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Polonia ha dado este miércoles un paso más en la línea dura contra Moscú que abandera, al anunciar la expulsión de 45 diplomáticos rusos ―en torno a la mitad del personal de la Embajada en Varsovia― por sospechas de espionaje. Los 45 tienen “distintos estatus diplomáticos” y un máximo de cinco días para abandonar el país, salvo uno, que solo goza de 48 horas, ha señalado el portavoz de Exteriores, Lukasz Jasin, en una rueda de prensa en el Ministerio. El anuncio se produce la víspera de que se cumpla un mes de guerra en Ucrania y horas antes de que aterrice en Europa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que visitará Polonia tras participar en tres cumbres internacionales en Bruselas. Pawel Jablonski, vicesecretario de Estado de Exteriores polaco, ha precisado a este periódico que la expulsión es “una decisión preparada antes y coordinada con otros países”.

Jasin ha señalado dos motivos para la fulminante expulsión: que “cometieron actividades contrarias a la ley polaca” y que “vulneraron las normas de la Convención de Viena”, el texto de 1961 que regula las relaciones e inmunidad diplomáticas. Poco antes de que se hiciera pública la orden, el portavoz de los servicios especiales, Stanislaw Zaryn, había anunciado que la agencia de seguridad interior había identificado a 45 personas que trabajaban como espías para Moscú o estaban relacionadas con esos miembros de los servicios secretos.

“Rusia es nuestro vecino, no va a desaparecer del mapa de Europa, pero la agresión a Ucrania prueba que es un Estado inamistoso, e incluso hostil, con Polonia”, ha agregado el portavoz. Jasin ha señalado que en cualquier caso la representación diplomática rusa no era “acorde” con el estado actual de las relaciones bilaterales entre Polonia y Rusia, históricamente complejas y marcadas por una desconfianza que se ha acrecentado tras la invasión de la vecina Ucrania.

También ha señalado Jasin en su comparecencia que las “actividades ilegales de estos diplomáticos pueden representar una amenaza” para los refugiados ucranios. Desde el inicio de la guerra han llegado a Polonia 2,1 millones de personas procedentes de Ucrania —de los 3,6 millones que han huido a los países vecinos en el éxodo de refugiados más rápido en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial—, según los últimos datos de la agencia de refugiados de la ONU, Acnur, del pasado martes. Se calcula que unos 1,8 millones de esos refugiados permanecen en territorio polaco.

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El embajador ruso en Varsovia, Sergey Andreev, fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco y aseguró a las puertas de la sede que las acusaciones contra los 45 diplomáticos carecen de base. Aclaró que se marcharán en el plazo establecido porque es una “decisión soberana” a la que “tiene derecho” Polonia, pero advirtió de que su país también tiene derecho a tomar decisiones, sin especificar cuáles adoptará.

Los países bálticos y Bulgaria han tomado medidas similares desde que comenzó la guerra, pero Polonia es el país más importante de la zona y uno de los que más aprietan para que la OTAN y la UE endurezcan su postura hacia Moscú.

Por una parte, cara a la reunión de los Vientisiete de este viernes, Varsovia propone dejar ya de comprar hidrocarburos a Rusia, un paso sobre el que no existe consenso en la UE. Además, en la reunión de la OTAN va a proponer formalmente enviar una misión de paz a Ucrania. Esta idea cuenta con muy pocos amigos por el rechazo de la Alianza a desplegar militares en un Estado que no pertenece a la organización a fin de defenderlo de una potencia nuclear.

Varsovia lanzó esta propuesta a la OTAN por primera vez el pasado día 15 de forma un poco sui generis: no de boca del primer ministro, Mateusz Morawiecki, sino del vice primer ministro y líder del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Fue durante el viaje sorpresa en tren a Kiev que hicieron los dos con los jefes de Gobierno de República Checa, Petr Fiala; y Eslovenia, Janez Jansa; en una iniciativa de la que se distanció Bruselas. “Creo que es necesario tener una misión de paz. De la OTAN, posiblemente una estructura internacional más amplia, pero una misión que sea capaz de defenderse y que opere en territorio ucranio”, dijo Kaczynski en la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski.

