque él entró súper sano a El Chipote y las noticias iniciales tras su arresto era que estaba saludable, pero de repente se descompensó. Así que ahora queda la duda de si fue una negligencia en la cárcel”, dijo una fuente allegada a la familia de Torres.

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Los hijos del comandante guerrillero han tratado el caso de su papá con cautela, pero la tarde de este sábado se espera que emitan un comunicado al respecto. Las alarmas sobre la salud de Torres saltaron después de la cuarta visita que el régimen permitió a familiares de presos políticos, entre el 30 de diciembre y el 2 de enero pasado, cuando los familiares no pudieron verlo porque no estaba en su celda, según relataron otros presos políticos.

Torres nació en 1948, en El Espino, Madriz, al norte de Nicaragua. A los cinco años su familia se trasladó a León, donde vivió y estudió. Vivió en el barrio El Calvario, cerca de donde vivía Rigoberto López Pérez, a quien conoció antes de que este ejecutara a Somoza García en 1956, según Mónica Baltodano. Su madre fue Isabel Jiménez y su padre, Cipriano Torres, subteniente de la Guardia Nacional (G.N.).

Con el triunfo de los sandinistas, Torres llegó a convertirse en General del Ejército, del cual se retiró hasta 1998. Sin embargo, en el comunicado de la Policía Nacional sobre su captura se le tildó como “ciudadano”, negando su cargo militar. “A los seguidores más sensatos del Frente Sandinista mi mensaje es que abran los ojos que los están llevando al despeñadero”, dijo Torres previo a su captura. El estupor ha cundido este sábado en Nicaragua, en especial en los familiares de los presos políticos. “Es un gran golpe para nosotros”, dijo uno de ellos.

La dictadura Ortega-Murillo guarda total silencio sobre la muerte de Hugo Torres. “Están obligados a informar sobre la causa del deceso para efectos legales mueres en manos de la policía porque nunca quisieron informar sobre su paradero”, dijo a EL PAÍS Vilma Núñez, defensora de derechos humanos.

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Cientos de personas participan en la marcha conmemorativa del 4 de febrero de 1992, cuando se llevó a cabo un fallido golpe de Estado en Venezuela.
Cientos de personas participan en la marcha conmemorativa del 4 de febrero de 1992, cuando se llevó a cabo un fallido golpe de Estado en Venezuela.MIGUEL GUTIERREZ (EFE)

El lunes 3 de febrero de 1992, al filo de la medianoche, los venezolanos se enteraron de que unos batallones del Ejército se habían alzado en la ciudad de Maracay, la plaza militar más importante del país, y partían rumbo a Caracas con el objetivo de tomar por la fuerza el Palacio de Miraflores para deponer al presidente en funciones, Carlos Andrés Pérez, electo en 1988.

Nadie durmió aquella noche. Llegaba a su clímax una crisis política que había estallado en 1989 tras los motines populares del 27 de febrero de ese año, conocidos como El Caracazo, y a los que siguieron protestas estudiantiles y crecientes rumores de malestar militar, que agrietaban los cimientos de la que, hasta los años 80, había sido una de las democracias más estables y exitosas de América Latina.

El Gobierno de Carlos Andrés Pérez había emprendido una serie de reformas de mercado que tuvieron consecuencias sociales en un país acostumbrado a la abundancia. Las fuerzas emergentes de la izquierda y algunos medios de comunicación se enfrentaron abiertamente a las medidas. El país se adentraba así en el colofón de una crisis económica que se venía incubando desde los años 80.

El intento sedicioso se resolvió cerca del amanecer. Entonces, todo el país pudo poner cara al responsable. En las primeras horas de la mañana del día 4, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, entonces con 37 años, pedía la rendición de sus compañeros con un discurso compacto y elocuente. Chávez asumía personalmente la responsabilidad de “este movimiento militar bolivariano” y anunciaba que, “por ahora”, el objetivo de la conquista del poder no había sido posible.

30 años después de aquella larga noche, el chavismo ha organizado este viernes una concentración en el Paseo Los Próceres para conmemorar su fecha fundacional, un hito sagrado para la militancia revolucionaria y que alguna vez aglutinó multitudes. Diosdado Cabello, que acompañó a Chávez en el golpe, estaba anunciado como orador. Las etiquetas que dominaron las redes sociales durante el día fueron #RebeliónPermanete y #DiaDeLaDignidadNacional.

