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Las reuniones entre las delegaciones rusa y ucrania celebradas este martes en Estambul han concluido sin avances inmediatos pero con un cambio de tono hacia un posible acuerdo. El equipo de negociación ucranio del Gobierno de Volodímir Zelenski ha manifestado que Ucrania sellaría su neutralidad y, por tanto, renuncia a entrar en la OTAN, como exige el presidente Vladímir Putin, siempre que Kiev cuente con garantías de seguridad en sus territorios ofrecidas por terceros países (excepto en Crimea y Donbás). Por primera vez, el Gobierno de Kiev ha hablado también de negociar el estado de Crimea —que Moscú se anexionó con un referéndum ilegal en 2014— aunque dentro de 15 años. La mesa de diálogo de Moscú ha allanado también el camino para una reunión entre Zelenski y Putin. Al término de cuatro horas de encuentro que la parte rusa ha considerado “constructivo”, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, ha anunciado que, para avanzar en el diálogo y “aumentar la confianza mutua”, Moscú ha decidido “reducir drásticamente las operaciones militares” en las áreas de Kiev y Chernihiv. Oficiales de Kiev han tomado con escepticismo el anuncio.

La propuesta del equipo de enviados de Ucrania tendrá que ser ahora valorada por los delegados rusos. Los negociadores enviados por Kiev, liderados por David Arajamia, presidente del grupo mayoritario del Parlamento ucraniano, han presentado una propuesta de acuerdo en la que, a cambio de su “neutralidad” militar ―que incluye la renuncia a ingresar en la OTAN, al establecimiento de bases militares extranjeras en su territorio y al desarrollo de armas nucleares―, exige un tratado de garantías. Este tratado, que debería certificarse en los Parlamentos y una cumbre internacional, implicaría la designación de una decena de países garantes, los cinco del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) más Turquía, Alemania, Canadá, Israel o Polonia, que, en caso de agresión al territorio ucranio tendrían la obligación de enviar armas y material de defensa en una versión adaptada sin tropas del artículo 5 de la carta de la OTAN.

Quedaría fuera de esta protección la península de Crimea y el área del Donbás, que Moscú controla a través de los separatistas prorrusos. Ucrania ha dejado claro que sigue considerando sus fronteras internacionalmente reconocidas, es decir con Donbás y Crimea, y que se compromete a no tratar de recuperar las partes controladas por Rusia por la fuerza.

La reunión se inició a las 9.30, hora local (una hora menos en la España peninsular), con la recepción por parte del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que instó a ambas delegaciones a estar a la altura de su “misión histórica” y a lograr “una paz justa” para ambas partes. Después de un encuentro de hora y media entre los jefes de delegación ruso y ucranio, los equipos negociadores al completo (entre los que hay representantes gubernamentales, parlamentarios y militares) se reunieron durante cerca de tres horas más, con pausas entre medias. Está previsto que las negociaciones se prolonguen mañana miércoles, según ha informado el Gobierno turco.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó antes de las negociaciones a los representantes de Kiev y Moscú a actuar con “responsabilidad” y pactar un alto el fuego. “Con un sentido de responsabilidad estoy seguro de que se pueden alcanzar un alto el fuego permanente”, dijo Erdogan en un discurso dirigido a los delegados de ambas partes en la Oficina Presidencial del Palacio de Dolmabahçe de Estambul, según recoge la agencia Efe. El mandatario expresó asimismo su confianza en que la reunión de hoy y mañana abra el camino para un encuentro a nivel de jefes de Gobierno. “Creemos que no hay perdedores de una paz justa y equitativa. La continuación de la guerra no es del agrado de ninguna de las partes y un alto el fuego inmediato beneficiaría a todos”, subrayó el mandatario turco en su alocución televisada.

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Aludiendo implícitamente a los combates diarios desde que el 24 de febrero las tropas rusas invadieran Ucrania, Erdogan consideró que llegó la hora de que el fuego cese “tan pronto como sea posible”. “Todo el mundo está esperando las buenas noticias de ustedes”, insistió tras recordar los esfuerzos suyos y de su Gobierno para mediar entre las partes con el fin de lograr una solución que ponga fin a los combates.

