Los miembros de la Asamblea Constitucional chilena posan antes del inicio del primer debate formal de los artículos de la nueva Constitución, el 15 de febrero de 2022 en Santiago de Chile.IVAN ALVARADO (REUTERS)
La nueva Constitución de Chile comienza, al fin, a tomar forma. En la madrugada de este miércoles, los 154 legisladores aprobaron con más de los dos tercios de los votos requeridos los primeros 14 artículos, todos relacionados con el sistema de Justicia. Los textos llegaron al pleno de la Convención Constitucional tras meses de trabajo en las comisiones y deberán superar ahora la votación en particular de cada inciso. Solo así formarán parte de la Carta Magna que debe estar lista el 4 de julio. La primera jornada se concentró en el sistema de Justicia y tuvo como novedad el reconocimiento de la validez de las leyes indígenas para resolver conflictos. La derecha, que se opuso, votó unida y no pudo evitar los dos tercios que sumaron los partidos de izquierda e independientes.
Fue un día largo, con discusiones que duraron más 15 horas. El presidente electo, Gabriel Boric, quien como líder estudiantil promovió la convocatoria a una Convención para calmar las revueltas callejeras iniciadas en 2019, celebró en sus redes sociales. “Qué esperanza ver cómo Chile escribe por primera vez en su historia una Constitución de manera democrática, paritaria y con participación de pueblos originarios. Y que así sea, genera debate. No tengamos miedo”, dijo. El texto en discusión deberá ser refrendado al final del proceso en un referendo vinculante. Y una vez en vigencia habrá enterrado a la Constitución actual, aprobada en los años ochenta por la dictadura de Augusto Pinochet.
La clave de la jornada estuvo en los dos primeros artículos aprobados, en los que se hace mención al “pluralismo jurídico”. Esto es, que en el nuevo Chile la justicia será impartida por los tribunales tradicionales, pero también por autoridades de pueblos originarios y otros órganos, según consta en el primer artículo. El segunda agrega que el Poder Judicial actual coexistirá con “en un plano de igualdad con los Sistemas Jurídicos Indígenas”. “Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente”, dice el texto. La norma sumó 114 votos afirmativos, 11 más que los necesarios por la regla de los dos tercios, y 37 negativos.
Christian Viera, coordinador de la comisión de Justicia, aclaró que los artículos plantean principios, pero que su aplicación dependerá de discusiones que aún están pendientes. “El principio no impone una regla. Y esto es relevante, porque están viendo una regla donde no la hay. Los principios informan las futuras reglas, y las futuras reglas son lo que estamos discutiendo en este momento en la comisión”, dijo Viera. La legisladora Tammy Pustilnick escribió un largo hilo en Twitter donde advierte a los críticos que “la ley nacional se seguirá aplicando a todos los habitantes de la República, incluso para los indígenas, con la única diferencia que estos podrán regirse por su propio derecho para ciertas materias y de acuerdo con ciertas condiciones y límites”. Países como Bolivia y Ecuador ya aplican modelos judiciales mixtos como el que ahora discute Chile.
La primera jornada de votación dejó claro que el perfil de la nueva Constitución de Chile está en manos de la izquierda y los partidos independientes, cuyos representantes son mayoría dentro de la Convención. La derecha, pese a votar unida en contra, no pudo impedir que se alcanzasen los dos tercios de los votos afirmativos. La legisladora Rocío Cantuarias, de Colectivo Chile Libre, se quejó de que las ideas que defienden como colectivo “no son consideradas en lo más mínimo”. Es evidente, dijo, que “está todo arreglado y que somos un grupo irrelevante para la redacción de esta Constitución”. Su par Teresa Marinovic dijo que los dos tercios están asegurados, salvo cuando los partidos de centro izquierda no coinciden con los de la extrema izquierda. “Ahí es cuando se caen los dos tercios. Incluso, normas que uno puede considerar como muy negativas o antidemocráticas se aprobaron con bastante más de dos tercios”, lamentó.
