La relación diplomática entre España y Nicaragua está en un punto crítico después de que el Gobierno de Daniel Ortega decidiera retirar este jueves a su embajador Carlos Midence de la legación en Madrid. Managua alega supuestas “presiones y amenazas injerencistas” que hacen “imposible el ejercicio de la labor diplomática”. Sin embargo, el régimen sandinista no menciona que desde hace casi seis meses impide regresar a Managua a la embajadora española en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios. Este culebrón diplomático tiene como contexto la atropellada relación entre ambos países por las críticas del Gobierno español ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país centroamericano, los procesos judiciales espurios contra presos políticos y la consolidación de un régimen de partido único en las pasadas elecciones de noviembre de 2021.
El Gobierno de Ortega no ha dado ninguna justificación para que Fernández-Palacios no pueda ingresar a Managua en todo este tiempo, según ha revelado el medio independiente nicaragüense Divergentes. De acuerdo con esta publicación, la diplomática vivió una situación parecida en 2020, cuando la aerolínea en la que viajaba le comunicó que no podía abordar porque no lo había autorizado Managua. El 11 de agosto de 2021, después de que Fernández-Palacios fuese llamada a consultas por Madrid, su ingreso volvió a ser desautorizado sin fundamentos.
Esta nueva movida en las fricciones diplomáticas fue confirmada por el ministerio de Exteriores español a otro medio independiente, Despacho 505, en un comunicado que permite entender por qué ahora Nicaragua retira a su embajador de ese país: “El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado hoy al Embajador de Nicaragua en España ante la negativa de aceptar la vuelta a Managua de la Embajadora de España. Dada la asimetría existente, se anunció al Embajador que se aplicaría el principio de reciprocidad, con lo que tomaron la decisión de retirar su Embajador con carácter inmediato”, se lee en el texto citado por el medio.
En febrero pasado, el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Fernández Trigo, habló de una “novedad en sus relaciones con Nicaragua” después que el Gobierno español llamara a consulta a la embajadora Fernández-Palacios, a causa delas “graves e infundadas acusaciones” del régimen contra España.
Unos meses antes, en agosto de 2021, el Gobierno de Ortega publicó una nota de prensa en la que acusaba a España por “la cínica y continua, intromisión, injerencia e intervención en nuestros Asuntos Internos, impropias de Gobiernos Democráticos, impropias también de Regímenes que incumplen continuamente con los Derechos de sus Pueblos a la Autonomía o a Procesos Autonómicos de Independencia, que tanto sufrimiento han costado ya, a Familias enteras de Pueblos que se niegan a seguir siendo sometidos a arbitrarios dictados monárquicos”.
Antes, la cancillería de Managua ya había atacado con virulencia a la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, quien manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en ese país. “Mostrando una ignorancia atrevida, y una ferocidad impropia para la diplomacia, la señora González se dirige al presidente de un pueblo libre y soberano, con voz de alguacil, sin percatarse en su perorata delirante de trasnochada mandamás que llevamos siglos sin dominio español, además de nunca haber reconocido bondad alguna en esos furibundos crímenes hispánicos, crímenes de lesa humanidad”, dijo el Gobierno de Ortega.
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Cuerpo diplomático bajo ataque
Fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS en Managua coincidieron en que los embajadores están bajo ataque por parte del régimen Ortega-Murillo. El golpe más reciente lo sufrió el Nuncio apostólico Waldemar Stanisław Sommertag, quien fue conminado a salir del país. De acuerdo con una publicación de Confidencial, el embajador de El Vaticano abandonó su misión el domingo 6 de marzo, después de que un contingente policial lo siguiera a la salida de su residencia.
Sin declararlo non grato de forma oficial, según Confidencial, la salida de Sommertag se fraguó como consecuencia de al menos cuatro incidentes provocados por el Gobierno. Los dos más relevantes fueron que el nuncio usó en una entrevista la expresión “presos políticos” para referirse a los opositores que son juzgados a puertas cerradas en la prisión de El Chipote, lugar donde sufren malos tratos y torturas. El otro encontronazo fue que el nuncio no asistió a la aislada toma de posesión de la pareja presidencial el pasado 10 de enero, ya que viajó a Roma. Ambas cuestiones generaron fuertes reclamos del régimen.
Sommertag era uno de los pocos intermediarios que quedaban en Nicaragua entre el oficialismo y la oposición, entre ellos familiares de las víctimas de la represión. No obstante, Monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) señaló —tras la salida intempestiva del nuncio— que las relaciones entre el régimen de Ortega y el representante del papa Francisco se habían deteriorado.
Otro detalle hilarante que causó la furia de los Ortega Murillo fue que, en febrero pasado, de acuerdo con el relato de fuentes diplomáticas, Sommertag organizó una despedida al embajador de Colombia, Alfredo Rangel Suárez, quien fue expulsado por los Ortega-Murillo y declarado non grato ese mismo mes.
Las fuentes diplomáticas consultadas por este diario consideran absurdo haber expulsado Sommertag, ya que el papa Francisco nunca ha criticado públicamente al régimen. Sin embargo, con esta decisión la pareja se aísla un poco más de la comunidad internacional.
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