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Donald Trump, durante un mitin el domingo 27 de marzo en Georgia.
Donald Trump, durante un mitin el domingo 27 de marzo en Georgia.HYOSUB SHIN / AJC (AP)

Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado este lunes a John Eastman, uno de los abogados que asesoró a Donald Trump para tratar de revertir el resultado electoral de 2020, que entregue más de un centenar de correos electrónicos al Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio. El magistrado David Carter, además, resalta que ateniéndose a las pruebas con las que cuenta, el tribunal considera más que probable que “el presidente Trump y el señor Eastman conspiraron” para evitar la certificación de votos en el Congreso de EE UU, que el 6 de enero de 2021 debía dar por vencedor al demócrata Joe Biden.

El importante fallo del juez Carter allana el camino para que el Comité de la Cámara obtenga correos electrónicos de Eastman que él consideró confidenciales y no entregó por ese motivo cuando proporcionó al ente investigador miles de páginas de comunicaciones electrónicas a mediados del pasado mes de febrero.

“La ilegalidad del plan era obvia”, escribe el juez Carter en su fallo. “Nuestra nación se fundó sobre la transición pacífica del poder, personificada por George Washington deponiendo su espada para dar paso a elecciones democráticas”, expone el magistrado. “Ignorando esta historia, el presidente Trump ejerció una fuerte campaña para que el vicepresidente decidiera cuál era el resultado de las elecciones de 2020″, añade.

Antes de entregar las casi 8.000 páginas de correos electrónicos, Eastman se había negado a proporcionar información a la Cámara cuando esta lo citó directamente para que prestara testimonio y presentara documentos. El abogado se refugió bajo la protección que le otorga la Quinta Enmienda de EE UU contra la autoinculpación. Eastman es un profesor de Derecho que ayudó a elaborar el falso argumento de Trump de que las elecciones de 2020 fueron un fraude, y que el auténtico vencedor fue el entonces presidente.

Entre los correos electrónicos que el juez ordenó a Eastman que entregara se encuentran mensajes que le envió el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, recomendando que Mike Pence, entonces vicepresidente, anulase las elecciones y diseñara un plan de acción diario que condujera hasta el 6 de enero.

El Comité creado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asegura haber hallado pruebas que demuestran que Trump, Eastman y otros aliados de la causa del exmandatario podrían ser potencialmente acusados con cargos criminales, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso y conspiración para defraudar al pueblo estadounidense.

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La comisión investigadora —formada por siete demócratas y dos republicanos— no tiene el poder de presentar cargos penales, pero sí puede recabar pruebas de un posible delito y recomendarle al Departamento de Justicia que actúe. Ese departamento lleva una investigación sobre el asalto al Capitolio, pero no ha dado ninguna indicación pública de que esté considerando iniciar un caso penal contra Trump.

Eastman es una figura central en la investigación del comité de la Cámara, ya que escribió dos informes legales argumentando que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía la autoridad para rechazar unilateralmente los votos electorales o retrasar su recuento. Esto podría haber abierto la puerta a que las cámaras estatales lideradas por republicanos votaran por Trump, a pesar de que más votantes lo hicieron por Joe Biden, y dar así la vuelta al resultado electoral del 3 de noviembre.

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La ficha del prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga en el programa Buscar.
La ficha del prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga en el programa Buscar.

La Justicia argentina ha condenado a 1.058 personas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura entre 1976 y 1983. Pero aún queda mucho camino por recorrer: hay 20 juicios en curso, medio centenar que aguardan fecha de inicio y una veintena de prófugos de la Justicia. Según el Ministerio Público Fiscal, el Estado argentino desconoce el paradero de 22 acusados por delitos de lesa humanidad y ofrece recompensas por ellos. Por los más buscados está dispuesto a pagar hasta cinco millones de pesos (unos 43.300 dólares) a quien dé alguna pista que facilite su captura, según el anuncio realizado por el Ministerio de Seguridad en vísperas del 46 aniversario del golpe de Estado.