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Este sábado, en un nuevo capítulo de «El País que Queremos», Patricia Venegas conversó con cinco integrantes de la Convención Constitucional que sesionará para redactar una Nueva Constitución para nuestro país.
Fernando Atria (Revolución Democrática / Apruebo Dignidad), Carol Bown (UDI / Chile Vamos), Patricia Labra (RN / Chile Vamos), Miguel Ángel Botto (Independiente / Independiente no Neutral) y César Valenzuela (PS / Lista del Apruebo) fueron los que participaron.
Cabe destacar que también fue invitada María Rivera (Independiente / Lista del Pueblo), quien fue una de las firmantes de la carta que 34 constituyentes elaboraron donde proponen «no subordinarse al acuerdo del 15 de noviembre del 2019» y cambiar algunas de las reglas que regirán para la Convención Constitucional.
La abogada se excusó de asistir señalando que sufría problemas de salud.
Fue entonces de esta forma que se dio inicio a la conversación en torno a la declaración política de los 34 y se planteó la interrogante: ¿Es correcto poner condiciones?
Revisas sus respuestas:
Fernando Atria
«Me parece que evidentemente (estas propuestas) serían una contribución al ambiente (…) Las reglas originalmente acordadas fueron evolucionando. (…) Llamar a escándalo porque se proponga revisar esas reglas es una exageración».
⭕🇨🇱 #ElPaísQueQueremosEnTVN@fernando_atria y carta de 34 constituyentes: «Las reglas que hoy existen son compatibles con el mandato constituyente que tiene la Convención».
«Me parece al menos cuestionable (…) No corresponde y tampoco corresponde pretender atribuirse decisiones de otro poderes del Estado». Aclaró además que en este tipo de casos «opinar es distinto a exigir o amenazar».
⭕🇨🇱 #ElPaísQueQueremosEnTVN@CarolCBown y carta de 34 constituyentes: «No corresponde pretender atribuirse decisiones de otros poderes del Estado».
«Hay que desdramatizar la carta y entenderla como una manifestación política. Hay que desdramatizar también su contenido (…) Ahí hay luces para mejorar algunas condiciones del proceso constituyente. Las reglas no están escritas sobre piedras, y son perfectamente revisables».
⭕🇨🇱 #ElPaísQueQueremosEnTVN@cesarvalenz y carta de 34 constituyentes: «Las reglas no están escritas sobre piedra, son revisables. ¿Quiénes las deben revisar? El Congreso Nacional, no nosotros».
«Estamos en una situación difícil (…) En términos de contexto, hay una empatía y una sensibilidad. No hay que dramatizar este contenido». Sin embargo, sostuvo además en modo de cuestionamiento que «me provoca ruido que hablen de la voz del pueblo».
⭕🇨🇱 #ElPaísQueQueremosEnTVN@BottoConstituy1 y carta de 34 constituyentes: «No hay que dramatizar este contenido, somos muchos más los que hacemos sintonía con esta situación».
«Me preocupa mucho (el llamado de los 34). Vamos en un camino de instrumentalización del proceso constituyente. La gente nos eligió para hacer nuestro trabajo, que es redactar la carta magna».
Añadió que «muchos se hicieron llamar como independientes, pero aquí 34 personas juntas tienen una instrucción superior para hacer este tipo de demanda. La vocería del pueblo está tomando las viejas prácticas de la política, que es lo que la gente no quiere».
🇨🇱 #ElPaísQueQueremosEnTVN@PatyLabraB y carta de 34 constituyentes: «Vamos en un camino de instrumentalización de la Convención Constituyente».
Respecto a la viabilidad de este planteamiento consistente en modificar algunos aspectos del reglamento acordado para el proceso, la abogada constitucionalista, Marisol Peña, comentó que «las reglas se han ido modificando por el Congreso Nacional en sucesivas normas constitucionales. El Congreso podría seguir implementando reformas constitucionales».
Más tarde, los participantes contestaron preguntas planteadas por personas en la calle tales como si el agua será un bien de uso público en la Nueva Constitución, así como si será considerado el matrimonio igualitario.
