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Donald Trump, durante un mitin el domingo 27 de marzo en Georgia.
Donald Trump, durante un mitin el domingo 27 de marzo en Georgia.HYOSUB SHIN / AJC (AP)

Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado este lunes a John Eastman, uno de los abogados que asesoró a Donald Trump para tratar de revertir el resultado electoral de 2020, que entregue más de un centenar de correos electrónicos al Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio. El magistrado David Carter, además, resalta que ateniéndose a las pruebas con las que cuenta, el tribunal considera más que probable que “el presidente Trump y el señor Eastman conspiraron” para evitar la certificación de votos en el Congreso de EE UU, que el 6 de enero de 2021 debía dar por vencedor al demócrata Joe Biden.

El importante fallo del juez Carter allana el camino para que el Comité de la Cámara obtenga correos electrónicos de Eastman que él consideró confidenciales y no entregó por ese motivo cuando proporcionó al ente investigador miles de páginas de comunicaciones electrónicas a mediados del pasado mes de febrero.

“La ilegalidad del plan era obvia”, escribe el juez Carter en su fallo. “Nuestra nación se fundó sobre la transición pacífica del poder, personificada por George Washington deponiendo su espada para dar paso a elecciones democráticas”, expone el magistrado. “Ignorando esta historia, el presidente Trump ejerció una fuerte campaña para que el vicepresidente decidiera cuál era el resultado de las elecciones de 2020″, añade.

Antes de entregar las casi 8.000 páginas de correos electrónicos, Eastman se había negado a proporcionar información a la Cámara cuando esta lo citó directamente para que prestara testimonio y presentara documentos. El abogado se refugió bajo la protección que le otorga la Quinta Enmienda de EE UU contra la autoinculpación. Eastman es un profesor de Derecho que ayudó a elaborar el falso argumento de Trump de que las elecciones de 2020 fueron un fraude, y que el auténtico vencedor fue el entonces presidente.

Entre los correos electrónicos que el juez ordenó a Eastman que entregara se encuentran mensajes que le envió el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, recomendando que Mike Pence, entonces vicepresidente, anulase las elecciones y diseñara un plan de acción diario que condujera hasta el 6 de enero.

El Comité creado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asegura haber hallado pruebas que demuestran que Trump, Eastman y otros aliados de la causa del exmandatario podrían ser potencialmente acusados con cargos criminales, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso y conspiración para defraudar al pueblo estadounidense.

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La comisión investigadora —formada por siete demócratas y dos republicanos— no tiene el poder de presentar cargos penales, pero sí puede recabar pruebas de un posible delito y recomendarle al Departamento de Justicia que actúe. Ese departamento lleva una investigación sobre el asalto al Capitolio, pero no ha dado ninguna indicación pública de que esté considerando iniciar un caso penal contra Trump.

Eastman es una figura central en la investigación del comité de la Cámara, ya que escribió dos informes legales argumentando que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía la autoridad para rechazar unilateralmente los votos electorales o retrasar su recuento. Esto podría haber abierto la puerta a que las cámaras estatales lideradas por republicanos votaran por Trump, a pesar de que más votantes lo hicieron por Joe Biden, y dar así la vuelta al resultado electoral del 3 de noviembre.

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El jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Lorenzo Caraffi, en Bogotá.
El jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Lorenzo Caraffi, en Bogotá.Carlos Ortega (EFE)

En muchas regiones de Colombia todavía arde la guerra que el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC buscaba extinguir. Cinco años después de la firma de ese histórico pacto, los desafíos humanitarios persisten, la violencia se ha recrudecido y ha aumentado el número de conflictos armados internos, señaló este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al entregar su balance anual. Uno de esos seis conflictos que persisten, de acuerdo con el análisis de la organización humanitaria, es el enfrentamiento entre las dos principales facciones disidentes que se apartaron de los acuerdos, que por primera ocasión entra en esa categoría. El escenario puede ser peor en este 2022.