Hasta ahora, las dos partes se reunieron de forma presencial en tres ocasiones en territorio bielorruso, mientras el día 10 se reunieron sin éxito en Antalya los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmitro Kuleba, respectivamente. Desde entonces las negociaciones se han sucedido prácticamente a diario en formato de videoconferencia a nivel de las dos delegaciones y de grupos de trabajo.

Los puntos más alejados en la negociación entre los dos equipos serían el estatus de Crimea, que Moscú exige ver reconocida como parte de su territorio, y de Donbás, que el Kremlin pretende que alcance la independencia de Ucrania o sea anexionado a Rusia. Con todo, el jefe de la diplomacia ucrania rebajó las expectativas y dijo que, en los puntos mencionados por Erdogan, “no se ha logrado el consenso” con Rusia.

“Garantías de seguridad y neutralidad, estatus no nuclear para nuestro país. Estamos listos para ello”, había dicho Zelenski en una entrevista con varios medios independientes rusos como Meduza o Kommersant emitida este domingo. También aseguró que está dispuesto a un “compromiso” sobre Donbás, la región parcialmente controlada por rebeldes prorrusos desde 2014 y que ahora Moscú ha convertido en objetivo principal de la invasión.

“Entiendo que es imposible forzar a Rusia a liberar el territorio completamente, eso llevaría a la tercera guerra mundial. Por eso digo: es un compromiso. Regresen a [las posiciones] en las que comenzó y nosotros trataremos de resolver el tema de Donbás, el difícil tema de Donbás”, afirmó el líder ucranio: “Quiero terminar esta guerra. No quiero tener cientos de miles de muertos. Así que no me planteo atacar por la fuerza ni en Donbás ni en Crimea. Porque entiendo que muchos miles de los nuestros morirían”.

El cambio de sede de las negociaciones por Turquía, algo que había buscado la parte ucrania dada la implicación cada vez mayor de Bielorrusia en la campaña bélica rusa, se decidió durante el fin de semana tras varias gestiones turcas. Erdogan telefoneó el viernes a Zelenski, y posteriormente certificó que se habían producido “avances” en las posiciones negociadores. El domingo, habló por teléfono con el líder ruso, Vladímir Putin, al que convenció de trasladar las negociaciones a Estambul.

Turquía, pese a ser uno de los miembros más antiguos de la OTAN, es el único país de la Alianza que no ha secundado las sanciones contra Rusia. “No podemos romper los puentes con Moscú, de otra forma, ¿quién hablará con ellos? Nosotros hemos decidido mantener abiertos los canales”, dijo el lunes el portavoz presidencial turco, a la vez que explicó que su país está en permanente contacto con sus socios atlánticos para informarles del avance de la mediación entre Ucrania y Rusia.

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Vendaval en el frente exterior del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: después de que su embajador Arturo McFields se les rebeló en la Organización de Estados Americanos (OEA) la semana pasada, el Gobierno sufrió una nueva deserción este domingo 27 de marzo, cuando el abogado Paul Reichler renunció a su cargo de asesor internacional, a través de una carta en la que expresó que el mandatario sandinista ha instaurado una dictadura en Nicaragua.

“Usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años”, dijo Reichler. El abogado estadounidense sirvió como asesor legal internacional de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, primero en los años ochenta, durante la guerra, cuando Managua denunció a Estados Unidos por el financiamiento a la contrarrevolución. Un fallo que fue considerado histórico y favorable para los sandinistas en ese entonces. Reichler volvió al cargo a partir de 2007, cuando Ortega retornó al poder.

Reichler culpa a Ortega de destruir la democracia y establecer una dictadura con “elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia, y el silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes”.

Reichler ha estado involucrado en los principales litigios internacionales de Managua. Primero fue parte del equipo en los conflictos limítrofes del país por la soberanía del río San Juan contra Costa Rica y el límite marítimo del meridiano 82 en el Mar Caribe con Colombia, cuando Nicaragua recuperó su Mar Caribe.