Las pensiones y el hecho de que las personas tengan su vivienda digna también fueron temas propuestos, así como si la nueva NC va a ser 100% feminista.
A las 18:00 horas del domingo cerraron las mesas a nivel nacional. El conteo de votos comenzó en la región de Magallanes (debido al cambio de hora) y una hora después siguió en el resto del país.
Los primeros resultados que la ciudadanía pudo conocer fue sobre los convencionales constituyentes, quienes tienen como objetivo redactar una nueva Carta Magna para Chile.
Con más del 99,9% de las mesas de los distritos escrutadas y la paridad de género aplicada en los 155 miembros de la Convención Constituyente, serán 77 mujeres y 78 hombres los que escribirán esta histórica nueva Constitución.
La corrección de género se aplicó en 16 oportunidades, donde once hombres ganaron un escaño. En el caso de los pueblos indígenas específicamente, se aplicó cuatro veces, entrando el par alternativo hombre a la convención en reemplazo de las ganadoras mujeres.
Los distritos donde se aplicó la ley –promulgada en marzo del año pasado– fueron:
Distrito 3: Entró un hombre en reemplazo de su compañera.
Distrito 6: Entraron dos hombre.
Distrito 7: Entró una mujer.
Distrito 12: Entró un hombre.
Distrito 13: Entró un hombre.
Distrito 14: Entró una mujer.
Distrito 16: Entró una mujer.
Distrito 18: Entró un hombre.
Distrito 21: Entró un hombre.
Distrito 22: Entró una mujer.
Distrito 26: Entró una mujer.
Mapuche: Entraron dos hombres pares alternativos de las candidatas titulares.
Colla: Entró el par alternativo hombre.
Atacameño: Entró el par alternativo hombre.
A pesar que la lista oficialista Vamos por Chile (37) obtuvo la mayor cantidad convencionales, las fuerzas independientes fueron las mayoritarias con 31% de los escaños, destacando La Lista del Pueblo (27) y los Independientes por la Nueva Constitución (11) o también conocidos como No Neutrales.
Por su parte la lista Apruebo Dignidad, de los partidos, movimientos políticos y sociales reunidos en: el pacto “Apruebo Chile Digno, Verde y Soberano” (incluido el PC), el Frente Amplio, Unidad Social, Comunidad por la Dignidad y el partido Igualdad, obtuvo 28 escaños. Y la ex Nueva Mayoría, en la Lista del Apruebo, 25.
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¿Cómo funcionará la Convención?
Estos 155 candidatos electos conformarán la Convención Constituyente, organismo que deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación que será entre junio y julio de este año.
De no cumplir el mencionado periodo de tiempo, se podrá prorrogar por tres meses, pero por una sola vez. Es decir, en el plazo máximo de un año deberán elaborar la propuesta.
Al iniciar sus actividades, la Convención debe elegir a un presidente o presidenta y a un vicepresidente o vicepresidenta por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio en su primera sesión. También habrá una secretaría técnica propia de la Convención.
Del total de escaños, hay 17 que están reservados para constituyentes pertenecientes a pueblos originarios. Además toda la Convención está conformada con paridad de género, lo que significa que ni mujeres ni hombres superarán al sexo opuesto en más de un miembro.
Ante la labor, los integrantes de la Convención recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales (UTM), además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención.
¿Qué pueden y que no pueden hacer los constituyentes?
La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Sin embargo, no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos.
En su sitio web –y de acuerdo a establecido en la actual Constitución para normar el proceso– el Servel contesta a las siguientes interrogantes:
– ¿Puede la convención cambiar el carácter de República del Estado de Chile?
No. El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
– ¿Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención?
Sí. Esas reclamaciones serán resueltas por cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo.
– ¿Un convencional constituyente puede postular a otro cargo?
Los integrantes de la Convención Constitucional no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención.
– ¿Cómo será el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución?
