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Arturo Mcfields Yescas, en un acto en Wasghington en noviembre de 2019.
Arturo Mcfields Yescas, en un acto en Wasghington en noviembre de 2019.Juan Manuel Herrera (OAS)

La obediencia de Arturo McFields hacia el régimen de Daniel Ortega se convirtió este martes en una bomba que explotó con fuerza sobre la diplomacia nicaragüense. El hasta hoy embajador de Managua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) dio un mazazo que puso en alerta y descolocó al Gobierno, que inició, según fuentes de Cancillería, una paranoica cacería de brujas para determinar cómo fue posible lo que ya consideran una “traición” de McFields. El embajador denunció los desmanes de lo que ha catalogado como una dictadura que viola los derechos humanos y abogó por la liberación de los más de 170 presos políticos. Un desahogo cuyas consecuencias están por verse, pero que vuelve a poner la crisis de Nicaragua en la discusión internacional. “No tengo valor, tengo miedo, pero creo que es importante vencer el miedo. Siento que me quité un yugo del alma”, dice un aliviado McFields en entrevista telefónica con EL PAÍS.

El embajador —su cargo sigue activo hasta que su destitución sea publicada de forma oficial en el diario del Estado en Nicaragua— narra a este periódico cómo tomó la decisión que ha puesto de cabeza al Gobierno de Ortega. “Es una decisión que no surge de la noche a la mañana. Es una decisión que ha estado torturándome por mucho tiempo. Pero lo que me llena de esperanza es saber que no soy el único en esta lucha interna por hacer algo, por manifestarte, por ayudar a los presos políticos. Esto es de miles de funcionarios a niveles altos, a niveles intermedios y a niveles bajos”, afirma.

McFields afirma que había expresado su descontento por la situación en la que están encarcelados los presos políticos del régimen y que incluso llegó a proponer que se liberara a de mayor edad y a los enfermos, pero que nadie escuchó su propuesta. Al contrario, recibió amenazas por expresarla. “Tener presos políticos a los que están tratando tan mal, ignorando cualquier principio internacional sobre el trato digno trasciende cualquier ideología política. Sin embargo, como he dicho, en el Gobierno nadie escucha. Pero lo que es más triste, nadie habla. Veníamos de una paliza moral en la OEA, entonces convocan a una reunión de emergencia. Yo creí que esa reunión era para analizar dónde estábamos, para evaluar nuestros aciertos, errores y hacer cambios dignos para descomprimir la situación sociopolítica. Cambios con cierto nivel de legitimidad; de hacer una pequeña concesión en favor del bienestar de los presos. Pero era una reunión para salirnos de la OEA. Yo abogué por liberar a presos de la tercera edad, pero no me escucharon… Es que tener presos en condiciones infrahumanas debilita moralmente a las bases (sandinistas)”, afirma.

Su decisión de irrumpir en la reunión del Consejo Permanente de la OEA para denunciar lo que considera una “dictadura” ha sido catalogada como valiente tanto en el seno de ese organismo como desde la oposición nicaragüense en el exilio. En los últimos años, la experiencia ha demostrado que alzar la voz contra el Gobierno o criticarlo puede ser pagado con la vida, la cárcel o el exilio en la Nicaragua de Daniel Ortega. Un temor que sigue recorriendo el espinazo del diplomático. “No soy un superhéroe, pero uno no puede dejar que sus miedos sean más grandes que sus convicciones. Sin embargo, no te voy a mentir, sentí mucho miedo cuando hablé en la sesión. Como una persona de carne y hueso, que tiene miedo por su familia. Miedo por mi integridad física y la de mi familia”.

Poco después de que las declaraciones de McFields se hicieran públicas, el Gobierno de Nicaragua emitió un comunicado en el que dijo que no le reconocía como su representante diplomático. Esta situación deja al periodista en un “limbo jurídico” en Estados Unidos, como él mismo reconoce. “No puedo trabajar, no puedo hacer nada, soy un desempleado. Técnicamente, por estos días, sigo siendo embajador, pero un embajador en el limbo”, dice desde Washington.

Algunas de las mayores críticas de McFields van dirigidas contra la vicepresidenta Rosario Murillo de quien asegura que dirige la política exterior del país sin tener una mínima idea de diplomacia, con una estrategia basada en la obediencia absoluta de parte de diplomáticos y funcionarios. “De acuerdo a la estructura del Gobierno, la cartera diplomática la maneja una persona: la primera dama. Una diplomacia sin alma ni cerebro”, acota.

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A pesar de su futuro incierto, el embajador afirma que no se arrepiente de lo que hizo este miércoles, cuando escribió líneas en la historia de la diplomacia de la OEA, siempre tan anodina. Espera que su decisión cale hondo en los funcionarios del Estado, que aceptan la humillación de seguir trabajando para un régimen que los manipula. “Tengo esperanzas en los funcionarios públicos, civiles y militares, porque los he oído hablar. Hablan en voz baja. Incluso hablan funcionarios del más alto nivel político, civil y militar, pero cuando se tratan de declaraciones oficiales callan. Callan porque tienen miedo. En los últimos meses varios funcionarios públicos se están yendo, pero se van calladitos por el mismo miedo. Ahora mi futuro es incierto, pero me siento libre. Siento que me quité un yunque de mi alma”.

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Autoridades investigan el escabroso hecho que ha generado terror en este corregimiento de Jamundí y el resto del departamento del Valle del Cauca.

Autoridades investigan el escabroso hecho que ha generado terror en este corregimiento de Jamundí y el resto del departamento del Valle del Cauca.

Noticias Valle del Cauca.

En las últimas horas las autoridades confirmaron el macabro hallazgo de un cuerpo sin vida en el corregimiento de Chagres, Jamundí.

Los restos encontrados pertenecían a un hombre. La víctima presentaba heridas que evidenciaban la brutalidad en la que se había llevado a cabo su asesinato.

Estaba decapitado, sin sus dos pies, en medio de una enorme cantidad de sangre y tendido en el suelo en la entrada de una vivienda en esta zona rural del municipio.

Su cuerpo fue cubierto con una sábana.

La víctima fue identificada

Luego de el brutal asesinato, las autoridades confirmaron que la víctima respondía al nombre de Jefferson C.

Un hombre de la región y al que describían como una buena persona.

Sobre los móviles del crimen no hay hasta el momento un pronunciamiento oficial de la Policía o Alcaldía de Jamundí.

Nadie sabe qué sucedió, quién o quiénes estuvieron detrás de el macabro hecho.

El caso es investigado  por las autoridades pertinentes.

Toda la región continúa en medio del miedo y la consternación por lo sucedido.

 

 



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En 2004, solo un 11% de la ciudadanía colombiana se autodenominaba de izquierda (excluyendo el centro-izquierda). Una década y media después, esa cifra se ha multiplicado hasta el 28%. El excelente resultado del Pacto Histórico en las elecciones legislativas del domingo y de su líder Gustavo Petro en la consulta para definir al candidato presidencial solo es la culminación de este proceso, quizás el más importante en la sociología política de Colombia en lo que va de siglo. Más incluso que el auge y caída del uribismo: el Centro Democrático ha perdido el liderazgo legislativo ante la doble ausencia de Álvaro Uribe como cabeza de cartel y de un candidato propio en la consulta interpartidista de derechas. Su partido fue superado incluso en votos por el Partido Conservador, que lleva décadas en una decadencia que no se acaba de consolidar. En la carrera presidencial, el exalcalde de Medellín ‘Fico’ Gutiérrez se hizo con la candidatura presidencial en la coalición de la derecha con un discurso firmemente anclado en los valores conservadores clásicos (familia y seguridad).

