El cuerpo de López Smith fue hallado el 15 de marzo en una remota zona del noreste de Nicaragua, donde habitan estas poblaciones indígenas mayagnas, que intentan mantener sus tradiciones a pesar de las amenazas que las acechan. El autollamado Gobierno Territorial Mayangna Sauni Arungka Matumbak ha expresado su repudio por el asesinato de quien consideran un reconocido activista en la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas caribeñas y ha culpado del mismo a los llamados ‘colonos’, invasores que llegan de otras regiones de Nicaragua a tomarse de forma ilegal las tierras, para establecer cultivos o expandir la ganadería.
Estos invasores se apoderan por la fuerza de los territorios ante la resistencia de los indígenas. Luego, presentan documentos sin peso legal con los que reclaman las propiedades. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchos ‘colonos’ son exmilitares que ocupan ilegalmente los territorios indígenas para la explotación de la madera, la minería, el monocultivo de palma africana y la ganadería. El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) ha denunciado que muchos de estos ‘colonos’ tienen cercanía con el Frente Sandinista, el partido de Daniel Ortega.
Los integrantes del Territorio Mayangna Sauni Arungka mantienen una constante denuncia de la violencia que sufren. El pasado año fue especialmente duro para estos indígenas, después de que se registraran varios ataques que dejaron decenas de heridos. Las víctimas son los líderes, los guardabosques y agricultores que son atacados mientras se trasladan a sus huertos. En todos estos crímenes reina la impunidad. “Los comunitarios lamentan que las autoridades no prestan atención a sus verdaderos problemas: la invasión de sus territorios por medio de la violencia, a la imposición de autoridades comunales y territoriales afines al FSLN, lo que desplaza al liderazgo de estos pueblos y la permanente usurpación de sus recursos naturales, acabando así con sus tradicionales medios de vida”, ha advertido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). El Centro de Asistencia legal a Pueblos Indígenas (CALPI) denuncia el uso de metralletas y escopetas en los ataques.
La organización que defiende a los indígenas, cancelada
La violencia contra los indígenas se da con mayor constancia y saña por los ‘colonos’ desde el año 2015. Los invasores han quemado comunidades enteras, violan a mujeres, disparan contra las comunidades y secuestran a personas. Entre 2015 y 2022, al menos 63 indígenas han sido asesinados por colonos y 46 continúan desaparecidos. Todo en la impunidad. Cejudhcan lo ha denunciado en los medios de comunicación y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es la única voz que alerta del “etnocidio” en proceso en Nicaragua.
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Este 17 de marzo, sin embargo, el régimen de Ortega ordenó la cancelación de la personería jurídica de la ONG, dejando en el desamparo a miles de indígenas que encontraban apoyo en esta organización. Cejudhcan fue cerrada junto a otras 24 organizaciones, lo que ha aumentado el número de instituciones canceladas a 132 desde 2018, cuando se registraron protestas sociales que exigían el fin del régimen.
Cejudhcan es la única organización que durante años ha documentado la invasión de los territorios indígenas, a pesar de las amenazas de los colonos y autoridades regionales del Frente Sandinista. El organismo es dirigido por Lottie Cunningham, una abogada miskita cuya labor ha sido reconocida internacionalmente. En 2020, le otorgaron el galardón Right Livelihood Award, también conocido como “Premio Nobel Alternativo” por su constante denuncia de la violencia letal que sufren los indígenas por defender sus territorios. Desde hace meses, Cunningham sufría acoso, incluso en el mismo Aeropuerto Internacional de Managua, cuando intentaba viajar.
Los indígenas llevan años denunciando que el Gobierno sandinista no cumple con la ley 445, llamada formalmente Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Esta ley establece cinco fases en el proceso de reconocimiento y formalización de los derechos de propiedad indígena: demarcación, resolución de conflictos, titulación y saneamiento. Este último ha sido incumplido por las autoridades. El “saneamiento” consiste en el ordenamiento territorial y la expulsión de los terceros que no compartan la cosmovisión de los indígenas, ni el respeto por la tierra ni las normas comunitarias.
Un estudio publicado en abril de 2020 por el Oakland Institute, un organismo que estudia asuntos ambientales, alerta que el Gobierno de Ortega “alienta la fiebre del oro en Nicaragua”. En 2017, fue creada la Empresa Nicaragüense de Minas que permite al Estado de Nicaragua una mayor participación en negocios mineros junto con empresas privadas. De esa forma, el total de tierra bajo concesión minera aumentó de alrededor de 1.200.000 hectáreas a 2.600.000 hectáreas. Lo alarmante es que 853.800 hectáreas de esa tierra están en la zona de amortiguación de la reserva de Bosawás, en territorios indígenas.
Esa fiebre del oro se une a la expansión de la ganadería y los monocultivos, lo que alienta la invasión de tierra y la violencia contra los indígenas. El asesinato de López Smith es el último episodio violento que se sufren estas poblaciones nicaragüenses y ha generado el repudio de organizaciones de derechos humanos y hasta de Estados Unidos: el Departamento de Estado ha exhortado al régimen de Ortega a llevar a la justicia a los asesinos del líder indígena. “Activistas atribuyen esta atrocidad a asentadores que amenazan comunidades indígenas y actúan con impunidad bajo el régimen. Esto debe parar”, ha exigido el Gobierno de Joe Biden.
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Son cerca de 92 familias, un pueblo indígena, que tuvieron que dejar sus viviendas debido a que sus vidas corrían peligro por la violencia.
Son cerca de 92 familias, un pueblo indígena, que tuvieron que dejar sus viviendas debido a que sus vidas corrían peligro por la violencia.
Noticias Nariño
Por cuenta de los constantes combates entre grupos armados, un pueblo indígena de la costa de Nariño fue desplazado completamente de sus territorios, por cuenta de la violencia.
Así lo denunciaron desde el resguardo indígena AWA, tras indicar que cerca de 92 familias tuvieron que dejar sus territorios.
“La violencia nuevamente azota a estos nichos sociales, fueron cerca de 280 indígenas del municipio de Barbacoas, que se ha visto afectado por el conflicto desde hace varios años”, señalaron
Por ello, desde la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, reportaron que estas comunidades pertenecen al resguardo indígena Pipalta Palbí Yaguapi;y que tuvieron que dejar sus tierras debido a que sus vidas corrían peligro al encontrase completamente confinados.