El Presidente de la República debe convocar al llamado Plebiscito de Salida, en el que por voto popular y sufragio obligatorio se definirá si se acepta o se rechaza el texto redactado por la Convención.
El voto tendrá la siguiente pregunta: “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”. Abajo estará el espacio para marcar una de las dos preferencias: Apruebo o Rechazo.
El plebiscito se hará 60 días después de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo convocante. Pero si la fecha cayera en un lapso de 60 días antes o después de otra elección popular, se retrasará hasta el domingo siguiente.
De aprobarse el texto el Presidente convocará al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la Nueva Constitución.
Por el contrario, si gana el Rechazo continuará vigente la Constitución de 1980.
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En BBC Mundo analizamos por qué la Carta Magna chilena estuvo en el punto de mira durante la ola de protestas.
Herencia de Pinochet
Una de las principales razones por las que los manifestantes demandaron cambiar la Constitución tiene que ver con el origen de la misma.
«Una de las cuestiones que más se critican, y por lo mismo se quiere cambiar, tiene que ver con su ilegitimidad de origen: es justamente el hecho de que haya sido dictada durante una dictadura militar», le dijo a BBC Mundo Miriam Henríquez Viñas, profesora de Derecho Constitucional y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago.
«La Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena tiene un origen ilegítimo», coincidió Gilberto Aranda, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
El general Pinochet durante el referendo para aprobar la Constitución de 1980.
Pero tal y como apuntan ambos expertos, la Carta Magna fue modificada sustancialmente en 1989 y en 2005.
Por ejemplo, en 1989 se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado, que suponía que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas.
Más tarde, en 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se llevó a cabo una importante reforma constitucional que acabó con la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema, «lo que de alguna manera le restaba su dimensión democrática a la composición política de la Cámara del Senado», dijo Aranda.
«Diría que en 2005 (la Constitución) ya quedó purgada de los enclaves autoritarios», opinó el doctor en Estudios Latinoamericanos.
«Sin embargo, no deja de ser la Constitución que fue preparada por el régimen militar y, por lo tanto, en ese contexto, para una parte muy importante de la sociedad chilena tendría una ilegitimidad de origen».
Los manifestantes salieron por primera vez a las calles el 18 de octubre.
En las declaraciones de los manifestantes que participaron en las protestas se reflejó ese pensamiento.
«Yo no voy a parar de protestar hasta que se cree una nueva Constitución y se termine con la herencia de Pinochet», le dijo en noviembre del año pasado a BBC Mundo Nohlan Manquez, un fotógrafo que salió a las calles en aquellos días.
Pero más allá de su origen, también se cuestiona el contenido de la propia Carta Magna.
La rigidez y los «enclaves autoritarios»
Según Henríquez, la Constitución «fue concebida originalmente con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo».
«Hay una desconfianza, que está presente en la Constitución, a la posibilidad de que el pueblo pueda tomar decisiones razonables por sí mismo» y, según la constitucionalista, esa desconfianza se expresa a través de una serie de mecanismos, como por el ejemplo el que el rol de los partidos políticos sea mínimo en la Carta Magna.
En cuanto a contenido, otra de las cuestiones es que se trata de una Constitución «muy rígida»: para modificarla se requieren mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.
Los manifestantes exigen la puesta en marcha de profundas reformas sociales.
Por ello, pese a las reformas de 1989 y del 2005, la especialista discrepó de Aranda y consideró que la Constitución «persiste en lo que se llaman enclaves autoritarios, es decir, hay ciertas normas que hacen prácticamente imposible, sino muy dificultoso, reformar ciertas disposiciones».
«Entonces prácticamente se ha generado una suerte de congelamiento de asuntos como derecho a la seguridad social, libertad de enseñanza, que son justamente los derechos sociales que hoy se demandan».
Los ciudadanos se echaron a la calle para protestar por la desigualdad y exigir la puesta en marcha de profundas reformas sociales.
Estado social
El otro cuestionamiento a la Constitución tiene que ver con los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un «Estado subsidiario» que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.
«Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos», explicó Henríquez.
La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas.
También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud.
Una de las demandas de los manifestantes fue que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos.
Aranda coincidió en que la función social está «infrarrepresentada» en la Constitución, que le otorga solo «funciones en lo que es resguardo del orden público, seguridad, defensa, garantía de justicia, etc.»
«Hay un sector importante de las personas que están demandando cambios estructurales y profundos en Chile respecto a declarar y garantizar el ejercicio de determinados derechos sociales, es decir, incorporar a una Constitución de democracia liberal elementos de un Estado social, como en parte están, pero además garantizar su ejercicio», explicó el experto.
Ambos analistas coincidieron en que una nueva Constitución no solucionaría todos los problemas, pero sí sería un primer paso muy importante.
Este fin de semana, casi 15 millones de personas están habilitadas para elegir a los 155 representantes de la convención constitucional que redactará la nueva Carta Magna.
En esta convención no participarán representantes del Congreso y sus miembros serán electos bajo un mecanismo de paridad de género único en el mundo, que garantizará que la asamblea esté compuesta mitad por hombres y mitad por mujeres.
Los 155 miembros tendrá 9 meses (prorrogables a tres más en una sola oportunidad) para presentar un nuevo texto constitucional.
Luego, ya en 2022, Chile vivirá un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución.
*Esta nota fue publicada originalmente en noviembre de 2019, en pleno estallido social, y fue actualizada el 11 de mayo de 2021 con motivo de la elección de los miembros de la Convención Constituyente.
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El órgano ha sido electo bajo un mecanismo de paridad de género único en el mundo, que garantiza un mínimo de 45% de mujeres. Los pueblos indígenas, en tanto, contaban con 17 escaños reservados.
El cambio de Constitución fue una de las principales demandas durante las protestas que estallaron en octubre de 2019 en Chile.
La actual Carta Magna chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos.
Así, en octubre de 2020 los chilenos aprobaron por una abrumadora mayoría (casi el 80%) cambiar esta Constitución.
La asamblea que salga de las urnas contará con 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más en una sola oportunidad.
Luego, a mediados de 2022, los chilenos se someterán a un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional propuesto.
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Candidatos independientes y de la oposición dominan la asamblea que redactará la nueva Constitución en Chile
Además, deberá definir el reglamento sobre cómo se trabajará en la redacción de la nueva Carta Magna; por ejemplo, si incorporará o no algún tipo de participación ciudadana, o si abordará los temas a través de comisiones específicas, entre otras cosas.
La convención tendrá un plazo de nueve meses para presentar la nueva carta fundamental, pudiendo ser ampliado por otros tres meses en una sola oportunidad.
Desde que comenzó la ola de protestas, en octubre de 2019, una de las principales demandas de los chilenos ha sido el cambio de Constitución.
Luego, a mediados de 2022, los chilenos se someterán a un plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto propuesto.
Este deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales ratificados por el país liderado por Sebastián Piñera y que se encuentren vigentes.
Pero entonces ¿cuáles son los temas que sí entrarán en debate y que son claves para sentar las reglas del juego que regirán esta nación por los próximos años o décadas? En BBC Mundo te lo contamos.
1. Rol del Estado
«Hay temas claves que sí o sí estarán en la Convención», señala la politóloga chilena Pamela Figueroa, quien trabajó en el proceso constituyente desarrollado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
«Uno de los cuestionamientos importantes hoy en Chile es hacia el rol del Estado en la Constitución, que es subsidiario. Toda la agenda política apunta a un Estado que tenga un rol más social, un Estado social de derecho«, dice la académica.
La necesidad de contar con un Estado más fuerte en lo social fue reclamado en las masivas protestas que comenzaron en octubre de 2019, donde se pedía mayor protección en áreas como la salud o educación.
Para los expertos consultados por BBC Mundo, ahora la pandemia vino a evidenciar aún más la importancia de tener un Estado más protagónico y que garantice algunos servicios básicos para los chilenos.
