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31 de marzo: hace cinco años una avalancha arrasó a Mocoa y aún no hay reconstrucción

Pese a las alertas de los entes de control, la reconstrucción no avanza y la afectados aún se pregunta qué pasó con las donaciones internacionales.

Noticias Putumayo.

Cuando se aproximaban las 11:30 de la media noche del pasado 31 de marzo y el 1 de abril de 2017, Mocoa despertó sin imaginar que se encontraba en medio de una de las tragedias más grandes de la historia.

En cuestión de minutos, el desbordamiento de ríos y quebradas, cegaron la vida de más de 336 personas.

Y  es que la avalancha, también dejó alrededor de 7.982 víctimas, sumado a la destrucción de 87 barrios del municipio, 398 heridos y 1.461 viviendas afectadas.

Pese al paso de las semanas y meses, la memoria pareciera recrear el minuto a minuto de aquella amarga madrugada para ciudadanos de Mocoa como Noé Zarzal.

“Ese primero de abril de 2017 lo cambió todo para siempre”, afirmó este trabajador informal.

mocoa
La tragedia en Mocoa dejó 22 mil damnificados y 332 muertos.

Recordó que si bien la mezcla de tierra, agua y lodo se llevó su vivienda, pudo ser de los pocos que conservó a su familia intacta.

Sin embargo, su destino no lo vivieron decenas de familias que aparte de ver morir a sus seres queridos tuvieron empezar desde cero.

“Esta es la hora en que seguimos pagando arriendo y que nos dan una solución de vivienda”, relató Mirta Chanci, una de las sobrevivientes.

Reclaman lo justo

Enfatizó en que los damnificados de Mocoa solo reclaman lo justo.

“No estamos mendigando nada. El Estado se comprometió a ayudarnos y deben cumplir la palabra”, indicó.

En efecto, varios de los veedores ciudadanos sostienen que en Mocoa aún están en deuda con megaobras como la nueva cárcel y plaza de mercado.

Y es que frente a esta situación, La Procuraduría fue enfática en señalar las demoras que ha tenido el contratista Mocoa2019 para cumplir con las expectativas de los habitantes.

Recordaron que se les prometió la entrega de 909 viviendas y de las cuales, las restantes estarían listas para julio de 2022.

“Los objetivos propuestos en esta materia no se cumplirán de manera íntegra, especialmente en lo relacionado con los derechos de los habitantes a tener una vivienda digna”, señalaron.

Comité de seguimiento

Esta situación la anticipó el contralor delegado para el sector de infraestructura, Luis Fernando Mejía, en el comité de seguimiento de la reconstrucción del municipio, realizado en octubre de 2021.

En esa reunión, el entonces ministro de vivienda Jonathan Malagón se comprometió con entregar las 909 casas en julio de 2021, a lo que Mejía respondió: “Aprecio que el ministro mantenga la meta del 2022, pero tendría que dar 100 viviendas mensuales”.

De acuerdo con la Procuraduría, el megacolegio de Mocoa tiene un avance del 71 %, el cual incluye la culminación de la Etapa I correspondiente a la construcción de las aulas para 960 alumnos.

A pesar de esto, pidió compromiso al consorcio, a la Alcaldía municipal y a la Gobernación de Putumayo para que el proyecto pueda culminar en julio de este año.

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Luis Díaz, jugador colombiano.

El guajiro se pronunció con un emotivo mensaje tras la eliminación.

Noticias Colombia.

Uno de los jugadores más destacados dentro del bajo rendimiento colectivo mostrado por parte de la Selección Colombia en las Eliminatorias a Qatar 2022, es el extremo atacante del Liverpool, Luis Díaz.

Desde que fue llamado por primera vez a vestir la camiseta de la ‘Tricolor’, el guajiro de 25 años demostró que estaba para grandes cosas. En su segundo partido con la camiseta amarilla ante Corea del Sur en un amistoso el 26 de marzo del 2019, marcó un gol con su sello de siempre, desborde con perfil cambiado y remate cruzado de pierna derecha al fondo de la red.

Después, su romance con el gol llegó en la pasada Copa América de Brasil 2020 donde fue el goleador, y lo más destacado su golazo de chilena ante Brasil.

Vea: «Nos duele por Lucho», el mejor jugador del momento en Colombia no podrá mostrar su magia en el Mundial

Después, vino el remate de la Eliminatoria y allí las cosas no le salieron bien a Colombia. El combiando patrio sufrió de «empatitis aguda» y no pudo sumar de a tres en muchos partidos. Además, acumuló casi 700 minutos sin marcar gol.