Este miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue preguntado al respecto y respondió que sería “una decisión muy temeraria y extremadamente peligrosa”. Todo contacto entre fuerzas rusas y de la OTAN “podría tener claras consecuencias que serían difíciles de reparar”, agregó. La Alianza mantendrá este jueves una reunión de emergencia en Bruselas en la que estará Biden. También asistirá allí a las del G7 y la UE, de las que saldrá una nueva ronda de sanciones contra Rusia. El presidente de Estados Unidos volará un día más tarde a Polonia, en un claro gesto de apoyo a un país que teme ser la próxima víctima de Rusia, pese a pertenecer la OTAN. El artículo quinto de la Alianza obliga a los países que forman parte de la organización a acudir en defensa de cualquiera de sus miembros si es agredido. El sábado, Biden se reunirá en Varsovia con el presidente de Polonia, Andrzej Duda.

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Mientras Ucrania acapara la atención del mundo, los archienemigos de Oriente Próximo siguen intercambiando golpes. Los Guardianes de la Revolución de Irán se han atribuido este domingo el disparo de una docena de misiles balísticos caídos la noche anterior en las proximidades de la futura sede del Consulado de Estados Unidos en Erbil, capital de la región autónoma kurda en el norte de Irak. Un comunicado de la fuerza de élite ideológica del régimen iraní aseguró que el objetivo alcanzado era “un centro estratégico de conspiración y actos diabólicos sionistas”, en alusión a una base del Mosad, el servicio de espionaje exterior de Israel. La nota justificaba el ataque como respuesta “a recientes crímenes del régimen sionista”.

El impacto de los misiles en Erbil se produce una semana después de la muerte de dos guardianes de la revolución en un bombardeo con misiles lanzado por Israel contra instalaciones militares proiraníes en las inmediaciones de Damasco. La aviación israelí lleva a cabo desde hace casi una década ataques en Siria contra las fuerzas afiliadas a Teherán, con el fin de evitar que se afiancen territorialmente en el vecino país árabe y transfieran armas avanzadas, como cohetes con sistema de guiado de precisión, a Hezbolá, el partido-milicia chií contra el que Israel libró una guerra abierta en 2006 en Líbano.

Los misiles balísticos procedentes de Irán impactaron cerca de la nueva sede del Consulado estadounidense en Erbil, según confirmaron fuentes de la Administración del presidente Joe Biden. El Departamento de Estado informó de que el bombardeo no había causado víctimas en sus instalaciones. “Condenamos este ataque intolerable y esta muestra de violencia”, indicó en un comunicado un portavoz del Departamento de Estado. Washington está tratando de cerrar en las últimas semanas un acuerdo para reactivar el pacto nuclear de 2015 con Teherán, dejado en suspenso por el republicano Donald Trump en 2018.

Medios iraníes citados por Efe publicaron una lista de supuestas víctimas en el ataque con misiles. El Gobierno regional del Kurdistán iraquí dio cuenta de un civil herido a causa de las explosiones y de que se habían registrado algunos daños materiales en la futura legación diplomática y en una zona residencial aledaña, sin haber afectado al cercano aeropuerto de Erbil, donde se encuentra una base de la coalición internacional contra el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). La cadena de televisión local Kurdistan24, cuyos estudios se hallan cerca de la nueva sede consular, publicó en sus redes sociales imágenes de oficinas dañadas, con partes del techo derrumbadas y cristales rotos.

Irak sufre frecuentes ataques con cohetes o drones armados, principalmente contra intereses estadounidenses y las tropas de la coalición antiyihadista internacional, que Washington atribuye a facciones iraquíes proiraníes. El último ataque con cohetes balísticos contra una base de EE UU, sin embargo, se produjo en enero de 2020 tras la muerte del jefe de la fuerza Al Quds de los Guardianes de la Revolución, general Qassem Soleimani, en un ataque estadounidense en el aeropuerto de Bagdad.