Los resultados electorales han puesto freno, al menos momentáneo, a la tercera gran tendencia de la política colombiana durante este siglo: la consolidación de un centro político poderoso a partir de posiciones defendidas desde la élite intelectual urbana. Un fenómeno que empezó con el fallido intento del matemático Antanas Mockus de llegar a la presidencia en 2010, y que tiene en el también matemático Sergio Fajardo su (por ahora, debilitado) heredero.

La polarización resultante de este debilitamiento del centro mientras se empodera la izquierda y se realinea la derecha se parece bastante a la del resto de países de la región. Colombia está pasando así de ser una excepción latinoamericana (la democracia más longeva de América Latina, pero también una de las más restrictivas) a uno más en la norma regional.

En ambos extremos ideológicos, la pulsión populista se pelea con el prototipo ideológico: en el corazón del petrismo está la vertiente autoritaria igual que está la progresista e inclusiva, en constante tensión tanto en los discursos de su líder como en la configuración de la plataforma que le ha llevado al (hasta ahora) éxito electoral. Y la derecha aún tiene que resolver si ‘Fico’ le supone una alternativa razonable tras la decepción de la presidencia de Iván Duque, un moderado en su presentación inicial ahora atacado por la derecha nacional-populista autoritaria (encabezada por la senadora del CD María Fernanda Cabal) que, presumiblemente, mantendrá al exalcalde de Medellín bajo análisis hasta que logre un compromiso con su programa de mínimos ‘bolsonaristas’.

El centro, mientras, tiene su propia tensión: el fracaso de las propuestas más urbanas y con un rasgo elitista (no sólo en esta elección, sino desde 2010) contrasta con la solidez que demuestran los centros más pragmáticos e inclusivos. Los que entienden que en un entorno polarizado quejarse de la polarización no es especialmente fructífero: es como quejarse de la lluvia en mitad de una tormenta. La polarización en Colombia, como en cualquier otro sitio, tiene sin duda una dimensión nociva, enfocada en el odio o el miedo al rival (“afectiva”, se le llama en ciencia política). Pero también tiene otro componente sustantivo, ideológico: sencillamente, las posiciones de partida, los intereses, las preferencias de la ciudadanía están divididas en el país. Esto no sólo no es malo, sino que puede argumentarse que es buena cosa que al fin el sistema político institucionalizado esté recogiendo las brechas que atraviesan a la sociedad del país. Cerrando la analogía, el trabajo del político virtuoso no es quejarse de la lluvia, sino canalizarla para que no destruya todo a su paso, sino para que fluya, riegue y alimente a la tierra que bajo ella se encuentra. Si el centro, o los muchos centros que pueblan este espacio cada vez más estrecho en Colombia, quieren ser fructíferos y útiles para el país deben empezar por abrir los nuevos canales hacia la ciudadanía frustrada.

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Un indigente pide ayuda en una estación de metro de Nueva York.
Un indigente pide ayuda en una estación de metro de Nueva York.Eduardo Muñoz

Medianoche del 26 de febrero, en un andén de la estación de metro de Times Square. Un desfile de espectros zigzaguea entre quienes esperan; algunos conscientes, pidiendo dinero o farfullando, otros ensimismados, mientras una mujer a medio vestir, los labios muy pintados de rojo y un carrito con bolsas y cartones a rastras, prorrumpe en gritos de animal herido. Enajenada, se encara con los viajeros y los amenaza. La mayoría de usuarios retroceden y buscan el amparo de las paredes, con el miedo en los ojos. Pero el recelo y la desconfianza que suscita el metro neoyorquino a algunas horas no es nada en comparación con la mañana de mediados de enero en la que una mujer de 40 años que esperaba en esa estación para ir al trabajo fue empujada por un hombre a la vía. Dos policías patrullaban por el andén contrario.

El homicidio aleatorio de Michelle Go a manos de un sintecho con graves problemas mentales y un historial de delitos menores puso el foco sobre la seguridad en el metro de Nueva York, abierto las 24 horas, 472 estaciones y cientos de kilómetros de vías que movilizan una ciudad disfuncional en términos de transporte: sus autobuses urbanos son los más lentos de EE UU. La identidad del agresor planteó además un factor añadido: el metro como cobijo de cientos de vagabundos, muchos de ellos diagnosticados por los servicios de salud mental y que, como si de una puerta giratoria se tratase, entran y salen del hospital al metro o el albergue, en cualquier orden. La última semana de febrero durmieron en los albergues una media de 48.000 indigentes, según los servicios sociales de la ciudad, de casi nueve millones de habitantes. Pero no hay plazas para todos, y muchos -se calcula que al menos un millar- pasan la noche en las estaciones o en los vagones.

Un millar de policías ha reforzado la vigilancia en las instalaciones del metro.
Un millar de policías ha reforzado la vigilancia en las instalaciones del metro.eduardo munoz

Herido de muerte por la pandemia, que remató su déficit -el número de viajeros en días laborables no superó los tres millones hasta febrero pasado, 43% menos que antes-, el metro de Nueva York no puede permitirse mala prensa, va en ello también la recuperación de la ciudad. El alcalde, Eric Adams, y la gobernadora del Estado, Kathy Hochul, anunciaron en febrero un plan de mejora de la seguridad del suburbano, con el despliegue adicional de un millar de policías -ya había mil patrullando-, así como 30 equipos de intervención psicosocial. Una iniciativa que según las ONG criminaliza a los más vulnerables y que, desde su aplicación, cosecha críticas de ineficacia. Casi medio millar de personas (455) fueron expulsadas durante la primera semana de la campaña.

La ONG Coalition for the Homeless ha calificado el plan de nauseabundo. “Repetir las fallidas estrategias policiales del pasado no terminará con el sufrimiento de las personas sin hogar que duermen en el metro. Es repugnante escuchar al alcalde comparar a los sintecho del metro con un cáncer. Son seres humanos. El propio departamento de policía dijo recientemente que los que se refugian en el sistema de transporte lo hacen por falta de alternativas más seguras. Criminalizar la falta de vivienda y las enfermedades mentales no es la respuesta”, señala Shelly Nortz, subdirectora ejecutiva de la ONG.

Falta de camas psiquiátricas

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En la pesadilla del metro de Nueva York, además de la suciedad y las ratas, confluyen como un torrente muchas causas. La eliminación de camas psiquiátricas derivada del proceso de desinstitucionalización (cierre de los antiguos manicomios y abordaje integral, psicosocial, del paciente en la comunidad); el embargo de parte de las restantes para responder a la pandemia (600 camas, según Nortz); la endeblez congénita del sistema de salud público; los desahucios por la crisis económica y la sanitaria (la moratoria que amparaba a los morosos concluyó en enero), la falta de viviendas asequibles… y la propia crisis de imagen de Nueva York a causa de una oleada de violencia rampante.