Durante todos estos años, el 4-F ha sido la efemérides estrella de la polarización política en Venezuela. Fue un evento recibido con simpatía en gran parte del país, que alguna vez justificó el golpe, pero ahora cada vez se lamenta más. El sociólogo e intelectual Tulio Hernández recuerda haber tenido una conversación personal con Ramón J. Velásquez —historiador, escritor y presidente interino de Venezuela en 1993— sobre las consecuencias de la asonada. “Me dijo que [ese día] en Venezuela habíamos abierto de nuevo la tapa del infierno donde habíamos dejado guardados los demonios del militarismo, que tanto trabajo nos habían costado dominar.”

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El golpe de Hugo Chávez fue justificado por una parte importante de la opinión pública nacional durante comienzos de los años 90. La democracia venezolana, que tuvo enorme arraigo popular durante varias décadas, y que adelantó la mayoría de las obras de infraestructura y servicios en el país, transitaba por un duro período de descrédito por el estancamiento económico, la corrupción política de los dos partidos que sostenían el sistema y los excesos de algunos medios de comunicación que fomentaron el descrédito hacia lo público. Durante 1992, en el país llegó a consolidarse la idea de la ilegitimidad de las autoridades electas.

“El golpe fallido de Chávez regresó el país a una situación que creíamos superada, el golpismo, un hábito que ha regresado al imaginario político nacional, siempre como una hipótesis, y no solo en el chavismo”, afirma el historiador y escritor Tomás Straka. “Chávez fracasó militarmente, pero tuvo éxito político. En mi generación, jamás supimos lo que era un golpe de Estado, esas eran anécdotas de nuestros padres”, añade.

En el asedio público a Pérez tuvo enorme peso la palabra y el descarnado diagnóstico del intelectual Arturo Uslar Pietri, una figura muy escuchada en aquel tiempo, quien le solicitaba de forma permanente su renuncia al poder. “La vanidad del presidente le impidió darse cuenta del complot que se gestaba en los cuarteles, que le fue alertado, y de la operación política que tomaba vuelo para sacarlo del poder que se concretó más adelante”, comenta el sociólogo Hernández.

Hugo Chávez y el resto de los comandantes alzados el 4-F fueron llevados a la Cárcel de Yare. Dos años después, serían indultados por el nuevo presidente, Rafael Caldera, enemigo de Carlos Andrés Pérez y que era considerado uno de los fundadores de la democracia. El indulto a Chávez fue una causa vista con simpatía, propuesta por varios candidatos presidenciales. Pérez se vio obligado a renunciar a la presidencia en 1993 por un caso judicial en el que se le acusaba de malos manejos de fondos públicos. Pasó dos años en prisión.

Después de décadas de éxito político, la democracia venezolana fundamentada en el Pacto de Puntofijo fracasó entre la población y comenzó a ser objeto de críticas descarnadas y feroces. A finales de los años 90, ya en libertad, Hugo Chávez comenzó a recorrer barriadas con un discurso vernáculo, rural, aguerrido, desafiante, citando compulsivamente a Simón Bolívar, que tomó vuelo progresivamente en los sectores empobrecidos de la población, la mitad del país. Clamaba contra el fin de las oligarquías, el fin de la democracia representativas y sus élites, para proponer un nuevo modelo: la democracia protagónica que él encarnaba. En 1998 ganó las elecciones que lo llevarían al poder. El resto de la historia ya es Historia.

“A las democracias hay que cuidarlas. El 4 de febrero es un punto de inflexión que torció nuestro destino y lo metió en el abismo actual”, afirma la politóloga y académica Carmen Beatriz Fernández, que añade: “Por otro lado, Chávez resultó un líder con enormes atributos, una síntesis perfecta político-militar como persona, el primer gran populista carismático de esta era”. Seis años después de llegar al poder, Chávez empezó a hablar del Socialismo del Siglo XXI.

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The representative to the Chamber for Bogotá and member of the Green Alliance, Maurice Bullhe pointed out through his Twitter account to Hugo Ospinapresident of the Association of Owners and Drivers of Taxi, to take power and “give orders traffic agents” to carry out controls and punish drivers who provide transport services through digital platforms.

Additionally, Toro shared in his tweet a video filmed at the Palonegro Airport where it is seen how Ospina urges traffic agents to stop a white special transport van that is near the place where the recording was made.

“Tell me since the transit agency began what actions it has taken on informal transport, tell me what actions it has taken against legal transport, which also insists on not respecting the legal and judicial system, because this is for here and for We don’t come because we belong to the union, we want equal conditions and respect for the rules. proof with that car that is going to load here with that special service and we are going to record”, says Ospina in the recording.

