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Las autoridades rusas castigarán con hasta 15 años de cárcel cualquier afirmación sobre sus acciones en Ucrania que califiquen como falsa. Las dos cámaras del Parlamento validaron con apenas cinco horas de diferencia el proyecto de ley que sancionará tanto la “desinformación” como el apoyo a las sanciones internacionales contra Rusia por su ofensiva sobre Ucrania. En ese lapso de tiempo, Moscú también bloqueó el acceso de sus ciudadanos a varios medios occidentales, entre ellos la británica BBC y la alemana Deutsche Welle.

“Es posible que desde literalmente mañana (sábado 5 de febrero) las normas castiguen, y muy severamente, a aquellos que mintieron e hicieron declaraciones que han desacreditado a nuestras fuerzas armadas”, advirtió Viacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, según recoge un comunicado de la Cámara Baja.

“Hacemos esto para proteger la verdad. Si Rusia no hubiera lanzado una operación especial de mantenimiento de paz, en Ucrania habría arrancado una guerra desatada por la OTAN”, añadió Volodin. Aproximadamente al mismo tiempo, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, negó categóricamente que la organización planee intervenir tras nueve días de guerra. “La OTAN no toma parte en el conflicto, es una alianza defensiva”, subrayó en un encuentro de los países miembros en el que también se rechazó crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

No está claro si la nueva ley rusa tendrá efectos retroactivos. La difusión de información “deliberadamente falsa”, según el criterio de Moscú, se castigará con hasta tres años de cárcel, pero existen agravantes que pueden multiplicar hasta cinco veces la duración de la condena. También contempla multas que pueden alcanzar los 1,5 millones de rublos, (unos 12.000 euros).

El texto aprobado pone en el punto de mira cualquier crítica sobre el ejército. Esto se sancionará con hasta tres años de prisión y 300.000 rublos de multa (2.400 euros) a “quienes desacrediten en público a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia”. Asimismo, en el caso de que la información difundida tenga “consecuencias graves” para los militares o para el desarrollo de la guerra, la pena de prisión alcanzará los 15 años.

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Si la “falsedad” la difunde un cargo oficial por “enemistad política, ideológica, nacional o religiosa”, la pena puede ser de hasta 10 años de prisión. La ley ha sido impulsada días después de que se pronunciase en contra de la guerra un alto cargo del Kremlin, el director del Consejo de Exteriores, Andréi Kortunov, quien dijo en una entrevista de Sky News que el conflicto es “una vergüenza”.

La nueva norma rusa tampoco tolera las críticas, ni las protestas contra la guerra. Apoyar las restricciones de otros Estados a la economía rusa o a sus altos cargos se castigará con hasta tres años de prisión o trabajos forzosos, además de una multa. Igualmente penalizado estará el llamar a manifestarse.

Silencio informativo

A la dureza de esta ley se une el cierre de numerosos medios en Rusia. El supervisor ruso de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, bloqueó desde este viernes el acceso a varios medios occidentales “por la difusión sistemática de materiales que contenían información falsa sobre la esencia de la operación militar especial en Ucrania”.

Aleksei Venediktov, director de la histórica emisora Eco de Moscú, el jueves 3 de marzo de 2022 tras anunciarse el cierre definitivo de la cadena después de que fueran vetados de las ondas por las autoridades del Kremlin.
Aleksei Venediktov, director de la histórica emisora Eco de Moscú, el jueves 3 de marzo de 2022 tras anunciarse el cierre definitivo de la cadena después de que fueran vetados de las ondas por las autoridades del Kremlin.– (AFP)

El supervisor en ningún momento plantea la nueva ordenanza como una respuesta al bloqueo en Occidente de las cadenas del Kremlin, Sputnik y Russia Today. Entre otras supuestas “falsedades” de los medios occidentales, Roskomnadzor menciona publicaciones sobre soldados rusos fallecidos y sobre el bombardeo de zonas civiles. Hasta ahora el Ministerio de Defensa ruso solo ha publicado una vez una cifra de militares muertos, 498, y lo hizo en el séptimo día de ofensiva.

