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Uni2

Este cambio forma parte del compromiso de la empresa de ampliar su alcance y proporcionar financiación a más microempresarios en toda Colombia.

Noticias Colombia.

Finamiga, una empresa caleña que otorga microcréditos a microempresarios en diferentes departamentos del país creció y maduro, transformándose hoy en UNI2 Microcrédito para seguir llevando la mejor oferta de inclusión financiera a los trabajadores independientes.

Con más de 8 años de experiencia, UNI2 Microcrédito es actualmente uno de los principales proveedores de servicios de inclusión financiera en el país.

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Gracias a sus productos innovadores y a su enfoque en el servicio al cliente, la entidad microfinanciera ha acompañado a más de 50.000 microempresarios a materializar sus sueños y objetivos empresariales.

“Nuestro nuevo nombre refleja la dedicación por facilitar el acceso a una financiación de calidad a los emprendedores e independientes que quieren mejorar su vida y que unidos podemos ayudarles a construir un mejor futuro para sus familias”, dijo Gabriel Mejía, Gerente de Operaciones.

Además de cambiar su nombre, la entidad financiera también se posicionó como la mejor cartera de Colombia durante 2021.

Esto, gracias al apoyo de sus más de 200 colaboradores, quienes trabajan día a día para llevar inclusión financiera a las zonas más remotas del país.

Productos que promueven el desarrollo económico

Desde su creación, la compañía ha sido un ejemplo de perseverancia y emprendimiento en Colombia, atendiendo a más de 50.000 clientes y alcanzando más de 100.000 millones desembolsados en créditos para:

  • Micronegocios independientes
  • Cultivos, cría de animales y toda la actividad en relación con el sector agropecuario
  • Vehículo utilitario
  • Moto de trabajo

Los créditos de UNI2 tienen tasas competitivas en el mercado, adaptadas a las necesidades de las personas que hoy por hoy se encuentran por fuera de la oferta de servicios bancarios tradicionales, ofreciéndole acceso a crédito a personas independientes, dentro de los cuáles se destacan agricultores, campesinos, maestros de obra, tenderos, manicuristas, vendedores de arepas, entre otros.

Aparte de acceso a microcréditos, UNI2 también proporciona a sus clientes programas de educación y formación financiera con el fin de brindar mayores oportunidades para fortalecer sus finanzas personales y el manejo del dinero.

“Esta transformación nos permitirá seguir ofreciendo la mejor oferta de productos y servicios financieros a los microempresarios e independientes en diversos departamentos de del país. Gracias a nuestros años de experiencia y el inquebrantable compromiso con nuestros clientes, estamos convencidos de que con la nueva visión de UNI2 podemos marcar una verdadera diferencia en sus vidas”.



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El Gobierno de Daniel Ortega ha expulsado este jueves de Nicaragua a Thomas Ess, jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha confirmado el organismo. El Gobierno no ha informado el motivo de esta expulsión, que se da en medio de una cacería contra organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. El CICR es la única organización a la que se le permite inspeccionar las condiciones en las que están los presos políticos del régimen, al menos 179 personas que, según sus familiares, sufren maltratos, no tienen acceso a atención médica y están en difíciles condiciones en las cárceles del régimen.

“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa. Pese a esta situación, el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegado a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”, ha confirmado a este diario una fuente del organismo internacional.

El CICR logró el permiso del Gobierno en 2019 para visitar las cárceles del país e inspeccionar la situación de los detenidos por el régimen, aunque los resultados de sus gestiones son confidenciales. La revista Confidencial, de Managua, ha informado de que los familiares de presos políticos informaron que el CICR solicitó al Gobierno de Ortega el ingreso a las celdas de ‘El Chipote’ —prisión considerada como centro de tortura por organismos de derechos humanos— para conocer la situación de los detenidos, pero las autoridades negaron el acceso. “La última información que tuvimos es que se le ha negado sistemáticamente el ingreso al CICR, a la Dirección de Auxilio Judicial específicamente, a pesar de haber hecho distintas gestiones”, informó Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, citada por Confidencial.