Señalaron que la totalidad de familias mencionadas corresponden al conjunto completo de esta comunidad étnica que se encuentra resguardada en el centro poblado Buenavista.
Sin embargo, denuncian que se encuentrab bajo fuertes condiciones de hacinamiento.
Así mismo, indicatron qué el 30 % de los desplazados son hombres; mientras que el 27 % son mujeres y una elevada cifra corresponde a menores de edad.
Los menores de edad de 4, 6 y 13 años pertenecen a la misma familia, fueron remitidos al centro médico de Puerto Asís. Hay temor en el resguardo.
Noticias Nariño.
Una angustiante situación se registró en las últimas horas en San Miguel, Putumayo, luego que hombres fuertemente armados ingresaran hasta un resguardo indígena e hirieran a varias personas.
Señalan algunas versiones que los hechos se presentaron dentro del cabildo Monterrey pueblo AWA.
Indicaron que de un momento a otro se escucharon algunos disparos que generaron temor entre la comunidad.
Sin embargo, cuando parecía que todo se había calmado, la comunidad se percató de lo ocurrido.
Los hechos se registraron en el resguardo indígena
En medio de los hechos, se percataron de que tres menores de edad resultaron gravemente heridos.
Las víctimas de 4, 6 y 13 años pertenecían a una misma familia.
De inmediato, fueron trasladados hasta un centro asistencial del municipio de Puerto Asís en donde personal médico los atendió de inmediato.
Así mismo, autoridades locales manifestaron que al parecer también habrían personas desaparecidas; lo cual ha generado temor entre la comunidad.
Entre tanto, El Ejército y la Policía ya iniciaron con la investigación para establecer lo sucedido.
Recientemente aparecieron varios grafitis a las afueras de la IPS indígena. Denuncian que Fuerzas Militares también se han tomado establecimientos
Noticias Nariño.
Un doble drama se vive en el resguardo indígena Pipalta Palbi Yaguapi, vía Junín – Barbacoas, por cuenta de los problemas viales, sumado a la situación de orden público en la región.
Así lo dieron a conocer desde el Resguardo, tras señalar que las disputas entre actores armados están poniendo en riesgo la vida e integridad de las familias del resguardo.
“Desde el 2 de marzo del presente año se vienen presentando combates entre grupos armado ilegales. Esta situación ha generado el desplazamiento de la totalidad de familias del resguardo, que ahora se encuentran refugiadas en el centro poblado de Buenavista, siendo el tercer desplazamiento masivo que ha sufrido el resguardo”, señalaron.
Añadieron que la situación en la zona de carretera también es complicada.
Agregaron en que la Casa de Formación Cultural Lisandro Nastacuas, en la cual funciona la IPS UNIPA y la sede administrativa del aparecieron grafitis alusivos a la guerrilla del ELN.
Presencia del Ejército
Por otro lado, agregaron que ayer, el Ejército Nacional hizo presencia en Predio Los Telembies, asentamiento indigena ubicado en inmediaciones de Buenavista.
“Algunos integrantes de la Fuerza Pública permanecieron en los alrededores de la sede etnoeducativa, pero otros ocuparon los salones de clase. Después de dos horas, el personal del Ejercito se retire y, aproximadamente, a 500 metros del establecimiento educativo realizaron disparos”, señalaron.
Enfatizaron en que, la presencia de grupos armados en territorios colectivos, evidencian una sistemática infracción al Derecho Internacional Humanitario.
“Reiteramos el llamado que se ha venido haciendo desde el año 2020 cuando, en medio de las restricciones por la pandemia, se recrudeció la violencia en este sector, para que las instituciones competentes, activen las rutas de atención en emergencia para las familias del resguardo“, sostuvieron.
El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, de 36 años, asumirá el Gobierno el viernes próximo. Una de las particularidades de la primera etapa de su mandato (2022-2026) será la convivencia con una convención constituyente que trabaja a contrarreloj para presentar una propuesta de Constitución que, hasta ahora, cambia profundamente el entramado constitucional vigente y, por lo tanto, las instituciones.
El tiempo corre deprisa para el órgano que se disolverá, de acuerdo a la ley, el 4 de julio de este año. Está compuesto por siete comisiones temáticas que presentan sus informes al conjunto de la convención, donde cada una de las normas deben aprobarse por dos tercios de los constituyentes, es decir, 103 miembros. Pero solo cuatro comisiones han presentado parte de sus propuestas al pleno a menos de dos meses de que, el 28 de abril, deban entregar el texto a la comisión de armonización, que se encargará de formular un cuerpo coherente.
“Calculo que están listas menos del 25% de las normas del texto final”, asegura Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo (LyD), un centro de pensamiento de la derecha. Actualmente, los convencionales trabajan incluso los fines de semana para llegar a puerto y, aunque no parece imposible, se ve difícil que el Congreso amplíe su plazo de funcionamiento.
Es una convención dominada por el eje de la izquierda del sistema político chileno –donde los grupos moderados han contenido en el pleno algunas normas polémicas–, paritaria entre hombres y mujeres y con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas.
“Existe una línea bastante recta entre estallido social de octubre de 2019, elección de convencionales en mayo de 2021 y las propuestas constitucionales”, explica el constitucionalista Tomás Jordán, al que le llama la atención que este punto no se considere en el análisis y que, desde que a mediados de febrero el pleno de la convención comenzó a votar las normas que serán parte de la propuesta final, haya parte de la sociedad sorprendida por los artículos, profundamente distintos con respecto a la actual Constitución. No las llamaría “refundacionales”, como lo hace González, que considera que se está dando una “vuelta en 180 grados”. Para Jordán, se tratan de propuestas “muy diferentes en sus paradigmas a la Constitución actual”, por lo que prefiere hablar de “innovaciones profundas”, porque en el pleno se han moderado. “Es una transformación estructural y no una reforma”, explica el abogado, que coordinó los esfuerzos constituyentes del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).
Las normas ya aprobadas por la convención plena darán origen a un texto que se plebiscitará el 4 de septiembre o el 11 de septiembre próximo (dos fechas muy simbólicas para la política chilena, porque el 4 de septiembre era la fecha en que se celebraban las presidenciales hasta antes del golpe de 1973 y el 11 de septiembre ocurrió el quiebre democrático). “Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”, sostiene uno de los artículos. Es uno de los asuntos de mayor envergadura aprobados hasta el momento. Porque la plurinacionalidad tiene fuertes defensores –la norma fue aprobada por 112 votos contra 32–, pero a la vez importantes detractores. La historiadora Sofía Correa Sutil, académica de la Universidad de Chile, ha dicho que con la plurinacionalidad “se destruye la nación chilena, entendida como una unidad que acoge la más variada diversidad”.
