De todo un poco!
En horas de la noche del martes 15 de marzo, se conoció que en el municipio de Ansermanuevo se presentó un atentado sicarial que dejó a una persona muerta. De acuerdo con la información conocida el hecho ocurrió en la calle 8 con calle 1, en el sector de Pueblo Nuevo de la mencionada municipalidad.
El hoy occiso fue identificado como Diego Alejandro Herrera quien tenía 21 años de edad y fue atacado con arma de fuego. La policía precisa que móviles y agresores están por establecer.
Los asesinatos de periodistas están sorprendiendo por su mortífera cadencia en México, un país acostumbrado a enterrar a un promedio de 100 personas al día por violencias de toda clase sin apenas conmoción pública: ya van cinco reporteros ejecutados en lo que va de año, es decir, en menos de un mes y medio. De seguir así, 2022 reflejará las estadísticas más criminales en mucho tiempo. Desde inicio de siglo, las organizaciones especializadas recogen 147 profesionales de la comunicación muertos a manos de sicarios en el país norteamericano, lo que le ha granjeado la indeseable fama de ser el peor territorio para ejercer este oficio. Es, dicen, lo mismo que reportear en medio de una guerra. El periodista asesinado este jueves se llamaba Heber López Vásquez, 39 años, y los tiros le sorprendieron en el estudio de grabación de su casa: allí mismo cayó muerto y su voz crítica sobre la realidad de Oaxaca quedó silenciada para siempre.
El patrón se repite: periodistas locales que arriesgan su vida contando la corrupción y los enormes desajustes del poder político y económico en sus regiones o municipios. López Vásquez se había dedicado mucho tiempo a las noticias sobre seguridad, es decir, a contar crímenes, y últimamente también a poner de manifiesto supuestas irregularidades en un megaproyecto de rompeolas en su pueblo, Salina Cruz. Perfiles parecidos mostraban Margarito Martínez, acribillado a la puerta de su casa en Tijuana, el 17 de enero, apenas unos días antes de que cayera otra compañera en la misma ciudad fronteriza, Lourdes Maldonado, que mantenía un pleito con el anterior gobernador del Estado de Baja California. La connivencia en México entre el crimen y el poder político y económico forma tal amalgama que es un nudo indisoluble y confiere características propias al drama. ¿Cómo pedir protección si el que tiene que proteger está coludido con las balas? Esa es la razón de que muchos reporteros opten por no denunciar su caso, ante el temor de incrementar el riesgo.
La organización Artículo 19, una de las que documentan la matanza de periodistas en México, señala que la responsabilidad del 40% de los asesinatos recae en funcionarios públicos, es decir, alcaldes, jefes de seguridad del municipio, policías, militares y uniformados de cualquier cuerpo. Esa es la razón de que haya dos ventanillas para pedir apoyo, la de los Estados y la federal. Si uno se siente agredido por burócratas o cargos políticos de su comunidad puede recurrir a la protección federal. Pero una y otra muestran fallas. El análisis del riesgo no suele ser certero ni profesional. En ocasiones, apenas consiguen un botón de pánico, en otras se les conceden chalecos antibalas o incluso escoltas. Pero estos tienen horario. El caso de Lourdes Maldonado fue especialmente aleccionador.
Maldonado llegaba a su casa el día 23 de enero, el domingo que los colegas habían organizado una velada de protesta por la muerte Margarito Martínez en Tijuana. Los escoltas ya habían concluido su jornada y una bala acabó con su vida cuando aún no había salido del coche, a la puerta de su garaje. Su caso fue un aldabonazo que propició manifestaciones de reporteros por todo el país. El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, envió personal de investigación especial para aclarar el crimen. Se sentía especialmente concernido, puesto que la reportera había participado meses antes en una de las conferencias matutinas que a diario ofrece el mandatario mexicano. Allí se levantó y expuso su caso ante todo el país: “Temo por mi vida”, dijo. No le faltó razón. Su caso hizo mucho ruido y ya hay dos detenidos por su muerte. Y otros dos por la de López Vásquez. Los expertos avisan de que detener a los sicarios es fácil, las cámaras los delatan. Pero solo se encarcela con ellos la mitad de la verdad. Los que pagan para que se apriete el gatillo suelen tener perfiles más poderosos y no acaban en la cárcel. En México, la impunidad para cualquier clase de asesinato supera el 90%. En el caso de los periodistas, Artículo 19 habla de un 99,13% de crímenes no resueltos, algunos de los cuales se demoran intencionadamente en las fiscalías durante años.
“La situación es insostenible, no sabemos las razones de este repunte, porque el año pasado fueron nueve reporteros muertos y en este año ya van cinco”, comienza Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19. “Son necesarias medidas integrales, es decir, que no se queden en políticas de protección, que acaban depositando la responsabilidad en la víctima. Se requiere prevención, que se identifique al instigador y que se combata la impunidad”, añade Vázquez.
