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La aparente calma que reina en Jerusalén amenaza con saltar por los aires con un nuevo episodio de enfrentamientos entre residentes palestinos en Jerusalén Este y colonos judíos que promueven su expulsión, que se saldaron con 31 heridos y 12 detenidos en la noche del domingo. El conflictivo distrito de Sheij Yarrah, situado al norte del recinto amurallado de la Ciudad Vieja, ha vuelto a ser epicentro de violentos choques como los que el pasado mes de mayo precedieron al último conflicto armado entre Israel y Hamás en la franja de Gaza. Decenas de familias palestinas están pendientes de expulsión de las casas que ocupan desde hace más de 60 años a causa del proceso de desahucio instado por una organización defensora de los colonos que se hizo con la propiedad de los terrenos.

La presencia en Sheij Yarrah del diputado israelí de extrema derecha Itamar Ben Gvir fue el detonante de los enfrentamientos más graves. El parlamentario, conocido por su discurso racista y antiárabe, instaló una oficina improvisada en una tienda de campaña con la intención de proteger los derechos de los israelíes asentados en el distrito, después de que una casa de colonos fuera atacada el viernes con cócteles molotov. La tensión no ha dejado de crecer desde entonces.

Tras los primeros enfrentamientos del sábado, el domingo se libró una batalla campal con lanzamiento cruzado de piedras y objetos contundentes, así como peleas a puñetazos en las que se vieron implicados políticos rivales, como Ahmed Tibi, diputado árabe en la Kneset (Parlamento), y el ultraderechista Arieh King, vicealcalde de Jerusalén. Las fuerzas de seguridad obligaron a Ben Gvir a desalojar el distrito mayoritariamente palestino de Jerusalén oriental para intentar calmar los ánimos. El diputado se desmayó durante el forcejeo y tuvo que ser atendido en un centro sanitario. En la noche de Jerusalén Este volvió a oírse el eco de disparos de balas forradas de caucho y granadas de gases lacrimógenos.

El gran despliegue policial ordenado el lunes por el Gobierno israelí en Sheij Yarrah impidió que se reprodujeran los choques entre colonos y palestinos, a pesar de que Ben Gvir volvió a instalar su tienda de campaña en un descampado cercano. Pero algunos enfrentamientos retornaron al anochecer. El primer ministro, Naftali Bennett, se reunió con los máximos responsables de seguridad para intentar contener la escalada. “No necesitamos provocadores que acudan a inflamar una zona solo por sus intereses políticos”, advirtió el jefe del Gobierno.

El movimiento islamista Hamás, que gobierna de hecho en la franja de Gaza, advirtió a Israel de que estaba “jugando con fuego”. En un comunicado difundido a través de Twitter, el dirigente islamista Naser al Din afirmó que Hamás está dispuesto a “repetir” las acciones armadas del año pasado contra Israel. El lanzamiento de cohetes desde el enclave costero hacia Jerusalén en plena tensión en Sheij Yarrah desató durante el mes de mayo un conflicto armado a gran escala que se prolongó durante 11 días y causó más de 250 muertos en la Franja y una decena en Israel.

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Decenas de familias palestinas se hallan pendientes de la decisión final del Tribunal Supremo de Israel sobre su desahucio. Una asociación que promueve el asentamiento de colonos israelíes en Jerusalén Este adquirió los derechos de propiedad a una fundación religiosa que había comprado los terrenos hace más de un siglo, para instalar un santuario junto a la tumba de Simón el Justo, sumo sacerdote judío de la antigüedad.

Mientras el Gobierno de Israel considera el caso de Sheij Yarrah como una disputa inmobiliaria entre particulares, la comunidad internacional cuestiona el desplazamiento forzoso de la población civil palestina de Jerusalén Este, ocupado militarmente por Israel en 1967 y anexionado en 1980.

Los derechos de los propietarios judíos para recuperar sus bienes en manos de palestinos no caducan, pero los de los palestinos sobre sus propiedades en el actual territorio de Israel perdieron validez tres años después de su salida. Pasaron a manos del Estado, que los custodió —como bienes de ausentes— antes de cederlos a familias judías.

Cerca de 3.000 palestinos que viven en unos dos centenares de edificios de Jerusalén oriental están pendientes de desahucio, según la ONG israelí Paz Ahora.

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De nada le valió a Mahmud Salhiya encaramarse el lunes al tejado de su casa en Jerusalén Este con bombonas de gas y bidones de gasóleo dispuesto a hacerlos estallar para impedir el desahucio de su familia. “No nos iremos. Antes moriremos”, advirtió. Un centenar de policías israelíes irrumpieron en la vivienda en la madrugada de este miércoles para expulsar a sus moradores –una docena de miembros de un clan familiar, entre ellos niños y ancianos– en medio de la lluvia que caía con temperaturas bajo cero sobre la Ciudad Santa.

Los agentes ejecutaban una orden judicial dictada el año pasado, instada en 2017 por la municipalidad para expropiar el terreno con el fin de construir equipamientos públicos en Sheij Yarrah, el distrito oriental que ha acaparado la atención de la comunidad internacional en los últimos meses ante la amenaza de desalojo forzoso de cientos de residentes palestinos.

Una excavadora arrasó poco después la vivienda, en la que fueron detenidas 18 personas tras el lanzamiento de granadas aturdidoras y conatos de enfrentamientos, según grabaciones en vídeo de los hechos. Todos han sido acusados de violar una orden judicial y perturbar el orden público, de acuerdo con un comunicado policial. Junto a los integrantes del clan Salhiya se encontraban cinco pacifistas israelíes que se habían encerrado también en la casa desde el lunes.