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La convención aprobó, a su vez, la siguiente norma: “El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”, reconfigurando totalmente lo que existe en la actualidad, donde impera el Estado unitario con una tradición de unos 200 años y donde el presidente era el jefe político y administrativo de todas las unidades del Estado (Chile está organizado en 16 regiones sin autonomía).
En otro artículo se indica que “las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses”, aunque no podrán “atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile”. Debutarán así los Gobiernos regionales elegidos por la ciudadanía, que tendrán sus respectivas asambleas legislativas electas que, aunque sin potestad legislativa, tendrá atribuciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Cada región podrá, a su vez, crear sus propias empresas públicas. Para González, “no está resuelta para nada la forma en que se relaciona el nivel central con el regional, lo que es muy complejo sobre todo desde el punto de vista fiscal”, asegura.
Pluralismo jurídico
Si la propuesta de Constitución se aprueba por la ciudadanía –en un plebiscito que tendrá carácter obligatorio–, Chile tendrá pluralismo jurídico, algo que existe en alguno de los países que reconocen constitucionalmente a los pueblos originarios. Será uno por pueblo –10 en total– más uno para los no indígenas. “El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”, asegura la norma aprobada por 113 votos contra 39 que, nuevamente, ha desatado un profundo debate. Todavía falta por definir mediante la ley si la Corte Suprema será el tribunal superior de todos los sistemas de justicia regionales y determinar las competencias y materias que se regirán por la justicia indígena.
“En Chile, la población indígena no vive en reservas, sino que a lo largo y ancho del territorio, justamente por el proceso de mestizaje”, asegura González, que se declara preocupada por la “incerteza jurídica” de la plurinacionalidad. “Habría autonomías indígenas –con capacidades presupuestarias, normativas, financieras– y a su vez se generan sistemas de justicias indígenas. Generas tantas naciones dentro de una nación que se corre el riesgo de un ambiente separatista”, asegura la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD.
El grupo que trabaja sistemas de conocimiento, a su vez, logró que el pleno aprobara la norma que garantiza que “los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho” a “la restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos”, con un alcance que hasta ahora los expertos no se atreven a aventurar con respecto a los conquistadores españoles. Para Jordán, “lo que mayor impacto ha tenido en el conjunto del texto aprobado hasta ahora ha sido la perspectiva indígena, lo que resulta nuevo y ajeno a la cultura jurídica de las últimas tres constituciones chilenas”, que incluso no reconocen a los pueblos.
Lo mismo con la paridad. En la elección a cargos de las entidades territoriales nuevas se debe respetar la paridad, al igual que en la función jurisdiccional.
Especialmente relevante en esta materia será la nueva propuesta de la comisión de medioambiente y modelo económico. El viernes se rechazaron en el pleno buena parte de las propuestas de la comisión encargada de estas temáticas –constituida sobre todo por activistas medioambientales–, en las que imperaba un paradigma ecocéntrico y biocéntrico que entiende la naturaleza como sujeto de derecho. Uno de los artículos que no alcanzó el quórum fue el que reconocía la “sintiencia” de los animales y establecía que el Estado debía protegerlos, reconocer su individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. Logró, eso sí, 100 votos a favor, 29 en contra y 25 abstenciones, ante la preocupación de la industria ganadera, avícola o salmonera.
La comisión tendrá que reformular sus primeros planteamientos –en un informe de reemplazo o segundo informe–, pero impera el convencimiento de incorporar la perspectiva de los pueblos originarios en materia de medioambiente, que tienen una cosmovisión muy distinta a los no indígenas. Podría pedírseles el consentimiento previo para cualquier actividad productiva en el territorio, con una participación vinculante. Lo que resulte en esta área será fundamental, porque podría cambiar profundamente el paradigma del modelo de desarrollo del Estado chileno que, hasta ahora, es subsidiario, preminentemente económico, con énfasis en la libertad de empresa y productividad.
Igualmente relevantes serán las propuestas de la comisión de derechos fundamentales, que todavía el pleno no revisa. Se discutirán asuntos clave como el derecho de propiedad y la propiedad indígena.
A fines de esta semana, en tanto, se comenzará a sellar el destino del Senado. La convención empuja el empoderamiento de la cámara política –la de los diputados– y un Senado que pasaría a llamarse Consejo Territorial, posiblemente sin las actuales facultades y sin la misma capacidad de incidir en proceso legislativo. El Poder Judicial también cambiaría de nombre y pasaría a llamarse Sistema Nacional de Justicia.
De acuerdo a la última encuesta Criteria, un 31% aprueba el trabajo de la convención (dos puntos menos respecto del mes anterior) y un 48% los desaprueba, cuatro puntos más que el mes pasado. Sigue siendo, sin embargo, la institución política con mayor respaldo.
Una comisión de búsqueda liderada por la guardia indígena, lo hallaron sin vida.
El reporte es que el indígena había salido de su vivienda para una jornada de caza y no volvió, encontrado sin vida.
Noticias Nariño.
Voces de rechazo hay en la costa de Nariño por cuenta del homicidio de un indígena que había sido reportado como desaparecido hacia días.
Se trata de Bolívar Lavin. D. G. quien acompañaba al Cabildo ejerciendo funciones de Guardia Indígena.
“La víctima fue reportado como desaparecido estando en el interior del Resguardo; sin embargo el día domingo, salió de su vivienda a ejercer la práctica de la caza”, señalaron.
Aunque pasaron las horas, el indígena no volvió a su casa.
Por tal razón, se dispuso de una comisión de búsqueda liderada por la guardia indígena.
28 lideres o defensores de DDHH asesinados en 2022
Sin embargo, horas después,encontraron al compañero sin vida con algunos impactos de bala.
A esto se suma, que también le habían robado su motocicleta.
Por tal razón, la comunidad indígena, rechazó lo sucedido.