En la carta, Reichler dice que le “resulta inconcebible que ese Daniel Ortega (que conoció en el pasado) hubiera reprimido manifestaciones pacíficas tan despiadadamente, resultando en cientos de trágicas muertes, en abril de 2018″. La declaración del abogado es un claro golpe a la narrativa que ha impulsado el régimen desde la crisis de 2018, que insiste en que la rebelión ciudadana fue un “intento de golpe de Estado”.

Acusa a Ortega de “asesinar” a Hugo Torres

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Reichler es el segundo funcionario internacional del régimen que se le pone en contra en menos de una semana, después de que el embajador de Nicaragua ante la OEA diera un discurso ante el Consejo Permanente el pasado miércoles 23 de marzo en el que calificó al régimen como “dictadura”. El asesor internacional Reichler señala en la carta que le “resulta aún más inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera arrestado, confinado en condiciones intolerables y enjuiciado a más de 50 ciudadanos destacados —de la política, los medios de comunicación, las universidades y los negocios— con cargos falsos que no son más que un pretexto para eliminar la disidencia y la oposición”.

Reichler sostiene además que Ortega asesinó al exguerrillero histórico sandinista Hugo Torres, quien falleció en manos de la policía, después que en la temible cárcel de El Chipote, donde permanecía como preso político, no tuvo atención médica oportuna. “Me resulta impensable que ese Daniel Ortega hubiera asesinado a Hugo Torres y llevado sádicamente a los otros grandes patriotas, ahora encerrados en sus celdas, al borde del hambre y la muerte”, sostuvo el abogado.

El hasta hace poco asesor internacional considera “inconcebible” que el Daniel Ortega al que sirvió en su día pudiera forzar al exilio a “ilustres ciudadanos”, como Sergio Ramírez, Luis Carrión, Carlos Fernando Chamorro, Edmundo Jarquín, Gioconda Belli, Mónica Baltodano, Julio López Campos, y “muchos otros héroes sandinistas y no sandinistas, así como miles de nicaragüenses de todas las tendencias políticas, cuya libertad ha sido negada o amenazada”.

En la carta, Reichler dice haber servido a Ortega desde hace más de 40 años. Dice que también fue el enlace entre los sandinistas y el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter para que este fuera a Nicaragua en calidad de observador internacional en las elecciones de 1990.

El abogado cuenta también que fue en enero de 1984, en la casa del padre Miguel D’Escoto, que el caudillo sandinista le pidió que formara parte del equipo legal de Nicaragua para demandar a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia para responsabilizar a ese país “por la guerra, agresión y terrorismo que había lanzado contra la soberanía, independencia e integridad territorial de Nicaragua”. Sin embargo, de aquellos días épicos solo queda nostalgia y decepciones que, según la carta, lleva a Reichler a “rezar para que Nicaragua vuelva a ser libre”.

“Seguiré respetando, admirando y queriendo al primer Daniel Ortega, aunque sienta desesperanza y dolor por culpa del que ha tomado su lugar. Siempre atesoraré mi servicio al primero, aun cuando, por las razones expuestas anteriormente, mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos con el segundo y negarme a servirle. Mientras tanto, rezaré por el día en que Nicaragua vuelva a ser libre”, dice la misiva.

Aunque la renuncia de Reichler y la rebelión de McFields en la OEA resultan, según analistas internacionales, un golpe duro a la narrativa del régimen, sobre todo de cara a sus bases políticas, en Managua la diplomacia dirigida por la vicepresidenta Murillo se reacomoda y busca sustitutos. De acuerdos a fuentes sandinistas consultadas por EL PAÍS, tras el discurso de McFields se desarrolla una “cacería de brujas” en el interior de las instituciones, en especial Cancillería, que mantiene aterrados a los servidores públicos.

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El Trump International Hotel, en Washington, el 17 de febrero.
El Trump International Hotel, en Washington, el 17 de febrero.MICHAEL REYNOLDS (EFE)

Los dos abogados que dirigen la investigación penal de la fiscalía de distrito de Manhattan sobre la Organización Trump, el conglomerado empresarial del expresidente republicano, han renunciado inopinadamente este miércoles, ha informado el diario The New York Times.