Para los familiares de los presos políticos, el CICR es una de las pocas esperanzas que tienen para conocer las condiciones de salud de sus allegados, dado que el Gobierno es renuente a permitir visitas, dar atención médica o distribuir medicinas para los detenidos, principalmente unas 20 personas consideradas de la tercera edad y otros que sufren enfermedades crónicas. La represión se ha convertido en uno de los pilares para mantenerse en el poder de Ortega, que ha desatado una cacería brutal contra quienes expresen alguna crítica contra el régimen. Los más de 170 presos políticos han sido detenidos, juzgados y sentenciados bajo acusaciones relacionadas a lavado de dinero, menoscabo a la soberanía o crimen organizado.

Los juicios son considerados espurios y en ellos no se han podido probar los delitos que se le imputan a los detenidos. Es el caso, por ejemplo, de Cristiana Chamorro, candidata opositora condenada a ocho años de cárcel. Otros presos políticos han recibido condenas de hasta 15 años por delitos inexistentes.

Organizaciones de derechos humanos y familiares denuncian que estas personas detenidas por criticar al régimen están en condiciones inhumanas en las cárceles, incomunicados y muchos sufren delicadas condiciones de salud. El pasado 12 de febrero falleció en una de estas prisiones el exguerrillero histórico del sandinismo, el general en retiro Hugo Torres, quien estaba recluido en una celda de la cárcel de ‘El Chipote’.

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La expulsión de Thomas Ess se suma a las decisiones del Gobierno de echar de Nicaragua en 2018 a una misión de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), a la misión de expertos la CIDH, y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). Estos organismos han denunciado en sucesivos informes que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad.

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Ucrania solo es un frente más de la misión histórica que se ha impuesto Vladímir Vladímirovich Putin. La batalla más dolorosa, la que está segando numerosas vidas humanas, pero no la única que tiene en mente. Cuando el presidente ruso ordenó la invasión el fatídico 24 de febrero, advirtió de que su objetivo era proteger lo que se conoce como el Russki Mir (el Mundo Ruso), un concepto ambiguo que va más allá de las fronteras de la Federación de Rusia y supondrá un eterno casus belli en el espacio que va de Bielorrusia a Asia Central, desde los países bálticos al Cáucaso sur.

“No han cesado hasta hace poco los intentos de utilizarnos en su propio interés; de destruir nuestros valores tradicionales e imponernos sus pseudovalores. Estos podrían corroer por dentro a nuestro pueblo. Unas actitudes que ya están implantando agresivamente en sus países y que conducen a la degradación y la degeneración porque contradicen la mismísima naturaleza del hombre”, dijo Putin en su discurso a la nación mientras comenzaban a caer las primeras bombas sobre la hermana Ucrania, un trocito de lo que antiguamente se conocía como “La sexta parte de la Tierra”, es decir, el imperio ruso en su máximo esplendor.

La mayoría de la gente no esperaba una guerra. Se decía que sería muy malo para Rusia y el presidente siempre ha sido una persona calculadora. “Pero la visión de Putin de la situación política actual no se basa en el realismo y en un racionalismo seco”, explica Intigam Mamédov, vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú.

“Estas acciones son la implementación por V. V. Putin de su misión histórica personal. La meta personal de Putin es unir a los pueblos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia para contrarrestar la amenaza de que desaparezcan la lengua y la cultura rusas”, afirma Mamédov en un intercambio de correos. “Putin siente que la misión histórica de Rusia es convertirse en un actor importante de la resistencia global frente a un orden internacional injusto; un sujeto capaz de contrarrestar los dictados del neoliberalismo y la globalización estadounidense”, agrega.

El Kremlin tiene una visión hegeliana de la historia. Su reforma constitucional de 2020 incluyó un artículo donde se asegura que la Federación de Rusia, “unida por una historia milenaria, y preservando la memoria de sus antepasados, que nos traspasaron los ideales y la creencia en Dios, y en continuidad con el desarrollo del Estado ruso, reconoce la unidad del Estado que fue establecido históricamente”. Además, la nueva Constitución remarca que la familia la compone exclusivamente un hombre y una mujer, a diferencia de la “degeneración” occidental y sus corrientes liberales. Cuando comenzaron las protestas de Maidan por el rechazo del entonces presidente Víktor Yanukovich a firmar su acuerdo comercial con la Unión Europea, uno de los argumentos esgrimidos en contra de este pacto era que algún día gobernarían Kiev los homosexuales.

