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El destino quiso que la primera persona que vio el expresidente Juan Orlando Hernández cuando al mediodía del martes abrió la puerta de su domicilio y se entregó a la policía fuera el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón. Hasta hace unas semanas Sabillón era un prófugo más de la justicia que hasta hacía unos años había ejercido como de jefe de la policía, pero que había dejado el país en 2016 por miedo a que los hombres de Hernández, lo que llama “violencia del Estado”, pudieran terminar con él y su familia por participar en la captura de importantes narcos y haber denunciado a sus superiores por complicidad con el tráfico de drogas. Durante años se exilió con su familia después de ser expulsado de la policía y acusado por delitos que iban del robo al narcotráfico con el objetivo de hundirlo e impedir que volviera a Honduras.

Sin embargo, la etapa política inaugurada con la llegada al poder de Xiomara Castro el 27 de enero, le permitió regresar al país y que Castro se fijara en él para convertirlo en un símbolo de la nueva era que dice comenzar con ella. Solo unos días después le llegó la oportunidad de quitarse una espina a la que no le faltó ningún ingrediente.

Así que cuando se abrió la puerta del elegante domicilio de la colonia Las Palmas de San Ignacio de Tegucigalpa, Sabillón se acercó a Hernández y sin quitarse la mascarilla le dijo con frialdad: “Estamos cumpliendo todas sus garantías”. Acto seguido, le ajustó el chaleco antibalas, le puso las humillantes esposas utilizadas que unen pies y manos y se utilizan habitualmente para los pandilleros, y lo condujo a un cuartel de la policía donde fue presentado a la prensa.

El expresidente Juan Orlando Hernández, tras su detención en Tegucigalpa este martes.
El expresidente Juan Orlando Hernández, tras su detención en Tegucigalpa este martes.STRINGER (REUTERS)

A Hernández, la libertad le había durado exactamente 18 días, los que separan la toma de posesión de Xiomara Castro a finales de enero de la detención con fines de extradición este martes al mediodía a petición de Estados Unidos, que lo señala de haber introducido miles de kilos de cocaína en el país. A esa hora, confirmó el jefe de la policía, se escucharon fuegos artificiales y bailes con fiesta en algunas colonias de San Pedro Sula. De acuerdo a los protocolos legales, este miércoles será presentado ante la Corte Suprema de Justicia a las 10 de la mañana donde el juez Edwin Ortez Cruz determinará los pasos siguientes, entre ellas una posible impugnación, aunque todo indica que será extraditado en los próximos días gracias a una reforma de ley aprobada precisamente durante el Gobierno de Hernández.

La solicitud que la Embajada de EE UU hizo llegar a la Cancillería para que se la enviara a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que finalmente emitió la orden de captura señala que Juan Orlando Hernández es buscado para ser juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego”. Los fiscales estadounidenses resumieron el caso de Hernández como “narcotráfico patrocinado por el Estado” debido a que Hernández formaba parte de “una violenta conspiración de narcotráfico” que traficaba unos 500.000 kilos de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos.

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Ante la dimensión de la acusación, el operativo de detención estuvo enfocado en garantizar su seguridad. De ahí que el exmandatario pasará su primera noche solo, bajo una estrecha vigilancia y en una celda del cuartel de Los Cobras, las fuerzas especiales de Honduras. Sobre el futuro que le espera a Hernández, los expertos consideran que todo dependerá del grado de colaboración que ofrezca con Estados Unidos, pero todo indica que la pena podría ir desde los diez años a la cadena perpetua como su hermano. Para Salvador Nasralla, designado presidencial en el Gobierno de Castro, algo así como vicepresidente, y declarado enemigo de Hernández, el expresidente estaría negociando revelar información sobre rutas para el paso de la droga, testaferros o más involucrados en busca de menos años de cárcel.

Mientras esto ocurría, otra persona, también expresidente, también dormirá mal esta noche. Se trata de Porfirio ‘Pepe’ Lobo Sosa (2010-2014). Las 14 páginas enviadas por Estados Unidos detallando los cargos que enfrentará Hernández también mencionan a su antecesor en el cargo. El escrito detalla que Hernández y Porfirio Lobo recibieron una fuerte suma de dinero de Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias ‘Chande’, para protegerlo. “En 2009 o alrededor de esa fecha, el aliado político de Hernández, Porfirio Lobo Sosa, alias “Pepe Lobo”, comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras. Alrededor de esa época, Hernández y Lobo Sosa trabajaron juntos para obtener aproximadamente dos millones de dólares de ganancias del narcotráfico de Ardón Soriano, alias ‘Chande’, un antiguo narcotraficante hondureño y el entonces alcalde de El Paraíso, un pueblo ganadero en el departamento de Copán, detalla la acusación de 14 páginas de Estados Unidos.