“En 2021, la población afectada por el confinamiento, el desplazamiento masivo y los artefactos explosivos aumentó considerablemente, llegándose a registrar el nivel más alto de los últimos cinco años”, señaló Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR, que lleva más de 50 años operando sobre el terreno en el país. “Nos preocupa la tendencia al alza que observamos frente al número de víctimas y a la profundización de distintos fenómenos, particularmente porque en los primeros meses de este año la situación humanitaria en Colombia ha seguido empeorando. En 2022, el panorama podría ser aún más complejo de lo que fue el año pasado”, agregó.

A pesar del desarme de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy convertidas en un partido político con representación en el Congreso–, todavía sigue activo un desordenado archipiélago de grupos armados, con estructuras más fracturadas. “Las comunidades son las que sufren más. Cuando había un número más limitado de actores armados, a nivel territorial para las comunidades era más fácil manejar la situación”, ha dicho Caraffi. “En Colombia tradicionalmente se habla del conflicto, en singular. Pero los conflictos [en plural] tienen partes, y las partes tienen la obligación de respetar el DIH [Derecho Internacional Humanitario] en sus enfrentamientos y hacia la población civil”, explicó.

En varias regiones de Colombia, donde existen todo tipo de economías ilegales, la salida de las extintas FARC dejó un vacío que han venido copando otros actores armados, ante la falta de respuesta estatal. El principal fenómeno en el balance del año pasado ha sido la reestructuración de los grupos armados y la lucha por el control territorial, con un marcado aumento de la conflictividad, ha señalado la organización humanitaria.

De acuerdo con el análisis del CICR, persisten al menos seis conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia. Tres de ellos son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) –más conocidas como el Clan del Golfo, golpeadas por la captura de alias ‘Otoniel’– y las antiguas estructuras de las FARC que no se acogieron al proceso de paz.

Los otros tres, que se incluyeron en el estudio de lo ocurrido en 2021, son el enfrentamiento entre el ELN y las AGC, además de los que ocurren entre esas estructuras que se apartaron de las negociaciones, bajo el mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco, con otras dos facciones que se consideran herederas de las FARC. Por un lado, la llamada Segunda Marquetalia, el grupo de disidentes que retomaron las armas bajo el mando de Iván Márquez, el jefe negociador de los rebeldes en los diálogos de La Habana. Y por otro, los Comandos de la Frontera, en un conflicto que ha sacudido el selvático departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú.

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De acuerdo con los datos de la Misión de Verificación de la ONU y del mismo Gobierno, más del 90 por ciento de los firmantes del acuerdo de paz, unos 13.000 exguerrilleros, han cumplido sus compromisos, se mantienen en la legalidad y avanzan en su proceso de reincorporación. Aunque nunca hubo una desbandada, el fuego de las distintas disidencias ha estado alimentado por nuevas dinámicas de reclutamiento forzado, a menudo de menores de edad.

El año pasado la violencia contra la población civil se agudizó en varias regiones del país, lo que generó un “sufrimiento indescriptible”, ha señalado el CICR. Ese deterioro se evidenció, entre otras, con el aumento de las víctimas de artefactos explosivos, así como con el desplazamiento y el confinamiento de poblaciones. Los problemas humanitarios se sobreponen con mucha frecuencia, ha detallado Caraffi, el jefe de la delegación.

Muchas de las cifras consignadas en el informe encienden las alarmas. Casi 53.000 personas se desplazaron de manera masiva en 11 departamentos, lo que representa un incremento del 148% respecto a 2020. En Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca, los departamentos que se ubican sobre el corredor del Pacífico, se presentó el 71% de esos eventos de desplazamiento masivo. Además, cerca de 80.000 personas se desplazaron individualmente, que tiende a convertirse en un movimiento más permanente. Por otra parte, los confinamientos afectaron a más de 45.000 personas, un 60 % más con respecto al año pasado.