El Ejército de Israel, que mantiene la política de no hacer comentarios sobre acciones armadas en el exterior, ha puesto en estado de alerta a sus fuerzas en el norte del país ante la amenaza de ataques de represalia con cohetes o drones lanzados desde Líbano y Siria. “Avisamos al régimen criminal sionista de que la repetición de cualquier acto maligno tendrá consecuencias decisivas y devastadoras”, advertía el comunicado difundido por los Guardianes de la Revolución iraní.

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Una protesta contra la invasión rusa en Ucrania, este lunes ante la sede de la ONU en Nueva York.
Una protesta contra la invasión rusa en Ucrania, este lunes ante la sede de la ONU en Nueva York.ANGELA WEISS (AFP)

Por actividades que no se corresponden con su estatus y, supuestamente, sin relación alguna con la guerra en Ucrania, EE UU ha anunciado este lunes la expulsión de 12 diplomáticos de la delegación rusa ante Naciones Unidas. La noticia se conoció en plena rueda de prensa del embajador ruso, Vasili Nebenzia, dedicada a analizar la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad ostentada por su país durante el mes de febrero, y que concluye este lunes. Emiratos Árabes Unidos tomará el relevo a partir del martes.

Cuando comparecía ante los periodistas, Nebenzia recibió una llamada telefónica y tras colgar, explicó lo sucedido, afirmando que aún desconocía la identidad de los expulsados y el motivo de la expulsión, y que los afectados tienen de plazo hasta el 7 de marzo para abandonar el país. “Acabo de recibir la noticia de que las autoridades estadounidenses acaban de declarar personas non grata a 12 miembros de la misión”, dijo el representante ruso. “Es una acción hostil y un desprecio y grave violación de los compromisos del país anfitrión [EE UU]” para con los extranjeros que trabajan en Naciones Unidas, dijo Nebenzia, asegurando que Moscú responderá con reciprocidad. La misión rusa está formada por un centenar de personas.

EE UU confirmó la noticia y rechazó que incumpliera sus compromisos con el Acuerdo de País Anfitrión que rige la presencia de la sede de la ONU en territorio estadounidense, dado que esas 12 personas son “agentes de inteligencia” que han “abusado sus privilegios de residencia al involucrarse en actividades de espionaje que son perjudiciales” para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Se trata de una acción que lleva “varios meses desarrollándose”, concretó la portavoz estadounidense, Olivia Dalton, dando a entender que la medida no tiene que ver con la actual situación en Ucrania.

En su comparecencia ante los medios, el embajador Nebenzia volvió a rechazar el uso de la palabra ‘guerra’ para nombrar la “operación militar especial” rusa en Ucrania, destinada a “desmilitarizar y desnazificar” el país, como la denominó el presidente ruso, Vladímir Putin, en la madrugada del jueves. El diplomático volvió a responsabilizar a las autoridades de Kiev del conflicto.

En un día de intensa labor negociadora en la sede de la ONU, ante la que se ha desarrollado una protesta contra la agresión rusa, han coincidido una reunión del Consejo de Seguridad a petición de Francia, para votar una resolución que garantice el acceso a la ayuda humanitaria de la población ucrania, y la convocatoria extraordinaria de la Asamblea, el plenario de los 193 países miembros de la organización. Es la undécima en la historia de la organización, y la primera desde 1982, tras la invasión israelí de los Altos del Golán.

La reunión empezó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la invasión rusa de Ucrania. António Guterres, secretario general de la organización, recordó el cerco completo de Kiev y los ataques contra infraestructuras civiles, en contra de lo que sostiene el Kremlin. “La mera idea de un conflicto nuclear es inconcebible”, subrayó el portugués. Los 193 miembros votarán una resolución de condena de la invasión de Ucrania similar a la vetada por Rusia en el Consejo de Seguridad celebrado el viernes. La de la Asamblea no tiene carácter vinculante, pero servirá para cartografiar la postura del mundo al respecto.