Los periodistas y diplomáticos occidentales –encabezados por una delegación de la Unión Europea– que les acompañaban en los dos últimos días para observar los hechos se habían retirado el martes al anochecer. Todos estaban a la espera de la resolución de una petición que los abogados de los vecinos ultimaban ante el Tribunal Supremo israelí para paralizar el lanzamiento.

La familia Salhiya alega que adquirió la propiedad a comienzos de los años cincuenta del siglo pasado en Jerusalén Este, entonces bajo administración de Jordania, tras haber huido de su casa en una zona próxima a Jerusalén ante el avance de las tropas del recién nacido Estado judío. El Ejército israelí ocupó la parte oriental de la ciudad en 1967 y se la anexionó más tarde, en una decisión adoptada sin el aval de la comunidad internacional. Julud Badawi, portavoz de la ONG estadounidense Human Rights Watch en Jerusalén advirtió en Twitter de que la expulsión de esta familia y la demolición de su casa, en territorio palestino ocupado, equivalen a un “crimen de guerra”, según la legislación humanitaria internacional.

Sheij Yarrah, un distrito residencial situado al norte de la Ciudad Vieja amurallada y que concentra las sedes de varios consulados, entre ellos el de España, se ha convertido en símbolo de la resistencia a la colonización israelí de la parte este de Jerusalén, donde viven unos 350.000 palestinos (un tercio de la población de la urbe) junto a más de 200.000 colonos israelíes. El pasado mes de mayo, en medio de la mayor ola de protestas contra la ocupación registrada en los últimos años en la Ciudad Santa, la movilización de esta barriada dio pide al disparo de cohetes de Hamás desde Gaza y al inicio de un conflicto armado entre el Ejército israelí y las milicias islamistas de la Franja palestina.

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La organización antiocupación Jerusalén Libre acusó a Israel en su página en Facebook de haber provocado “una escalada en la política de expropiación de los hogares de palestinos”, ejecutada en plena madrugada “para ocultar al mundo acciones de racismo y usurpación sin presencia de activistas, periodistas y diplomáticos”.

La vicealcadesa de Jerusalén Fleur Hassan-Nahoum declaró a la prensa hebrea que la familia Salhiya ocupaba ilegalmente un terreno sin título de propiedad y que el Ayuntamiento lo había expropiado para construir un centro educativo. La policía israelí, en un comunicado conjunto con las autoridades municipales, aseguró que se había limitado a hacer cumplir una orden judicial tras haber ofrecido “innumerables oportunidades a la familia para desalojar el terreno por su propia voluntad”.

Policías israelíes vigilan los restos de la casa palestina desalojada y demolida este miércoles en Jerusalén Este.
Policías israelíes vigilan los restos de la casa palestina desalojada y demolida este miércoles en Jerusalén Este.AHMAD GHARABLI (AFP)

La batalla legal de todo un barrio

Medio millar de vecinos de Sheij Yarrah llevan más de 15 años pleiteando para impugnar su desahucio. Su movilización en el distrito, amplificada a través de Twitter, Facebook o Instagram, ha transformado sus acciones en todo un icono inteligible a escala global —el de quien pelea por poder seguir en su propio hogar— para la causa palestina. La mayoría vive en una vaguada arbolada de 74 edificaciones situada a poco más de un kilómetro del recinto histórico amurallado. Cerca de 3.000 palestinos afincados en unos dos centenares de edificios de Jerusalén oriental están pendientes de desahucio, según la ONG pacifista israelí Paz Ahora.

Un grupo nacionalista radical que promueve el asentamiento de colonos judíos en Jerusalén adquirió hace tres décadas los títulos de propiedad en Sheij Yarrah a una fundación religiosa que había comprado los terrenos hace más de un siglo, bajo administración otomana, para instalar un santuario junto a la tumba de Simón el Justo, sumo sacerdote de la antigüedad.

Mientras los derechos de los propietarios judíos para recuperar sus bienes abandonados no caducan, según la ley israelí, los de los palestinos en territorio bajo control de Israel perdieron validez poco después de su salida. Pasaron a manos del Estado —en la denominada custodia de propiedades de ausentes—, que habitualmente los ha cedido a familias y entidades israelíes judías.

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La Sociedad Palestina de la Media Luna Roja dijo que más de 300 palestinos resultaron heridos en la confrontación, después de que la policía israelí usara balas de goma, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos en el área de la mezquita, considerada sagrada tanto por judíos como por musulmanes.

El enfrentamiento se produce en un momento complejo para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya que la oposición está negociando la formación de un Gobierno de coalición para sacarlo del cargo tras las elecciones poco concluyentes del 23 de marzo.

Analistas sostienen que la postura desafiante de Hamas ante Israel es una señal para los palestinos -que tuvieron que posponer sus propias elecciones por orden del presidente Mahmoud Abbas- de que el movimiento islamista está adoptando una posición más resuelta ante la nación judía.

Hamas y el grupo militante Yihad Islámica se atribuyeron la responsabilidad del lanzamiento de cohetes sobre Jerusalén.

Abu Ubaida, portavoz del brazo armado de Hamas, dijo que había lanzado «un ataque con cohetes contra el enemigo en la Jerusalén ocupada en respuesta a sus crímenes y agresiones contra la ciudad santa y su agresión contra nuestro pueblo en Sheikh Jarrah y la mezquita de Al-Aqsa».

En respuesta, Netanyahu dijo: «Las organizaciones terroristas cruzaron una línea roja el Día de Jerusalén y nos atacaron, en las afueras de Jerusalén».

Y añadió: «Israel responderá con mucha fuerza. No toleraremos ataques contra nuestro territorio, nuestra capital, nuestros ciudadanos y nuestros soldados. Quien nos ataque pagará un alto precio».



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