Subsequently, the traffic agents are seen stopping the vehicle that had just started up and requesting the documents from the driver while Ospina asks those who accompany him to film the entire procedure and demands that the special transport van be immobilized if the passenger is not there. related to the status of the travel contract.

(You can read: Taxi drivers from Manizales made a sit-in in support of Councilor Julián Osorio).

Faced with this accusation, President of the Association of Owners and Drivers of Taxi responded to representative Toro also from his Twitter account stating: “But what is this desire to publish my life everywhere, representative? And for your knowledge (because I see that you have no idea ) the figure under which the man was working is a contract of legal transport, not those laws that you invented”.

However, the discussion between the two did not end there. Toro responded to this comment and also accused him of having the intention of “taking jobs away from more than 300,000 honest Colombians.”

“What is your desire to take jobs away from more than 300,000 honest Colombians who have no other source of work? And I say that you were left seeing a spark because the truck you wanted to damage had all the papers in order. Respect drivers and passengers!” Toro wrote.

(You can read: Álvaro Uribe also criticizes the councilor of the Democratic Center).

This last tweet also answered Ospina, who assured: “I have no desire to take away the work of 300,000, I have the desire to dignify the work of those who work legally.”

Representative Toro, who has led several projects to regulate the use of transportation platforms, has assured on different occasions that the figure of rental, although it is legal, it is not the most suitable, for which he stated that the debate on the matter must continue. He also said that the police persecution against platform drivers must end.

For his part, Hugo Ospina, who is today candidate to the Senate for the Partido de La U, is a standard-bearer for the taxi drivers’ union in its fight against alternative transport platforms.


Julián Arango y su homenaje en Betty, la fea en las tablas.

El actor se bajó de la tarima para abrazar a «Inesita» que estaba sentada en la primera fila del público de «Betty en Teatro».

Noticias Colombia.

Uno de los personajes que más compartió con Dora Cadavid en la exitosa telenovela ‘Betty, la fea’, es sin duda el diseñador de modas «Hugo Lombardi», papel encarnado por el actor Julián Arango.

Él era su jefe en la historia escrita por el libretista Fernando Gaitán. Dora hacía el papel de una de las modistas de «Don Hugo», además era su mano derecha en su taller de confecciones de ‘Ecomoda’.

Vea: «No quiero ser una carga para nadie», la decisión de la actriz Dora Cadavid que pasó sus últimos años en un hogar geriátrico

Tras conocerse la muerte de «Inesita», Arango, quien es uno de los grandes actores de Colombia, recordó un homenaje que le hizo a su gran amiga Dora Cadavid en vida.

Fue durante una presentación de «Bettu en teatro», una obra donde aparecen todos los personajes de la icónica novela.

Lea: ¿Dónde está la actriz «Inesita» de ‘Betty La Fea’?

Ese día, Arango realizaba su magistral papel de «Hugo Lombardi», cuando de pronto llamó a «Inesita», que por obvias razones no hacía parte del elenco. Ella para aquella época, mantenía en un asilo de la ciudad de Bogotá, donde pasaba su vejez y sobrellevaba sus problemas de salud.

Acto seguido, el actor desciende de la tarima y la iluminación del show recaer sobre una mujer de avanzada edad que estaba en primera fila: era «Inés».

Arango se fundió en un abrazo con ella no sin antes pedirle «valeriana», un té relajante que siempre le pedía que le trajera para controlar el estrés en ‘Ecomoda’.

El público de inmediato aplaudió y le hizo el reconocimiento tanto a Dora como a Julián, por el homenaje que le tenían preparado a esta gran actriz que falleció el pasado lunes a sus 84 años.

A parte de estas conmovedoras imágenes, Julián Arango compartió varias publicaciones en sus redes sociales en homenaje a Dora Cadavid.

«Inés. Gracias por todo Dorita. Descansa en Paz», dice una de ellas.

Fans de «Betty, la fea» se han mostrado muy conmovidos con estas publicaciones y han comentado de Arango.

«Qué gran homenaje para una gran actriz, buena esa Julián», «Hugo Lombardi haciéndole un homenaje a su mejor modista», «Esto y más se merecía Dora en vida, grande Arango», fueron algunos comentrarios.

Foto de portada: @julianarango

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Dora Cadavid no es abuela de Diego Cadavid pero sí la tía de una las voces de ‘Encanto’





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Hugo Gutiérrez compareció ante la justicia y frenó su orden de captura

Corte Suprema confirma rechazo a recurso de amparo contra orden de detención de Hugo Gutiérrez

Corte rechaza recurso de amparo de Hugo Gutiérrez por orden detención en su contra

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