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María Keznutsova tiene 24 años y ya vive como exiliada. Desde Tiflis, capital de Georgia, esta activista rusa trabaja como portavoz de OVD Info, una organización de derechos humanos que se ha convertido en el altavoz contra la represión del Kremlin y que ha adquirido especial relevancia tras denunciar los atropellos cometidos contra los ciudadanos rusos desde que se inició la invasión en Ucrania. El portal nació del trabajo de varios activistas, que decidieron denunciar los actos de brutalidad policial durante las protestas por un presunto fraude electoral a finales de 2011. Keznutsova explica que la organización se constituye como un proyecto mediático independiente, que además brinda asistencia legal a los detenidos. OVD Info opera con ayuda de donantes independientes y recibe apoyo de la Comisión Europea y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

La activista expone a diario la situación de los más de 15.100 ciudadanos que han sido detenidos por manifestarse en contra de la guerra en las calles de su país. Reconoce que solo desde fuera puede hablarse de lo que ha supuesto en Rusia la guerra en Ucrania y de los abusos del régimen de Vladímir Putin. Mientras narra los pormenores de las detenciones y la labor de OVD Info, María lidia con un diagnóstico de depresión, producto de su salida de Rusia hace cerca de un año y del impacto que le ha generado la guerra. El miedo a ser apresada por las autoridades de su país al ejercer su trabajo la alejan todos los días de la posibilidad de regresar a su natal Novokuznetsk (ciudad ubicada en el distrito de Siberia), pero está convencida de que ahora no hay que callarse.

Pregunta. ¿Por qué hay tal persecución de las Fuerzas del Estado contra quienes se manifiestan?

Respuesta. Básicamente, estamos en una dictadura. Todo lo que digas puede resultar un problema, todo está prohibido. Incluso la palabra “guerra” está criminalizada. Si se dan cuenta de que la dices una vez ya es una falta administrativa, y si lo repites se convierte en un caso criminal que podría acarrear hasta cinco años de prisión. Las referencias al ejército ruso pueden terminar en penas de 15 años. Ya conocemos unos siete casos de este tipo. Uno de ellos es el periodista ucranio Dimitriv Gordon.

P. ¿Cuáles han sido los peores casos de brutalidad policial en Rusia?

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R. Hay muchos casos en los que la policía abusa del poder y golpea a los ciudadanos. Hace poco me sorprendió uno en Vladivostok. Una joven contó que la metieron a un autobús de la policía y luego entró un oficial a agredirla. La llamó “perra”, golpeó su cabeza y comenzó a asfixiarla. Luego, otros policías entraron al autobús y su atacante se fue. La mujer entró al hospital con una posible conmoción cerebral. En la organización hicimos un pronunciamiento sobre el caso, el nombre de la víctima es Anastasia Kotlyar. Además, tuvimos un caso con uno de los abogados que trabaja con nosotros. A él lo esposaron en San Petersburgo y lo amenazaron con un proceso penal por hacer su trabajo. Empezaron a acusarlo de “defender a los nazis”.

P. La información que ofrecen sobre estas arbitrariedades circula sobre todo a través de las redes sociales. ¿Cómo combaten el bloqueo que hay en Rusia con estas plataformas? Instagram y Facebook ya están prohibidos.

R. Ahora estamos muy activos por Telegram y Twitter, y desde ahí compartimos información todo el tiempo. Hemos recibido apoyo de las plataformas y ya contamos con el sello de verificación en nuestras redes. Somos una fuente de información de lo que pasa en el país para el mundo. De todas maneras, dentro de Rusia muchas personas usan las plataformas sociales a través de distintas VPN (redes privadas virtuales) que les permiten acceder. En cuanto crecen los bloqueos, la gente empieza a crear más VPN para poder seguir navegando. También tenemos una red social rusa que se llama VKontakte (VK). A pesar de que esa plataforma apoya a Putin, ya ha habido publicaciones en contra de la guerra de muchas personas allí. La gente lucha contra la censura como puede.

P. Gran parte de su equipo trabaja desde la distancia ¿Cómo operan para obtener la información de las detenciones y brindar asistencia legal a los ciudadanos afectados?