Un indigente, en el vestíbulo de una estación del metro neoyorquino.
Un indigente, en el vestíbulo de una estación del metro neoyorquino.eduardo munoz

De todo ello puede hablar Tony Manfredonia, de 53 años, sintecho desde que la Gran Recesión le dejó sin nada. “Dormí en el metro hasta hace dos días pero me tuve que ir de madrugada porque una mujer empezó a atacarme, fuera de sí, me pateaba y pinchaba con un cuchillo. Me asusté mucho”, dice sobre una compañera de infortunio con la que compartía, entre una decena, el vestíbulo de una estación de Manhattan. “A veces duermo en albergues pero si llegas tarde, están todas las plazas ocupadas. La ropa me la han dado en una iglesia y como lo que encuentro por ahí, restos de restaurantes o comida caducada de los súper”, explica, mientras se señala la pulcra trenca azul marino que le protege del frío. “Esta noche dormiré en un albergue de Brooklyn, pero hay demasiadas reglas. En el metro, si los compañeros no son conflictivos, tienes más libertad. Pero desde luego no es lo que se puede llamar vida, al menos la que tenía antes”. El hombre dice no haber tenido problemas con la policía desde que empezó la campaña del metro.

El número de agresiones y asesinatos en el suburbano registró en 2021 su mayor cifra desde 1997, según datos de la policía divulgados a finales de enero, si bien se redujeron los hurtos y robos. Ocho asesinatos en 12 meses, con un episodio tan terrible como la muerte a puñaladas de dos indigentes en la línea A por otro sintecho, que también malhirió a otros dos vagabundos, durante una enloquecida cacería aleatoria de 24 horas. Según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac (Connecticut) publicada a principios de febrero, el 48% de los viajeros del metro neoyorquino asegura sentirse inseguro, frente al 40% que sostiene lo contrario. El miedo se incrementa en las horas nocturnas, hasta el 62%.

Una patología urbana

Herbert y Laurie, un matrimonio de administrativos que va en metro a trabajar, confiesan que su sensación de intranquilidad va en aumento. “Muchas veces no te puedes ni sentar en el vagón porque el asiento entero está ocupado por un vagabundo descalzo o borracho o ambas cosas. Si está más o menos consciente, es mejor no mirarle a los ojos, porque puede mosquearse, y menos aún recriminarle”, explica Herbert a la salida de una estación. “No sé si el plan del alcalde funcionará pero el metro necesita una reforma integral, y la seguridad es el primer paso. No es un hotel, ni un hospital para enfermos mentales”. Paul, coordinador de una orquesta juvenil, señala sin embargo que está igual que siempre, y que su principal preocupación es que se le acerque alguien sin mascarilla. “No está ni mejor ni peor. Ni la inseguridad es nueva ni la sensación de miedo me parece tan justificada, creo que hay mucha alarma mediática, además de un intento de ponerse medallas con la limpieza de las instalaciones”, explica en una estación de la línea 1.

Años de negligencia y desatención en la prestación de servicios sociales -lo público es además casi anatema en EE UU- han enquistado las deficiencias del metro, convirtiéndolo en una patología urbana. La falta de camas psiquiátricas y una ley -surgida a raíz de otro empujón mortal en el metro, en 2013- que permite el ingreso forzoso de una persona en una unidad de salud mental se contradicen; ley a la que por cierto recurre el plan del alcalde. Los equipos de intervención psicosocial, que incluyen a un par de agentes de policía, evalúan por el momento la situación de los sintecho en seis líneas, pero muchos creen que es una solución cosmética.

Alrededor de un millón de sintecho pasa la noche en las estaciones y los vagones del metro de Nueva York.
Alrededor de un millón de sintecho pasa la noche en las estaciones y los vagones del metro de Nueva York.eduardo munoz

El antropólogo médico Kim Hopper, de la Universidad de Columbia y con 25 años de experiencia en los servicios de salud mental de la ciudad, no oculta su pesimismo acerca del plan del Ayuntamiento. “Este problema surgió hace muchos años. Hoy tenemos más evidencia si cabe de la importancia de las viviendas de apoyo (y de facilitar el acceso a ellas) para las personas que luchan contra problemas mentales y no tienen hogar. Sin alternativa habitacional, simplemente engañamos al público haciéndoles creer que se da una solución, cuando todo lo que ha ocurrido es un desplazamiento masivo junto con alguna retención improvisada [ingreso hospitalario por orden judicial]. No funciona, así que no durará”.

Elizabeth Bowen, del Instituto de Trabajo Social de la Universidad de Buffalo (Nueva York), se expresa en parecidos términos: “La ciudad debería considerar el trauma que han sufrido la mayoría de las personas sin hogar. Para muchos, esto incluye experiencias traumáticas con la policía. El mejor enfoque sería trabajar con equipos comunitarios de salud mental, sin policía, que estén capacitados clínicamente. El énfasis debe ponerse en conectar a esas personas con tratamiento y vivienda permanentes, no en reprimir a quienes duermen en los trenes porque no tienen otras opciones seguras. Esto también significa que la ciudad debe estar preparada para proporcionar recursos adicionales para el tratamiento y la vivienda, a fin de abordar las causas de raíz”.

Christa, una estudiante de 17 años que se desplaza en metro a diario, intenta comprender con evidente desgana a qué se refiere la periodista cuando le pregunta por la inseguridad en el suburbano. “¿Insegura? Ni segura ni insegura, no leo noticias ni veo informativos. Es mejor no enterarse de nada. Y durante el trayecto sólo veo vídeos en TikTok o alguna serie en el móvil -dice, sin apenas levantar la vista de la pantalla-. ¿De veras el metro de Nueva York es peligroso, en serio?”.

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El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, aseguró este lunes que el ataque de la víspera contra una base militar en el oeste de Ucrania ―situada a apenas 25 kilómetros de su país― tenía como objetivo “generar pánico” entre la población. Una de las personas a las que bien podría referirse es Beata Wozoszyn, que llenaba el depósito de su coche en la localidad polaca de Lubaczow, a 13 kilómetros de la frontera con Ucrania. Lo hace a diario desde que empezó la guerra para escapar lo más lejos posible sin repostar en caso de que Vladímir Putin también ataque su país.

“Queremos vivir normal, pero la situación es anormal. La gente compra menos estos días porque está ahorrando. Los precios han subido y nadie sabe lo que pasará mañana”, asegura Wozoszyn en la panadería en la que trabaja en Lubaczow, donde la edad media de sus alrededor de 12.000 vecinos y las imágenes de Juan Pablo II recuerdan que se trata del sudeste polaco: tradicional, religioso, avejentado y feudo de Ley y Justicia (PiS), el partido ultraconservador en el poder.

Wozoszyn cuenta que tiene “mucho miedo” desde el principio del conflicto y que solo una vez antes en sus 49 años de vida ―cuando el fin del periodo comunista disparó el desempleo en los años noventa― había pensado en dejar su país. El bombardeo del domingo, que causó al menos 35 muertos, le ha hecho replantearse por qué se queda, más aún con sus tres hijos emancipados ya en otras partes de Polonia.