Con el paso de los años, la búsqueda se vuelve cada vez más compleja y es necesario envejecer las escasas fotografías que se disponen de los prófugos. En algunas ocasiones ni siquiera se sabe si el acusado está vivo o ha fallecido, como es el caso del exmarino Jorge Vildoza, acusado de torturas y de la apropiación de Javier Penino Viñas a los pocos días de haber nacido en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina.

Vildoza escapó del país por la frontera de Paraguay en 1986 junto a su esposa y a su menor apropiado en un automóvil de Inteligencia de la Armada. Pasó por Brasil y varios países europeos hasta llegar a Sudáfrica, donde se instaló. Su familia afirma que Vildoza murió en Johannesburgo en 2005 bajo una identidad falsa, y que fue cremado, pero como el acta de defunción fue falsificada, para la justicia argentina sigue prófugo.

En otros casos, la Justicia busca a acusados que ya estaban detenidos pero se escaparon. El exmilitar Carlos Alberto Arroyo es uno de ellos. En 2013, aprovechó el beneficio de la excarcelación que le había sido concedido y se fugó cuando estaba a punto de ser juzgado por el doble homicidio de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo. Esta última estaba embarazada cuando integrantes del Ejército entraron en la vivienda donde se encontraba la pareja y los acribillaron. El cuerpo de Souto Castillo recibió más de 20 disparos y la familia tardó 15 años en dar con su paradero porque fue enterrada bajo el nombre falso de Delia Esther García.

Entre los más buscados figura también el ex subcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga, acusado de haber participado junto a otros seis integrantes de esta fuerza en una cacería a lo largo de una noche de octubre de 1977 en la que secuestraron a tres personas y asesinaron a otras tres.

La mayoría de prófugos pertenecieron a las Fuerzas Armadas o de Seguridad pero hay también civiles vinculados a ellas, como Eduardo Rebechi y Gabriel Jesús Isach, por quienes el Estado argentino ofrece también una recompensa de cinco millones de pesos. Ambos fueron personal civil de inteligencia en la ciudad de Rosario y están imputados en causas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad, la tercera más importante de Argentina.

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Una treintena de capturas

La unidad especial de búsqueda de prófugos en casos de lesa humanidad se creó en 2008 y se articuló un fondo de recompensas para quienes brinden información que permita localizar su paradero. Desde entonces se han capturado una treintena de represores.

Uno de los más recientes fue el exteniente coronel Roberto Brunello, de 72 años, que se encontraba prófugo desde el 22 de noviembre del 2013. Brunello, imputado por los delitos de secuestro, aplicación de torturas, ejercicio de violencia sexual y homicidio bajo la modalidad de desaparición forzada de persona, fue capturado el pasado noviembre en Belén de Escobar, a unos 50 kilómetros de Buenos Aires.

Los organismos de derechos humanos presionan para que el Estado argentino intensifique la búsqueda de estos prófugos y también para que acelere los juicios en curso o en fase de instrucción, dada la edad cada vez más avanzada de víctimas y victimarios. Desde el inicio de los procesos hasta la actualidad fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.

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De izquierda a derecha, a Travis McMichael, William "Roddie" Bryan y Gregory McMichael durante su juicio en el juzgado del condado de Glynn en Brunswick, Georgia.
De izquierda a derecha, a Travis McMichael, William «Roddie» Bryan y Gregory McMichael durante su juicio en el juzgado del condado de Glynn en Brunswick, Georgia.AP

Los tres hombres condenados a cadena perpetua por el asesinato del afroamericano Ahmaud Arbery han sido declarados culpables este martes de cargos federales de delitos de odio federales. El jurado ha determinado que Gregory McMichael, de 66 años, su hijo Travis, de 36, y William Roddie Bryan atacaron y violaron los derechos civiles de Arbery porque era negro. Los McMichael persiguieron a Arbery por las calles de un barrio residencial de Brunswick (Georgia) mientras el joven de 25 años corría a plena luz del día, desarmado. Lo interceptaron y Travis le disparó causando su muerte. Bryan grabó la persecución y presenció los disparos que acabaron con la vida Arbey desde su coche. La fiscalía lo describió como “un linchamiento a plena luz del día”.