Las autoridades Awá afirmaron que en los últimos 2 años han asesinado a 7 líderes de su comunidad e hicieron responsable al Gobierno Nacional y directamente a la Unidad Nacional
Los miembros de la Asamblea Constitucional chilena posan antes del inicio del primer debate formal de los artículos de la nueva Constitución, el 15 de febrero de 2022 en Santiago de Chile.IVAN ALVARADO (REUTERS)
La nueva Constitución de Chile comienza, al fin, a tomar forma. En la madrugada de este miércoles, los 154 legisladores aprobaron con más de los dos tercios de los votos requeridos los primeros 14 artículos, todos relacionados con el sistema de Justicia. Los textos llegaron al pleno de la Convención Constitucional tras meses de trabajo en las comisiones y deberán superar ahora la votación en particular de cada inciso. Solo así formarán parte de la Carta Magna que debe estar lista el 4 de julio. La primera jornada se concentró en el sistema de Justicia y tuvo como novedad el reconocimiento de la validez de las leyes indígenas para resolver conflictos. La derecha, que se opuso, votó unida y no pudo evitar los dos tercios que sumaron los partidos de izquierda e independientes.
Fue un día largo, con discusiones que duraron más 15 horas. El presidente electo, Gabriel Boric, quien como líder estudiantil promovió la convocatoria a una Convención para calmar las revueltas callejeras iniciadas en 2019, celebró en sus redes sociales. “Qué esperanza ver cómo Chile escribe por primera vez en su historia una Constitución de manera democrática, paritaria y con participación de pueblos originarios. Y que así sea, genera debate. No tengamos miedo”, dijo. El texto en discusión deberá ser refrendado al final del proceso en un referendo vinculante. Y una vez en vigencia habrá enterrado a la Constitución actual, aprobada en los años ochenta por la dictadura de Augusto Pinochet.
La clave de la jornada estuvo en los dos primeros artículos aprobados, en los que se hace mención al “pluralismo jurídico”. Esto es, que en el nuevo Chile la justicia será impartida por los tribunales tradicionales, pero también por autoridades de pueblos originarios y otros órganos, según consta en el primer artículo. El segunda agrega que el Poder Judicial actual coexistirá con “en un plano de igualdad con los Sistemas Jurídicos Indígenas”. “Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente”, dice el texto. La norma sumó 114 votos afirmativos, 11 más que los necesarios por la regla de los dos tercios, y 37 negativos.
Christian Viera, coordinador de la comisión de Justicia, aclaró que los artículos plantean principios, pero que su aplicación dependerá de discusiones que aún están pendientes. “El principio no impone una regla. Y esto es relevante, porque están viendo una regla donde no la hay. Los principios informan las futuras reglas, y las futuras reglas son lo que estamos discutiendo en este momento en la comisión”, dijo Viera. La legisladora Tammy Pustilnick escribió un largo hilo en Twitter donde advierte a los críticos que “la ley nacional se seguirá aplicando a todos los habitantes de la República, incluso para los indígenas, con la única diferencia que estos podrán regirse por su propio derecho para ciertas materias y de acuerdo con ciertas condiciones y límites”. Países como Bolivia y Ecuador ya aplican modelos judiciales mixtos como el que ahora discute Chile.
La primera jornada de votación dejó claro que el perfil de la nueva Constitución de Chile está en manos de la izquierda y los partidos independientes, cuyos representantes son mayoría dentro de la Convención. La derecha, pese a votar unida en contra, no pudo impedir que se alcanzasen los dos tercios de los votos afirmativos. La legisladora Rocío Cantuarias, de Colectivo Chile Libre, se quejó de que las ideas que defienden como colectivo “no son consideradas en lo más mínimo”. Es evidente, dijo, que “está todo arreglado y que somos un grupo irrelevante para la redacción de esta Constitución”. Su par Teresa Marinovic dijo que los dos tercios están asegurados, salvo cuando los partidos de centro izquierda no coinciden con los de la extrema izquierda. “Ahí es cuando se caen los dos tercios. Incluso, normas que uno puede considerar como muy negativas o antidemocráticas se aprobaron con bastante más de dos tercios”, lamentó.
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No han soltado el arco y la flecha, solo que ahora los enfilan contra otros colonizadores. Unos 133 indígenas piaroa de la comunidad Gavilán de Cataniapo —al norte del Amazonas venezolano, en el municipio de Atures— se unieron en 2018 para conformar lo que llaman “cuerpo de resistencia civil”: un grupo de centinelas para protegerse de los nuevos forasteros que irrumpen en ese rincón de la selva amazónica.
Los vigilantes se llaman Ajoce Huäyäkä, vocablo piaroa que alude a una forma de trabajo comunitario. Insisten en ese asunto porque de allí deriva su legitimidad. Más que de tropas o milicias se trata, según sus palabras, de un grupo que se constituyó siguiendo decisiones adoptadas en asambleas, cuando la comunidad empezó a verse rodeada de mafias, guerrillas, mineros y garimpeiros que fueron asentándose en las vecindades.
No había pasado un año de la formación de la resistencia cuando fueron sorprendidos con una visita particular: hombres armados que se identificaron como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) invadieron su territorio y, como ya lo han hecho en otras zonas de la Guayana venezolana, se anunciaron como sus nuevos vecinos con un guión que viene repitiéndose en otras comunidades.
“Informaron que venían del gobierno, que eran aliados estratégicos del país”, recuerda el coordinador general de la Organización Pueblo Unido Piaroa del Cataniapo en Amazonas, Hortimio Ochoa. Solo que en este caso, después del revuelo inicial, terminaron por hacer caso a las demandas de los lugareños y desistieron de instalarse. “Marchamos, dialogamos y se fueron”.
El asunto, sin embargo, no quedó allí. Un año después, en febrero de 2020, los mismos uniformados regresaron, esta vez ya para quedarse. Entonces, más de 700 indígenas de las riberas del Cataniapo volvieron a marchar para expulsarlos, sin éxito.
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Hoy, la guardia tiene más trabajo que antes. Preocupados de que los cataloguen como una suerte de autodefensas, Ochoa insiste en que están bien lejos de ser un pelotón militar. Dice que no portan armas de fuego —solo se les ve con lanzas de madera— y que se trata de la misma comunidad organizada. La guardia, afirma, “interviene en la liberación de personas secuestradas, participa en la búsqueda de desaparecidos en las masacres, previene el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado, ofrece seguridad en las movilizaciones y eventos de sus pueblos, protección ambiental y seguridad territorial”.