Beata Wozoszyn, en la panadería en la que trabaja en Lubaczow, este lunes.
Beata Wozoszyn, en la panadería en la que trabaja en Lubaczow, este lunes. MASSIMILIANO MINOCRI

El miedo de Wozoszyn es ―a juicio del primer ministro polaco― justo lo que Moscú quería cuando decidió bombardear tan cerca de un país miembro de la UE y de la OTAN. “Un ataque con misiles a solo 20 kilómetros de nuestra frontera muestra cómo opera Rusia. Quiere generar pánico entre la población civil”, dijo este lunes Morawiecki en una conferencia de prensa conjunta con sus homólogos de Lituania, Ingrida Simonyte, y Ucrania, Denys Shmyhal. Era una reunión del conocido como Triángulo de Lublin, una alianza regional inspirada en la Mancomunidad polaco-lituana creada en el siglo XVI. La conferencia de prensa se convirtió en escaparate de la línea dura contra Moscú que abandera Polonia.

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Morawiecki acusó a Rusia de efectuar una “masacre” en Ucrania y de emplear los recursos naturales “para chantajear” al resto de Europa. Y prometió hacer “todo lo posible” para que Ucrania entre en la UE. Hace una semana, el Consejo de la UE dio el visto bueno a la solicitud de Kiev, en una decisión exprés que se extiende a Moldavia y Georgia, también fronterizas con Rusia. El primer ministro ucranio insistió por videoconferencia en que una zona de exclusión aérea ―que la OTAN rechaza imponer por temor a que agrande y globalice el conflicto― “salvaría miles de vidas”.

Mercado al aire libre en Lubaczow, este lunes.
Mercado al aire libre en Lubaczow, este lunes.MASSIMILIANO MINOCRI

En un país tan políticamente dividido como Polonia, la guerra en Ucrania ha dado una tregua a la brecha. El miedo a ser la siguiente pieza de Putin (pese a la cláusula de defensa mutua de la OTAN) y el aluvión de refugiados (es el país que más ha recibido: 1,7 millones de los 2,8 millones) han dejado las divergencias en segundo plano. Tomasz Siemoniak, ministro de Defensa entre 2011 y 2016 y vicepresidente de la principal fuerza opositora, la Plataforma Cívica de Donald Tusk, ha asegurado este lunes que “la situación es muy grave cuando se produce un ataque masivo con misiles” tan cerca de la frontera polaca. “Es también una señal muy fuerte para nosotros”, ha agregado en una entrevista con Radio Plus.

Una señal que los padres de Daniel Argasinski, Waldemar y Monika, no habían esperado a recibir. El 25 de febrero, en el segundo día de ofensiva rusa, dejaron Lubaczow para instalarse en los Países Bajos, donde Waldemar había trabajado en el pasado. “Mi madre me llama todos los días para decirme que me vaya con ellos”, afirma. Argasinski tiene 25 años y estudia programación en Rzeszow, la principal ciudad del sudeste de Polonia. Al marcharse sus padres, pidió y obtuvo permiso de la Universidad para continuar las clases de manera virtual. “Mi hermano y yo nos hemos quedado a proteger la casa, por si algún ucranio entra a robar”, explica.

Daniel Argasinki, este lunes en Lubaczow.
Daniel Argasinki, este lunes en Lubaczow.MASSIMILIANO MINOCRI

En este pueblo grande de casas bajas, la vida transcurre estos días despacio, pero no apacible. De vez en cuando atraviesa el cielo un helicóptero militar. Los vecinos hablan de falta de productos en los supermercados, en lo que parece una mezcla de desabastecimiento por miedo a un ataque ruso y de ruptura de stock porque los refugiados ucranios (hay un puesto fronterizo a apenas 12 kilómetros) también compran aquí ahora, de paso a otras partes de Europa. “Los primeros tres días de la guerra era imposible repostar en todas las gasolineras. Ahora está cara, pero hay”, asegura Stanislav mientras introduce el surtidor en su moto, justo a la salida de la localidad.

Polonia es uno de los pocos países de la UE que no ha cambiado su moneda, el esloti, por el euro. El empleado de una casa de cambios, que no se quiere identificar, asegura que la demanda de euros y dólares por los lugareños ha aumentado entre dos y tres veces desde que empezó la guerra. “No es un problema, porque a los pocos minutos suelen llegar ucranios a cambiar su moneda por eslotis y entonces se compensa lo que tengo”, señala.

Calma

En las conversaciones, varias personas usan la expresión “cuando Putin ataque Polonia”, en vez de “si Putin ataca Polonia”, pero el alcalde, Krzysztof Szpyt, llama a la calma y se muestra más preocupado por el “riesgo de imprecisión” que conlleva todo bombardeo en el país vecino que por un “ataque directo”. “En la guerra moderna, la verdad, no cambia tanto un bombardeo a 10 kilómetros o a 50 […] La OTAN nos da sensación de seguridad y no queremos extender el pánico”, añade Szpyt, del PiS, en su despacho del Ayuntamiento.

Krzysztof Szpyt, alcalde de Lubaczow, en el Ayuntamiento, este lunes.
Krzysztof Szpyt, alcalde de Lubaczow, en el Ayuntamiento, este lunes.MASSIMILIANO MINOCRI

A Jan, en cambio, el paraguas de la Alianza Atlántica no le da mucha confianza. “Nuestro país tiene la experiencia de dos guerras mundiales en las que Europa dijo que nos ayudaría y en el momento de la verdad se quedó de brazos cruzados”, afirma este policía de 53 años tras ojear las esquelas en el tablón de la iglesia. Tampoco a Stanislav, que no quiere dejar de nuevo su país tras 14 de sus 55 años como trabajador de la construcción en Noruega. Menos ahora, que le gusta “mucho” el Gobierno ultranacionalista. Considera que el principal problema de Polonia en esta crisis es que carece de armamento nuclear y que “Putin ve débil a Europa por culpa de la izquierda”, que “ha hecho creer que dos o tres hombres, o dos o tres mujeres, son una familia, y no solo amigos”.

Como buen lugar de frontera, las conexiones del pasado con Ucrania llegan al presente. Czestawa Polinska tiene 86 años y hace la señal de la cruz mientras recuerda cómo bajaba de niña a los búnkeres y se ocultaba en los bosques con sus padres durante la II Guerra Mundial. “La gente de Rusia trató de matarnos, a mí y a mi familia”, dice sobre la invasión soviética de esa zona, acordada con los nazis en el pacto Ribbentrop-Molotov. Desde que empezó la guerra en Ucrania reza cada día en las anexas concatedral de San Estanislao e Iglesia del Mártir “para que Dios proteja a Polonia”.