Los McMichaels y Bryan se declararon inocentes de los cargos de delitos de odio. Los abogados defensores sostuvieron que los tres no persiguieron ni mataron a Arbery por su “raza y color”, sino que actuaron con la sospecha sincera, aunque errónea, de que Arbery había cometido delitos en su vecindario. Los tres fueron declarados culpables en enero de asesinato en un tribunal estatal de Georgia y sentenciados a cadena perpetua por el tiroteo fatal.

El 23 de febrero de 2020 Arbery salió a correr en el barrio de Brunswick. Los McMichael lo vieron pasar delante de su casa y creyeron que era un ladrón. Cogieron sus armas, se subieron a su camioneta con una bandera confederada en la matrícula, y persiguieron al afroamericano por la calle durante cinco minutos. Arbery, que iba desarmado, no se detuvo cuando los hombres se lo ordenaron, fue interceptado por el vehículo. Travis bajó del coche con una escopeta y comenzó un forcejeo por el control del arma que acabó con tres disparos a Arbery, que acabó muerto.

En el vídeo grabado por Bryan se escucha que uno de los presentes dice nigger, considerado el peor insulto hacia la población negra por su pasado vinculado a la esclavitud. Las imágenes no salieron a la luz hasta más de dos meses después del suceso, tiempo en el que los implicados en la muerte del joven gozaron de plena libertad. La impunidad provocó una ola de protestas raciales.

En los argumentos finales del juicio por el delito de odio, los fiscales sostuvieron que el asesinato a Arbery se produjo por la “ira racial reprimida” de los acusados, revelada en mensajes de texto y en redes sociales que se exhibieron en el proceso judicial y en testigos que dijeron haberlos escuchado hacer insultos racistas. Los abogados de los acusados defendieron que las declaraciones anteriores de sus clientes no servían como pruebas de que violaron los derechos civiles de Arbery y lo atacaron por ser negro.

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Abusó y violó a su hijastra: Condena de 14 años de cárcel para autor de delitos en Hualqui

Fiscales Víctor Núñez y Leonardo Zamora @fiscalia_RMSur formalizarán este sábado por negociación incompatible y cohecho reiterado a uno de los imputados investigados por corrupción en municipalidad de San Ramón, que intentaba salir del país por el aeropuerto @FiscaliadeChile

— Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) May 8, 2021

Sin embargo, tras este intento de fuga, el exconcejal ahora será formalizado este sábado por «delitos de negociación incompatible y cohecho reiterado», detalló Núñez.



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En concreto, al adolescente se le imputan los delitos de homicidio calificado con premeditación, homicidio frustrado de carabineros de servicio, atentado contra la autoridad, disparos injustificados y porte ilegal de armas de fuego.

Dichos ilícitos, según reportó el tribunal, se registraron en septiembre y octubre de 2020. Además, se fijó en dos meses el plazo de investigación.

Detención del adolescente

Este miércoles, la Fiscalía de La Araucanía señaló que «el fiscal Enrique Vásquez confirma la detención por OS-9 de un menor (16) domiciliado en Temucuicui que es investigado por dos ataques con armas de fuego a personal de Carabineros, un homicidio consumado y un robo con violencia». Se informó que el joven estaba prófugo desde enero.

 

El coronel Cristian Mansilla, de la Prefectura de Carabineros Malleco, expresó que «en el marco de un proceso investigativo, que lleva personal de OS-9 Araucanía por el delito de control de armas, el día de hoy se logró la detención de un adolescente de 16 años en el sector de Ercilla».

Ello, añadió el coronel, «por el delito de homicidio frustrado en contra de carabineros y ataque a instalaciones policiales, ocurrido el 10 de octubre del año pasado. Además, ese día resultó lesionado por impactos balísticos un cabo primero de Carabineros».

«El fiscal de caso dispuso que el imputado pasara el día de mañana (jueves) a control de detención en el Tribunal de Garantía de Collipulli», cerró el uniformado.


 



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