La necesidad de contar con un Estado más fuerte en lo social fue reclamado en las masivas protestas que comenzaron en octubre de 2019, donde se pedía mayor protección en áreas como la salud o educación.
«Con la pandemia se ha agudizado la demanda sobre el rol del Estado en la provisión de protección social, de bienestar. De esta forma, va a haber una discusión muy fuerte respecto a los derechos sociales y económicos, y el rol del Estado en la provisión de los servicios públicos en general», dice Marcela Ríos, representante asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile.
En esta discusión, lo central será definir cuáles son los derechos que garantizará el Estado y de qué forma lo hará.
«Hay amplio consenso en incorporarlos de forma más explícita: educación, salud, seguridad social. Surgirán nuevos, como el de vivienda. Y derechos de segunda generación: relativos al medioambiente, la no discriminación, la participación. Eso también será importante», dice Figueroa.
Pero ¿cómo la Constitución podría asegurar que el Estado garantice esos derechos?
Claudio Fuentes, académico de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, pone ejemplos.
«La Constitución actual dice que el Estado debe garantizar el acceso a las prestaciones de salud. Ahora probablemente se va a hablar de que el Estado debe proveer servicios básicos a la salud y estos deben ser pertinentes territorialmente», le dice a BBC Mundo.
2. Régimen de gobierno
Para Pamela Figueroa, el debate sobre el régimen político y la distribución del poder es «el más importante».
Actualmente, Chile cuenta con un régimen presidencial, donde el jefe de Estado (en este caso Piñera) ostenta el poder Ejecutivo.
Sin embargo, en los últimos años han surgido cada vez más cuestionamientos hacia este modelo por quienes consideran que el mandatario tiene demasiadas atribuciones.
«Una de las grandes causales de la crisis en Chile fue la rigidez institucional que generó un régimen hiperpresidencial, que es bicameral pero donde las cámaras no tienen peso real y los partidos políticos son muy débiles», explica Figueroa.
Actualmente, Chile cuenta con un régimen presidencial, donde el jefe de Estado ostenta el poder ejecutivo. En la foto, el palacio de La Moneda.
«Se requiere transformar el equilibrio de poder entre presidente y Congreso, y ampliar la participación política abriendo mecanismos de democracia directa entre elecciones. Cómo se defina la distribución del poder afectará cómo la nueva Constitución se irá convirtiendo en nuevas leyes, se irá expresando en políticas públicas», afirma.
Así, ya han comenzado a asomar algunas propuestas de cambio, entre ellas, un semipresidencialismo o parlamentarismo.
«Yo diría que la mayoría hoy está por un semipresidencialismo. Su lógica detrás es que las mayorías gobiernen. Que se elija a un primer ministro que dependa del Congreso y que, ante una crisis, se pueda reemplazar», explica Claudio Fuentes.
Para el académico, la baja aprobación de Piñera (que, según las últimas encuestas no supera el 9%) ha hecho que este debate esté mucho más presente.
«Como está tan latente el fracaso de Piñera, mucho apoyan este sistema semipresidencial que flexibilice la rigidez del sistema actual», dice.
Hay otras propuestas sobre la mesa como un «presidencialismo parlamentarizado», donde el presidente podría disolver el Congreso por una sola vez, o el Congreso podría censurar al presidente.
«Debe plantearse un diseño integral, con incentivos y herramientas que incentiven la colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Hoy la figura presidencial llega al poder con la ilusión de la mayoría y se encuentra con un Congreso que no le permite llevar adelante su agenda. Hay una disociación entre el poder ejecutivo y el legislativo», dice Figueroa.
Dentro de este debate, será importante lo que se decida respecto al Tribunal Constitucional (TC), cuya misión es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes.
En los últimos años, este órgano ha sido puesto en duda en repetidas ocasiones por quienes critican que actúa con intereses políticos —se le ha tildado de «tercera cámara»— y beneficia a una minoría.