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El verano de 2021, Putin, amante de la historia, pero no historiador profesional, publicó un ensayo “sobre la histórica unidad de los rusos y ucranios”, donde afirmaba que son “un solo pueblo, un único todo”, y acusaba a Occidente de “buscar socavar nuestra unidad, la conocida fórmula de ‘divide y vencerás”. Aunque el mandatario reconocía que hubo “muchos siglos de fragmentación y diferentes Estados”, acusó a Polonia y otros países de intentar fomentar el nacionalismo, y a los soviéticos de “experimentar con las fronteras”.

Según la tesis de Putin, “las fronteras no se percibían como estatales durante la URSS, pero de pronto, en 1991, las personas que vivían allí se encontraron en el extranjero”. El mandatario defiende, por tanto, que el Mundo Ruso debería recuperar los territorios previos al tratado de 1922 que dio lugar a la Unión Soviética. “En otras palabras, vete con lo que viniste”, fue su mensaje a las antiguas repúblicas.

El rearme contra Ucrania no comenzó en noviembre del año pasado, aquello fue el segundo acto. El primer gran despliegue tuvo lugar en la primavera, cuando algunos expertos creen que Putin tiró la toalla con el Gobierno de Volodímir Zelenski al ver que cerraba los canales prorrusos del político opositor Víktor Medvedchuk, de cuya hija es padrino el jefe del Kremlin, e intentaba juzgarle por financiar a los separatistas, apoyados militarmente por Rusia desde que comenzaron la guerra en 2014. Otro gran agravio fueron las nuevas leyes como obligar a que los medios en ruso, que ha dejado de ser oficial, tuvieran tirada en ucranio.

El pasado 9 de febrero, en las negociaciones previas a la guerra, Putin se reunió con Emmanuel Macron en Moscú, y según varias fuentes de Reuters, el líder ruso “le dio cinco horas de revisionismo histórico”. “Su pasión influye en su visión de las relaciones internacionales modernas, en su opinión sobre la justicia del orden mundial actual y el equilibrio de poder”, afirma Intigam. “Es difícil para una persona tan familiarizada con la historia no extrapolar el pasado para analizar el presente o predecir el futuro”, añade el experto.

Los frentes de Putin

“El objetivo de Putin no es revivir el proyecto soviético, los objetivos actuales se limitan más bien a las relaciones de Rusia con Ucrania y Occidente”, afirma Intigam. Su opinión la comparte Dmitri Trenin, director del Centro Carnegie de Moscú. El analista, antiguo coronel de la inteligencia rusa, subraya en un reciente ensayo que “no tiene fundamento” pensar que Rusia busque restaurar la URSS. “De hecho, lo que quiere es establecerse como principal potencia a lo largo de sus nuevas fronteras”, añade.

“La seguridad es su principal preocupación, pero no la única. La orientación hacia Occidente de Kiev implica que parte del núcleo histórico del Estado ruso se perdería para siempre. No todo el mundo en Moscú puede aceptarlo”, advertía Trenin.

Ucrania es solo una pieza del puzle. Bielorrusia es otra, y allí el régimen de Aleksandr Lukashenko realizará un referéndum constitucional este domingo que acercará aún más su integración en Rusia. Después de que el Kremlin le rescatase de las protestas por el fraude electoral de 2020, ambos mandatarios han negociado en secreto los protocolos del Estado de la Unión, una entidad supranacional firmada en 1999 para impulsar su unidad. A diferencia de Ucrania, su adhesión de facto se realiza sin recurrir a los tanques, solo a la policía, y podría permitir desplegar armas nucleares en aquel territorio.

Otras dos regiones que Putin considera su zona de influencia son el Cáucaso sur y Asia central. “Rusia logró limitar los daños en Nagorno Karabaj en 2020″, afirma Trenin del conflicto donde “la vieja y nueva rival” Turquía logró más influencia a través de su aliada Azerbaiyán.

El conflicto con Ankara también se traslada a Asia Central, donde el Kremlin ha acusado a sus autoridades de ceder ante Recep Tayyip Erdogan y promover el panturquismo en discriminación de la población rusoparlante. Para evitar perder su presencia en la región, el pasado enero Putin movilizó por primera vez a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) con el fin de salvar al régimen de Kasim-Yomart Tokáyev.