Un cóctel de nuevos y viejos grupos irregulares —desde mineros ilegales hasta guerrillas— ha venido asentándose en el territorio piaroa. La expansión armada en el conflictivo sur venezolano, incluso en tiempos de pandemia, ha generado desplazamientos, confrontaciones, reclutamientos y depredación ambiental. También ha impactado las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas que, como en el río Cataniapo, empiezan a constituir grupos autónomos de seguridad que suplen la ausencia del Estado.
En apenas un año, entre 2020 y 2021, surgieron noticias de al menos dos nuevas guardias territoriales indígenas en áreas a las que ha llegado la presencia armada: una en la comunidad piaroa de Pendare, en el municipio de Autana del norte de Amazonas; y la segunda en territorio ye’kwana del río Caura medio, en el municipio de Sucre del oeste del Estado de Bolívar. Se sumaron a una lista de cuatro comunidades piaroa de Amazonas, así como de otras en Bolívar, tanto a orillas del río Paragua como del río Cuyuní.
Por mucho, el caso más emblemático es el de la Gran Sabana, al suroeste de Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. Allí, unas 86 comunidades del pueblo pemón, entre 120 localizadas en la zona, han adoptado este tipo de patrullas.
Alrededor de 80 voluntarios participan en la guardia territorial constituida en el municipio Autana de Amazonas.Sergio González
En Pendare, ubicada en el norte de Amazonas, los indígenas decidieron en febrero de 2020 defenderse “por su propio medio” de la “invasión silenciosa” sobre el territorio Tearime Siri koi Aerime Suititi de los uwottuja. De acuerdo con la mitología indígena, los abuelos protegieron el territorio piaroa poniendo raudales que servían como puestos de control y vigilancia para impedir el paso de personas foráneas. Pero las organizaciones del crimen han saltado los raudales y otros accidentes naturales, si es que no los han usado a su favor, para penetrar el territorio e instalar campamentos debajo de la copa de los árboles o dragar el lecho de los ríos.
En 2012, la Organización Indígena Pueblo Uwottuja del Sipapo (Oipus) empezó a denunciar la entrada de grupos armados, pero la administración de Nicolás Maduro no actuó y la presencia de irregulares se incrementó: en 2019, identificó campamentos en las riberas del río Autana, Bajo Sipapo y río Guayapo y, meses después, pistas de aterrizaje y evidencias de contrabando.
Desde mediados de 2020, la figura de las guardias territoriales se ha constituido en cinco comunidades del municipio de Autana con 80 voluntarios que instalan puntos de control en zonas estratégicas. Pero esto no ha detenido a los invasores. En marzo de 2021, en un punto de control sobre el Caño Guama, en la cuenca del río Sipapo, los mineros amenazaron a los indígenas con escopetas. En el hecho, tres indígenas resultaron heridos, uno de ellos con un corte en el rostro y pérdida de la dentadura, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) de Amazonas. Frente al poder de fuego de sus adversarios, la capacidad disuasiva de las rondas indígenas resulta endeble.
Un grupo armado que opera en el municipio Sifontes, en el sur de Bolívar, arremetió contra indígenas en enero de 2022. Tres indígenas, entre ellos un capitán y un miembro de la seguridad territorial, fueron heridos.Sergio González
A principios de 2022, otros tres indígenas de la etnia pemón fueron heridos en la comunidad indígena Santa Lucía de Inaway, en el sureste del Estado de Bolívar, por miembros de los autodenominados “sindicatos” que mantienen por la fuerza el control sobre yacimientos auríferos y sus alrededores en el municipio de Sifontes. Portando armas largas y disparando al aire, miembros del sindicato de alias Juancho arremetieron contra la comunidad, que había decidido ocupar un viejo galpón abandonado para dedicarlo a actividades comunitarias.
La toma del galpón representó un contratiempo para la banda delictiva, pues el inmueble permite controlar el paso por la vía de acceso a una mina bajo su control. En el enfrentamiento quedó herido el capitán de la comunidad Joboshirima, Junior Francis, cuando intentaba grabar un video. Otros dos indígenas, uno de ellos miembro de la guardia territorial indígena, fueron golpeados cuando intentaban fotografiar el conflicto.
La expansión de los grupos armados foráneos en este punto profundo del Estado de Bolívar ha obligado a las comunidades indígenas locales a organizar más de esas guardias, a pesar de su aparente incapacidad para rechazar a los invasores.
En San Martín de Turumbán, a orillas del río Cuyuní que marca la frontera con el Territorio Esequibo de Guyana, indígenas pemón conformaron su guardia territorial en febrero de 2021, tras la invasión de mineros ilegales a las tierras de la cercana comunidad de San Luis de Morichal.
Con el vocablo pemón Maikok, que significa “espíritu salvaje y montañero”, la comunidad bautizó a la guardia territorial, constituida por 30 hombres y mujeres mayores de 17 años. “La comunidad se organizó y creó la seguridad sectorial por las invasiones de grupos armados y criollos que querían imponer sus normas”, explicó el capitán de la comunidad Bennett Kennedy.
La guardia tiene un punto de control en los linderos de la comunidad y supervisa, lista en mano, quién entra y quién sale de las áreas mineras. Ciertas infracciones, tales como irrespetar a las autoridades indígenas, el ingreso de bebidas alcohólicas o la prostitución, son castigadas con la expulsión. Cuando decenas de mineros ilegales avanzaron de nuevo sobre San Luis de Morichal, en febrero de 2021, la guardia indígena de San Martín de Turumbán estuvo tres meses en el sitio para apoyar el resguardo de las tierras comunitarias.
Aún con casos de éxito como el anterior, la invasión de tierras indígenas por parte de los sindicatos, sin embargo, no ha cesado, como tampoco lo ha hecho en zonas amenazadas por la incursión de otros grupos, como las guerrillas colombianas y los garimpeiros de Brasil.
Situación de armas tomar
Hasta 1999, los derechos de los pueblos indígenas no contaban con reconocimiento constitucional en Venezuela. La Carta Magna que entonces impulsó Hugo Chávez estableció como una de sus banderas el reconocimiento a los pueblos indígenas y la demarcación de sus tierras como un derecho inalienable.
El artículo 119 no solo encomienda esa tarea al Poder Ejecutivo, sino que el 120 añade que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.