Fue prcisamente ‘Lucho’ ante Bolivia en Barranquilla, quien rompió esa mala racha con un golazo que abrió al victoria 2-0 de Colombia ante los del altiplano.

Lea: ‘Lucho Díaz’ no necesitó de «adaptación» en el Liverpool, juega como si llevara años en el club

Hoy pese a la victoria contra Venezuela que significó una pequeña esperanza dentro de la posibilidades de clasificar que acabó definitivamente Perú con su triunfo 2-0 ante Paraguay, el jugador se siente motivado para seguir luchando en lo que será el próximo desafío de la Selección dentro de dos años: Volver a las Eliminatorias.

«Desde pequeño soñé con vestir esta camiseta y portarla con orgullo en un mundial. Duele demasiado no haberlo conseguido, duele por mi, por mis compañeros, por nuestras familias y por todo el país que nos apoyó siempre. Mantengo la ilusión y las ganas de luchar por este sueño, queda mucho por trabajar y mejorar juntos, de mi parte tendrán mi compromiso y sepan que dejaré todo para conquistar ese objetivo. Tendremos revancha», escribió el futbolista ex Porto de Portugal y Junior de Barranquilla.

Otro de los jugadores que se pronunció por la no clasificación a Qatar fue el volante del Al-Rayyan, James Rodríguez.

Con un extenso mensaje el «10» de al Selección lamentó nno poder alcanzar los puntos suficientes para llegar a la cita orbital:

«Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial.

Me siento triste y no sólo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar y se que tienen como. No se que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar.

Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra», escribió en su red social.

Foto de portada: @luisdiaz

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El embajador de Nicaragua en España, Carlos Midence, en una fotografía de archivo.
El embajador de Nicaragua en España, Carlos Midence, en una fotografía de archivo.Emilio Naranjo (EFE)

La relación diplomática entre España y Nicaragua está en un punto crítico después de que el Gobierno de Daniel Ortega decidiera retirar este jueves a su embajador Carlos Midence de la legación en Madrid. Managua alega supuestas “presiones y amenazas injerencistas” que hacen “imposible el ejercicio de la labor diplomática”. Sin embargo, el régimen sandinista no menciona que desde hace casi seis meses impide regresar a Managua a la embajadora española en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios. Este culebrón diplomático tiene como contexto la atropellada relación entre ambos países por las críticas del Gobierno español ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país centroamericano, los procesos judiciales espurios contra presos políticos y la consolidación de un régimen de partido único en las pasadas elecciones de noviembre de 2021.

El Gobierno de Ortega no ha dado ninguna justificación para que Fernández-Palacios no pueda ingresar a Managua en todo este tiempo, según ha revelado el medio independiente nicaragüense Divergentes. De acuerdo con esta publicación, la diplomática vivió una situación parecida en 2020, cuando la aerolínea en la que viajaba le comunicó que no podía abordar porque no lo había autorizado Managua. El 11 de agosto de 2021, después de que Fernández-Palacios fuese llamada a consultas por Madrid, su ingreso volvió a ser desautorizado sin fundamentos.

Esta nueva movida en las fricciones diplomáticas fue confirmada por el ministerio de Exteriores español a otro medio independiente, Despacho 505, en un comunicado que permite entender por qué ahora Nicaragua retira a su embajador de ese país: “El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado hoy al Embajador de Nicaragua en España ante la negativa de aceptar la vuelta a Managua de la Embajadora de España. Dada la asimetría existente, se anunció al Embajador que se aplicaría el principio de reciprocidad, con lo que tomaron la decisión de retirar su Embajador con carácter inmediato”, se lee en el texto citado por el medio.

En febrero pasado, el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Fernández Trigo, habló de una “novedad en sus relaciones con Nicaragua” después que el Gobierno español llamara a consulta a la embajadora Fernández-Palacios, a causa delas “graves e infundadas acusaciones” del régimen contra España.

Unos meses antes, en agosto de 2021, el Gobierno de Ortega publicó una nota de prensa en la que acusaba a España por “la cínica y continua, intromisión, injerencia e intervención en nuestros Asuntos Internos, impropias de Gobiernos Democráticos, impropias también de Regímenes que incumplen continuamente con los Derechos de sus Pueblos a la Autonomía o a Procesos Autonómicos de Independencia, que tanto sufrimiento han costado ya, a Familias enteras de Pueblos que se niegan a seguir siendo sometidos a arbitrarios dictados monárquicos”.