“Ha usado la fuerza para detener a la OTAN en Ucrania; ha empleado medios políticos y económicos para promover la integración bielorrusa; ha ejercido la diplomacia en el Cáucaso sur y ha organizado una misión multilateral para estabilizar Kazajistán. Moscú ha logrado de lejos proteger su seguridad y sus intereses con relativamente pocos medios”, resumía Tremin, aunque “la tarea de ser una gran potencia, no un imperio, tomará un gran esfuerzo durante mucho tiempo”.

Desde think tanks más próximos al Kremlin, la opinión es que EE UU y Europa han intentado entrar donde no debían. “Con sus acciones, Occidente empujó a Rusia a hacer lo que mejor sabe hacer: luchar. Y esto es solo el principio”, asegura a este periódico Aleksandr Borisov, profesor del Instituto Internacional de Relaciones Exteriores de Moscú.

Extender las sanciones al presidente ya es una completa locura y quemar todos los puentes para el diálogo”, afirma Borisov, que opina que las sanciones han pavimentado el camino hasta aquí: “Es la variante japonesa, el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941 como respuesta a las sanciones estadounidenses. Muchos rusos comenzaban a considerar las sanciones como un acto bélico, sin aprobación de la ONU, y por tanto se podía responder legítimamente con una declaración de guerra”.

Según el analista, “es extraño que Occidente no tuviera en cuenta esto”. “Si Rusia es arrinconada, hará cualquier cosa, y eso puede significar el fin del mundo si los Poseidón [drones submarinos nucleares] alcanzan las costas de Estados Unidos. Como dijo uno de nuestros poetas, Rusia no se puede entender con la mente”, advierte Borisov.

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La misión de observación de la Unión Europea que acudió a Venezuela para supervisar las elecciones regionales y locales de noviembre de 2021 ha concluido que hubo una “mejoría” con respecto a comicios pasados. El informe final de la misión, presentado este martes en Bruselas, destaca el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE), reconocido como “el más plural y equilibrado de los últimos 20 años”, según ha explicado Isabel Santos, la eurodiputada portuguesa que ha ejercido como jefa de la misión, en una comparecencia. Pero el dictamen contiene “luces y sombras” y deja constancia de “deficiencias estructurales” en el país, como la falta de seguridad jurídica “que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos y la repetición de las elecciones en el Estado de Barinas”, asevera el documento.

El informe denuncia el uso extendido de los recursos del Estado durante la campaña y el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación. Pero destaca entre los aspectos positivos la existencia de “una administración electoral más equilibrada, la realización de varias auditorías en diferentes etapas del proceso electoral, y una actualización más amplia del registro electoral”. El chavismo arrasó en las elecciones y ganó en 20 de los 23 Estados del país, además de Caracas, aunque la abstención fue elevada: votó solo el 41,8% del censo.

El documento contiene un listado de 23 recomendaciones entre las que destaca la profundización en la separación de poderes del Estado, con reformas de calado que aseguren una “selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito” y permitan que el “poder electoral” goce de una mayor autonomía.

El informe también pide combatir el excesivo poder de la Contraloría General, un órgano que puede despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse como candidatos mediante un simple procedimiento administrativo y sin notificación oportuna; reclama facilitar el acceso al voto de personas detenidas con derecho a votar; elaborar campañas de educación del votante sobre la integridad y el secreto del voto electrónico; pide reforzar la capacidad sancionadora del Consejo Nacional Electoral —sobre todo en materia del empleo de recursos estatales en campaña—; una cobertura mediática equilibrada, especialmente en los medios del Estado, y reforzar la libertad de expresión, derogando la denominada Ley contra el odio, para garantizar que los periodistas no se autocensuren.

“Tengo una fuerte expectativa de que el informe pueda servir para que se mejoren los futuros procesos electorales en Venezuela”, ha expresado Santos en su intervención. “Espero que sirva para que muchos de los problemas que aún permanecen en el proceso electoral sean corregidos”.