“Acceso bloqueado. La dirección web forma parte del registro de sitios de información cuya difusión está prohibida en la Federación de Rusia”, se anuncia desde hoy al intentar acceder a medios como la británica BBC, la alemana Deutsche Welle, o las estadounidenses Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty. Tampoco es posible conectar con Meduza, un medio creado por periodistas rusos con sede en Riga, Letonia.

“Me voy. Espero volver un día y seguir informando de Rusia”, han anunciado varios periodistas de los medios vetados por Twitter, adelantando que dejan el país debido a las restricciones. BBC, la cadena estatal británica cuya independencia llevó al primer ministro Boris Johnson a congelar su financiación tras años de amenazas, explicó que su rechazo a cambiar una coma ha sido lo que ha provocado su bloqueo.

“Los editores del servicio ruso de la BBC recibieron notificaciones de Roskomnadzor exigiendo eliminar material”, explicó el canal en un artículo, “porque alegaban que son una amenaza para la vida”. “El bloqueo al acceso a las webs de la BBC es otro paso en la campaña de las autoridades rusas contra los medios independientes”, advirtió en el reportaje de despedida.

Tampoco se libran de la censura los medios rusos. El canal independiente Dozhd cesó el jueves sus emisiones tras haber sido bloqueado por el mismo motivo. En su despedida emitió El lago de los cisnes, el ballet de Tchaikovski que se retransmitió una y otra vez en la televisión rusa durante el golpe de Estado de la cúpula comunista el 19 de agosto de 1991.

La radio Eco de Moscú, un histórico medio con 32 años de historia, anunció este jueves su liquidación tras haber sido vetada en las ondas y en internet. Su portal no solo recogía opiniones críticas, sino también ensayos y columnas afines al Kremlin. Un día después, rescindió todos sus contratos. “No está claro cómo van a trabajar los periodistas, o quienes van a seguir”, dijo su director, Alexéi Benedíktov, que no descarta nuevos proyectos. “No sé qué forma tomará. Lo principal para mí son las personas, son más importantes que las noticias”, lamentó el periodista.

Eco de Moscú ha desaparecido del mapa totalmente. No así Dozhd o la BBC, que aún son accesibles a través de Twitter o YouTube. Sin embargo, los precedentes apuntan a que Roskomnadzor exija su eliminación, como ya hizo con las publicaciones del equipo del opositor Alexéi Navalni por considerarlas “contenido extremista”.

De no hacerlo, las plataformas también podrían correr la misma suerte que los medios y acabar siendo vetadas o multadas. Las autoridades rusas, que cuentan con una ley para desconectar internet del resto del mundo, ya han comenzado a ralentizar redes como Twitter e Instagram porque sus usuarios protestaban allí contra el ataque a Ucrania.

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Natalya decidió en 20 minutos cuánta vida le cabía en la maleta sin saber si volverá algún día a Kiev. “[El pasado jueves] nos despertamos en torno a las seis de la mañana y vimos por Facebook que la guerra había comenzado. No fue por ninguna explosión. Así que básicamente cogimos solo algo de ropa, lo que se puede coger en 20 minutos. Recogí a mi madre, cogí a mi perro, nos subimos al coche y salimos. Espero que podamos volver dentro de tres meses para reconstruir nuestro país, que están destruyendo”. Tiene 29 años y fuma con rostro cansado en el paso fronterizo de Siret, por el que acaba de cruzar a Rumania desde Ucrania. “Teníamos una vida feliz. Mi madre y yo tenemos un negocio familiar. Y ahora somos refugiadas. No pensaba que fuese a vivir una guerra en el siglo XXI. Creíamos que los medios exageraban, pero una persona [el presidente ruso, Vladímir Putin] decidió hacer eso”, dice como si no tuviese claro si está dentro de una película de ficción.

Natalya, refugiada ucrania, tras entrar a Rumania.
Natalya, refugiada ucrania, tras entrar a Rumania. Alex Onciu

Forma parte de un grupo de solo mujeres que han alcanzado en tres coches la frontera. Llegaron a Rumania en la madrugada del martes, tras dos días y medio seguidos dentro de los vehículos, a causa del embotellamiento que hay a la entrada al país balcánico. “Solo paramos a echarnos [en el coche] una siesta de cuatro horas”, apunta a su lado Eleanora Samburska. Todas tienen frío: es madrugada y los termómetros marcan cero grados.