A pesar de que los esfuerzos de desminado están contemplados en los acuerdos de paz, las 486 víctimas de minas antipersonal y otros tipos de artefactos explosivos en 2021 son el número más alto de los últimos cinco años, la mayoría en Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca.

En un país donde el Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado más de 80.000 desaparecidos y el Instituto de Medicina Legal ha calculado hasta 200.000 cuerpos por exhumar, “el fenómeno de la desaparición no es cosa del pasado”, ha recordado también el CICR, que ha apoyado históricamente la búsqueda de los familiares y documentó 168 casos el año pasado, lo que equivale a una desaparición cada dos días.

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden.KEVIN LAMARQUE (REUTERS)

El presidente de EE UU, Joe Biden, fue tajante este lunes al asegurar que los norteamericanos no debían de temer que la invasión rusa de Ucrania desemboque en una guerra nuclear mundial a pesar de que Moscú haya activado su fuerza nuclear como respuesta a las duras sanciones aplicadas por los principales países de la OTAN. “¿Deberían los estadounidenses estar preocupados por una guerra nuclear?”, le preguntó un reportero al presidente tras un evento en la Casa Blanca. “No”, respondió Biden, sin asomo de duda.

Putin ordenó el pasado domingo al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, que pusieran las fuerzas de contención del Ejército ruso en “un modo especial de servicio de combate”. “Los países occidentales no solo están tomando medidas hostiles contra nuestro país en la esfera económica, sino que altos funcionarios de los principales miembros de la OTAN han hecho declaraciones agresivas con respecto a nuestro país”, dijo Putin.

El mandatario demócrata no hizo más declaraciones al respecto, justo cuando el mundo contempla expectante en qué dirección se moverá un conflicto bélico que ha acabado con el orden internacional imperante tras la Segunda Guerra Mundial. Quien sí se pronunció fue su portavoz, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, que consideró que “la retórica provocativa sobre las armas nucleares es peligrosa y amplía el riesgo de cometer errores de cálculo”. “Debe evitarse, y no vamos a darle pábulo”, declaró Psaki en su rueda de prensa diaria.

“Estamos evaluando la directiva del presidente Putin y en este momento no vemos ninguna razón para cambiar nuestros propios niveles de alerta”, agregó Psaki. Cuando se le preguntó si Washington estaba haciendo algo para reducir el riesgo de una guerra nuclear, la portavoz respondió que lo que estaban tratando de hacer era “reducir la tensión”. Psaki enfatizó que “una guerra nuclear no puede ganarse”.

La retórica era exactamente la misma desde el Departamento de Estado, donde su portavoz, Ned Price, consideraba que no sería prudente por su parte “interpretar o tratar de leer lo que el presidente Putin podría haber estado señalando” al ordenar a sus militares poner las fuerzas de contención del Ejército ruso en “un modo especial de servicio de combate”.

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“Claramente esto es retórica provocativa”, dijo Price en rueda de prensa. “Compartimos la opinión con nuestros socios y aliados en todo el mundo de que este tipo de retórica provocativa, además de innecesaria, es peligrosa”, prosiguió el portavoz de la diplomacia norteamericana. “Se suma al riesgo de error de cálculo”, dijo casi utilizando las mismas palabras que la portavoz de la Casa Blanca. “Debe evitarse”, advirtió. “Estamos evaluando la directiva del presidente Putin en este momento. Como creo que nos han oído decir, no vemos ninguna razón para cambiar nuestros propios niveles de alerta”, finalizó Price, al igual que finalizó la portavoz Psaki.

Según informa la agencia Efe, una fuente de Defensa citada por la cadena CNN dijo este lunes que las palabras que usó Putin para describir su orden -poner las fuerzas de disuasión rusas “en modo especial de combate”- no están en la doctrina militar rusa, y Washington sigue estudiando lo que significan. Las fuerzas de disuasión de Rusia la componen las estratégicas nucleares, incluidos los misiles intercontinentales, así como fuerzas no nucleares, y la defensa antimisiles, el sistema de alerta temprana y la defensa antiaérea.