Antes, la cancillería de Managua ya había atacado con virulencia a la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, quien manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en ese país. “Mostrando una ignorancia atrevida, y una ferocidad impropia para la diplomacia, la señora González se dirige al presidente de un pueblo libre y soberano, con voz de alguacil, sin percatarse en su perorata delirante de trasnochada mandamás que llevamos siglos sin dominio español, además de nunca haber reconocido bondad alguna en esos furibundos crímenes hispánicos, crímenes de lesa humanidad”, dijo el Gobierno de Ortega.

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Cuerpo diplomático bajo ataque

Fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS en Managua coincidieron en que los embajadores están bajo ataque por parte del régimen Ortega-Murillo. El golpe más reciente lo sufrió el Nuncio apostólico Waldemar Stanisław Sommertag, quien fue conminado a salir del país. De acuerdo con una publicación de Confidencial, el embajador de El Vaticano abandonó su misión el domingo 6 de marzo, después de que un contingente policial lo siguiera a la salida de su residencia.

Sin declararlo non grato de forma oficial, según Confidencial, la salida de Sommertag se fraguó como consecuencia de al menos cuatro incidentes provocados por el Gobierno. Los dos más relevantes fueron que el nuncio usó en una entrevista la expresión “presos políticos” para referirse a los opositores que son juzgados a puertas cerradas en la prisión de El Chipote, lugar donde sufren malos tratos y torturas. El otro encontronazo fue que el nuncio no asistió a la aislada toma de posesión de la pareja presidencial el pasado 10 de enero, ya que viajó a Roma. Ambas cuestiones generaron fuertes reclamos del régimen.

Sommertag era uno de los pocos intermediarios que quedaban en Nicaragua entre el oficialismo y la oposición, entre ellos familiares de las víctimas de la represión. No obstante, Monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) señaló —tras la salida intempestiva del nuncio— que las relaciones entre el régimen de Ortega y el representante del papa Francisco se habían deteriorado.

Otro detalle hilarante que causó la furia de los Ortega Murillo fue que, en febrero pasado, de acuerdo con el relato de fuentes diplomáticas, Sommertag organizó una despedida al embajador de Colombia, Alfredo Rangel Suárez, quien fue expulsado por los Ortega-Murillo y declarado non grato ese mismo mes.

Las fuentes diplomáticas consultadas por este diario consideran absurdo haber expulsado Sommertag, ya que el papa Francisco nunca ha criticado públicamente al régimen. Sin embargo, con esta decisión la pareja se aísla un poco más de la comunidad internacional.

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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, este martes.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, este martes.NATACHA PISARENKO (AFP)

La negociación con el FMI concentra toda la atención en Argentina. El presidente Alberto Fernández admitió este martes que el acuerdo para refinanciar los 44.500 millones de dólares que recibió el país en 2018 aún no está cerrado, pero dijo que lo enviará “esta semana” para su tratamiento en el Congreso. Ese fue el anuncio más importante de la hora y media de discurso que el mandatario dio durante la apertura del curso parlamentario. La cuestión de la deuda fue también origen de un rifirrafe con parte de la oposición, que abandonó el recinto cuando Fernández reiteró que investigará la responsabilidad penal de ese endeudamiento récord, producido durante la gestión de Mauricio Macri. “Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, dijo, en medio de un gran griterío de unos y aplausos de otros. Lo escuchaba a su lado Cristina Fernández de Kirchner, que como vicepresidenta presidió la sesión.

Alberto Fernández es un presidente debilitado por las tensiones que mantiene con Fernández de Kirchner, líder de la principal fuerza de la coalición de Gobierno. Las diferencias se concentran, justamente, en el acuerdo con el FMI. Los legisladores kirchneristas han puesto múltiples objeciones a un texto que consideran una claudicación de la Casa Rosada ante el acreedor, que pide déficit cero en un plazo de tres años y condiciona la vigencia del acuerdo al resultado de auditorías trimestrales. Cristina Kirchner no apareció en público ni hizo declaraciones desde finales de enero, cuando el FMI y Fernández anunciaron el inicio de un entendimiento. Durante la última semana, el kirchnerismo filtró a la prensa presuntos detalles del acuerdo, que hablaban de una reforma laboral y previsional y una subida de las tarifas de los servicios públicos.

El presidente uso buena parte de su discurso ante la Asamblea para desmentir la filtración. “Que quede claro, no habrá reforma laboral”, dijo primero. “Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa: no habrá una reforma previsional”, agregó después. Y repitió varias veces que el acuerdo no supone “un ajuste”, palabra maldita en Argentina. “Es un entendimiento inusual: sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa”, dijo. Sí habrá guerra, sin embargo, en la cuestión de las tarifas a la energía.