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“Si Ucrania no sobrevive, que no nos sorprenda si fracasa la democracia”, dijo el embajador de Ucrania ante la ONU, Sergii Kislitsia, al abrir el turno de oradores. “Salven a Naciones Unidas, salven la democracia y defiendan los valores en los que creemos”, imploró. Kislitsia acusó al Gobierno de Bielorrusia de “facilitar” la invasión rusa y comparó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, con Adolf Hitler. “El único culpable es la Federación Rusa, que usa todo su potencial militar para atacar Ucrania, con misiles dirigidos a infraestructura [civil], como guarderías”. Kislitsia intercaló el inglés con el ruso para dirigirse directamente a su homólogo Nebenzia, al que leyó una carta de un soldado ruso a su madre justo antes de morir en combate sobre el horror de la guerra. Kislitsia recordó que “Rusia y solo Rusia” ha empezado este ataque contra territorio ucranio y recalcó que la decisión de invadir ha sido tomada por alguien que “ahora está en un búnker”.

El embajador ruso, como ha venido haciendo en las reuniones del Consejo de Seguridad -cuatro la semana pasada-, negó que tuviesen objetivos civiles y desmintió la ofensiva militar sobre Jarkov y Kiev. “Los bombardeos sobre Jarkov deberían ser verificados y las explosiones en Kiev no son ciertas; no tengo información [al respecto], pero nuestros misiles no están atacando edificios residenciales”, dijo, en contra de lo manifestado por Guterres. Con respecto a la alerta nuclear, “Dios no lo quiera”, subrayó, sostuvo que Putin la declaró a modo de “disuasión”.

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Fotografía de un teléfono inteligente con el logo de la empresa NSO, dueña del programa espía Pegasus.
Fotografía de un teléfono inteligente con el logo de la empresa NSO, dueña del programa espía Pegasus.JOEL SAGET (AFP)

La Agencia Federal de Investigación (FBI, siglas en inglés) ha confirmado que adquirió y probó el programa espía Pegasus de la empresa tecnológica israelí NSO, pero niega haberlo utilizado en ninguna investigación, ya que su único objetivo era tenerlo para estar al tanto de las tecnologías emergentes. El software de la empresa de vigilancia ha estado rodeado de controversia tras conocerse que medio centenar de gobiernos, varios de ellos autocráticos, lo han usado para controlar a disidentes y periodistas, según una investigación internacional difundida en 2021. Tras esa denuncia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el año pasado a NSO en la lista negra de empresas vetadas en contratos públicos.

La revelación se publicó en julio de 2019 por los diarios Le Monde y The Guardian, entre otros medios internacionales, y se basaba en la filtración de una lista de 50.000 números telefónicos identificados como objetivos potenciales desde 2016 por los clientes de NSO, aunque no todos habían sido infectados. Entre los estados que usaron el programa de NSO, según las revelaciones, se encontraban México, Hungría, Marruecos, India, Arabia Saudí, Ruanda y Azerbaiyán.

The Guardian reveló que el FBI compró el programa en 2019 bajo la administración del entonces presidente Donald Trump. “El programa no fue utilizado para brindar ayuda en ninguna investigación, sino que el FBI adquirió la licencia limitada únicamente para poner a prueba y evaluar el producto”, enuncia un comunicado enviado al diario británico.

El documento indica que la intención era probar el programa para evaluar los problemas de seguridad que podía acarrear el hecho de que el software “cayera en manos equivocadas”. Según The Guardian, se trata de “una revelación asombrosa, en parte porque la administración de Biden recientemente colocó a NSO en una lista negra del departamento de comercio, diciendo que tenía evidencia de que las herramientas de piratería de la compañía habían permitido a los gobiernos de todo el mundo llevar a cabo una represión transnacional, dirigida a disidentes y periodistas”, enfatizó The Guardian.

La adquisición se produjo después de largas negociaciones entre funcionarios estadounidenses y la compañía NSO. Fuentes conocedoras del tema han explicado que después de la compra, el FBI no utilizó el programa, pero siguió pagando el acceso y prolongó su licencia.