Según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada este lunes, el 63% de los estadounidenses están “preocupados de que Rusia pudiera usar armas nucleares” si la OTAN intenta intervenir en el conflicto. Casi las tres cuartas partes de los demócratas (74%) dijeron que estaban preocupados por la guerra nuclear, en comparación con el 65% de los republicanos y el 57% de los independientes. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un aliado clave de Putin, afirmó el domingo que las sanciones contra Rusia podrían provocar una tercera guerra mundial, a pesar de que Estados Unidos aún no ha apuntado a industrias rusas clave, como las exportaciones de petróleo y gas.

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Rusia ha dado este martes las primeras señales de distensión desde que la crisis en Ucrania alcanzó su punto álgido. En el plano político, el presidente Vladímir Putin dijo que las respuestas que le ofrecieron Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias sobre la arquitectura de la seguridad en Europa —y que adelantó EL PAÍS en exclusiva— son un punto de partida aceptable para negociar. “Tienen una serie de consideraciones que hemos propuesto otros años y estamos listos para discutir”, afirmó el mandatario en la rueda de prensa posterior a su encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz. En el ámbito militar, el Kremlin ha anunciado la retirada de tropas de algunos de los puntos de la frontera con Ucrania. Pese a todo, la situación dista de haberse apaciguado. También en la misma jornada, el Parlamento ruso ha instado a Putin a que reconozca la independencia de Donetsk y Lugansk, las dos regiones separatistas prorrusas de Ucrania.

Las propuestas de EE UU y la OTAN incluyen negociar acuerdos de desarme y aportar medidas de confianza, aunque condicionan esos puntos a que se inicie una desescalada en la amenaza militar rusa sobre Ucrania. Sin embargo, Putin dejó claro que una de sus grandes preocupaciones es el futuro de Kiev y su relación con Rusia y la OTAN, alianza a la que la antigua república soviética quiere acceder aunque su membresía no está en la agenda. “Queremos resolver esa cuestión ahora”, ha dicho el mandatario, que ha exigido que la Alianza Atlántica garantice que nunca aceptará a Ucrania ni a ningún otro país miembro de la antigua Unión Soviética.

“Hoy vemos el equipamiento de la OTAN enfrente de nuestra casa. Hablan de que [la adhesión de Ucrania] no será mañana. ¿Cuándo? ¿Pasado mañana? ¿Qué cambia para nosotros en una perspectiva histórica?”, cuestionó Putin antes de responder a sus propias preguntas. “Para nosotros puede ser tarde”, aseveró el mandatario, que recalcó que con sus propuestas a Washington y a la Alianza Atlántica, que implican el repliegue a las posiciones de la OTAN de 1997, Rusia busca “garantizar la seguridad de todos”. Cuando son cada vez más sonoras las alertas de Occidente ante otra posible agresión rusa a Ucrania —en torno a la que ha colocado decenas de miles de soldados— y a la pregunta de si Rusia quiere una guerra, Putin ha respondido: “¡Claro que no!”.

Putin aseguró que Occidente interpreta a su favor el principio de indivisibilidad de la seguridad, que implica que un país no se refuerce a expensas de poner en riesgo a un tercero. “Vemos la disuasión de Rusia por la fuerza como una amenaza directa a nuestra seguridad nacional”, apuntó. Scholz compartió con el líder ruso la disposición europea para lograr un consenso sobre la seguridad común, pero recordó que es Rusia la que tiene más de 100.000 soldados alrededor de Ucrania “sin razón aparente” y advirtió de que “la soberanía, las fronteras y la integridad territorial de todos los Estados, incluido Ucrania, no son negociables”.