Los años más mortíferos en épocas recientes fueron el 2016 y el 2017, cuando se registraron, respectivamente, 11 y 12 asesinatos de reporteros. Pero este sexenio muestra malos augurios. En nada ayuda la cruzada contra la prensa del presidente, cuyos discursos diarios ponen a los profesionales en mal lugar de forma recurrente. Este viernes, con el cadáver de Heber López aún sin tierra, ha sido la última vez que López Obrador ha dedicado buena parte de su conferencia matutina a criticar a ciertos periodistas que considera enemigos de su proyecto de Gobierno y a alabar a los afines. “El clima es adverso para la prensa, porque se les sitúa en un lugar de privilegio del cual, definitivamente, no gozan los agredidos. Suelen trabajar en condiciones precarias y normalmente acuden a otro oficio para completar su pobre salario”, dice Vázquez. Esa es la razón, señala Artículo 19, por la que, en demasiadas ocasiones, las autoridades políticas y judiciales desvían la atención de las muertes, señalando causas distintas de las del quehacer periodístico. El Estado se sitúa como víctima en lugar de responsable de la violencia”, añade Vázquez.
Son momentos turbulentos para la prensa. Se les desprestigia y estigmatiza mientras se produce una agresión cada 12 horas. La Ciudad de México, sede de los poderes centrales, se mantenía un tanto a salvaguarda de estos crímenes, pero las balas están ya llamando a sus puertas, como declaran los periodistas amenazados. López Vásquez también había recibido amenazas del anterior alcalde de su pueblo, Juan Carlos Atecas, e intimidaciones por parte de su personal de seguridad, según investigaciones de Artículo 19. Uno de los dos detenidos por su muerte es un expolicía local. La policía en México tiene una peligrosa puerta giratoria, a menudo cuando el agente no está del lado del ciudadano salta a la trinchera de los criminales. Una pésima situación laboral les hace también víctimas de un sistema podrido.
10 mujeres asesinadas al día de media, un policía diario y decenas de jóvenes, sobre todo, relacionados o no con el crimen organizado, esparcidos por las calles, colgados en la vía pública, o destripados a balazos. Así los muestran en los quioscos cada mañana y se hace sorna de ello.
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En el primer brindis de 2022, cuando el reloj marcaba la medianoche, los que luchan contra la extinción de la Amazonia sabían que era cuestión de tiempo que cayera la primera víctima. Cada brindis por estar vivo estaba envenenado por los que murieron en 2021 y la anticipación de los que aún morirán. ¿Quién caerá? ¿Cuántos serán? ¿Cuál de los frentes de lucha sufrirá el primer ataque? ¿Cómo soportar un año más mortífero que el anterior, cuando desaparecieron más de 10.000 km² de selva, la mayor deforestación en 14 años? Y entonces llegó la noticia. Padre, madre e hija, ambientalistas, habían sido acribillados. Los cuerpos se encontraron el 9 de enero, pero la descomposición indicaba que habían sido ejecutados días antes.
José Gomes, Márcia Lisboa y su hija Joene, de 17 años, protegían quelonios en São Felix do Xingu. Con 2,4 millones de bueyes, el municipio amazónico tiene el mayor rebaño de Brasil, que a su vez es el mayor exportador de carne de vacuno del mundo. Esto significa que por cada uno de los 136.000 habitantes de São Felix do Xingu hay casi 18 reses que van a convertirse en proteína animal para China, principalmente, pero también para Estados Unidos y otros países. También significa que gran parte de la selva se ha arrancado y quemado para convertirse en pasto.
En las últimas cuatro décadas han muerto 62 personas debido a conflictos de tierra solo en este municipio. Todos los asesinatos —el 100%— quedaron impunes. En la primera masacre amazónica de este año, no se robó nada. Había 18 casquillos en la escena del crimen. Pero hasta el cierre de esta columna, la policía no tenía ninguna pista sobre el triple homicidio.
Con el impulso de Jair Bolsonaro, que el lunes celebró la reducción del 80% de las sanciones por dañar el medio ambiente, la deforestación está fuera de control en São Félix, como en toda la Amazonia, y se acercaba cada vez más a la zona donde vivía la familia. En Navidad, los ganaderos celebraban que China volvía a importar carne de vacuno brasileña, tras meses de suspensión. Los cinco primeros días de enero el total de las exportaciones ya había aumentado un tercio respecto al año anterior: 7,2 toneladas diarias. Solo una rigurosa investigación podrá demostrar si la evidente relación entre el aumento de las exportaciones de carne y la violenta presión para ampliar la superficie de pasto en la Amazonia ha sido el detonante. Es lo que claman más de 50 organizaciones en Brasil, que saben que este es el año del todo o todo para Bolsonaro y su grupo, que se aleja cada vez más de la reelección en octubre. Quienes consumen la carne que proviene de la Amazonia —o de animales alimentados con soja amazónica— deberían querer saber si hay sangre humana en su plato. Quienes mueren para proteger la vida de las generaciones futuras se lo agradecerían.
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