Desde el inicio de la guerra, han entrado en Rumania unos 105.000 ucranios y salido poco más de 62.000, según datos difundidos a última hora de la tarde de este martes por la policía de fronteras de Rumania. En las últimas 18 horas, más de 7.000 accedieron por alguno de los cuatro pasos oficiales que hay en los más de 600 kilómetros de frontera que comparten los dos países. Otros 7.600 entraron en ese mismo periodo a Rumania a través de la pequeña Moldavia. Casi todos son mujeres y niños, porque los hombres menores de 60 años tienen prohibido salir de Ucrania por la ley marcial decretada por el Gobierno de Volodímir Zelenski en respuesta a la invasión rusa.

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Rumania no suele ser un país de destino, sino sobre todo de tránsito. Quienes atraviesan Siret parecen dividirse en tres grupos, a tenor de sus testimonios: los extranjeros evacuados por sus países; los ucranios para los que Moldavia y Rumania eran simplemente la vía más rápida para huir de la guerra, porque residían en el sur del país; y, un fenómeno más reciente, los habitantes de la bombardeada capital de Kiev que buscan un plan B a los atascos interminables en las salidas hacia el oeste. Son aquellos vecinos de Kiev que ―”de momento”, suelen matizar― se dirigen a Polonia porque tienen allí familiares y amigos (los ucranios suponen un millón de los 38 millones de habitantes de Polonia, atraídos por una generosa política de visados y sueldos más altos), pero han preferido dar un gran rodeo, ya dentro de la UE, a cambio de abandonar Ucrania cuanto antes. Desde Kiev hay más o menos la misma distancia al cruce fronterizo rumano de Siret que al polaco de Dorohusk, entre 500 y 600 kilómetros.

A este último grupo pertenece Oksana Boiko, de 36 años, que acaba de entrar en Rumania con su hijo de 15 años. Su marido, cuenta, se ha quedado a “ayudar a mantener el control” de la ciudad de Ivano-Frankivsk (230.000 habitantes), en el suroeste de Ucrania, aunque no combate directamente contra las fuerzas rusas. “Nuestra primera parada será aquí, luego quizás Polonia… y luego, ya lo pensaremos”, afirma mientras espera la luz verde del policía para continuar su trayecto.

Oksana Boiko, en su coche tras cruzar la frontera.
Oksana Boiko, en su coche tras cruzar la frontera. Alex Onciu

En Siret, algunas imágenes se repiten cada poco: las madres cargando paquetes de pañales, los niños aferrados a su peluche favorito para la travesía, los coches donde se juntan tres generaciones, las ojeras y miradas perdidas como tratando de asimilar algo que está pasando demasiado rápido. Unos pocos coches de gama media-alta y el elegante atuendo con el que algunas ucranias llegan a Rumania recuerda que la fina línea entre una vida desahogada y convertirse en refugiado en un país desconocido es, a veces, una mera cuestión de días.

Muchas llegan al paso fronterizo en sus vehículos. A otras los acercan lo más posible (bastantes optan por andar los últimos kilómetros en paralelo al atasco) hombres que luego tienen que dar media vuelta. Es lo que le sucedió al novio de Galyna (prefiere no dar su apellido). Trataron de cruzar juntos, aun a sabiendas de que era casi imposible porque él, con 30 años, es carne de reclutamiento. “Ahora él está allá, yo aquí… y no sé lo que hacer”, dice con los ojos vidriosos. “He pasado los últimos días en el refugio que tiene el sótano de mi edificio. Ves y ves las noticias tratando de entender cómo actuar”, relata. Al final, la empresa de tecnologías de la información en la que trabaja la ha evacuado en autobús desde Kiev con otras empleadas. De momento, van a seguir operando desde la sede que tiene en Rumania.