El primer viaje oficial a Moscú del líder alemán tuvo lugar la misma jornada en la que el Parlamento ruso (controlado por el Kremlin) instó a Putin a que reconozca la independencia de Donetsk y Lugansk, donde los separatistas prorrusos respaldados política y militarmente por el Kremlin luchan contra el Ejército de Kiev desde hace casi ocho años. La resolución no es vinculante (solo el presidente ruso puede reconocer ese estatus) pero esa vía parlamentaria ya empaña los acuerdos de paz de Minsk, impulsados por la entonces canciller alemana Angela Merkel. Tras acabar la reunión, Scholz consideró “una catástrofe política” esta decisión de la Duma (Cámara baja).

Imagen satelital del 19 de enero de 2021 del despliegue de cientos de tanques, lanzaderas y vehículos militares en la localidad rusa de Yelnya, a 260 kilómetros de Ucrania.

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Putin, que lleva meses afirmando que los rusohablantes son discriminados en Ucrania, volvió a insistir en que la ciudadanía de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, está sufriendo un “genocidio” para justificar el paso dado por la Duma. El presidente ruso instó a Francia y Alemania (mediadores en los pactos de Minsk firmados por Moscú, Kiev y representantes separatistas) a presionar a Ucrania para implementar los acuerdos de paz de 2015, que incluyen conceder un estatus especial a esas provincias, pero también la devolución del control de las fronteras al Gobierno ucranio y la retirada de todas las armas enviadas a la zona. Sin embargo, Kiev interpretó la petición parlamentaria rusa a Putin como una salida del pacto “de facto y de iure con todas las consecuencias correspondientes.” El canciller comparó la situación del Donbás con la guerra de los Balcanes, donde aseguró que se evitó un genocidio y se encontró “la dirección hacia la Unión Europea”. Su símil no gustó a Putin.

Scholz llegó a Rusia con más cuestiones pendientes. Por un lado, la apertura del controvertido gasoducto Nord Stream 2 —ya terminado, pero a la espera de que Bruselas autorice el funcionamiento del canal que llevará gas ruso directamente a Alemania— y la situación de otros gasoductos que cruzan Europa. Sobre esta cuestión, Putin aseguró que Moscú está preparado para bombear gas a través de Ucrania, pese a que el Nord Stream 2 evita ese territorio y también el de Polonia.

Gracias al excanciller Schröder

Una de las preguntas inevitables de la rueda de prensa aludió al reciente nombramiento del excanciller alemán Gerhard Schröder como miembro del consejo directivo de Gazprom. Putin recordó que no solo trabajó con Ucrania en la década de los 2000 para importar gas a través de aquel país, sino que también fue uno de los primeros impulsores del Nord Stream original. “El consumidor alemán obtiene el gas ruso cinco veces más barato. Que abra la billetera y que dé las gracias a Schröder por esto”, dijo Putin al defender la política rusa de firmar contratos de suministro a largo plazo, en vez de acudir al mercado y depender de su fluctuación.

Los dos mandatarios también abordaron la reciente prohibición de la actividad del canal alemán Deutsche Welle en Rusia tras el veto germano a RT (antes llamada Russia Today) en alemán por carecer de licencia. “No quiero dar detalles, pero hemos hablado de cómo resolver esto”, adelantó el presidente ruso.

El canciller alemán también mencionó la liquidación a finales del pasado año de la fundación Memorial, conservadora de la memoria histórica sobre los crímenes soviéticos. Frente a Putin, Scholz destacó la contribución de la ONG para esclarecer cuál fue el destino de muchos ciudadanos soviéticos deportados a Alemania. Y recriminó al Kremlin que “cada vez es más pequeño el margen para la sociedad civil” en Rusia.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, ya tiene en sus manos las respuestas de Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias sobre el Este de Europa. La primera valoración de Moscú al rechazo de Washington y la Alianza de frenar la ampliación de la OTAN es que hay margen para seguir negociando, aunque Estados Unidos no ha satisfecho sus principales exigencias y el Kremlin prefiere guardar cautela de momento. “Ha habido una reacción que nos permite contar con el inicio de una conversación seria, aunque sobre cuestiones secundarias. Sobre el asunto principal, en este documento no hay una reacción positiva”, ha sido la primera impresión del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