Czeslawa Polinksa, frente a la concatedral de Lubaczow, este lunes.
Czeslawa Polinksa, frente a la concatedral de Lubaczow, este lunes.MASSIMILIANO MINOCRI

Si un lugar tan pequeño tiene una concatedral, cuya cruz se observa sobre el resto de edificios en el centro histórico, es porque allí fue trasladada en 1946 la sede del arzobispado después de que Lviv, que era parte de Polonia, quedase encuadrada en la URSS. Es justo la ciudad ucrania más cercana al bombardeo del domingo. El papa Karol Wojtyla visitó cinco veces la iglesia de Lubaczow, la última en 1991, ya como Juan Pablo II. En su interior están expuestos el solideo, anillo y rosario que regaló al templo. Cuesta ver iglesias en los alrededores sin imágenes o esculturas del fallecido papa polaco.

Aunque los polacos se han volcado con los refugiados ucranios, algunos habitantes de la zona no los ayudan porque el Ejército Insurgente Ucranio asesinó en esta zona y en la Galicia oriental durante la II Guerra Mundial a decenas de miles de sus antepasados. Un anuncio de Tax Free en un supermercado Lidl recuerda que, hace apenas tres semanas, bastantes ucranios cruzaban a comprar porque, tras la devolución de una parte del IVA, les salía a cuenta. Tal es la conexión que, a Argasinski, sus amigos en Rzeszow le dicen en burla que vive en Ucrania.

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En la pequeña y remota aldea rumana de Negostina, la historia parece importar más que las fronteras. Nieva sin cesar al norte y al sur de la línea divisoria con la hoy invadida Ucrania, situada a apenas dos kilómetros. Ambas partes pertenecen al mismo territorio histórico, Bucovina (Bukovina, en ucranio), que fue troceado durante la II Guerra Mundial, cuando la URSS integró a la fuerza la parte norte, que luego recuperó Rumania gracias al avance de sus aliados nazis y volvió a manos soviéticas en 1944.

Por eso, a Clem Aglaia, de 78 años, la posibilidad de que soldados rusos se aposten a una distancia visible del trozo de terreno que cultiva con su nieto en Negostina (unos 800 habitantes) pesa mucho más que todos los discursos de hombres encorbatados que escucha en televisión sobre la importancia del Artículo Quinto de la OTAN, aquel que establece que un ataque contra un país miembro lo es contra todos. A diferencia de Ucrania, Rumania está en la Alianza Atlántica desde 2004 (y en la UE desde 2007).

Clem Aglaia, en el pueblo rumano de Negostina, este jueves.Foto: Alex Onciu | Vídeo: Saúl Ruiz

“Tengo miedo, ni puedo dormir por la noche. Si oigo un ruido de un coche, pienso: ¡ya está, viene un avión!”, asegura mientras se seca las lágrimas con un colorido delantal típico de la región. “Estoy preocupada porque vamos a morir, nos van a comer los gusanos si nos bombardean. Si Putin decide bombardearnos, toda la aldea desaparecerá […] No queremos guerra, no queremos morir ni que mueran nuestros hijos, nuestros nietos. Se estaba bien sin guerra, ¿qué quiere Putin de estas personas?”, lanza mientras mira hacia la frontera con Ucrania.

Nunca ha vivido una guerra. Nació en 1943, así que no recuerda la II Guerra Mundial, pero sí las historias de sus padres sobre los padecimientos que sufrieron. En sus palabras sí se nota, en cambio, el peso de la dictadura de Nicolae Ceausescu, en la que cualquier vecino podía ser un delator: teme que los periodistas seamos espías enviados por Putin.

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En Negostina, suele salir pronto a colación una palabra en rumano: frica (miedo). “Los vecinos aquí tienen miedo de los rusos porque la guerra está cerca. Tienen mucho miedo de que vengan a por nosotros”, asegura Ionel Rosca, un jubilado de 70 años que prefiere los llanos de tierra negra y laderas con pinos del lugar al apartamento de la cercana ciudad de Suceava donde residen su mujer y su hija. Eso sí, matiza, “la gente agradece que hayan venido las tropas de la OTAN y tenemos esperanzas de que nos vayan a defender en caso de que suceda algo”, señala en referencia al refuerzo de la presencia de la Alianza en el marco de la crisis. El pasado martes llegaron a Rumania 500 militares franceses.

Ionel Rosca, en el pueblo rumano de Negostina, este jueves.Foto: Alex Onciu | Vídeo: Saúl Ruiz

Lucian Petrasuc, de 51 años, vive aún en la casa en la que crecieron sus abuelos. Trabajaba en una maderera ―una industria históricamente pujante en la zona― que está a punto de cerrar por falta de pedidos. Al hablar de la guerra, aplica una lógica espacial: “La OTAN nos defendería y tiene tecnología moderna, pero de nada sirve enviar 2.000 o 3.000 personas porque, en caso de guerra, es a nosotros a quienes bombardearían. ¿No moriríamos nosotros? Nos envían tropas estadounidenses, francesas… miles de personas, pero en caso de guerra, los rusos no se enfrentan a los alemanes, sino a Polonia, Rumania…”. La gente en el pueblo, cuenta, ha empezado a pensar a dónde escaparían las mujeres y niños en caso de guerra. “¿Cómo no tener emociones? Nosotros estamos cerca de la frontera”, agrega.

Lucian Petrasuc, en el pueblo rumano de Negostina, este jueves.Foto: Alex Onciu | Vídeo: Saúl Ruiz

En cualquier caso, una cosa es el miedo y otra, el pánico. El único cambio visible en el pueblo es que se ha acortado la jornada escolar para que los profesores puedan ayudar a los refugiados ucranios en el paso fronterizo. “De aquí no se ha ido nadie, todo lo contrario: ha venido gente de fuera porque quiere ayudar”, aclara el cura Daniel Petrisor en la iglesia ortodoxa rumana de Negostina en la que preside unas misas en las que ahora incluye “una petición de oración especial por la paz, en Ucrania y en todo el mundo”. Pertenece a la minúscula minoría étnica ucrania en Rumania (apenas unas decenas de miles de los 20 millones de habitantes) y utiliza su conocimiento de ambas lenguas para ayudar como traductor a los refugiados que cruzan por el cercano puesto de Siret, uno de los pasos fronterizos por los que un millón de ucranios han escapado de la guerra a los países vecinos, sobre todo Polonia. “Todos estamos preocupados porque, en el siglo en el que vivimos, no pensábamos en la guerra. Hace una semana, había paz a nuestro alrededor. Ahora todos estamos afectados, porque somos el primer Estado al lado [de Ucrania] y yo, personalmente, siendo de etnia ucrania, estoy preocupado y me duele con todo el alma, sobre todo porque hice estudios religiosos en Kiev”.

El cura Daniel Petrisor, en el pueblo rumano de Negostina, este jueves.Foto: Alex Onciu | Vídeo: Saúl Ruiz

Oeste y este

Palabras como OTAN, Washington o Moscú suenan distinto en el oeste y el este de la UE. En Rumania, país con un notable sentimiento antirruso, la Alianza Atlántica es el país u organismo internacional que más confianza genera (60,6%), seguida de la UE (55,9%), Alemania (51,8%) y Estados Unidos (50%), según un sondeo del pasado enero del centro demoscópico Inscop. Rusia obtiene un 18% (un porcentaje similar al de encuestas anteriores previas a la escalada de tensión por Ucrania) y China, un 17,2%. Otra encuesta de Inscop apunta que un 70,3% de los rumanos cree que los aliados de la OTAN acudirían en ayuda de su país si fuese atacado por Rusia, frente a un 20,3% que cree que la cláusula de defensa mutua garantizada sería ignorada.