La jefa de la misión ha destacado que ya solo el hecho de haber sido invitados oficialmente expresa que “hay un interés del país de mejorar su proceso electoral, de tener una evaluación exterior y neutral”. Y ha considerado que la reanudación del proceso de negociación iniciado en México entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición sería “un paso muy importante” en el camino hacia la normalización democrática del país. “La democracia nunca puede darse por garantizada o concluida”, ha reflexionado Santos. “Requiere una vigilancia continua. Y diálogo”.

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La misión de la UE se desplegó del 14 de octubre al 5 de diciembre de 2021, y contó con 134 observadores el día de los comicios, el 21 de noviembre. Pero acabó de forma abrupta en cuanto concluyó el proceso electoral, con el retorno a casa los miembros de la delegación, a quienes no se les concedió una extensión de visado.

La jefa de la misión ha negado que fueran expulsados del país y ha valorado positivamente su labor sobre el terreno. “Hasta el final del plazo establecido hemos podido visitar todo lo que hemos querido visitar y hablar con quien hemos querido hablar; hemos observado con total libertad de movimientos y de expresión”, ha reconocido. “Pero solo hasta el 5 de diciembre”, ha remarcado, fecha en la que expiraba el plazo establecido en el acuerdo entre la UE y Venezuela.

Santos ha subrayado como hecho clave que las autoridades venezolanas invitaran a la UE a regresar al país a observar unas elecciones después de 15 años (hubo una misión presente en 2006). “Fueron las primeras elecciones nacionales a las que concurrió la mayoría de los partidos de la oposición desde 2015″, destaca el informe final, elemento que considera “como un posible primer paso hacia un amplio acuerdo político sobre las condiciones necesarias para llevar a cabo unas elecciones democráticas aceptadas por todas las partes y avanzar en la reinstitucionalización del país”.

A pesar de que la misión quiso presentar los resultados finales en Venezuela, y de que informó de su intención al Consejo Nacional Electoral, no recibió respuesta, según ha explicado Santos, por lo que se ha optado finalmente por una presentación telemática, desde la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas. El informe se le hizo llegar este lunes al CNE.

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El Alto Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, enviará un equipo a Bamako para analizar, junto con las autoridades malienses, la situación sobre el terreno y si se dan las condiciones para que la misión europea EUTM-Malí pueda continuar en el país africano. Esta ha sido la principal conclusión de la videoconferencia que han celebrado este viernes 15 ministros de Defensa de la UE convocados por la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Florence Parly, que ejerce la Presidencia de turno de la Unión.

Francia ha decidido sacar a sus tropas de Malí, después de que las autoridades locales expulsaran el pasado 31 de enero al embajador francés en Bamako, Joël Meyer, en respuesta a unas declaraciones del jefe de la diplomacia gala, Jean-Yves Le Drian, quien calificó de ilegítima a la junta militar que gobierna el país y tachó de “irresponsables” sus decisiones. Pero París no quiere marcharse sola, por temor a que la imagen de la retirada de las tropas francesas perjudique al presidente Emmanuel Macron a solo dos meses de la primera vuelta de las elecciones al Elíseo y busca el acompañamiento de sus socios europeos.

En Malí coexisten cuatro misiones internacionales: las dos operaciones francesas de combate, Barkhane y Takuba, cuya evacuación de Malí se considera inminente, aunque puedan seguir actuando desde países vecinos; la misión de la ONU (Minusma), con más de 18.000 efectivos, tan voluminosa como poco operativa; y la misión europea EUTM-Malí, dedicada a adiestrar al Ejército maliense. Esta última cuenta con 1.100 militares de 25 países, aunque más de la mitad son españoles.

En la videoconferencia de este viernes, la ministra española, Margarita Robles, ha destacado la importancia y los logros de la misión EUTM y ha abogado por “perseverar en nuestros importantes objetivos de avanzar en la gobernanza democrática de Malí, fortaleciendo sus estructuras y capacidades como elemento indispensable para mejorar la seguridad en el país y la lucha contra el terrorismo en toda la región”, según ha informado su departamento.

El mandato de la misión europea no concluye hasta 2024, pero la retirada francesa ha puesto en entredicho su continuidad, ante el temor a que se produzca un rápido deterioro de la seguridad en todo el país. A ello se suma el rechazo europeo a la llegada de más de 1.000 soldados rusos a Malí en apoyo al Gobierno golpista de Bamako, muchos de ellos mercenarios de la empresa Wagner, próxima al Kremlin.