En concreto, el diplomático ha reiterado que las principales preocupaciones de Rusia son el fin de las ampliaciones de la OTAN hacia el Este y que la organización no despliegue armas de ataque que puedan alcanzar al país eslavo. La primera exigencia es rechazada de plano por la Alianza Atlántica, aunque la Casa Blanca ha propuesto al Kremlin abordar una limitación de las armas nucleares y de los ejercicios militares masivos juntos, según ha revelado el diario Financial Times.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, ha dejado abierta la puerta a seguir conversando. “Hay, y siempre debe haber, perspectivas para el diálogo, esto va con nuestros intereses y los de los estadounidenses”, afirmó Peskov, que agregó: “No importa cómo de diametralmente opuestos sean nuestros puntos de vista a veces, el diálogo es necesario siempre”. Sin embargo, tampoco se mostró optimista sobre la posibilidad de resolver las diferencias entre ambas partes: “Ayer escuchamos las declaraciones del secretario general de la OTAN donde rechazaba de forma absolutamente inequívoca las principales preocupaciones mostradas por la Federación de Rusia”.

Horas antes, el máximo responsable de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, respondió en rueda de prensa que su organismo “ha dejado claro que no comprometerá algunos de sus principios básicos. Entre ellos, que toda nación tiene derecho a elegir su camino”, y citó en particular a Finlandia, Suecia y el principal escollo que separa a Rusia de Occidente, Ucrania.

La respuesta de Putin seguirá siendo un secreto por ahora. Preguntado por las alternativas que baraja el mandatario, su vicepresidente del Consejo de Seguridad y ex primer ministro, Dmitri Medvédev, dijo a la agencia de noticias Interfax que “este tipo de planes nunca se hacen públicos” y recalcó que, Putin, “además de presidente, es el comandante en jefe”.

Sobre la posibilidad de desplegar armas en el Caribe, Medvédev dijo que esta opción “está fuera de discusión” porque iría en contra de los intereses soberanos de sus aliados. “Cuba y Venezuela intentan terminar con su aislamiento y restablecer en cierta medida unas relaciones normales con Estados Unidos”, dijo el que fuera mano derecha de Putin hace una década.

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El Kremlin dice contar con el apoyo de Ucrania para difundir el contenido de las misivas de la OTAN y Estados Unidos. El portavoz de Putin aseguró que Moscú dará una contestación rápida, y consideró necesario un nuevo encuentro entre el ministro de Exteriores ruso y el secretario de Estado estadounidense. No obstante, una posible cumbre entre Vladímir Putin y Joe Biden no se plantea hasta que hayan finalizado los contactos a otros niveles. “Entonces se verá si es necesario”, apuntó Peskov.

Mientras tanto, la crisis en torno a Ucrania continúa. El partido de Putin, Rusia Unida, ha propuesto entregar armas oficialmente a los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk, mientras que el Parlamento ruso tiene pendiente debatir una propuesta del Partido Comunista para reconocer la independencia de las “repúblicas”.

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Vehículos de la policía a la entrada de la sinagoga de Colleyville, Texas.
Vehículos de la policía a la entrada de la sinagoga de Colleyville, Texas.Brandon Bell (AFP)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado este domingo como “un acto de terrorismo” la toma de rehenes en una sinagoga del Estado de Texas que se produjo durante el sábado y que finalizó con los prisioneros liberados. El secuestrador murió durante la operación, pero la policía no aclaró si el equipo de asalto le abatió o si él se suicidó. Según informó el FBI, el hombre que durante más de 10 horas retuvo a un rabino y otras tres personas ha sido identificado como el ciudadano británico Malik Faisal Akram, de 44 años.

Nada indica que otras personas estuvieran relacionadas con el asalto al centro religioso de Colleyville, a unos 40 kilómetros al noroeste de Dallas, según informó a través de un comunicado el agente especial del FBI, Matthew DeSarno, a cargo de la oficina de Dallas. El presidente Biden dijo que, aunque quedaban incógnitas por resolver, todo indicaba que el atacante exigía la liberación de la terrorista convicta Aafia Siddiqui, a la que el fallecido se refirió como su hermana, aunque no existía parentesco de sangre entre ellos.