Pero del dicho al hecho, las disposiciones para la demarcación y la autonomía territorial de los pueblos originarios quedaron en letra muerta. Mientras, se multiplicaron las denuncias de abusos cometidos por fuerzas militares regulares del mismo Estado, que a su vez obligaron a los indígenas a adoptar una mayor beligerancia.
Uno de los primeros antecedentes de esos desmanes data de 2011, cuando indígenas pemón de 13 comunidades a orillas del río Paragua desarmaron y retuvieron durante cuatro días a 22 militares del Batallón 507 de Fuerzas Especiales del Ejército, devenidos mineros, a quienes encontraron hundidos en el barro hasta las rodillas y con motobombas encendidas. El hecho y la coordinada respuesta indígena sentaron las bases para la conformación de Musukpa, una comunidad en las cercanías de la mina Tonoro que diseñó un estricto compendio de normas de convivencia de diez capítulos y 76 artículos, que ordena todos los aspectos de la vida comunitaria, desde el trabajo minero hasta el ingreso de visitantes.
Perdidos entre la selva, un testigo grabó el secuestro y decomiso de las armas que unas 600 personas de 13 comunidades asentadas a orillas del Río Paragua practicaron contra un grupo de 22 militares.Vídeo: ARMANDO.INFO
El ejemplo de Musukpa se replicó en los años siguientes. Miembros de 12 comunidades del sector 3 de Urimán, en el municipio de Gran Sabana, detuvieron y desarmaron a 43 efectivos del Ejército venezolano que estaban ejerciendo la minería de forma ilegal en sus predios. Dos años más tarde, en el norte del mismo Estado, indígenas de las comunidades ye’kwana y sanemá, de la cuenca del río Caura, hicieron algo similar: detuvieron a un comandante del Ejército y a nueve soldados en protesta por la quema de dos viviendas y por la complicidad en prácticas mineras que atribuían a los uniformados.
Pioneros pemones
El primer referente de seguridad indígena en el sur de Venezuela se remonta a 2001, en la comunidad pemón de Maurak, en el municipio de Gran Sabana, a 15 kilómetros de la frontera con Brasil. Se llamó “policía civil indígena”, pues sus miembros estaban formados en seguridad, primeros auxilios y rescate. En esta comunidad nació Alexis Romero, un dirigente pemón clave en las negociaciones entre indígenas y gobierno en Musukpa en 2011.
Hasta ese momento, los problemas de Maurak eran sobre todo de orden doméstico: disturbios por ingesta de alcohol, robos menores y casos de violencia de género, según recuerda la capitana actual de Maurak, Lisa Henrito, quien asegura que se inspiró en las guardias indígenas de Colombia para dar forma a estas estructuras de seguridad interna.
El ejemplo cundió por toda la región al punto que hoy ya son 86 las comunidades de Gran Sabana que cuentan con cuerpos de seguridad interna. Es frecuente que algunos de sus miembros entrenaron en Maurak, alma mater de las guardias territoriales. “Es una guardia porque somos guardianes de nuestro territorio, de nuestra familia, las aguas, el ambiente y todo en el territorio; y no se trata de resguardar solo el territorio de los indígenas, sino del planeta”, explica Henrito. “Si los órganos de seguridad de esta nación no tienen la capacidad o la voluntad de hacer su trabajo, nosotros sí lo vamos a hacer porque somos los más interesados en mantener la paz”.
En 2016, la conformación de la guardia territorial de Santo Domingo de Turasen —en el mismo municipio— a causa del auge de la delincuencia y del tráfico de drogas y armas, provocó que el alcance de estas instancias excediera las fronteras de la comunidad. Ese año, un homicidio en Santa Elena de Uairén —principal población criolla cerca de la frontera con Brasil— con la participación de funcionarios policiales estatales, llevó a que habitantes de esa localidad, junto con las comunidades indígenas, expulsaran al cuerpo policial y tomaran el control de la seguridad con operativos en los municipios de Gran Sabana y Sifontes. “Allí llegó la popularidad de la guardia territorial pemón”, asegura Henrito.
Esa acción incorporó los cuerpos de seguridad del municipio, entrenó a indígenas de comunidades distantes como Sifontes y La Paragua y visibilizó a la Guardia Territorial Pemón, nombre que decidieron adoptar en 2017: “Los cuerpos de seguridad indígena nacieron como mecanismos internos”, detalla Henrito, “pero la mayor amenaza ahorita es la invasión progresiva de territorios indígenas, por eso estamos alertas 24/7″.
Sin embargo, también se puede morir de éxito. Fue el caso del asesinato en septiembre de 2018 de José Vásquez, comandante de la guardia territorial en la comunidad de Turasen. Las pesquisas y la autopsia determinaron que se trató de un homicidio, cuya responsabilidad fue atribuida al escolta y funcionario retirado de la Armada venezolana, Edward Frederick Curuma, quien fue arrestado. Indígenas pemón sospechan que el ataque contra este líder fue parte de un plan para debilitar la defensa territorial.
Un ataque del Ejército contra la comunidad indígena de Kumarakapay, en 2019, hizo que más de 1.000 indígenas migraran a Brasil.María Ramírez Cabello.
En 2019, la violencia estatal y la represión escalaron en la Gran Sabana, en la antesala del ingreso de la ayuda humanitaria ofrecida desde Brasil. La guardia indígena de Kumarakapay, llamada Aretauka por el acrónimo de tres grupos del pueblo pemón —arekuna, taurepan y kamarakoto—, intentó impedir el paso de vehículos militares hacia la frontera con Brasil para mantener el paso limítrofe abierto y con ello el ingreso de la ayuda humanitaria. Pero un ataque del Ejército en represalia contra la comunidad indígena dejó tres lugareños muertos por impactos de bala: Zoraida Rodríguez, Rolando García y Kliver Pérez, así como decenas de heridos. García era un legendario guía de excursiones y actividades de turismo de aventuras. Un cuarto indígena herido en el incidente, Onésimo Fernández, murió en marzo de 2020.
El ataque represivo, perpetrado con armas de fuego y bombas lacrimógenas, inédito en territorios indígenas, consolidó la militarización en este municipio. Más de 1.300 pemones huyeron de su natal Venezuela hacia el lado brasileño de la frontera en busca de seguridad, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). El éxodo incluyó al alcalde indígena del municipio, Emilio González. Las patrullas de Kumarakapay, que apenas portaban arcos y flechas, optaron por pausar sus actividades por temor a represalias y para evitar malos entendidos, pues en general estos grupos han sido acusados hasta de paramilitares.