En los últimos años han surgido cada vez más cuestionamientos hacia el régimen presidencial chileno por quienes consideran que el primer mandatario tiene demasiadas atribuciones. En la foto, el presidente Sebastián Piñera.
«Si hay un acuerdo político hoy es que hay que restringirle los poderes al TC. Incluso, entre los de derecha. Los de izquierda quieren eliminarlo y pasarle esas atribuciones a la Corte Suprema», explica Claudio Fuentes.
De alguna forma, el TC le otorga más poderes al presidente de la República pues este puede tomar la iniciativa de enviar ciertos proyectos de ley para que sea revisados.
«Además de que el presidente tiene mucho poder, tiene la posibilidad de recurrir a un tribunal que al final es un órgano contra mayoritario», dice Fuentes.
3. Reconocimiento de los pueblos originarios
La definición de los derechos para las comunidades originarias y el debate sobre un Estado plurinacional serán otros de los temas «fundamentales» de la Convención, plantea Juan Pablo Luna, doctor en ciencia política y profesor en la Universidad Católica de Chile.
La Convención Constitucional recién electa incorpora a 17 representantes indígenas pertenecientes a los 10pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado, entre ellos, los mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas.
Entre las demandas de estas comunidades está la de crear un Estado plurinacional, con el que se acepte su autonomía y sus derechos. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas.
Los mapuches tienen reclamos centenarios sobre tierras.
«Este es un tema grande, que va a costar, donde habrá que hacer mucha reparación histórica. Y obviamente es complicado, porque toca derechos de propiedad. Pero es fundamental. Los modelos de Nueva Zelanda y Canadá son los más interesantes», propone Luna.
Chile y Uruguay son de los pocos países de América Latina que carecen de un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en su Carta Fundamental. En la otra vereda están Bolivia y Ecuador, dos naciones que no sólo reconocen a estos pueblos, sino que han optado por consagrar el carácter plurinacional del Estado en sus Constituciones.
Luna dice que el resultado sobre la inclusión de derechos garantizados y reconocidos en la Constitución para las comunidades indígenas no representa sólo un fuerte efecto simbólico.
«Hay varios países de América Latina que incorporaron esos derechos y que hoy se hacen justiciables como ocurre en Brasil o Colombia, donde la salud se empieza a litigar en cortes a partir de su reconocimiento como un derecho constitucional», recuerda.
4. Medioambiente y derechos del agua
La Constitución actual chilena estipula el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.
El cuidado por el medioambiente ha sumado apoyo en Chile.
Sin embargo, para algunos esta declaración no es suficiente para abordar de forma más integral la problemática detrás del cambio climático.
«Las disposiciones actuales son muy limitadas. Están escritas bajo una lógica de etnocentrismo (ideología a través de la cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad), están centradas en la persona y aborda la contaminación solamente», dice Claudio Fuentes.
El académico agrega que ahora «hay toda una tendencia hacia el ecocentrismo, de buscar en las constituciones un equilibrio entre las especies». «Y eso te lleva a la protección de ecosistemas, te lleva a distribuir poder territorial, marítimo y espacial».
Este debate no sólo es importante por los efectos en el medioambiente sino porque también puede afectar el modelo de desarrollo chileno.
«El modelo chileno tiene que ver con extractivismo y, con una nueva Constitución, eventualmente se le podría poner algunas posiciones como que la empresa se tenga que hacer cargo del equilibrio ecológico; el estándar sube», dice Fuentes.
Quienes han estado a favor de una nueva Constitución en Chile, proponen que el texto señale explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público.
Además, se instalará uns fuerte discusión respecto a los derechos del agua. Entre quienes han estado a favor de una nueva Constitución proponen, entre otras cosas, que esta debería garantizar explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público.
De acuerdo con las autoras del libro «El negocio del agua: cómo Chile se convirtió en tierra seca», Tania Tamayo y Alejandra Carmona, Chile es uno de los pocos países que tiene una privatización casi completa de sus aguas, tanto en el origen como en la gestión del recurso.