“El FBI trabaja diligentemente para mantenerse al tanto de las tecnologías emergentes y su comercio, no solo para explorar un posible uso legal, sino también para combatir el crimen y proteger tanto al pueblo estadounidense como a nuestras libertades civiles”, dice el comunicado del FBI. “Eso significa que identificamos, evaluamos y probamos rutinariamente soluciones y problemas técnicos por diversas razones, incluida la posibilidad de que caer en las manos equivocadas podría plantear problemas”, prosigue la Agencia. “No hubo uso operativo en apoyo de ninguna investigación, el FBI obtuvo una licencia limitada solo para pruebas y evaluación de productos”, finaliza el comunicado.

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El francés Benjamin Brière, detenido desde mayo de 2020 en Irán, ha sido condenado a ocho años de cárcel por “espionaje”, según anunció este martes uno de sus abogados. Brière, de 36 años y que se encuentra en huelga de hambre, compareció el pasado jueves ante un tribunal revolucionario de Mashhad, al este del país, que le juzgó a puerta cerrada. Además, la sentencia suma otros ocho meses por “propaganda” contra el régimen.

El letrado, Philippe Valent, ha calificado el proceso de “farsa”, según el comunicado del que se hace eco la agencia de noticias France Presse. “Benjamin Brière nunca se ha beneficiado de ninguna forma de juicio justo ante jueces imparciales”, afirma antes de precisar que no había tenido acceso a su expediente y no pudo prepararse para la vista.

“Esta condena, que no se sustenta en nada, es inaceptable”, dijo en una declaración una portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia, informa la agencia Efe. “Seguiremos con la mayor atención la situación de nuestro compatriota, que ha decidido apelar”, añadió en su declaración. La diplomacia francesa dice que sigue de cerca el asunto y que la última visita consular para tratar de desatascar el caso tuvo lugar el pasado 17 de enero.

La policía detuvo a Brière, que viajaba en una autocaravana, cuando grababa imágenes con un dron (tipo helicam) por una zona desértica cercana a la frontera con Turkmenistán en mayo de 2020. Los responsables iraníes, que no lo hicieron público hasta febrero del año siguiente, le acusaron de “espionaje y propaganda contra la República Islámica”, dos cargos que él siempre ha negado a través de sus abogados.

Su caso se sumó al de una veintena de detenidos extranjeros que, según las organizaciones de derechos, Teherán pretende utilizar como moneda de cambio en sus relaciones con Occidente.

En opinión de Valent, “la sentencia es el resultado de un juicio puramente político”, por lo que insta a las autoridades francesas a que se impliquen en el caso. “La familia [de Brière] está muy preocupada por su salud física y sicológica, en particular tras el anuncio del veredicto”, señala.

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El abogado iraní que ha defendido a Brière ante el tribunal revolucionario, Saeid Dehghan, manifestó después del juicio que esperaba que le declarasen “inocente porque no había ningún fundamento jurídico para las extrañas acusaciones de propaganda y espionaje”. En conversación con EL PAÍS, también manifestó su preocupación por que el juez hubiera empleado la palabra “intercambio” durante la vista. En su opinión, eso significaba “intercambio de prisioneros”.

Irán ha recurrido a esa fórmula en el pasado. El último caso conocido fue en junio de 2020 cuando logró que Estados Unidos excarcelara al científico iranoestadounidense Majid Taherí, acusado de violar las sanciones al país asiático, a cambio del regreso a casa del veterano de la Marina norteamericana Michael White. Pero no hay constancia de que algún ciudadano iraní se encuentre encarcelado en Francia en la actualidad.

El juicio a Brière coincide, sin embargo, con las negociaciones nucleares en Viena, en las que el régimen iraní acusa a Francia de no cooperar y de defender los intereses de su archienemigo Israel. Algunos analistas señalan que no es coincidencia que a principios de este mes, un juez volvió a encarcelar a la antropóloga iranofrancesa Fariba Adelkhah, que cumplía una condena de cinco años bajo detención domiciliaria. Francia reclamó su inmediata puesta en libertad, pero Irán no reconoce las dobles nacionalidades y considera que cualquier comentario al respecto constituye una interferencia en su sistema judicial.