Rumania era además, de largo, el país europeo, de los siete analizados en un sondeo del think tank European Council on Foreign Relations (ECFR), en el que más gente (un 31%) veía a finales de enero “muy probable” una invasión rusa de Ucrania este año. El segundo era Polonia, con un 20%. Los ciudadanos de Italia (8%), Finlandia (9%) y Francia (11%) eran los más optimistas.

“Antes de la guerra, polacos y rumanos no fueron tomados en serio, se los veía como esos belicistas obsesionados con Rusia. Pero ellos tienen una perspectiva diferente, por historia y cercanía geográfica”, explica por teléfono Jana Puglierin, experta en seguridad y defensa europea y transatlántica del ECFR. Puglierin admite, no obstante, que “un ataque ruso contra territorio OTAN es muy improbable, por el Artículo Quinto y por la credibilidad que hay sobre que se respetaría. Quizás con [Donald] Trump [como presidente de Estados Unidos] hubiera sido diferente, pero [su sucesor, Joe] Biden ha sido muy claro sobre la línea roja que supondría cruzarlo. Y también lo ha sido el compromiso de la UE”.

No todos en la zona viven igual la situación. Desde el pueblo de Mihaileni se ve una loma que ya es territorio ucranio sin necesidad de forzar la mirada. Benone Levițchi ha pasado allí casi todos los 57 años de su vida. Cuenta que la entrada de su país en la OTAN hace casi dos décadas le alegró “mucho” porque suponía un “paraguas de seguridad” que estos días agradece. Comprende que sus vecinos vean llegar a los refugiados y teman “acabar así también”, pero él se muestra relajado. “No sé lo que estará en la cabeza de Putin […] pero tengo una cierta tranquilidad, porque los rusos se lo van a pensar dos veces antes de atacar un país de la OTAN […] Incluso si invadiesen Moldavia, me quedaría aquí. Solo me iría en el momento en el que viese que mi vida corre peligro”, resume.

Benone Levitchi, en su bar de Mihaileni, este jueves.
Benone Levitchi, en su bar de Mihaileni, este jueves.Alex Onciu

Moldavia es justamente el otro país con el que Rumania limita al norte y tampoco pertenece a la OTAN. Este jueves ha presentado su candidatura a entrar en la UE, en el marco del acercamiento a Occidente que ha impulsado la guerra. “No ha considerado de momento unirse a la Alianza Atlántica, pero necesita algún tipo de garantía de seguridad. Su exministro de Defensa Viorel Cibotaru está pidiendo un acuerdo conjunto de defensa con Rumania”, explica Liliana Smiech, experta del think tank polaco Warsaw Institute.

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“Soy un hombre y ya he tomado la decisión. Te prometo que volveré”. Así se despidió Roman Lifatov de su madre, Natalia Bialetska, el pasado sábado en Getafe. Ella lloraba, mientras él le daba unos calmantes. Después del adiós repentino de su madre y sus dos hermanas menores, Roman se marchó a Strii, su ciudad natal, en el oeste de Ucrania, con un grupo de desconocidos en una furgoneta: se marchaba a la guerra, a pesar de que a sus 23 años jamás había empuñado un arma. Las súplicas de Natalia fueron inútiles. Apenas pudo obligarle a aceptar el dinero para un abrigo que resista las temperaturas bajo cero, y la estampa de una virgen con una oración que ella llevaba siempre en sus viajes.

Desde el lunes, Román está a las órdenes del Ejército ucranio para luchar contra la invasión rusa. En su última conversación, le ha contado a su madre que ha tenido que patrullar las calles de Strii (unos 60.000 habitantes) sin protección. “Me ha dicho que ya no quedan armas, ni municiones”, relata Natalia con un temblor en la voz, mientras espera su próxima llamada. “Cuando ahora suena mi teléfono, ¿sabes el miedo que tengo de cogerlo?”, murmura la mujer, de 41 años, mientras aprieta los puños en el salón de su casa de Getafe.

Natalia Bialetska emigró a España hace cinco años —sus hijos llegaron después— y trabaja como empleada doméstica, aunque desde el inicio de la invasión rusa de su país duerme muy poco y solo con ayuda de fármacos. Sin Roman, ella y su hija Inna, de 21 años, con la que comparte oficio, llevan solas la carga del hogar —la mujer prefiere no hablar de su exmarido—. Mientras, su hija Ana, de 14 años, intenta seguir estudiando tras la partida de su hermano, que no tiene fecha de regreso.

Para Natalia, la guerra se ha adueñado de sus vidas de sopetón. “Me enteré por una de mis hermanas. El miércoles pasado [por el 23 de febrero] me fui a dormir y a las cinco de la mañana me escribió: ‘Estamos en guerra. Me voy del país”, señala. Sus dos hermanas, Irina y Lesya, han huido a Cracovia (Polonia). Irina escapó con su hija Yana de siete años, mientras que su marido, que es militar, ya está en el frente. Desde ese día, las noticias, las redes sociales y las conversaciones con su familia y conocidos se han convertido en un calvario para Natalia. Teme por su padre, que se ha quedado en Strii ayudando a las personas que huyen hacia el oeste desde otras regiones de Ucrania. Y también por Irina, que ha pensado en volver sola a la guerra.

Mientras ella y sus dos hijas se sumían en el horror de los ataques rusos al iniciarse la ofensiva la semana pasada, Roman se refugiaba en el silencio con la mirada perdida. “Mi hijo estaba muy raro y presentí lo que iba a hacer. Traté de evitarlo, pero no logré convencerlo”, destaca marcada por el dolor, mientras recuerda los últimos días que compartieron juntos.

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A Roman lo describe como un joven responsable, que cuidaba de ella y de sus hermanas menores, de quienes se había encargado durante su camino a España, un año después de la llegada de Bialetska al país en 2017. Aunque la mujer es economista, las condiciones laborales en Ucrania la obligaron a marcharse. “Ganaba entre 30 y 50 euros como contable. Necesitaba mucho más para hacerme cargo de mis hijos”, cuenta.

Después de mucho trabajo, pudo traer a sus hijos a España. Al ser el hermano mayor, Roman se convirtió en su mayor apoyo. “Él siempre busca ayudar. Es un chico muy alegre, que atrae a las personas. Y no lo digo porque sea su madre”, señala entre risas, mientras apunta a la foto de su hijo. “Esto fue en la celebración de su cumpleaños”. En el retrato, Roman luce contento en un parque de Getafe. El joven trabajaba en la construcción, y en cuatro años se había hecho con un amplio círculo de amigos, una novia, y planes de futuro en Madrid. Sin embargo, sintió que debía defender su patria, al igual que miles de connacionales que, como él, han optado por volver y enfrentarse a la guerra.

A pesar del dolor y la incertidumbre por la seguridad de Roman, su madre se siente orgullosa de quienes defienden su tierra. “Mi país nunca ha estado tan unido como ahora. Ya hemos ganado, porque hemos demostrado de qué estamos hechos”, destaca con firmeza.