«Hay un debate muy fuerte respecto de si mantener los derechos privados sobre el agua o si debería ser un derecho humano básico y ser público en su totalidad», explica Marcela Ríos.
*Esta nota está basada en un artículo previamente publicado en octubre del 2020, escrito por la periodista Paula Molina.
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Ningún género tendrá mayor representación que el otro en la nueva Constitución. Esto, porque de forma inédita será paritaria. Pero ¿cómo se logra que mujeres y hombres estén representados por el mismo número de personas? Andrea Yávar y Flavia Cordella nos cuentan.
En una nueva edición de «El país que queremos», candidatos a la Convención Constituyente por distintos distritos debatieron respecto de cómo se puede asegurar el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios en una nueva carta fundamental.
De los invitados debatir, varios coinciden en que el primer paso en la construcción de una nueva Constitución es darles visibilidad y reconocerlos
En tanto, puntos contrarios se expusieron a la hora de enfrentar una posible plurinacinoalidad del Estado, ya que parte de los candidatos aseveran que es necesario uno multicultural.
Bastián Bodenhofer – Distrito 12
“Cuando llegué en el año 78 a Chile, a mis 17 años, me di cuenta que hay un racismo feria en este país, es intrínseco de nuestra cultura (…) Creo que lo que ha estado pasando a partir de octubre de 2025 es que el pueblo comenzó a estar cansado y comenzó a identificarse con las injusticias a las que han estado sometidos los pueblos (…) Han sido grupos invisibilidad y hay que reconocerlos y darles la posibilidad de darles la autodeterminación”.
“Es necesario que la Constitución exija y se establezcan los derechos, en cuanto hemos sido objeto de injusticias de siglos (…) Todos los habitantes chilenos habitan en territorios ancestrales, por lo que el reconociendo es una exigencia de justicia para nuestro pueblo mapuche y éste debe reconocer el derecho colectivo de libre determinación de los pueblos, autonomía, derechos territoriales y saldar la deuda histórica”.
“Es muy bueno que por primera vez en nuestra historia, se reconozca la carencia que hay en Chile de interlocutores válidos de nuestros pueblos para con el Estado. Es muy bueno que estemos eligiendo democráticamente a representantes de nuestros pueblos originarios (…) No creo que debiésemos reconocer un plurinacionalismo, lo que no quita que hay que reconocer lo fundamental, que Chile es una nación multicultural”.
“Chile está compuesto por naciones, aquí no hubo una conquista, hubo una violación a los pueblos y el que la quiera negar, tiene que estudiar un poco más la historia”.
«Hay que incorporar el reconociendo y valorar que son parte esencial de las raíces de la nación chilena.No creo en la plurinacionalidad. Y también creo que es necesario elevar el rango constitucional de respetar y promover los pueblos”.
“La plurinacional es algo nuevo que tiene que ver con la entrada del Siglo XXI, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile es noventero. Nos queda corto. Ahora necesitamos un estado plurinacional que reconozca que Chile tiene diferentes naciones iguales y que se tienen que relacionar en manera igualitaria. Además, debe llevar una restitución de los derechos territoriales, culturales, lingüísticos”.
⭕🇨🇱 #ElPaísQueQueremosEnTVN@carolanaranjo : «Necesitamos un estado plurinacional que reconozca que Chile tiene distintas naciones, todas ellas iguales».
“El fondo es el racismo. Cuando tú vez que las personas ganan ostensiblemente es un país que discrimina y digámoslo, a las personas no les gusta tratar con personas indígenas, porque tenemos metido en la cabeza el estándar de civilización, que nos dice que la mirada del hombre blanco es la adecuada. No podemos partir con la nueva constitución sin un estudio profundo de las razones que nos llevaron aquí. Somos múltiples naciones en un estado mestizo”.
⭕🇨🇱 #ElPaísQueQueremosEnTVN@amaya_alvez : «A las personas no les gusta tratar con personas indígenas, porque tenemos metido en la cabeza algo que se llama estándar de civilización».