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Benjamin Brière, un turista francés al que Irán acusa de espionaje, ha comparecido este jueves ante un Tribunal Revolucionario de la ciudad de Mashhad, en el este del país. Brière, que lleva encarcelado casi 20 meses, se encuentra entre la veintena de detenidos extranjeros que, según las organizaciones de derechos, Teherán intenta utilizar como moneda de cambio en sus relaciones con Occidente.

El juicio a Brière, de 36 años, se ha celebrado a puerta cerrada, pero ha sido grabado en vídeo, según ha revelado uno de sus abogados, Saeid Dehghan. El letrado ha declarado a EL PAÍS que no cree que haya otra sesión y que espera la sentencia para la próxima semana. También ha manifestado su preocupación porque el juez haya empleado la palabra “intercambio” durante la vista. En su opinión, eso significa “intercambio de prisioneros”.

Irán ha recurrido a esa fórmula en el pasado. El último caso conocido fue en junio de 2020 cuando logró que Estados Unidos excarcelara al científico iranoestadounidense Majid Taherí, acusado de violar las sanciones al país asiático, a cambio del regreso a casa del veterano de la Marina de Estados Unidos Michael White. Pero no hay constancia de que algún ciudadano iraní se encuentre encarcelado en Francia en la actualidad.

La policía iraní detuvo a Brière en mayo de 2020 cuando volaba un pequeño dron con cámara (helicam) en una zona desértica cercana a la frontera con Turkmenistán, aunque las autoridades no lo hicieron público hasta febrero del año siguiente. Un mes después, fue acusado de “espionaje y propaganda contra la República Islámica”.

Dehghan explicó entonces que el cargo de espionaje se fundaba en que “estaba haciendo fotos en zonas prohibidas” y el de propaganda en que había suscitado en sus redes sociales “la cuestión de por qué el hiyab es obligatorio en la República Islámica, pero opcional en otros países islámicos”. El abogado también difundió una imagen de Brière y la autocaravana en la que viajaba por Irán.

La detención de Brière se sumó a la de una veintena de ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad que se encuentran atrapados en el sistema judicial iraní bajo acusaciones que los activistas de derechos humanos cuestionan. Entre ellos está también la antropóloga iranofrancesa Fariba Adelkhah, condenada a seis años de cárcel en mayo de 2020 por acusaciones relacionadas con la seguridad nacional.

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Poco después, debido a su estado de salud, Adelkhah, de 62 años y a quien también defiende Dehghan, fue autorizada a cumplir esa pena en su piso de Teherán controlada con un brazalete electrónico. Sin embargo, la semana pasada, el poder judicial volvió a ordenar su ingreso en prisión por “violar las condiciones del arresto domiciliario”.

El juicio a Brière y el regreso a la cárcel de Adelkhah se producen cuando Irán negocia con las grandes potencias en Viena la vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015. Algunos analistas consideran que no se trata de una coincidencia. “Es una forma de presionar a Francia”, estima una periodista iraní que sigue el proceso. “Teherán considera que los franceses no están cooperando en las negociaciones, que representan el punto de vista de Israel”, añade.

En un gesto que subraya el carácter político de estas detenciones, el exrehén estadounidense Barry Rosen ha iniciado esta semana una huelga de hambre en Viena para pedir la liberación de todos los extranjeros y binacionales detenidos por Irán. “Son seres humanos, no piezas de un juego. Su libertad debiera preceder a cualquier acuerdo que hagamos con un régimen que no es de fiar”, asegura en su cuenta de Twitter.

Rosen, de 77 años, fue uno de los 52 secuestrados por los revolucionarios iraníes durante la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán hace 42 años. El entonces consejero de prensa lleva tiempo haciendo campaña para que no se olvide a quienes considera también rehenes. El enviado especial de EE UU para Irán, Robert Malley, le aseguró durante una visita el miércoles que el asunto tiene toda su atención y le instó a cesar su huelga.

Malley ha hecho varios llamamientos a la liberación de los ciudadanos con pasaporte iraní y estadounidense. Pero Irán, que no reconoce la doble nacionalidad, responde que se trata de una interferencia en los asuntos judiciales de la República Islámica.

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