R. Tenemos una línea abierta las 24 horas para que las personas que lo necesiten reporten su caso. Luego, nuestro equipo en el terreno verifica la información suministrada por la persona. Es muy complicado dar seguimiento a todos los casos por la cantidad de detenciones que ha habido, pero intentamos que dentro de lo posible nuestros abogados puedan acudir a los centros de detención rápidamente para brindar la asistencia legal a los afectados.

P. ¿Desde cuándo ha tenido que exiliarse?

R. Desde hace mucho estaba involucrada con organizaciones que se oponían al régimen. En 2017 participé en la campaña [presidencial] de Alexéi Navalni y luego trabajé en organizaciones de derechos humanos opositoras como Rusia Abierta, que es considerado un movimiento indeseable. El año pasado mi jefe en esa organización acabo en prisión por liderar el movimiento. Yo estaba en Georgia cuando lo detuvieron y supe que no podría volver. Podía ser procesada como testigo del caso o simplemente terminar arrestada por trabajar en la organización. La policía se comunicó conmigo aquí para que volviera a Rusia a testificar, y yo decidí no hacerlo. Sé que tan pronto ponga el pie en un aeropuerto ruso puedo terminar en prisión. Ya me he hecho a la idea de que quizá nunca pueda regresar.

P. ¿Qué le cuentan su familia y amigos de la vida en Rusia ahora?

R. Muchos de mis amigos se han ido. Los que quedan me dicen que no hay suficientes productos en los supermercados. He visto videos de gente agolpada peleando para poder comprarse un paquete de azúcar. Tampoco quedan medicamentos. Tengo una amiga que tiene un padre con diabetes y me dijo que estuvo buscando insulina por una semana en Moscú y no encontró. También es muy difícil encontrar compresas. Me han dicho que un paquete está costando unos 30 euros, y eso que estoy hablando de Moscú. Parece una broma, pero no lo es. Mis amigas han tenido que usar otro tipo de cosas durante su periodo.

P. ¿Qué piensa su familia de lo que hace?

R. Mi familia es un tanto apolítica y no hablan mucho del tema. Los rusos no son ricos y gastan gran parte del tiempo tratando de sobrevivir. Mi abuela es mayor y mi madre tiene que cuidarla. Ellos saben que algo está mal, pero tienen que continuar con su vida. De todas formas, están muy preocupados por mí. Mi mamá siempre me dice que no debería mostrar mi rostro, ni compartir mi nombre públicamente, pero a mí no me importa. Sé que hay gente que me ayudará y dirá lo que paso si algo me sucede.

P. ¿Qué cree que viene para su futuro y el de su país?

R. Mi vida está estancada en esta guerra. Trabajo más de 15 horas al día para que se sepa lo que está pasando en Rusia. Lo hago para imaginar que es posible un cambio, pero no sé qué pasará después. Incluso si se acaba la guerra no hay garantías de que Putin no ataque a otro país. Él vive en su propia realidad, una que no tiene que ver nada con la nuestra. Así que es muy difícil hacer pronósticos. La guerra nos tomó por sorpresa a todos.

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El velorio del líder indígena Salomón López Smith.
El velorio del líder indígena Salomón López Smith.RS

Los indígenas del Caribe de Nicaragua se han enfrentado a otra escena de horror, dentro del terror que los envuelve en su lucha por conservar sus territorios y proteger sus recursos. Se trata del asesinato atroz del líder mayagna Salomón López Smith, cuyo cuerpo ha sido encontrado con signos terribles de tortura: el cráneo destrozado, la piel separada del rostro, sin orejas, varios dedos mutilados, sin cabello, la columna fracturada y varios disparos en la espalda. Una violencia brutal que, además, demuestra la indefensión y olvido en el que se hallan estas comunidades, acorraladas por grupos violentos que cuentan con la complicidad del régimen que lidera Daniel Ortega.

El cuerpo de López Smith fue hallado el 15 de marzo en una remota zona del noreste de Nicaragua, donde habitan estas poblaciones indígenas mayagnas, que intentan mantener sus tradiciones a pesar de las amenazas que las acechan. El autollamado Gobierno Territorial Mayangna Sauni Arungka Matumbak ha expresado su repudio por el asesinato de quien consideran un reconocido activista en la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas caribeñas y ha culpado del mismo a los llamados ‘colonos’, invasores que llegan de otras regiones de Nicaragua a tomarse de forma ilegal las tierras, para establecer cultivos o expandir la ganadería.