Según fuentes cercanas al caso, la renuncia de los dos fiscales, Carey Dunne y Mark Pomerantz, ambos con acreditada experiencia, se produjo después de que el nuevo fiscal de distrito, el demócrata Alvin Bragg, expresara dudas sobre la pertinencia de seguir adelante con el caso contra Donald Trump. La causa de la fiscalía de Manhattan es paralela a otra investigación, por lo civil, que instruye la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La oficina del fiscal del distrito había acusado previamente a la Organización Trump y a su responsable financiero durante décadas, Allen Weisselberg, de 15 delitos graves, a la cabeza de ellos la existencia de una contabilidad fiscal fraudulenta. Trump nunca ha sido imputado, mientras Weisselberg, al que muchos consideran chivo expiatorio sacrificado por la salvación su jefe, se entregó a la justicia la pasada primavera.

Pomerantz confirmó su renuncia al diario neoyorquino y Dunne rehusó pronunciarse sobre el asunto. La investigación de la fiscalía de Manhattan sobre Trump ha permanecido estancada el último mes, en medio de las dudas de Bragg sobre presentar cargos contra Trump; durante este periodo ni Pomerantz ni Dunne han podido interrogar a ningún testigo ante un gran jurado convocado por el predecesor de Bragg en la fiscalía, Cyrus Vance, que se jubiló a finales de 2021.

Los cargos presentados contra la Organización Trump y Weisselberg se centraron en supuestos esquemas de evasión de impuestos. Pero desde entonces, la investigación se ha centrado en averiguar si la Organización Trump y el propio empresario inflaron o desinflaron artificialmente el valor de los activos, incluidas varias propiedades inmobiliarias, para obtener ventajas fiscales y préstamos bancarios con condiciones ventajosas.

La sorprendente renuncia de los dos investigadores, interpretada por las fuentes como una aparente ralentización en la investigación del fiscal de Manhattan, acontece cuando se intensifica la investigación civil paralela por parte de James. Un juez de Manhattan ordenó la semana pasada que Trump y sus dos hijos mayores, Donald Jr. e Ivanka, cumplieran con las citaciones de James para declarar, un extremo al que el republicano se ha opuesto denodadamente.

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También se produce después de que los abogados de Trump y Weisselberg recurrieran a la justicia para que desestimara el caso del fiscal de distrito contra ambos, pues según la defensa de Trump tiene una clara motivación política.

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El ministro de Salud, Hernán Condori, visita este jueves el Hospital San Juan de Lurigancho (Perú).
El ministro de Salud, Hernán Condori, visita este jueves el Hospital San Juan de Lurigancho (Perú).MINISTERIO DE SALUD

No habían pasado dos horas desde la juramentación del cuarto Gabinete de Pedro Castillo, el martes, cuando en grupos de chat de médicos circulaba un vídeo del nuevo ministro de Salud de Perú, Hernán Condori, en el que publicitaba una mezcla de agua purificada y jugo de frutas como un producto con propiedades para “mejorar la salud, asimilar mejor los medicamentos y nutrientes y eliminar las cosas tóxicas”. Al día siguiente, las principales instituciones de la medicina peruana, además de líderes políticos y sociales, exigieron su dimisión inmediata debido a que, además, está bajo investigaciones fiscales por corrupción y se presenta como obstetra aunque no se ha formado en esa especialidad.

El médico-cirujano Condori ha llegado al alto cargo gracias a su cercanía al político marxista-leninista Vladimir Cerrón, el fundador del partido Perú Libre, que afilió a Castillo para promocionarlo como candidato presidencial en 2021 ante la inhabilitación de Cerrón por corrupción. El nuevo ministro de la sanidad fue director de Salud de un distrito en Junín, región en la que Cerrón fue gobernador. Las críticas en su contra centran ahora la polémica sobre el nuevo Gabinete de Castillo, que desde que asumió el poder el pasado mes de julio vive en una crisis eterna. El médico apadrinado por Cerrón, además, reemplazó al que era el ministro con mayor aprobación del Gabinete, Hernando Cevallos, uno de los pocos que Castillo mantenía en el equipo desde el principio del mandato.