La mujer evita hablar sobre el bando enemigo, ante el asomo de la ira que marca su tono y el ademán de sus manos. “No puedo pronunciar su nombre, pero ya sé cómo se llama el diablo”, afirma de forma tajante, en referencia indirecta al presidente ruso, Vladímir Putin. Está convencida de que en Rusia los ciudadanos de a pie tampoco quieren la guerra. En su opinión, los ataques obedecen al capricho “de un terrorista”. “No sabía que iba a tener tanta rabia. Ni que iba a rezar tanto”, confiesa. A pesar del sentimiento de solidaridad con su patria, quiere ver a su hijo fuera de la guerra. “Hoy le he vuelto a pedir que vuelva. Me ha dicho que basta y que no llore, que recuerde su promesa. Ya me ha apagado el móvil”.

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Denis es un ruso en Ucrania. Fuma un cigarrillo tras otro, no se mueve más allá de la manzana de la ciudad de Lviv, donde él y su mujer, Julia, tienen alquilado un apartamento. Llegaron a la capital del oeste ucranio, de 721.000 habitantes, procedentes de Odesa, puerto emblema del mar Negro, bajo la amenaza de las tropas y de la flota rusa. Denis, que prefiere no desvelar su apellido por seguridad, es un manojo de nervios. Sus gestos delatan miedo. Está casado con una ucrania y espera que eso le sirva para evitar problemas. No conoce a ningún otro ruso que desde Ucrania haya intentado cruzar la frontera hacia la Unión Europea. Sabe que cualquier control de pasaportes puede acabar en una detención.

Antes del conflicto de 2014 en el Donbás, en Ucrania vivían tres millones de ciudadanos rusos, según la oficina de prensa del Gobierno ucranio en Lviv. Estos son los últimos datos disponibles, aunque las autoridades confirman que tras aquella contienda, la gran mayoría se trasladaron a Rusia o al territorio ucranio que pasó a controlar Moscú. Ahora, muchos han optado por volver a su país o a las zonas controladas por separatistas rusos, pero Denis ha tomado el camino contrario.

Denis tiene 30 años y es ciudadano de la potencia enemiga que ha invadido el país en el que reside. El próximo domingo cumple 31. “El peor cumpleaños de mi vida, y sin alcohol”, dice en un intento de quitar hierro a la trágica situación —en Ucrania está prohibida la venta de alcohol desde que se declaró la guerra—. Las autoridades ucranias han bloqueado las cuentas bancarias de los rusos empadronados en su territorio. Él depende de los ingresos de Julia, de 27 años. Juntos vivían en Odesa, aunque ella procede de Donetsk, en el Donbás. La guerra calentaba motores y no lo dudaron: abandonaron su hogar, todas sus pertenencias y se desplazaron a Lviv, con la esperanza de llegar a la vecina Polonia. La multinacional alemana que le emplea como programador informático le ha garantizado un apartamento en Colonia (Alemania) y un trabajo en la sede central. Ahora solo les queda lo más difícil: cruzar la frontera.

Este informático ha evitado volver a Rusia “por una cuestión de principios, por una cuestión moral”. “Soy ruso y sé de lo que es capaz Vladímir Putin”, explica. Julia lo confirma: “Es que ni nos planteamos ir a Rusia. No quiero volver a pisarla. Rusia destrozó mi ciudad en 2014″, dice en alusión al choque militar de las fuerzas rusas y los separatistas del Donbás contra las autoridades ucranias. El pasado febrero, Rusia reconoció la independencia de las dos autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk “para convertirse en una colonia rusa”, asegura Julia. Por ser de Donetsk, ahora ella podría recibir la nacionalidad rusa, pero jura que nunca lo aceptaría: es ucrania.

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No hay ninguna ley que restrinja explícitamente el movimiento de rusos con residencia en Ucrania. Denis tiene la residencia permanente porque desde hace tres años estaba empleado en Odesa por una firma alemana. Pero el pasado viernes la ley marcial entró en vigor y ahora las fuerzas de seguridad y unidades militares pueden detener a quien consideren una amenaza. La ley marcial prevalece sobre derechos como la voluntad de alguien de salir de Ucrania, y más si se trata de un ciudadano ruso. Denis admite que su presencia llamaría todavía más la atención en la frontera, por la que solo salen mujeres y niños: los hombres ucranios entre 18 y 60 años están movilizados y no pueden abandonar el país.

Salarios más elevados

Julia y Denis se conocieron en Moscú en 2017, trabajaban en la misma empresa de programación informática. Ella es hija de un minero y él, de un conductor de camiones de un pequeño municipio al norte de Moscú. Optaron por trasladarse a Ucrania porque allí, explican, los salarios son más elevados gracias a que las empresas tecnológicas solo tributan un 5% en el impuesto de sociedades. Habían ahorrado y pensaban en comprar un piso en el casco antiguo de Odesa, pero su vida y la de Europa dio un vuelco hace una semana con el inicio de las hostilidades. “Mi futuro es negro, no solo porque me podrían detener por la calle en cualquier momento”, explica Denis, “sino porque en Europa y en medio mundo, mi pasaporte será un estigma. Hayas votado por Putin o no, si eres ruso, estás con la mierda hasta el cuello”.

La entrevista con EL PAÍS se celebra en un apartamento de Lviv por la precaución del matrimonio a hablar abiertamente en una cafetería o en un lugar público. La confianza da pie a un momento de discusión. “Por esta cuestión nos peleamos con frecuencia”, admite él. ¿Qué apoyo tiene Putin entre la población ucrania culturalmente próxima a Rusia? Julia cree que es minoritario: “En Donetsk, hasta 2014, nadie se sentía ruso, éramos ucranios”. Denis, en cambio, le recuerda los amigos que tiene en el Donbás y en Crimea defensores de las tesis nacionalistas del autócrata ruso. Ella concede a su marido que la propaganda de los medios controlados por el Kremlin ha sido determinante para moldear opiniones: “Han sido 20 años, desde que llegó Putin al poder, 24 horas al día, siete días a la semana, repitiendo que Rusia estaba amenazada”.

“Lo que está en juego es la democracia. Porque Ucrania es una democracia”, subraya Julia: “En Ucrania tienes televisiones prorrusas que no han cerrado. Y si un periodista quiere escribir que el presidente es un imbécil puede hacerlo. En Rusia, esto no es así”. Durante la entrevista suenan dos veces las alarmas de aviso de un posible ataque aéreo ruso. Denis las oye, hace una mueca y deja ir un suspiro de ansiedad. El deseo que tiene para su 31 aniversario es que Putin cese la violencia, pero duda que eso suceda, ni esta semana ni en un futuro próximo. Está decidido a jugársela para llegar a Eslovaquia o a Polonia, aferrándose a la idea de que estar casado con una ucrania será su mejor salvoconducto.