El Gobierno destina hoy el 2,3% del PIB (unos 11.000 millones de dólares) en subsidios para que no suba en los hogares el precio de la electricidad y el gas. Es parte de una política contra la inflación, que supera el 50% interanual. El kirchnerismo no quiere subidas mayores del 20% en las tarifas, pero el FMI exige que al menos se acerquen el IPC. Alberto Fernández dijo esta tarde que los aumentos estarán atados al índice salarial, lo que supera ampliamente las aspiraciones de la expresidenta.

Fueron todas palabras para el kirchnerismo, que amenazó con bloquear el acuerdo en el Senado, donde Cristina Kirchner tiene el control, e incluso en la Cámara de Diputados. El hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner, renunció a principios de febrero como líder parlamentario de la coalición oficialista, el Frente de Todos, en desacuerdo con el texto firmado con el FMI. El diputado no estuvo este martes en el Congreso, evidencia de la dimensión de la fractura. Tampoco estuvo fuera del edificio legislativo la agrupación política que lidera, La Cámpora, acompañando a los sindicatos y organizaciones sociales que arroparon a Fernández.

Sindicatos y movimientos sociales afines al presidente de Argentina, Alberto Fernández, se manifiestan afuera del Congreso, este martes.
Sindicatos y movimientos sociales afines al presidente de Argentina, Alberto Fernández, se manifiestan afuera del Congreso, este martes.Natacha Pisarenko (AP)

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Tensión con la oposición

El presidente necesita los votos del kirchnerismo para aprobar el acuerdo con el FMI, paso previo a la firma definitiva en Washington. Pero también necesita de la oposición. Y este martes en la Asamblea rompió puentes con los legisladores de Juntos por el Cambio, la coalición del expresidente Mauricio Macri. Los acusó de promover un crédito irresponsable e impagable, con compromisos anuales “sin precedentes en la historia universal de la historia moderna”. Según el acuerdo firmado con el FMI en 2018, Argentina debía pagar este año 19.000 millones de dólares y una suma similar el año que viene. Cuando Macri entregó el poder en 2019 a Fernández, el cronograma con el FMI ya era inviable y Argentina estaba en default con los acreedores privados. Fernández recordó a Juntos por el Cambio que hay una investigación judicial contra los responsables de recibir el crédito. Los diputados de Macri se retiraron entonces del recinto.

Fue el momento más caliente de la sesión, para disfrute de Cristina Kirchner, testigo silenciosa de la escena. Fernández se perdió luego en un largo listado de anuncios económicos, la mayoría ligados al sector productivo, y el repaso de los indicadores que indican un repunte de la economía en la pospandemia.

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En Pasto buscan a familiares de paciente que está en la UCI de hospital y aún no ha sido identificado
Manifiestan que el paciente no presenta documentos. Fue encontrado en la calle con un trauma craneoencefálico y está en UCI

Manifiestan que el paciente no presenta documentos. Fue encontrado en la calle con un trauma craneoencefálico.

Noticias Pasto.

Un servicio social emitieron las directivas del Hospital San Pedro de Pasto, con el propósito de localizar a los familiares de un paciente que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Queremos informar que el día de ayer, siendo las 08:59 horas, ingresa al servicio de Urgencias, un paciente sin documentos de identidad, el cual llegó en ambulancia de Formédica”, señalaron.

Según el personal del traslado, ellos respondieron a un llamado de la comunidad del Barrio San Vicente para atender a una persona la cual encontraron en la calle con signos de trauma craneofacial.

El paciente presenta alteración del estado de conciencia y episodio convulsivo tónico; desviación de la mirada, al parecer en estado de alicoramiento.

Indicaron que además presentaba heridas en la región frontal y occipital derechas,  y hemorragia en el oído.

Por otro lado, añadieron que el paciente presenta heridas en la región del mentón y deterioro marcado del estado de conciencia.

«Ante el delicado estado de salud, el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos; sin que hasta el momento se haya presentado algún familiar a preguntar por él», agregaron.

Así mismo, manifestaron que al carecer de documentos de identidad el paciente es considerado como N.N.

«Es por ello que se solicita de manera especial a medios de comunicación y comunidad en general, difundir la información que permita identificar a los familiares«, finalizaron.

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En 17 instituciones educativas de Pasto aún hay cupos disponibles para regresar a clases

Indicaon que es importante verificar la disponibilidad de cupos, al igual que la jornada en la que se presta el servicio educativo, que puede ser mañana o tarde

Noticias Pasto

Luego del regreso a clases, autoridades locales indicaron que aún hay la disponibilidad de cupos para preescolar, básica primaria, básica secundaria y media en el municipio de Pasto.

Recalcaron que son 17 Instituciones Educativas en las cuales se puede ubicar los estudiantes para iniciar o continuar con el proceso educativo, de acuerdo con su lugar de residencia.