El medio digital Epicentro reveló la noche del martes que Condori está bajo investigación de la fiscalía anticorrupción debido a dos posibles delitos que cometió cuando se desempeñó como director de la red de Salud de Chanchamayo: cobros indebidos y negociación incompatible. Según un documento fiscal, en 2019 el médico y otros funcionarios abusaron del cargo al cobrar dinero a técnicos y profesionales que se postulaban a plazas en establecimientos sanitarios de Chanchamayo, bajo el argumento de que estaban pagando por el “derecho de trámite documentario”, pese a que no estaba previsto en las normas. En ese mismo proceso, la fiscalía anticorrupción indica que Condori y los otros investigados habrían maniobrado para que determinadas personas aprobaran el concurso público. La Contraloría (tribunal de cuentas) también cuestionó su nombramiento cuando fue funcionario de la sanidad en Chanchamayo, pues no reunía los requisitos para el cargo.

Instituciones académicas y profesionales sanitarios pidieron el miércoles a Castillo la salida del nuevo titular de Salud, entre ellas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos —la más antigua de Perú—, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina y el Consejo Nacional de Residentado Médico.

El jueves se sumó un pronunciamiento del gremio médico, pese a que durante la pandemia no hizo lo propio contra otros de sus dirigentes y agremiados que también promovían la pseudociencia. “Como es ya de público conocimiento, el mencionado profesional promueve abiertamente el ejercicio ilegal de la medicina y el uso engañoso de preparados comerciales con supuestas virtudes medicinales sin contar con ninguna evidencia científica que avale tales afirmaciones”, sostiene el comunicado del Colegio Médico del Perú, que exige la renuncia del ministro Condori.

El vídeo en el que Condori promovía el consumo de lo que llama “agua arracimada” o “agua hexagonal” estaba en la cuenta de Facebook de una tercera persona y no es posible determinar la fecha en la que el médico grabó la publicidad . Al surgir la polémica sobre el nuevo ministro, la grabación fue eliminada de ese perfil.

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“Todos estamos hechos de diferentes tipos de agua, una de ellas es el agua arracimada. Nosotros nacemos al 100% de agua arracimada y a partir de los 10 años comenzamos a perder este tipo de agua y empieza el envejecimiento. A su vez, al no haber agua arracimada comienzan una serie de trastornos metabólicos y las personas comienzan a tener enfermedades”, explica en el vídeo Condori, antes de mostrar cómo consumir el producto, cuyo precio es de unos 80 dólares (70 euros) por 100 mililitros. El mensaje fue grabado en su consultorio, en el que era visible un cartel grande con su nombre y la palabra: “obstetra”, especialización en la que no se ha formado.

El miércoles, en la primera conferencia de prensa del Gabinete que lidera el primer ministro Aníbal Torres, el nuevo titular de Salud respondió a una pregunta sobre los cuestionamientos a su nombramiento por promover tal sustancia. Condori mantuvo su posición y se justificó diciendo que hace labor “preventiva”. También mintió sobre el producto. “En mis 24 años de médico no he borrado nada de mi página del Face, he hecho diferentes publicaciones para educar a la población. Ese producto es un tipo de agua arracimada, tiene permiso de Digemid, Digesa y FDA y se puede comercializar en diferentes farmacias”, respondió.

El medio digital especializado Salud con Lupa publicó el registro sanitario del producto en la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que lo caracteriza como agua purificada con jugo concentrado de granada y arándano. Sin embargo, no está registrado en la Dirección General de Medicamentos (Digemid) ni en la FDA (la Agencia del Medicamento de Estados Unidos), como aseguró Condori. El mismo medio informó de que el nuevo ministro promovía la ivermectina para la cura del coronavirus.

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Máximo Kirchner en un acto electoral en Buenos Aires, en 2019.
Máximo Kirchner en un acto electoral en Buenos Aires, en 2019.Carol Smiljan (NurPhoto via Getty Images)

La coalición peronista que gobierna Argentina desde 2019 se tambalea. El último terremoto ha sido originado por el diputado Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, al renunciar a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara Baja. La decisión exhibe la disconformidad del kirchnerismo con el principio de acuerdo alcanzado el viernes entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por el Estado sudamericano en 2018. Las divisiones internas sobre el acuerdo, que obliga a Argentina a alcanzar el equilibrio fiscal en 2025, complican aún más el debate parlamentario necesario para su aprobación definitiva.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, arranca el comunicado de Kirchner difundido este lunes.