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El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, resalta en un mapa la zona donde han proliferado las minas.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, resalta en un mapa la zona donde han proliferado las minas.Rayner Peña R. (EFE)

Como cualquier campesino, Emil Rojas y su sobrino Jonathan comenzaron su jornada el 31 de enero apenas salió el sol. Fueron a encender la bomba del potrero para que el ganado tomara agua, pisaron una mina y sus cuerpos volaron en mil pedazos. Son dos de las ocho muertes de civiles reportadas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en los últimos días. Las primeras que se registran en mucho tiempo a causa de la explosión de minas antipersona en el Alto Apure, una población al sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, escenario de una guerra entre distintos grupos irregulares y el Ejército venezolano.

En las comunidades de El Amparo, La Victoria, Caño La Colorada, Picas de Orichuna, asentadas en ese borde fluvial del Arauca, hay miedo. Nadie que viva en esos caseríos, sometidos a las leyes de grupos al margen de la ley, quiere hablar. “Hay mucho temor, los productores no quieren entrar a sus fincas, algunos han cruzado a Colombia para resguardarse”, dice Andrés Calderón, presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure, basada en la capital de ese mismo Estado llanero, separada por más de 400 kilómetros de la caliente frontera. La producción en el campo ha sufrido desde hace años la crisis económica venezolana y el conflicto armado es un lastre más para estos pueblos. “De esa zona no está saliendo nada de producción, ya nadie ordeña ni siembra”, agrega Calderón.

Con el recrudecimiento de los enfrentamientos en la zona y el desplazamiento cada vez mayor de las guerrillas hacia el lado venezolano, las minas antipersona son una nueva preocupación. En el corredor fronterizo del Arauca, la tensión entre el la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional), la Segunda Marquetalia y el Décimo Frente de las disidencias de la antigua FARC -que no sumaron a los Acuerdos de Paz de Colombia en 2016- pasó de asesinatos selectivos a combates donde la población civil es la más afectada, advierte el Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes, una organización que ha documentado el conflicto y cuyo director, Javier Tarazona, permanece detenido por autoridades venezolanas desde el año pasado por denunciar la situación. “El fallecimiento de dos campesinos de La Victoria, miembros de una misma familia, como consecuencia de la explosión de minas antipersonales, ha causado consternación y terror, pues ahora temen salir a sus predios a realizar las faenas de campo”, advirtió la organización esta semana.

El Gobierno ha informado de que habían desactivado más de 900 minas de fabricación casera, llamadas “quiebrapatas”. El año pasado informaron sobre otras 100 minas destruidas y pidieron colaboración técnica a Naciones Unidas para el desminado. Las imágenes difundidas por las autoridades venezolanas muestran que los artefactos son fabricados con bombonas de gas, un bien escaso en el país donde la gente ha tenido que recurrir a leña para cocinar por las fallas en las dotaciones del combustible.

“Los grupos armados al margen de la ley están sembrando minas que son un medio terrorífico muy barato. Pero llama la atención que se estén usando bombonas o cilindros de gas, no solo por su costo sino por el volumen que ocupan”, señala Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, que hace seguimiento al sector militar.

Desde 1999 Venezuela forma parte de la Convención de Otawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona y su destrucción. Hace casi 20 años se reportó un incidente con minas en el que un joven perdió la pierna en Guafitas, en Apure. En 2013 el país fue certificado como un país libre de minas, tras haber retirado las 1.074 que el Estado venezolano reconoció que había colocado en seis puestos navales fronterizos de Apure y Amazonas entre 1995 y 1997, como parte de su arsenal de defensa. San Miguel señala que hay dudas sobre si todas fueron retiradas, porque en las crecidas de los ríos algunas fueron arrastradas y no han sido localizadas. En 2018 dos militares murieron por la explosión de una en la región del Catatumbo, en la frontera occidental del Estado Zulia. Con los últimos incidentes en la región del Arauca, Venezuela ha dejado de estar libre de minas.

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Entre marzo y abril del año pasado una escalada en el conflicto desplazó a más de 6.000 residentes hacia Colombia, huyendo de la violencia. El Gobierno venezolano activó una operación militar para la que movilizó tropas, vehículos blindados y aviones con el objetivo de combatir a los grupos armados al margen de la ley. El balance no fue positivo. Además de los miles de desplazados, murieron 16 militares -dos de ellos por la explosión de una mina- y ocho fueron capturados como prisioneros de guerra por una de las disidencias de las FARC y liberados luego de negociaciones. Una tensa calma se mantuvo durante el resto año, pero apenas comenzó 2022 el Ejército venezolano volvió a desplegarse para combatir. Del otro lado del Arauca, Colombia ordenó militarizar la zona en respuesta al recrudecimiento de la guerra entre el ELN y las disidencias por el control del territorio y las rentas ilegales que han dejado decenas de asesinados en lo que va de año y provocado una crisis humanitaria en esa región.

El Gobierno venezolano ha evitado nombrar directamente a las guerrillas que han penetrado en el país. En la operación militar de hace un año los llamaban Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas. La última denominación la inventó el propio Maduro durante una alocución televisiva en septiembre pasado. A todo al que combaten en el sur de Venezuela lo llaman Tancol, el acrónimo de Terrorista Armado Narcotraficante Colombiano, con el que una y otra vez el mandatario reitera su tesis de que el Gobierno vecino es su principal enemigo.

Para San Miguel se trata de una denominación inadecuada. “No son grupos de narcotraficantes solamente, pues hay otros tipos de traficantes, no es solamente colombiano, porque hay evidencia de que también están conformados por venezolanos”, apunta. La especialista añade que parece “recurrente la omisión de las autoridades venezolanas de actuar contra el ELN presente en la zona”, algo que han denunciado organizaciones como Insight Crime y el mismo presidente Iván Duque. “No hay solo dos contendores en este complejo conflicto. Si favoreces a uno, esto va a ser respondido con retaliaciones de los otros grupos contra los más vulnerables, que son la población civil”, señala.

Esta pugna múltiple es lo que ha incrementado la tensión en los últimos meses, para la que no parece no haber una salida clara a mediano plazo, sobre todo porque no hay comunicación entre los gobiernos de ambos países. “Es un conflicto acotado en el espacio, pero con todas las características de un conflicto armado”, advierte San Miguel. “Este es un corredor fronterizo histórico usado por los grupos armados por 40 años que ya saben cómo moverse de un lado y otro y tienen gran capacidad de aterrizar y cooptar pobladores. Sin cooperación militar entre Venezuela y Colombia no se va a resolver el problema”.

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El atentado habría dejado hasta el momento a tres personas lesionadas tras ser alcanzadas por las esquirlas.

Noticias Cauca.

El pánico y el miedo volvió nuevamente a apoderarse del municipio de Caloto, en el norte del departamento del Cauca.

Hoy nuevamente la explosión de una motobomba ha causado terror en la zona. El hecho se presentó sobre la 1:45 de la tarde de este lunes 14 de febrero.

Precisan desde el municipio que el atentado tuvo lugar enseguida de la estación de Policía, allí fue dejada la motocicleta.

La motobomba explotó enseguida de la Estación de Policía de Caloto, norte del Cauca.

La explosión ha dejado hasta el momento a tres personas lesionadas. Quienes habrían sido alcanzadas por esquirlas o recibido golpes de objetos que salieron disparados por la explosión.

A través de redes sociales se han conocido varios vídeos en los que se observa el resultado de la explosión y los daños provocados.

Otro angulo:





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