Porfirio Lobo, durante su toma de posesión como presidente de Honduras en enero de 2010 en Tegucigalpa.
Porfirio Lobo, durante su toma de posesión como presidente de Honduras en enero de 2010 en Tegucigalpa.Omar Hernandez (LatinContent via Getty Images)

Precisamente Ardón terminó siendo una pieza clave en la detención del expresidente de Honduras, ya que contó al jurado en el juicio contra su hermano ‘Tony’ Hernández que asistió a una reunión donde Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán entregó un millón de dólares en efectivo para la campaña electoral de Hernández en 2013. Ardón detalló distintos pagos a políticos incluyendo a Lobo, lo que ha servido para poner punto final a una narcodinastía política que implica a los más altos cargos del Partido Nacional, que ha gobernado Honduras durante las últimas décadas. Cuando Sabillón se presentó en la casa de Juan Orlando Hernández, no era difícil intuir que se trataba de uno de los hombres más felices del mundo.

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La oposición venezolana volvió a ganar en el estado de Barinas. El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido, resultó electo gobernador en la repetición de los comicios que ordenó el Tribunal Supremo tras anular la victoria del opositor Freddy Superlano en las regionales del pasado 21 de noviembre, una juagada que le ha salido mal al chavismo. El triunfo lo obtuvo con 57,6% de los votos, una ventaja de 16 puntos y una participación de más de la mitad del electorado, según el escueto reporte que dio el Consejo Nacional Electoral.

El resultado se conoció inicialmente por la declaración del perdedor Jorge Arreaza, exyerno de Hugo Chávez que fue promovido por el Gobierno. “Barinas querida. La información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV indican que, aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios”, escribió en un tuit pasadas las 10 de la noche, cuando el CNE todavía no anunciaba los resultados.

Luego del reconocimiento de Arreaza, Sergio Garrido y Freddy Superlano dieron una conferencia de prensa en la que confirmaron su victoria. “Barinas ha dado un ejemplo de cómo podemos salir de los obstáculos en unidad”, dijo Superlano, quien asumió como jefe de breve campaña luego de que le despojaran el triunfo en noviembre y lo inhabilitaran.

La oposición venezolana logra una importante victoria, frente al apabullante poder del chavismo. No solo ha puesto fin a la dinastía de los Chávez, que gobernaban el Estado desde hace 20 años, sino que también ha desafiado al Gobierno en todas sus maniobras para intentar torcer los resultados que comenzaron con la anulación de la victoria de Superlano. Sergio Garrido ganó contra todo el derroche de recursos del Estado dirigido por varios ministros de Nicolás Maduro, que se instalaron en Barinas para empujar a su candidato. Las nuevas elecciones se celebraron un enorme despliegue militar y policial de más de 25 mil funcionarios para poco menos de mil mesas de votación, que fue considerado una intimidación. El chavismo repartió neveras y electrodomésticos y abasteció a la región con la gasolina y el gas que escasean en todo el país.

Barinas se suma a Zulia, Guárico y Nueva Esparta entre las gobernaciones ganadas por la oposición, más un tercio de las alcaldías. La elección en Barinas se convirtió en un objetivo común para la oposición, en medio divergencias en la plataforma de apoyos al liderazgo de Juan Guaidó. Dirigentes nacionales de distintos partidos opositores se sumaron a la campaña de Garrido.

Ahora el resultado sirve de base para un cambio de dirección en la estrategia opositora, debilitada por sus fracasos en la búsqueda de una transición política en Venezuela y desdibujada por abstenerse en los comicios de los últimos años. El triunfo de Barinas en un segundo intento los fortalece de cara al escenario electoral de las presidenciales de 2024 o un posible revocatorio a Maduro que algunos sectores promueven para este año.

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La nueva votación en esta región llanera a 500 kilómetros de Caracas se convirtió en asunto nacional. El derrotado en noviembre fue Argenis Chávez, hermano del expresidente y parte de la dinastía que ha gobernado este Estado por dos décadas. Chávez optaba a la relección y renunció al cargo luego de que el Tribunal Supremo suspendiera el recuento de los votos y ordenara repetir los comicios. También declinó a ser candidato en esta nueva oportunidad. El Gobierno de Nicolás Maduro puso sobre él todas las responsabilidades de una derrota que tiene una lectura nacional, pues expresa el nivel de rechazo que existe en Venezuela al chavismo y a Maduro, con menos de15% de aprobación y un cada vez más reducido caudal de votos.

Por Barinas, como un símbolo político, el Gobierno ha decidido echar por la borda los pequeños avances logrados durante el año pasado en las negociaciones con la oposición para encontrar una salida a la larga crisis política venezolana.

En los comicios de noviembre se logró la presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea, algo que no ocurría desde hace 15 años, aunque esta fue expulsada tras presentar un informe preliminar del proceso electoral en el que reconocía una mejora en las condiciones, pero denunciaban varias irregularidades y abusos gubernamentales. Esta fue una de las concesiones dadas por Maduro para que sus adversarios aceptaran concurrir de nuevo a unos comicios, luego de mantenerse en la abstención como un boicot en los últimos años. También se cambió al árbitro electoral y por primera vez se incorporaron dos rectores sin vínculos con el chavismo. Maduro también se comprometió a eliminar la figura de los “protectores”, plenos de poderes y recursos, que han sido designados en los territorios controlados por la oposición. Está por verse si en este reñido territorio cumplirá su promesa.

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