El diputado nacional ha subrayado que permanecerá “dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y de su entorno”. La coalición se mantiene así con vida, pero muestra de nuevo su fragilidad a la espera de que se pronuncien otras voces destacadas del kirchnerismo. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, guarda silencio desde el viernes. Tampoco se han pronunciado sobre el acuerdo los integrantes de la agrupación La Cámpora más cercanos a Kirchner, como los ministros Wado de Pedro (Interior) o Juan Cabandié (Medio Ambiente).

El presidente anticipó este lunes en una entrevista que la vicepresidenta está en desacuerdo con la decisión tomada por su hijo, pero sólo se sabrá cuando tome ella la palabra. El estilo combativo de Kirchner ya provocó un quebradero de cabeza al presidente Alberto Fernández un mes atrás, cuando su duro discurso en la Cámara de Diputados propició que la oposición se uniera para rechazar el Presupuesto de 2022.

Descontento con el ajuste

La mayor discrepancia del kirchnerismo es el ajuste pactado con el FMI. “Como veo que siempre se interesan por los gastos, podrían ahorrar en economistas caros, ya que para hacer lo que hacen sólo basta con gente que sepa apretar prometiendo el infierno si no se hace lo que ellos quieren”, señaló Kirchner en su carta.

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El equipo económico liderado por el ministro Martín Guzmán acordó un sendero de reducción fiscal que contempla alcanzar el déficit cero en 2025, dos años antes de lo que pretendía el Gobierno argentino. Este compromiso adquirido supondrá una importante reducción del gasto público, a la que se ha opuesto en numerosas ocasiones Fernández de Kirchner por considerar que pone en riesgo el crecimiento económico.

El organismo multilateral señaló que Argentina aceptó reducir los subsidios a la energía, lo que hace prever importantes aumentos en las tarifas de la luz, el gas y la electricidad después de haber permanecido casi congeladas desde la irrupción de la pandemia.

El documento definitivo que selle Argentina con el FMI deberá ser aprobado por el Congreso, donde el peronismo no tiene la mayoría suficiente en ninguna de las dos cámaras para sacarlo adelante sin negociar. Cualquier ruptura en sus filas volvería aún más cuesta arriba el trámite parlamentario sobre un acuerdo que marcará la política económica de los próximos años del país sudamericano.

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Silvio Berlusconi siempre se ha vendido a sí mismo como un ganador. Pero esta vez, a los 85 años y en un intento desesperado por terminar sus días en lo más alto de las instituciones italianas, no ha tenido más remedio que aceptar la derrota. Il Cavaliere ha renunciado oficialmente a su posible candidatura para sustituir a Sergio Mattarella como presidente de la República en la elección que comenzará este lunes. El magnate lo ha intentado todo en los últimos meses, pero los números no cuadran. La presión de sus socios y la falta de apoyo entre los parlamentarios le han obligado a aceptar la realidad. Su paso al lado y, especialmente, su negativa explícita a apoyar a Mario Draghi, el principal candidato ahora mismo, abre un nuevo escenario en la complicadísima batalla para elegir al inquilino del Palacio del Quirinal durante los próximos siete años.

Il Cavaliere quería a toda costa ser el nuevo jefe de Estado. Se veía con fuerzas, creía que todavía podría seducir a un grupo suficiente de senadores y diputados para alcanzar la mayoría suficiente para ser elegido (la mitad más uno de los escaños de Senado y Cámara de Diputados). Su indisimulada candidatura -publicó anuncios en los periódicos y llamó personalmente a parlamentarios para convencerles- no convencía ni siquiera a sus socios de coalición Matteo Salvini (Liga) y Giorgia Meloni (Hermanos de Italia). Ambos consideraban a Berlusconi un personaje amortizado y demasiado divisivo para convertirlo en presidente de la República. Por no hablar de los procesos que tiene pendientes y de su largo historial en los tribunales envuelto en casos de corrupción de menores o fraude fiscal (recibió una condena en firme y una inhabilitación política).