Estos invasores se apoderan por la fuerza de los territorios ante la resistencia de los indígenas. Luego, presentan documentos sin peso legal con los que reclaman las propiedades. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchos ‘colonos’ son exmilitares que ocupan ilegalmente los territorios indígenas para la explotación de la madera, la minería, el monocultivo de palma africana y la ganadería. El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) ha denunciado que muchos de estos ‘colonos’ tienen cercanía con el Frente Sandinista, el partido de Daniel Ortega.

Los integrantes del Territorio Mayangna Sauni Arungka mantienen una constante denuncia de la violencia que sufren. El pasado año fue especialmente duro para estos indígenas, después de que se registraran varios ataques que dejaron decenas de heridos. Las víctimas son los líderes, los guardabosques y agricultores que son atacados mientras se trasladan a sus huertos. En todos estos crímenes reina la impunidad. “Los comunitarios lamentan que las autoridades no prestan atención a sus verdaderos problemas: la invasión de sus territorios por medio de la violencia, a la imposición de autoridades comunales y territoriales afines al FSLN, lo que desplaza al liderazgo de estos pueblos y la permanente usurpación de sus recursos naturales, acabando así con sus tradicionales medios de vida”, ha advertido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). El Centro de Asistencia legal a Pueblos Indígenas (CALPI) denuncia el uso de metralletas y escopetas en los ataques.

La organización que defiende a los indígenas, cancelada

La violencia contra los indígenas se da con mayor constancia y saña por los ‘colonos’ desde el año 2015. Los invasores han quemado comunidades enteras, violan a mujeres, disparan contra las comunidades y secuestran a personas. Entre 2015 y 2022, al menos 63 indígenas han sido asesinados por colonos y 46 continúan desaparecidos. Todo en la impunidad. Cejudhcan lo ha denunciado en los medios de comunicación y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es la única voz que alerta del “etnocidio” en proceso en Nicaragua.

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Este 17 de marzo, sin embargo, el régimen de Ortega ordenó la cancelación de la personería jurídica de la ONG, dejando en el desamparo a miles de indígenas que encontraban apoyo en esta organización. Cejudhcan fue cerrada junto a otras 24 organizaciones, lo que ha aumentado el número de instituciones canceladas a 132 desde 2018, cuando se registraron protestas sociales que exigían el fin del régimen.

Cejudhcan es la única organización que durante años ha documentado la invasión de los territorios indígenas, a pesar de las amenazas de los colonos y autoridades regionales del Frente Sandinista. El organismo es dirigido por Lottie Cunningham, una abogada miskita cuya labor ha sido reconocida internacionalmente. En 2020, le otorgaron el galardón Right Livelihood Award, también conocido como “Premio Nobel Alternativo” por su constante denuncia de la violencia letal que sufren los indígenas por defender sus territorios. Desde hace meses, Cunningham sufría acoso, incluso en el mismo Aeropuerto Internacional de Managua, cuando intentaba viajar.

Los indígenas llevan años denunciando que el Gobierno sandinista no cumple con la ley 445, llamada formalmente Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Esta ley establece cinco fases en el proceso de reconocimiento y formalización de los derechos de propiedad indígena: demarcación, resolución de conflictos, titulación y saneamiento. Este último ha sido incumplido por las autoridades. El “saneamiento” consiste en el ordenamiento territorial y la expulsión de los terceros que no compartan la cosmovisión de los indígenas, ni el respeto por la tierra ni las normas comunitarias.

Un estudio publicado en abril de 2020 por el Oakland Institute, un organismo que estudia asuntos ambientales, alerta que el Gobierno de Ortega “alienta la fiebre del oro en Nicaragua”. En 2017, fue creada la Empresa Nicaragüense de Minas que permite al Estado de Nicaragua una mayor participación en negocios mineros junto con empresas privadas. De esa forma, el total de tierra bajo concesión minera aumentó de alrededor de 1.200.000 hectáreas a 2.600.000 hectáreas. Lo alarmante es que 853.800 hectáreas de esa tierra están en la zona de amortiguación de la reserva de Bosawás, en territorios indígenas.