“Es muy importante que se acerquen a la I.E.M. más cercana a su residencia y verifiquen la disponibilidad de cupos, al igual que la jornada en la que se presta el servicio educativo, que puede ser mañana o tarde”, dijo la subsecretaria de Cobertura, Elvira de la Espriella

Así mismo señalaron que en las instalaciones de la Secretaría de Educación brindarán asesoría a los padres de familia que así lo requieran.

Indicaron que las I.E.M. que actualmente tienen cupos disponibles son:

  • Antonio Nariño
  • Artemio Mendoza Carvajal
  • Aurelio Arturo Martínez
  • Centro de Integración Popular
  • Chambú
  • Ciudadela de la Paz
  • Ciudadela Educativa de Pasto
  • Eduardo Romo Rosero
  • Francisco José de Caldas
  • Heraldo Romero Sánchez
  • Liceo Central de Nariño
  • Luis Delfín Insuasty Rodríguez – INEM
  • Luis Eduardo Mora Osejo
  • Marco Fidel Suárez
  • Obonuco
  • Pedagógico
  • Santa Bárbara

 

En 17 instituciones educativas de Pasto aún hay cupos disponibles para regresar a clases

La funcionaria agregó se logró suscribir seis convenios con entidades educativas pertenecientes a Congregaciones Religiosas. Estas son: María Goretti, San Juan Bosco, La Rosa, San José Bethlemitas, María de Nazareth y Liceo José Félix Jiménez, sede principal, sede Madre Caridad y sede Maridíaz.

“En estos establecimientos educativos solo se asignaron cupos para grado transición y para dar continuidad a los estudiantes que vienen de años anteriores, amparados por el Decreto 1851 de 2015, el cual establece los lineamientos para este tipo de convenios”, señaló.

En cuanto a las sedes Madre Caridad y Maridíaz, se logró la reapertura del grado transición y se evalúan a los estudiantes que ingresarán este año lectivo a grado transición.



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La nueva capital de Indonesia se llamará Nusantara y estará ubicada en la isla de Borneo. El proyecto de cambiar la capital de la congestionada Yakarta a otro lugar del archipiélago había resonado en el discurso de varios de los presidentes del país durante décadas y, desde hoy, está más cerca de convertirse en realidad. El Parlamento indonesio ha aprobado una ley para cambiar la capital de la nación de Yakarta, en la isla de Java, a un área de la jungla de Kalimantan, en Borneo, isla que Indonesia comparte con Malasia y Brunéi.

La nueva ley aprobada este martes proporciona un marco legal para el ambicioso y multimillonario proyecto del presidente Joko Widodo ―valorado en unos 466 billones de rupias (28.400 millones de euros)― y estipula cómo se dirigirá y financiará el desarrollo de la capital. La nueva urbe capitalina, ubicada más de 1.000 kilómetros al este de Yakarta, ha sido concebida como un territorio bajo en emisiones de carbono, que apoyará a los sectores farmacéutico, médico y tecnológico y promoverá un crecimiento sostenible más allá de la isla de Java, la más poblada de las 17.000 que componen el archipiélago.

“La nueva capital tendrá una función centralizadora y será un símbolo de la identidad de la nación, así como un nuevo súper centro de gravedad económico”, expresó el ministro de Planificación, Suharso Monoarfa, después de que se aprobase la ley. A pesar de que las funciones administrativas de la nación se trasladarán a la nueva Nusantara, analistas consideran que Yakarta continuará siendo el centro financiero y comercial del país y que la mayoría de sus casi 10 millones de habitantes continuarán viviendo allí.

El pasado agosto, Widodo anunció que el Estado asumirá un 19% del coste de construcción de la nueva capital ―de unos 400 kilómetros cuadrados, menos que la superficie total de Madrid―, mientras que el resto se financiará a través de proyectos público-privados y de inversión privada. El presupuesto inicial incluye la edificación de las nuevas oficinas del Gobierno, así como de residencias para alrededor de un millón y medio de funcionarios públicos que deberá reubicarse en Nusantara. Rebasada la instancia del Parlamento, está previsto que las obras empiecen a lo largo de este año. El Gobierno, por su parte, aspira a trasladar a sus trabajadores para 2024.

La pandemia provocó que Widodo se viera obligado a aparcar la puesta en marcha de este plan que anunció en 2019 hasta ahora. El lunes, durante un acto de conmemoración por el aniversario de la Universidad Católica Parahyangan, en Bandung, Jokowi, como se conoce popularmente al mandatario indonesio, aseguró que el proyecto de una nueva capital no será un mero traslado de las oficinas gubernamentales.