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En el origen del conflicto con Francia está el propósito de la actual junta militar de perpetuarse en el poder, posponiendo cinco años las elecciones presidenciales e incumpliendo su compromiso de celebrarlas en febrero. En mayo pasado, los militares, encabezados por el coronel Assimi Goïta, dieron el segundo golpe de Estado en nueve meses, interrumpiendo la transición iniciada después de que, en agosto de 2020, fuera derrocado el presidente Ibrahim Boubacar Keita.

En enero pasado, la Comisión Económica de Estados de África del Oeste (Cedeao), que agrupa a los países vecinos de Malí, adoptó duras sanciones contra el régimen militar de Bamako, que incluyen la retirada de embajadores, el cierre de fronteras y la suspensión de los intercambios comerciales, salvo productos básicos. La UE ha respaldado las sanciones de la organización africana, pero mantiene su misión de adiestramiento del Ejército que ocupa ilegalmente el poder. Fuentes militares admiten que, en el mejor de los casos, habrá que proceder a una “profunda revisión” de la misión europea, que estaba en fase de expansión, con el envío de patrullas móviles a distintos puntos del país, la construcción de nuevas bases y su ampliación a los otros países del G-5 del Sahel (Níger, Burkina Faso, Chad y Mauritania).

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Al caer la noche en Almaty, la capital financiera de Kazajistán, las sirenas siguen recordando que rige el toque de queda nocturno y después de las 23.00 apenas queda un alma en la calle. Pero, por lo demás, la vida parece ir enterrando los rescoldos de las violentas protestas que sacudieron esta ciudad, epicentro de las revueltas que han puesto en jaque al Estado y sacudido el tablero geopolítico de Asia Central.

Los signos de normalidad son ya evidentes. Este jueves, el edificio chamuscado de la Alcaldía, uno de los que se llevó la peor parte la semana pasada, ha sido cubierto con una malla que disimula las cicatrices tiznadas; la gran avenida que fue escenario de duros enfrentamientos armados ha sido reabierta al tráfico. Y, sobre todo, el síntoma quizá definitivo, las tropas lideradas por Rusia que entraron en el país para ayudar a aplacar la crisis, han comenzado ya este jueves su retirada.

El contingente de más de 2.000 soldados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una asociación militar de parte del espacio pos-soviético encabezada por Moscú, aterrizó en el país la semana pasada después de que el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, solicitara ayuda para contener una protestas que arrancaron de forma pacífica a principios de año, motivadas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en este país rico en hidrocarburos, pero han acabado con decenas de muertos (no hay una cifra contrastable) —y 10.000 detenidos, según datos oficiales del Gobierno kazajo—, la gran mayoría de ellos en Almaty.

La entrada de las tropas extranjeras elevaron las revueltas kazajas a una dimensión geopolítica diferente, sumándose de pronto a la tensión ya disparada entre Washington, Bruselas y Moscú por la acumulación de tropas de Rusia a las puertas de Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a afirmar que a Kazajistán podría resultarle complicado deshacerse de la presencia de las tropas rusas una vez dentro del país. Pero Moscú ha asegurado este jueves que el contingente de la OTSC habrá completado su marcha el 19 de enero, incluso antes de lo esperado.

“Todo ha funcionado como un reloj: rápido, coherente y eficaz”, ha señalado este jueves el presidente Ruso, Vladímir Putin, según declaraciones recogidas por Reuters. “Debemos volver a casa. Hemos cumplido con nuestra tarea”. Las declaraciones del mandatario dejan entrever un halo de satisfacción por el despliegue relámpago, en un tiempo crítico en el que, a su vez, con la otra mano, negociaba con Occidente los peones de Ucrania. “Quiero […] expresar mi esperanza de que esta práctica de utilizar nuestras fuerzas armadas se estudie en el futuro”, ha añadido el presidente ruso.