Esa fiebre del oro se une a la expansión de la ganadería y los monocultivos, lo que alienta la invasión de tierra y la violencia contra los indígenas. El asesinato de López Smith es el último episodio violento que se sufren estas poblaciones nicaragüenses y ha generado el repudio de organizaciones de derechos humanos y hasta de Estados Unidos: el Departamento de Estado ha exhortado al régimen de Ortega a llevar a la justicia a los asesinos del líder indígena. “Activistas atribuyen esta atrocidad a asentadores que amenazan comunidades indígenas y actúan con impunidad bajo el régimen. Esto debe parar”, ha exigido el Gobierno de Joe Biden.

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Peritos de la Fiscalía de Morelos trabajan en el sitio donde fue asesinado un hombre en Temixco, Morelos, el 17 de enero del 2022.
Peritos de la Fiscalía de Morelos trabajan en el sitio donde fue asesinado un hombre en Temixco, Morelos, el 17 de enero del 2022.Margarito Pérez/Cuartoscuro

El infierno se expande en Morelos y poco puede decirse que no se haya dicho ya. Eventos terribles se suceden en el Estado balneario, región preferida de los turistas de la capital. El asesinato de la abogada Ana Luisa Garduño hace unos días en Temixco, municipio pegado a Cuernavaca, confirma una deriva preocupante. El de Garduño, de 51 años, es el séptimo asesinato de un activista en la región desde la llegada al poder de Cuauhtémoc Blanco, en diciembre de 2018.

Hasta su asesinato, la mujer trataba de hacer justicia por el homicidio de su propia hija, casi diez años atrás. Garduño nunca quitó el dedo del renglón. Reclamó a la Fiscalía que investigara, estudió Derecho, se acercó a otras familiares de víctimas, evitó la habitual mancuerna de impunidad y olvido. Incluso creó una asociación para asesorar a personas que hubieran pasado por situaciones como la suya.

Ana Luisa Garduño sostiene una foto de su hija asesinada.
Ana Luisa Garduño sostiene una foto de su hija asesinada.RS

Lizbeth Cerón, compañera de activismo, recuerda que estuvieron juntas en búsquedas de personas desaparecidas en diferentes puntos del Estado, Cuautla, Cuernavaca… La hermana de Cerón, Jéssica, había desaparecido en agosto de 2012, meses antes de que asesinaran a la hija de Garduño. “Mi mamá y ella a diario se hablaban. De hecho Ana Luisa decía que mi mamá era su parejita. Había una amistad muy cercana”, evoca.

La falta de apoyo estos años por parte del Gobierno estatal agrava el caso de la defensora. Como ha explicado estos días Israel Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la oficina de atención a víctimas de Morelos había evitado pagarle la remuneración que le correspondía, pese al informe favorable del ombudsman, que atendió la denuncia de Garduño y de otras 70 víctimas en situación parecida.

Para Hernández, el asesinato de la abogada “genera un efecto censura, de no alzar la voz contra violaciones que se están dando en el Estado, en múltiples aspectos”. Hernández añade: “Fíjate que llevamos 3.000 asesinatos en lo que va de Administración, incluyendo feminicidios. En la Comisión todo el tiempo estamos monitoreando notas sobre este asunto para ver detenciones en flagrancia y no hay. Es bien importante esto, porque en el mejor de los casos se explica por omisiones y en el peor, por complicidad de las autoridades”.

En entrevista con EL PAÍS, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, explica que la dependencia maneja tres líneas de investigación hasta el momento. “Primero, la posibilidad de que fuera un robo con violencia, un asalto. Estamos corroborando un dato de que ella quizá tenía una cantidad de efectivo importante y quizá alguien pudo haberlo visto. Aunque aún tenemos que corroborarlo. La segunda, es que esto venga de las personas que en 2012 privaron de la vida a su hija, para tratar de callarla. Y la tercera, que su feminicidio derive de su trabajo como activista”.

Una guerra fantasma

Las circunstancias del asesinato, los posibles motivos, distraen de lo relevante: la repetición constante e incontenible, la inoperancia gubernamental. Tragedia de todo un país, Morelos la encarna estos días como también Michoacán, Zacatecas, Baja California o Quintana Roo. La violencia arrecia y las explicaciones abundan, igual que las interpretaciones. ¿Fue un mero robo? ¿Una venganza por el caso de su hija? ¿Un castigo por su activismo? Lo único cierto es que fue, situación que no admite excusa alguna.