“El objetivo principal es construir una ciudad inteligente, una urbe competitiva a nivel internacional, que sea la nueva locomotora que transforme nuestro país. Será el punto de partida para una Indonesia basada en la economía ecológica, a través de la innovación y la tecnología”, agregó el presidente. El nombre elegido, Nusantara, es un antiguo término javanés que significa “islas exteriores” y con el que generalmente se conoce el archipiélago indonesio en el idioma local.

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Jokowi afirma que la reubicación se realiza para atajar el problema de desigualdad de la nación y aliviar la congestión de Yakarta y la isla en la que se ubica. Java es hogar del 60% de la población del país y en ella se desarrolla más de la mitad de la actividad económica de toda Indonesia. La región de Kalimantan, por su parte, es casi cuatro veces más grande, pero alberga menos de una décima parte del PIB. Su ubicación también es más céntrica que la de la actual capital.

Yakarta hace frente, además, a urgentes retos medioambientales. La ciudad figura a menudo en el ranking de las más contaminadas del mundo. En septiembre de 2021, un tribunal de Yakarta encontró culpable por prácticas negligentes al Gobierno por la mala calidad del aire provocada por los millones de motocicletas que a diario ocupan sus calles y las plantas energéticas ubicadas en las provincias vecinas de Banten y Java Occidental. Expertos estiman que la polución del aire provoca que 5,5 millones de personas enfermen cada año en la región.

Además, áreas del norte de Yakarta se están hundiendo a un ritmo de 25 centímetros anuales. La ciudad no canaliza suficiente agua potable y los locales dependen en gran medida de pozos que utilizan para extraer agua de acuíferos poco profundos, lo que provoca que la tierra que se encuentra en la superficie se esté hundiendo.

El proyecto de Widodo, sin embargo, también cuenta con sus detractores quienes consideran que la aprobación de la ley ha sido precipitada y que la decisión se ha tomado tras realizar escasas consultas públicas y a expertos medio ambientales. Kalimantan es uno de los pocos lugares del mundo en los que los orangutanes viven en su hábitat natural y, a pesar de que desde el Ministerio de Planificación reiteran que la construcción de esta nueva urbe no alterará los bosques protegidos, existe el temor de que con el aumento del número de residentes en Borneo los bosques pluviales característicos de la región sufran un impacto negativo.

Nusantara se suma a una pequeña lista de ciudades que han asumido esa responsabilidad político administrativa a nivel nacional. En 1960, Brasilia reemplazó a Río de Janeiro como capital brasileña y en 2005 Naipyidó a Rangún, en Myanmar.

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Hong Kong no tendrá una sola ley de Seguridad Nacional, tendrá dos. La dura medida ya existente desde que Pekín la impuso hace un año y medio, que ha obligado a cerrar a medios de comunicación críticos, que ha llevado a la detención de los activistas y políticos de oposición más destacados y a la que gobiernos occidentales y defensores de derechos humanos acusan de coartar el sistema local de libertades contará con una norma complementaria en la nueva legislatura. Este nuevo texto legal ampliará el número de comportamientos considerados delictivos.

Así lo ha anunciado este miércoles la jefa del gobierno autónomo Carrie Lam en la sesión inaugural de esa nueva legislatura en el Consejo Legislativo (Legco), el parlamento local. Un parlamento en el que, tras las elecciones legislativas de diciembre, en las que únicamente se permitió participar a candidatos “patriotas”, solo un diputado de un total de noventa se describe como independiente. Ninguno se alinea en el lado demócrata.

El ambiente era muy distinto del bullicio que había dominado el Legco en otros tiempos. No solo por las notables ausencias de una veintena de legisladores y de varios altos cargos, en cuarentena tras haber asistido a una polémica fiesta de cumpleaños de un alto funcionario chino que se convirtió en foco de contagio de covid. O por el emblema de la República Popular que ahora preside el hemiciclo por encima de la insignia hongkonesa. Sin la oposición demócrata -que dimitió en masa en noviembre de 2020- y que bebía de la tradición británica para protestar vivamente por las intervenciones del otro bando, la sesión se tramitó estrictamente según lo previsto en la agenda. Sin abucheos, sin interrupciones y sin nadie que en el turno de preguntas cuestionara a Lam mucho más allá de pedirle alguna precisión.

En la bancada que anteriormente ocupaban los diputados de la oposición, ahora se sentaban los nombrados por la Comisión Electoral progubernamental. La ministra jefa, visiblemente más relajada que en otras comparecencias pasadas, prometió acudir más al parlamento para sesiones de control. Y pasó revista a las que serán las prioridades legislativas del año.

