La noticia del acuerdo opositor esta semana para prorrogar por un año más la presidencia interina a Juan Guaidó durante 2022 ha pasado desapercibida en la sociedad venezolana. El labrado consenso logrado entre los partidos democráticos, la decisión de reducir su aparato burocrático y el empeño por hacer una interpretación constitucional de sus confines, no han mitigado la sensación de intrascendencia.
Para parte importante de la opinión pública nacional, la presidencia interina es una abstracción sin contenido que ya no va a poder impulsar ninguna transición a la democracia: una entelequia que sólo se justifica para mantener los empleos y garantizar los salarios del personal que la ocupa, salpicado de acusaciones de irregularidades administrativas. Pero, a pesar del pesimismo, el desinterés y el distanciamiento emocional que se vive también en parte de los partidos opositores, el acuerdo anunciado parece indicar que, de momento, no existe un planteamiento estratégico con el cual sustituirla. Todos, incluyendo sus críticos, terminaron aprobando esta prórroga el lunes.
Pero pese a renovar su mandato un año más como presidente interino, Juan Guaidó afronta hoy su momento político más comprometido. Se ha enfriado el entusiasmo de la ciudadanía; aumentan los críticos dentro de sus propias filas; carece de instrumentos para hacerle frente al chavismo y enfrenta acusaciones por malos manejos de los recursos que administra el gobierno interino. Luce, además, particularmente expuesto frente al aparato judicial oficialista.
La extensión del mandato a Juan Guaidó, expresado en la reforma del Estatuto de Transición aprobado en 2019, fue posible gracias a que Voluntad Popular (el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó) y Primero Justicia (el de Julio Borges y Henrique Capriles) se vieron forzados por las circunstancias a buscar un acuerdo para llegar a un punto de equilibrio que los obligara a deponer en sus aspiraciones mutuamente excluyentes.
El acercamiento es producto, entre otras cosas, de la presión ejercida por los aliados internacionales de la oposición, en particular por Estados Unidos, con la activa intermediación del resto de los partidos aliados del G-4, como se conoce a los principales grupos opositores presentes en la anterior legislatura: Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.
Luego de agotar varias rondas de consultas a juristas y especialistas en derecho constitucional, Primero Justicia desistió de su intención de subordinar la gestión de Guaidó al Parlamento, controlado por la oposición en las elecciones de 2015, que hoy funciona en condiciones de semiclandestinidad.
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Voluntad Popular tuvo que transigir en que la presidencia interina siga regulada por los lapsos que contempla el Estatuto, abandonando la aspiración de mantener el cargo indefinidamente. Las delegaciones diplomáticas del Gobierno interino quedaron reducidas, de las 60 iniciales, a 10, que son las naciones actuales que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El diagrama construido dejó satisfechos a los diputados opositores. Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, quien manifestó su inconformidad con los primeros borradores, después pasó al beneplácito y declaró: “La Asamblea Nacional electa en 2015 es la única institución legítima que le queda al país, reconocida por el mundo democrático. No podemos dejar a Venezuela sin instituciones. Venezuela no puede desaparecer, no podemos entregar la República. Sabemos que esto es muy arriesgado y nada sencillo, pero primero son los intereses del país”, dijo.
Pero pese a los esfuerzos en la búsqueda de consensos, que contaron con la asesoría de varios abogados reconocidos, no impidieron que le lluevan las críticas. Eglée Gonzalez Lobato, politóloga y doctora en derecho de la Universidad Central de Venezuela, considera que la reforma del estatuto “amalgama escandalosamente funciones ejecutivas y legislativas en una sola persona”. “Se ha tomado una medida extrema para garantizar la continuidad de Guaidó, que está plagada de irregularidades. Con el argumento de que están defendiendo la democracia, han confiscado el Estatuto para garantizarse su permanencia en el poder, bajo el argumento de que este es un problema más político que legal. Cuando se desprecian los mecanismos legales y se pervierten los procedimientos, corremos el peligro de que los partidos democráticos asuman que están en una zona supraconstitucional”, opina.
González Lobato prevé que este paso “va a aumentar la hostilidad de Maduro. Es una circunstancia que dificultará el entendimiento. Minará las vías pacíficas que debemos buscar para salir sin traumas adicionales de esta tragedia nacional”.
El laberinto opositor
La extensión de un nuevo mandato a Guaidó no puede ocultar las claras grietas anímicas e interpretativas que en este momento surcan el panorama de la oposición venezolana, inmersa hoy en un nuevo extravío. En particular, en sectores de los partidos Primero Justicia y Acción Democrática crecen las voces disidentes que cuestionan la obsolescencia del interinato y el agotamiento de la ruta trazada en 2019 para hacer posible el regreso de la democracia plena a Venezuela.
Argelia Ríos, analista política, considera que “el gobierno interino como proyecto ha colapsado. El único objetivo que lo fundamenta es la protección de los activos venezolanos en el exterior, salvarlos de las manos de Maduro, protegerlos para fundamentar una eventual transición a la democracia en el país”.
Ríos, que también es periodista y escritora, considera que el esfuerzo hecho por Guaidó ha sido titánico y debe ser reconocido: “El debilitamiento de Guaidó tiene mucho que ver con la falta de apoyos internos. Ha sido difícil concretar en torno a él un movimiento de unidad nacional. Mucha gente lo ve con recelo, como un enemigo que se transforma en un obstáculo para el sueño de llegar a la Presidencia en unas elecciones en 2024. Hay muchas personas con aspiraciones presidenciales que están decididas a sacárselo de encima”.
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