Como en el resto de regiones del país, en Morelos impera la impunidad. Asesinatos, ejecuciones, masacres, desapariciones… Cualquier delito queda habitualmente sin castigo. Las autoridades preventivas y procuradoras de justicia carecen de una visión a largo plazo, a veces por la enorme carga de trabajo que soportan, pero también por la falta de medios, desidia, peleas internas o pura negligencia. Lo anterior se mezcla en Morelos con una batalla política fantasmal, visible a ratos en forma de narcomantas o denuncias cruzadas entre el gobernador y funcionarios de la Administración anterior.

Personal del Servicio Médico Forense de Morelos resguarda  los cadáveres de dos jóvenes asesinados en el paraje conocido como Laguna Seca en Jiutepec, Morelos el 10 de diciembre del 2021.
Personal del Servicio Médico Forense de Morelos resguarda los cadáveres de dos jóvenes asesinados en el paraje conocido como Laguna Seca en Jiutepec, Morelos el 10 de diciembre del 2021. Margarito Pérez/Cuartoscuro

La última visión del espectro data de este mismo lunes. Fue junto a la casa de la diputada local Luz Dary Quevedo de Movimiento Ciudadano, en el municipio de Tetecala. El domicilio de la legisladora amaneció con el cadáver de un hombre en la puerta, acompañado de un mensaje escrito en una cartulina. “Aquí tienes tu regalo, Luz Dary. Por no respetar los acuerdos”. La diputada no ha declarado nada al respecto y en la Fiscalía esperaban su denuncia este mismo lunes.

Quevedo fue noticia a finales del año pasado, tras la detención de Esther Yadira Huitrón, alias La Jefa, presunta cabecilla del grupo criminal Guerreros Unidos en la región. La diputada aparecía en fotos con La Jefa, igual que otros legisladores y presidentes municipales del Estado, otra visión del espectro de la guerra en Morelos. Las fotos con La Jefa fueron solo un aperitivo. El plato fuerte llegó este enero, cuando medios regionales divulgaron otra imagen, esta del gobernador Blanco, con tres presuntos líderes criminales regionales.

Las explicaciones del exfutbolista, variantes de “no me fijo con quién me tomo fotos”, provocaron una cascada de mensajes cruzados en carteles colgados por todo el estado, las famosas narcomantas. Unas señalaban la cercanía del gobernador con el crimen organizado y sugerían algún tipo de implicación en el asesinato del activista Samir Flores, ejecutado a mediados de 2019. Otras apuntaban por el crimen de Flores al senador opositor Ángel García y su grupo de influencia local, del que participaría la diputada Quevedo, según varias personas conocedoras de la política local, con las que este diario ha mantenido varias conversaciones en el último mes.

Más asesinatos trufan la batalla, caso del alcalde del municipio de Xoxocotla, Benjamín López, hace dos semanas. Sicarios lo balearon en su casa y de momento no hay detenidos. Hay rumores, explicaciones, interpretaciones, pero nada que indique que la violencia alcanza un tope, el fin de la curva ascendente. En Xoxocotla, de hecho, la rabia ha dejado paso al miedo. Los compañeros del alcalde López se preguntan quién será el siguiente.

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El actor tenía 94 años de edad y fue el primer afroamericano en ganar un premio Oscar como actor protagonista de una película.

Noticias Internacionales.

La información que confirmaba el lamentable fallecimiento del actor Sidney Poitier, llegó desde la isla de Bahamas, en donde se encontraba el que para muchos fue un maestro y referente del cine.

Poitier falleció a los 94 años de edad y es reconocido por ser el primer afroamericano en lograr un premio Oscar como actor protagonista de una película. El cual consiguió por su actuación en ‘Lilies of the Field’ o ‘Los lirios del valle, en 1964.

Así como por su constante lucha por la defensa de los derechos civiles, convirtiéndose en la mayor estrella de la industria del cine norteamericano.

Para los sabedores del mundo del cine, no solo se destacaba por su rectitud, elegancia y  majestuosas interpretaciones, las cuales aseguran ningún actor lo igualó a lo largo de sus 50 años de carrera artística.

Su fallecimiento fue confirmado por el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, quien pese a no precisar detalles de las causas del deceso, sí homenajeo al actor nacido en Miami en 1927 y de padres de la isla de Cat.





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