“Este fue un acto de terrorismo” relacionado con “alguien que fue detenido hace 15 años y ha estado en la cárcel durante 10 años”, aseguró Biden en declaraciones a periodistas durante una visita a una organización de ayuda contra el hambre en la ciudad de Filadelfia, con motivo de la celebración mañana lunes 17 de la vida y obra de Martin Luther King. La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ha condenado también “el acto de terrorismo y antisemitismo”.

Tanto el FBI como los equipos de acción rápida de la policía fueron movilizados y los negociadores se pusieron en contacto con el sospechoso que retenía al menos a cuatro personas, una de ellas un rabino, según informaba la cadena de noticias CNN. Hasta 200 efectivos participaron en el incidente, incluido un equipo especial del FBI que voló a Texas desde su sede de Quantico, en Virginia. “Todos los rehenes han sido liberados sanos y salvos”, dijo a última hora de la noche del sábado Greg Abbott, gobernador de ese Estado del sur de Estados Unidos. “Las plegarias fueron respondidas”, tuiteó Abbott. No se reportaron heridos entre los rehenes, uno de los cuales fue liberado antes que los demás.

Según su sitio web, la Congregación Beth Israel comenzó en 1998 como un chavurah, un pequeño grupo de judíos que se reúnen para los servicios de oración. El grupo estableció oficialmente una sinagoga en Colleyville en julio de 1999 y comenzó a prestar servicios en su ubicación actual en 2005. La sinagoga la dirige el rabino Charlie Cytron-Walker, que este domingo escribía en Facebook estar “agradecido y lleno de aprecio por todas las vigilias, oraciones, amor y apoyo”. “Estoy agradecido de que lo hayamos logrado. Estoy agradecido de estar vivo”.

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Según fuentes oficiales citadas por medios norteamericanos, el motivo de la toma de rehenes era una protesta contra el encarcelamiento en una cárcel de Fort Worth, Texas, de Aafia Siddiqui, una mujer paquistaní detenida por el intento de asesinato de varios soldados estadounidenses. Siddiqui fue condenada en Nueva York por cargos de terrorismo en 2010 y sentenciada a 86 años de prisión. La mujer es conocida por el sobrenombre de Lady Al Qaeda.

Siddiqui nació en Pakistán en 1972, pero vivió en EE UU en la década de los noventa. Se dedicó al campo de la neurociencia: estudió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y realizó un doctorado en la Universidad de Brandeis, en ese mismo Estado. Su nombre estuvo en la lista de “los más buscados” elaborada por el FBI.

De acuerdo con la versión de funcionarios estadounidenses en 2014, Siddiqui volvió a casarse y en esa ocasión lo hizo con Ammar al-Baluchi, el sobrino de Khalid Sheikh Mohammed, el autor intelectual de los atentados contra el Pentágono y las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

La toma de rehenes se produjo durante un servicio religioso en la sinagoga de la congregación Beth Israel, que se estaba emitiendo en vivo por la página web de la comunidad en Facebook, según informó el diario local Fort Worth Star-Telegram. Debido a los rigores que impone la pandemia, muchos de los fieles seguían el servicio religioso desde sus casas.

La policía de Colleyville, a través de su cuenta de Twitter, informó que estaba respondiendo con un equipo SWAT a una llamada de emergencia en el número 6100 de la calle Pleasant Run. “Todos los residentes del área inmediata están siendo evacuados. Por favor, evite la zona”, advirtió la policía.

Más de 8.000 personas se conectaron al vídeo de la retransmisión en directo una vez que se conocieron las primeras informaciones en redes sociales sobre lo ocurrido, hasta que finalmente la emisión se suspendió sin que la situación en el interior de la sinagoga se hubiera resuelto.

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