La decisión de Berlusconi no allana el camino al principal candidato ahora mismo: Mario Draghi. Il Cavaliere firma su muerte política en un largo comunicado donde anuncia su retirada. Pero en su epitafio deja escrito también que no apoyará al actual primer ministro. La coalición de derecha (Forza Italia, Liga y Hermanos de Italia) deberá ahora consensuar un nombre que compita con el actual presidente del Consejo de Ministros. Un movimiento que complica mucho la jugada. Si las cosas se torcieran demasiado, muchos parlamentarios empiezan a abogar ya por pedir al actual presidente de la República, Sergio Mattarella, que alargue su mandato algunos años más. Un movimiento inspirado en el que ya se hizo con Giorgio Napolitano, predecesor del actual jefe de Estado.

Medidas para votar en pandemia

La votación comenzará este lunes pasadas las tres de la tarde. El Parlamento, en sesión conjunta -630 diputados, 321 senadores y 58 delegados regionales-, empezará a buscar al sucesor de Mattarella en una votación que puede alargarse indefinidamente hasta que se logre el quórum necesario. El umbral desciende a medida que se avanza infructuosamente hacia la elección del candidato. En las tres primeras se necesitan dos tercios: es decir, 673 sobre 1008 parlamentarios. A partir de la cuarta, sirve solo la mitad más uno. Es ahí donde se espera que en esta elección tan reñida pueda aparecer el nombre con posibilidades reales.

Uno de los problemas añadidos esta vez era la posible baja de parlamentarios que se encontrasen en cuarentena por la covid-19. Pero el Gobierno aprobó el pasado viernes un decreto que, como excepción, autoriza a los contagiados o a los aislados de forma preventiva a viajar a la capital en su vehículo o en su ambulancia para acudir al Parlamento y votar “el tiempo estrictamente necesario”. No podrán utilizar medios de transporte públicos, ni pasear por la calle, no podrán tener contacto con terceras personas, se les asignará un lugar en el que pernoctar y deberán usar siempre mascarilla FFP2. Y se ha dispuesto que estos electores voten en el aparcamiento del Parlamento, donde llegarán a bordo de un coche y entregarán su papeleta a dos funcionarios, que la custodiarán tras depositarla en la urna.

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Renuncia subsecretaria de Telecomunicaciones Pamela Gidi

3 cosas que piden las protestas más allá del logrado retiro de la reforma tributaria en Colombia

  • El presidente de Colombia pide al Congreso retirar el polémico proyecto que desató fuertes protestas
  • Un tecnócrata

    Carrasquilla, de 62 años y experto en temas tributarios, es un famoso economista de corte neoliberal cercano al sector privado y exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo que ya había ocupado el cargo de Hacienda durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.

    También fue decano de Economía de la Universidad de los Andes, de la cual se había graduado.

    Paradójicamente, su reforma tributaria en tiempos de pandemia tenía elementos progresistas que desafiaban su perfil ortodoxo: renta básica permanente para los más vulnerables e impuestos a la renta para clases medias y altas.

    Manifestantes protestan con una bandera de Colombia
    Se espera que las protestas continúen esta semana.

    Pero el momento para presentarla chocó con la grave situación social del país y le dio razones a los manifestantes de volver a las calles tras el paréntesis que significó la pandemia para el Paro Nacional que nació en noviembre de 2019.

    «Los gestos de Duque, un político en teoría dialogante y moderado, tienen como principales objetivos calmar a los mercados y buscar espacio para la negociación en el Congreso», explica Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia.

    La pregunta ahora es si el establecimiento político propondrá una reforma más o menos estructural que la de Carrasquilla.

    «En cualquier caso, esta discusión tributaria entre las elites políticas se tendrá que dar con las calles desbordadas por protestas, entre la desconfianza que Duque genera a manifestantes y millones de colombianos y en medio del peor pico de contagios y muertes por el covid-19 desde que empezó la pandemia», concluye Pardo.


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