El enredo en el que se encuentra inmerso Pedro Castillo como presidente de Perú ha sumado un nuevo capítulo. El tercer primer ministro que había propuesto en siete meses, el ultraconservador Héctor Valer, ha dimitido tres días después de jurar el cargo por los continuos escándalos que han surgido tras saberse que iba a ser nombrado número dos del país. Valer agredió a su mujer y a su hija, a una psicóloga que le hizo un test y sus vecinos recogieron firmas para expulsarlo del edificio en el que vivía en Lima por su mal comportamiento. Sabido todo esto, Castillo se ha visto obligado a dar otro golpe de timón, uno más, y son ya más de veinte los altos cargos de su gabinete que por un motivo u otro han tenido que marcharse.
Lo ocurrido lleva a Castillo una situación inaudita: dos reformas de Gobierno en apenas una semana. El suyo es el gabinete más inestable de Perú en los últimos 40 años, que es decir mucho. El país andino es conocido en la región por ser una máquina de devorar ministros y presidentes. El profesor rural que ganó por sorpresa las elecciones el verano pasado va camino de ser una víctima más. La oposición maniobra en el Congreso para destituirle de una forma u otra. El presidente no ha contado con el favor del establishment desde que llegó al poder, pero las continuas crisis que enfrenta tienen que ver con el quehacer de su entorno. En esta ocasión se ha visto obligado a echar marcha atrás el nombramiento de Valer por la presión ciudadana, que ya había salido a la calle para repudiar su nombramiento, y el anuncio del resto de la cámara que había anunciado que no le daría su aprobación a Valer. Castillo no ha tenido escapatoria.
En un mensaje a la nación pasadas las seis de la tarde, el jefe de Estado ha anunciado la recomposición de su gabinete ministerial sin decir ni una sola palabra sobre la desacertada elección del agresor Valer como premier, pues tiene otras 15 investigaciones fiscales por delitos en su ejercicio como abogado y pequeño empresario.
“Estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas y profesionales de todo el país”, ha adelantado Castillo, luego de recordar que el país andino vive hace cinco años “en permanente incertidumbre”, con cuatro presidentes y un Congreso disuelto. “Los pobres ya no quieren ver más confrontaciones”, ha comentado en un mensaje televisado de cinco minutos.
Un par de horas antes del anuncio del presidente, decenas de activistas feministas realizaron un plantón afuera del Ministerio de la Mujer, con el lema Fuera gabinete Valer. No solo exigían la renuncia del abogado, sino también el cambio de la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, la congresista Katy Ugarte, una maestra de escuela ultraconservadora y que rechaza a la población LGTBI. Ugarte es militante de Perú Libre, la formación de ultraizquierda que preside el leninista y populista Vladimir Cerrón.
La movilización ciudadana se dirigió luego hacia Palacio de Gobierno, donde fueron reprimidas por la policía para evitar que se acerquen a la sede de la presidencia a la hora que estaba previsto el mensaje a la nación de Castillo. Entre el jueves y hoy, ocho bancadas -de once- del Congreso advirtieron al Ejecutivo que no darían el voto de investidura al gabinete Valer. Después de la juramentación de un nuevo primer ministro, el gabinete debe presentar al Congreso la política de Gobierno y pedir el voto de confianza. La mañana del viernes, en un callejón sin salida, el primer ministro fue en persona a pedir -por escrito- que el Parlamento programe un pleno este sábado para la comparecencia del Gabinete. La presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, respondió que decidirían esa fecha más adelante con la junta de portavoces.
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A mediodía del jueves, Valer echó más fuego a la indignación que ya había causado la difusión de las denuncias en su contra por agredir a sus parientes, a una psicóloga en una entrevista laboral y a un portero del edificio donde vivía. Mostrando a la prensa páginas del expediente por violencia familiar, dijo que la resolución judicial que otorgó medidas de protección a su esposa -fallecida en septiembre- era nula porque el certificado médico legal que valoró el juez “se puede falsificar” y porque el Poder Judicial no le había notificado el documento.
El parlamentario alegó además que la resolución judicial en su contra no citaba ningún testimonio de su esposa sobre el maltrato, y negó que ella lo hubiera demandado. Sin embargo, este diario hizo la consulta en el sistema de expedientes del Poder Judicial y quien fuera esposa de Valer figura como demandante en esa causa entre 2016 y 2017.
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