La posibilidad de la violencia
Varias experiencias en América Latina comparten el crédito como origen de las guardias territoriales —como también se les conoce en Colombia—; policías comunitarias o autodefensas, en México; o rondas campesinas, en Perú.
La guardia del territorio indígena del Cauca, en Colombia, fue creada formalmente en 2001 con el propósito de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, amenazados por el conflicto armado, el desplazamiento y la invasión y militarización de sus territorios. Es una formación controlada por las autoridades indígenas y está conformada por 3.200 personas que “solamente armadas con bastones y walkie-talkies tratan de salvaguardar los territorios e impedir el ingreso de actores armados”, indica un estudio del doctor en Sociología Anders Rudqvist y el profesor de Historia Roland Anrup, publicado en la Revista Papel Político de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Los investigadores suecos consideraron que la guardia indígena es uno de los elementos de la resistencia civil de las comunidades en contextos de conflictos. Es una forma de defensa no armada “contra diferentes formas de violencia directa, es decir, violencia física”, pero también puede constituirse frente a las formas de violencia estructural. “Para el movimiento indígena, la resistencia civil es un ejercicio de autonomía y práctica comunitaria frente al Estado, los actores del conflicto armado y los intereses económicos transnacionales. Como consecuencia del principio de autonomía las comunidades han decidido no abandonar el territorio en casos de emergencia sino recurrir a la resistencia civil desde las asambleas permanentes”.
El politólogo y abogado Vladimir Aguilar, investigador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, explica que las guardias territoriales son mecanismos que los pueblos indígenas han encontrado para el control de sus territorios ante las amenazas de terceros. Aunque no todas son iguales, aclara. “Las de Bolívar son de carácter rígido (control de acceso hacia áreas mineras) mientras que las de Amazonas son de salvaguarda de sus territorios y ecosistemas (guardianes de la selva)”.
En la medida en que la expansión de la frontera extractivista a través de la minería ilegal siga en aumento, este mecanismo de control seguirá creciendo, sostiene.
Sin embargo, aclara que la tradición de los pueblos indígenas no incluye posiciones bélicas. Que esta característica cambie o no, va a depender de la presión y amenazas hacia sus territorios. “Los indígenas se han convertido en los verdaderos custodios de la soberanía e integridad territorial de la nación”.
(*) Esta es la quinta entrega de la serie “Corredor Furtivo”, investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.
Créditos
undefined Coordinación: Javier Lafuente | Guiomar del Ser Dirección de arte:Fernando Hernández Diseño: Ana Fernández Edición: Eliezer Budasoff Maquetación: Alejandro Gallardo Infografía: Nacho Catalán. Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinación) | Jorge Luis Cortés y Cristian Hernández (diseño, infografía y montaje) | Ewald Scharfenberg (edición) | Vanessa Pan y Pablo Rodríguez (dirección de arte).
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Breiner tenía 14 años de edad, fue herido de bala en medio de disparos que habrían hecho grupos armados ilegales. Fotos: Tejido de Comunicación Pueblo Nasa norte del Cauca.
Breiner tenía 14 años de edad, fue herido de bala en medio de disparos que habrían hecho grupos armados ilegales.
Noticias Cauca.
Breiner David Cucuñame López tenía 14 años de edad, y además de cumplir con sus tareas como parte de su comunidad indígena, trabajaba por el medio ambiente, murió tras ser herido en medio de combates por la presencia de grupos armados en el departamento del Cauca.
Era cuidador de la Madre Tierra en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires.
Al joven lo despidió su comunidad. Fotos: Tejido de Comunicación Pueblo Nasa norte del Cauca.
Este lunes se cumplieron sus exequias, que en su territorio es el proceso de «volver a la madre tierra».
Una desarmonización que ha dejado en luto no solo a la comunidad indígena en este departamento, sino al país donde se pide que haya justicia.
«Siembra del compañero Breiner David Cucuñame», Pueblo Nasa del norte del Cauca.
El crimen del adolescente y guardia indígena Breiner, se presentó cuando iba a pedir ayuda ante la presencia de grupos armados cerca de la comunidad, ahí dispararon indiscriminadamente y él cayó gravemente herido.
Según la denuncia de la ACIN, el grupo armado responsable de los homicidios fue el autodenominado Comando Coordinador de Occidente, de las disidencias.
Violencia sistemática
Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), más de 300 miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en los últimos tres años.
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC, se han presentado 314 asesinatos que corresponden a autoridades indígenas; comuneros y guardias entre los años 2019 y 2021.
Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, a nivel del país se han contabilizado 1.286 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz, en 2016.
El día que murió Breiner, Guillermo Chicame Ipia fue la otra víctima mortal en el resguardo de las delicias Vereda San Gregorio del corregimiento de San Ignacio.
Fabián Camayo, coordinador de la guardia indígena y una mujer también resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Francisco de Paula en Santander de Quilichao.
Breiner David Cucuñame, joven de 14 años del resguardo indígena Las Delicias (Cauca), en Colombia.Parques Nacionales Naturales de Colombia
El asesinato de todo tipo de líderes sociales y en particular de los defensores del medio ambiente no se detiene en Colombia. El más reciente, el de Breiner David Cucuñame, un niño de 14 años que acompañaba a la guardia indígena en el convulso departamento del Cauca, ha conmocionado una vez más a una sociedad que sigue sumando nombres a esa trágica lista. Aunque el motivo de su asesinato aún no ha sido confirmado de manera oficial, se podría considerar el primer ambientalista asesinado en este 2022 en el país del mundo donde ocurren con mayor frecuencia estos crímenes. Una víctima más que refleja la extrema vulnerabilidad de ecologistas, indígenas y menores en comunidades sometidas al fuego cruzado de los grupos armados ilegales en muchos territorios del país.
La foto en la que el Servicio de Parques Nacionales Naturales de Colombia lamenta su asesinato muestra a Cucuñame con su bastón de mando y su chaleco de guardia indígena en medio de un páramo, rodeado de frailejones. La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia ha condenado el confuso ataque sucedido el pasado viernes en el que además falleció otra persona en la localidad de Buenos Aires.