Entre ellas estará el desarrollo de una ley local de Seguridad Nacional, que complementará a la impuesta desde Pekín en junio de 2020 y que tipificará unos cuarenta delitos. La tramitación de esa norma es algo que Lam ya venía anticipando desde el año pasado.

La Ley Básica de Hong Kong, la miniconstitución del enclave, prevé en su artículo 23 que el territorio autónomo cuente con su propia ley de Seguridad Nacional. Pero un primer intento de aprobarla, en el año 2000, precipitó las peores protestas masivas que había vivido la antigua colonia británica hasta las de 2019 contra Pekín. El gobierno autónomo de entonces optó por retirar la propuesta de ley para acallar esas manifestaciones, sin que hasta ahora se hubiera querido retomar la medida.

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“El proceso legislativo relativo al artículo 23 forma parte de las obligaciones constituciones, y no puede retrasarse más”, ha declarado Lam a los diputados, según recoge AFP.

La jefa del gobierno autónomo concluirá su primer mandato en junio y para entonces el ejecutivo habrá sometido a consulta pública los detalles de la nueva ley, precisó. Algunos legisladores aspiran a que la legislación quede aprobada para entonces, aunque Lam indicó que ese plazo es demasiado corto.

La Ley de Seguridad Nacional redactada por Pekín se impuso para zanjar de raíz las protestas de 2019 y para cubrir aquel vacío legal que ningún gobierno autónomo había querido tocar debido a su alto coste político. Castiga con penas que alcanzan la cadena perpetua la “subversión”, el “secesionismo”, el “terrorismo” y la “traición”, delitos definidos de manera muy vaga. Además, prohíbe que organizaciones extranjeras lleven a cabo actividades políticas en la antigua colonia británica, y las organizaciones locales no pueden mantener lazos con otras instituciones políticas extranjeras.

Desde su entrada en vigor, el sistema de libertades existente en Hong Kong, único en el territorio chino y considerado durante décadas un modelo dentro de Asia, se ha visto cada vez más limitado. Al menos cuatro medios de oposición han echado el cierre: el periódico Apple Daily, y los digitales Stand News su directiva quedó detenida el 29 de abril por sospecha de “actividades sediciosas”-, Citizen News y Mad Dog Daily. Otros medios han sufrido un constante goteo de salidas en sus redacciones. Decenas de prominentes políticos de oposición y activistas, desde el joven antiguo líder estudiantil Joshua Wong al veterano dueño del Apple Daily, Jimmy Lai, se encuentran detenidos a la espera de juicio, acusados de cargos relacionados con esa ley. La mayor parte de ellos, relacionados con declaraciones sobre la democracia. Otros han abandonado el activismo o se han exiliado.

La nueva legislación puede no ser la única. Lam ya había indicado el año pasado que su gobierno trabajaba en una medida para combatir las “noticias falsas”, que castigará la “desinformación, el odio y las mentiras”. En respuesta a una pregunta en la sesión parlamentaria, la ministra jefa indicó que su gobierno estudiará las polémicas normas que ya ha aprobado Singapur contra la desinformación y contra posibles injerencias extranjeras, como una de las referencias en el proceso para elaborar la nueva norma de seguridad nacional.

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El 11 de enero de 2002, vestidos con monos color naranja y procedentes de un vuelo militar, llegaron a Guantánamo los primeros 20 detenidos de un nuevo centro de detención para sospechosos de terrorismo ideado por el Gobierno de Estados Unidos en plena conmoción por los atentados del 11-S. La ubicación, en una enorme base naval al sureste de Cuba, ofrecía un margen de maniobra extremo a sus custodios: las leyes y garantías estadounidenses no eran aplicables, abogados y familiares no tenían acceso y, según advirtió el presidente George W. Bush al abrirlo, la Convención de Ginebra no cubría a sus reos. Estos eran, en palabras del Pentágono, “lo peor de lo peor” y el país estaba en guerra, así que todo valía.

Guantánamo se acabó convirtiendo en símbolo de abusos y torturas por parte del país que se precia de ser el faro de la democracia. Llegó a albergar a casi 680 presos. El propio Bush quiso cerrarlo; su sucesor, el demócrata Barack Obama, lo intentó durante años; Donald Trump frenó el proceso pero Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de hacerlo. Este martes, al cumplirse 20 años de la apertura, la prisión más infame sigue abierta con 39 presos, para disgusto de las organizaciones de derechos humanos y del propio Gobierno. Las dificultades para trasladar a los prisioneros, debido en buena medida a las restricciones impuestas por el Congreso, la han convertido en una mancha indeleble en la lucha de Estados Unidos contra el terror.