Para Dosym Satpayev, analista político y director de Kazakh Risk Assessment Group, Putin es “uno de los grandes ganadores” tras la paz de los tanques que se ha impuesto en las calles kazajas, tal y como cuenta este elegante politólogo en el interior de una luminosa cafetería en Almaty. Otro signo de normalidad en la ciudad: las personas ya quedan tranquilamente para conversar en los cafés, la mayoría de ellos abiertos. Satpayev explica que si, en los últimos años, Kazajistán había cultivado una política de relaciones exteriores “multivectorial”, tratando con todo tipo de países, de China a Estados Unidos, el acercamiento a Moscú será evidente en los próximos meses. “Ahora [el país] tiene deudas con el señor Putin”; lo cual quiere decir que su agenda interna e internacional la fijará teniendo en cuenta las nuevas circunstancias. De algún modo, la crisis y su desenlace ha colocado a Kazajistán en la liga de países como Bielorrusia, cuyo viraje hacia Moscú se ha pronunciado tras las revueltas democráticas del verano de 2020, duramente reprimidas por el régimen de Aleksandr Lukashenko, y su creciente aislamiento ante la comunidad internacional.

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Con los militares en retirada y el regreso de esa extraña normalidad en la que se barren cristales rotos y aún se convive con patrullas militares urbanas, queda en Kazajistán la compleja tarea de desentrañar durante las próximas semanas lo ocurrido: el número exacto de muertos, por ejemplo, o la veracidad de afirmaciones del presidente Tokáyev, quien justificó la entrada de tropas extranjeras alegando que el país se enfrentaba a “bandidos y terroristas” venidos en parte desde el extranjero con la intención de subvertir el orden. Cifró a estos supuestos asaltantes en unos 20.000, otro dato que no ha podido ser confirmado de forma independiente.

“No es una información correcta”, protesta de nuevo el analista Satpayev. Según él la mayor parte de quienes convirtieron las revueltas pacíficas en violentos desórdenes son personas jóvenes, de entre 17 y 25 años, kazajos venidos de los alrededores de la ciudad y de otras regiones del país; muchos, en situación de desempleo o con trabajos precarios, bajos salarios y condiciones de vida humildes; personas dispuestas a subir las cuestas de la empinada ciudad desde la periferia, hasta alcanzar las zonas elevadas de Almaty, donde se respira un aire más puro y vive la clase acomodada, para enfrentarse a las fuerzas del orden, vandalizar edificios y saquear numerosos comercios.

Satpayev retrató a esta juventud en 2014, en un libro titulado ‘Cóctel molotov. Anatomía de la juventud kazaja’, en el que hablaba de la explosiva situación social y la enorme desigualdad larvada desde la caída de la URSS y la independencia de Kazajistán. “Cuando nuestros funcionarios hablan de terroristas, no entienden que existe una juventud agresiva y marginal”. Hay mucha gente en su país que sigue haciendo sus necesidades en agujeros en el suelo, añade. Y que jamás podría pagar una taza de café como la que disfruta él este jueves a media mañana de nueva normalidad.

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Personal de la salud reporta que 23 ambulancias han sido atacadas por vándalos en diferentes puntos del departamento, colocando en riesgo la vida de personal y pacientes.

Una grave situación de agresiones a la Misión Médica se registra en el Valle del Cauca, región donde los manifestantes están generando retrasos en la atención en salud, dificultades en el traslado de los trabajadores y obstrucción a la movilidad de las ambulancias.

De acuerdo con un informe que se conoció el día de hoy varios miembros del personal de salud han sido agredidos físicamente cuando se dirigían a sus lugares de trabajo, así como 23 ambulancias poniendo en riesgo la vida de la población y de los propios trabajadores de la salud.

En la comunicación enviada de manera conjunta por la Secretaria Departamental de Salud del Valle
del Cauca, ASOHOSVAL y hospitales y clínicas Privadas, se indicó que esa no es la manera de lograr transformaciones en nuestro amado departamento y país, y en una sola voz exigieron a quienes convocan a las protestas que se respete la Misión Médica y crear corredores humanitario que
faciliten el paso de trabajadores, ambulancias e insumos requeridos para todos los hospitales y clínicas del Valle.

Las entidades le dicen a los manifestantes que la salud y la vida son un derecho de todo ser humano, «defender las instituciones y equipos de salud favorecen la construcción de estrategias que mejoran la calidad en la prestación de los servicios. Contar con estas instituciones evidenció durante esta pandemia de Covid-19 que son esenciales para salvaguardar las vidas humanas».

Reporte de ataques a ambulancias en el Valle del Cauca.

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