Las autoridades indígenas le atribuyeron la autoría del ataque a grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz sellado hace ya más de cinco años. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) despidió al adolescente como un “cuidador de la Madre Tierra, guardián del Territorio, guardia indígena estudiantil Kiwe Thegna del resguardo de Las Delicias, niño protector de la vida, Nasa de acciones colectivas y sueños grandes”. “La muerte del joven Breiner David Cucuñame, un abanderado de la protección ambiental en su comunidad en el Cauca, nos llena de tristeza”, reaccionó el presidente Iván Duque en sus redes sociales al pedir celeridad a la Fiscalía para esclarecer los hechos.
El ataque ocurrió en una zona rural del norte del Cauca cuando la guardia indígena ejercía sus labores de control territorial, después de que recibió información de la presencia de hombres armados en el resguardo. Al llegar, los disidentes les dispararon tanto a la guardia como a la comunidad, ha explicado la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). En el lugar murió Guillermo Chicame, que era parte del esquema de seguridad del líder del resguardo Fabián Camayo, que también resultó herido. El fuego continuó, y poco después el joven Cucuñame –que según los testimonios acompañaba a su padre luego de una jornada de trabajo– fue baleado en la carretera.
En los resguardos, la guardia indígena suele estar compuesta por hombres y mujeres desarmados que se encargan de la defensa colectiva de sus territorios y portan bastones de mando como símbolo de autoridad. En otros tiempos, los grupos armados los respetaban. Sin embargo, en medio de la fragmentación que ha caracterizado la crisis de seguridad que atraviesa Colombia, tanto gobernadores indígenas como miembros de la guardia han caído también en medio del incesante asesinato de líderes sociales. Al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado, de acuerdo con la oficina de Derechos Humanos de la ONU, una lista que encabezó el departamento del Valle del Cauca. La Defensoría del Pueblo eleva ese conteo hasta 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2021.
El norte del Cauca, donde habita la mayoría del pueblo Nasa, colinda justamente con el sur del Valle del Cauca y es un corredor para las rutas del narcotráfico por su salida al Pacífico, lo que ha convertido la zona en un polvorín. Allí operan un archipiélago de grupos ilegales, entre los que se encuentran varias disidencias de las FARC, además de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas del narcotráfico e incluso se ha reportado la presencia de cárteles mexicanos.
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A la pesada herencia del narcotráfico y el conflicto armado, se suman los riesgos de defender causas ambientales, a las que les sobran mártires. Colombia ha sido identificado por dos años consecutivos por la oenegé Global Witness como el país más peligroso para defender la tierra. De los 227 asesinatos de ambientalistas registrados en 2020 en el mundo, 65 ocurrieron en el país sudamericano. En su más reciente informe, Global Witness subraya que los pueblos indígenas son los más afectados por la violencia.
Tampoco los menores lo tienen fácil en medio del fuego cruzado. En el mismo fin de semana, el asesinato de otra niña también ha enlutado a los colombianos. Valeria Murillo, de 10 años, murió el domingo luego de ser alcanzada por las balas de pistoleros del Clan del Golfo –una banda narcotraficante– que atravesaron las paredes de madera de su casa, donde se resguardaba con su madre, en una incursión armada en el municipio de Medio San Juan, en el departamento del Chocó, sobre la franja del Pacífico. “Hacemos enfático llamado a respetar la vida y la integridad de la población civil, especialmente de niños, niñas y adolescentes”, ha suplicado la oficina de Derechos Humanos de la ONU al condenar el crimen.
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El menor de 14 años que se encontraba cuidando el resguardo indígena de Las Delicias salió en busca de apoyo cuando recibió varios impactos de bala.
Noticias Cauca
Un joven de tan solo 14 años y que pertenecía a la guarda indígena fue asesinado en medio de combates tras la presencia de grupos armados en el departamento del Cauca.
De acuerdo con las organizaciones, la víctima fue identificada como Breiner David Cucuñame López, quien era cuidador de la Madre Tierra en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires, en el Cauca.
Señalaron que su crimen se presentó cuando iba a pedir ayuda ante la presencia de grupos armados cerca de la comunidad.
En medio de los hechos grupos ilegales habrían disparado indiscriminadamente provocándole serias heridas que le causaron la muerte.
Según la denuncia de la ACIN, el grupo armado responsable de los homicidios fue el autodenominado Comando Coordinador de Occidente.
Duele Breiner David Cucuñame López un niño de tan solo 14 años fue asesinado por grupos armados en el Cauca. Cuidador de la Madre Tierra,Guardián del Territorio, Guardia indígena estudiantil Kiwe Thegna del resguardo de Las Delicias. Niño protector de la vida Nasa.😪 pic.twitter.com/0Ui7jUOA3O
Los asesinatos no son casos aislados. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), más de 300 miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en los últimos tres años.
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC, se han presentado 314 asesinatos que corresponden a autoridades indígenas; comuneros y guardias entre los años 2019 y 2021.
Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, a nivel del país se han contabilizado 1.286 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz, en 2016.
El menor de 14 años que se encontraba cuidando el resguardo indígena de Las Delicias salió en busca de apoyo cuando recibió varios impactos de bala.
Noticias Cauca
Un joven de tan solo 14 años y que pertenecía a la guarda indígena fue asesinado en medio de combates tras la presencia de grupos armados en el departamento del Cauca.
De acuerdo con las organizaciones, la víctima fue identificada como Breiner David Cucuñame López, quien era cuidador de la Madre Tierra en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires, en el Cauca.
Señalaron que su crimen se presentó cuando iba a pedir ayuda ante la presencia de grupos armados cerca de la comunidad.
En medio de los hechos grupos ilegales habrían disparado indiscriminadamente provocándole serias heridas que le causaron la muerte.
Según la denuncia de la ACIN, el grupo armado responsable de los homicidios fue el autodenominado Comando Coordinador de Occidente.
Duele Breiner David Cucuñame López un niño de tan solo 14 años fue asesinado por grupos armados en el Cauca. Cuidador de la Madre Tierra,Guardián del Territorio, Guardia indígena estudiantil Kiwe Thegna del resguardo de Las Delicias. Niño protector de la vida Nasa.😪 pic.twitter.com/0Ui7jUOA3O
Los asesinatos no son casos aislados. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), más de 300 miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en los últimos tres años.
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC, se han presentado 314 asesinatos que corresponden a autoridades indígenas; comuneros y guardias entre los años 2019 y 2021.
Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, a nivel del país se han contabilizado 1.286 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz, en 2016.