Policías militares trasladan a un detenido en la prisión de Guantánamo 
 (Cuba), el 6 de febrero de 2002.
Policías militares trasladan a un detenido en la prisión de Guantánamo
(Cuba), el 6 de febrero de 2002.
LYNNE SLADKY (AP)

Diez de los 39 internos están imputados por cargos, entre ellos, cinco acusados de ayudar a planear los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que se cobraron la vida de 3.000 personas. Pero aún no han sido juzgados y eso incluye a Jaled Sheij Mohammed, que se declaró cerebro de los atentados. Otros dos presos sí han sido sentenciados y están cumpliendo condena: Ali Hamza Sulayman al Bahlul, un ayudante de Bin Laden que afronta cadena perpetua, y Majid Khan, un pakistaní residente en Maryland que participó en varios planes de Al Qaeda y termina su tiempo entre rejas el próximo mes.

El resto no ha sido acusado a lo largo de estos 20 años pero siguen en Guantánamo con el argumento de que son detenidos de guerra dentro del conflicto con Al Qaeda y pueden permanecer allí por tiempo indefinido. Un panel que revisa su situación ha recomendado el traslado de alrededor de una docena de ellos, pero eso no es sencillo. En todo su primer año de Administración, Joe Biden solo ha sido capaz de transferir a un reo, Abdul Latif Nasir, que fue recibido -y detenido nada más llegar- por Marruecos.

El procedimiento para poder llevar a cabo un traslado es complejo y sujeto a restricciones clave. Primero, es necesaria la recomendación del Consejo de Revisión Periódico, un panel que reúne a seis agencias de seguridad diferentes del Gobierno. Luego, el Departamento de Estado tiene que llegar a un acuerdo con un tercer país y este no puede ser ninguno que no asegure el respeto a sus derechos humanos o no pueda garantizar el control de ese detenido. Una vez logrado el acto, el jefe del Pentágono debe informar al Congreso. Todo este proceso se puede llegar a eternizar. O peor. En el caso de Abdul Latif Nasir, el único al que ha podido trasladar Biden hasta ahora, la aprobación para el plan llegó en 2016, pero el Gobierno de Trump decidió dejar el caso en un cajón.

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El Congreso también prohíbe el traslado de estos presos a Estados Unidos con el argumento de su peligrosidad y, además de todo eso, prohíbe el uso de fondos públicos tanto para su traslado a países extranjeros o a suelo estadounidense, como para cualquier ampliación o construcción en las actuales instalaciones. Biden ha pedido con poco éxito que el Capitolio revoque estos condicionantes. En una sesión en el Senado en diciembre, los republicanos dejaron claro que no piensan cambiar una coma de la actual ley.

El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, lo expresó con estas palabras: “No estamos luchando contra un crimen. Estamos luchando en una guerra. No quiero torturar a nadie. Quiero someterlo a un proceso coherente con el estado de guerra y, si es necesario, mantenerlos detenidos tanto tiempo como sea necesario para mantenernos a salvo o llegar a la conclusión de que ya no son una amenaza”. En mayo, ocho senadores republicanos habían enviado una carta a Biden en la que se oponían al intento de cerrar el complejo a base de traslados.

El ahogamiento fingido (waterboarding), la privación de sueño o la exposición a temperaturas extremas fueron algunas de las técnicas de tortura utilizadas por Estados Unidos en Guantánamo. Trascendió de muchos modos, con la publicación de los documentos clasificados por parte de WikiLeaks en 2011 y en boca de abogados de derechos humanos o relatos sórdidos como el de Mohamedou Ould Slahi, el mauritano que escribió sus memorias en 2005 y fue liberado en 2016. Sin embargo, el paquistaní Majid Khan se convirtió en el pasado octubre en el primer recluso de Guantánamo que relató públicamente ante un jurado militar en esa base los métodos de interrogación. “Mientras más cooperaba, más me torturaban”, dijo ante un jurado militar en la base.

Bush trató de cambiar el paso al poco de abrir la prisión. Primero, admitió que los talibanes y afganos detenidos sí quedarían cubiertos por la Convención de Ginebra. En 2006, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que ese convenio se aplicaba a todos los detenidos y que el sistema de comisiones militares diseñado por la Casa Blanca violaba las leyes internacionales. El presidente republicano excarceló a unos 500 arrestados y Obama, a cerca de 200. Cuando el demócrata llegó al cargo en 2009, se propuso cerrarlo en el plazo de un año. Mantenerlo supone un coste de unos 13 millones de dólares por prisionero y año para el erario público. También, deja en activo una “mancha moral” para Estados Unidos, según señaló la semana pasada el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

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