Envuelto en una manta, Darpan Vemra, de 20 años, hace cola de madrugada frente a un hotel llamado Frontera, en el que un letrero luminoso sigue dando la bienvenida a los visitantes, como congelado en el tiempo (hace apenas una semana) en el que el trasiego no era solo en uno de los sentidos. Vemra es uno de los alrededor de 20.000 jóvenes indios que estudian en Ucrania, más asequible que otros países europeos. Los indios conforman el mayor grupo de estudiantes extranjeros en la exrepública soviética (un cuarto del total). Uno de los 16.000 que quedaban por evacuar murió este martes en un bombardeo en Járkov.

Estudiantes indios evacuados de Ucrania, en una tienda de campaña en la parte rumana del paso fronterizo de Siret.
Estudiantes indios evacuados de Ucrania, en una tienda de campaña en la parte rumana del paso fronterizo de Siret.Alex Onciu

“La última noche ya dormimos en un refugio en Ucrania. Ahora iremos a Bucarest para volar de vuelta a India. Las clases van a seguir en internet, lo que es un problema porque en nuestros estudios [Medicina] las prácticas son muy importantes. Esperaremos un mes, dos… y luego quizás volveremos”, declara con resignación Vemra, que cursa estudios en la Universidad Estatal de Medicina de Bukovina, en Chernivtsi. Un coordinador los organiza de 15 en 15 a toda prisa en furgonetas que salen según se llenan. “Ya he perdido la cuenta de cuántos han salido hoy”, admite. Frente al hotel, las mantas, abrigos, mochilas y maletas no dejan ver el suelo de una enorme tienda de campaña naranja de emergencias.

Otro estudiante extranjero evacuado es Islam Touimi, que a sus 18 años escogió un centro educativo de Dnipró —ciudad ucrania que las tropas rusas tratan de cercar— para especializarse en Aduanas y Finanzas. En unos días, volará de vuelta a Saïda, su ciudad natal en Argelia. “Estos días mi madre me llamaba preocupada unas cinco veces al día”, cuenta. Ha salido en un convoy de cinco autobuses con otros 250 magrebíes.

Una familia atraviesa la frontera este martes.
Una familia atraviesa la frontera este martes.Alex Onciu

Entre tenderetes de ayuda, mantas tiradas por el suelo y coches aparcados en los arcenes, también forman parte del agitado paisaje de Siret los rumanos que han venido a ayudar. Por un lado, los que van por libre, como la joven en un cruce que sostiene bajo la nieve un cartón en el que ha escrito en ucranio e inglés que ofrece alojamiento gratis hasta a cinco personas. O Dana Miron, la vecina de la cercana ciudad de Suceava que llevaba cinco horas en el coche esperando a una familia ucrania para llevarla a dormir a casa de su hermana. Tiene 23 años y coordina las recogidas a través de una página de Facebook que surgió a raíz de la guerra. Desde entonces, ha venido todas las noches.

Por otro, están los que forman parte de un esfuerzo coordinado. Marius Dan es voluntario de ADRA, la organización humanitaria de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y conduce cada noche los 100 kilómetros que separan su casa del puesto fronterizo. “Me llevaría alguna familia a mi casa, pero es muy lejos y todos quieren, si es posible, quedarse por aquí. Como vienen cansados, no pueden conducir cien kilómetros más”, asegura. Daniel Criham, de 23 años, ayuda a las ucranias a cargar las maletas y plegar los carritos mientras Bogdan Oprea ―16 años mayor y voluntario con los bomberos― está apostado frente a una mesa con productos básicos gratuitos que tomar a voluntad, sin preguntas. “Lo que más piden son medicamentos. Principalmente, paracetamol. Agua menos porque suelen llevar suficiente”, explica a escasos metros del puesto fronterizo. Hay también pañales, tampones y gel hidroalcohólico, comprados con donaciones de particulares. “Una mujer que acababa de cruzar me preguntó: ¿Esto viene de la gente de Rumania? Le respondí que sí y se echó a llorar”, recuerda.

Marius Dan, voluntario en una organización.
Marius Dan, voluntario en una organización.Alex Onciu

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El premio Nobel de la paz de 2021 Dmitri Muratov, director de Nóvaya Gazeta, publicó el primer día de la invasión rusa de Ucrania un editorial en vídeo titulado En contra de la guerra. Un par de días después el vídeo fue sustituido por una foto de su cariacontecido director bajo un escueto texto: “Material borrado por orden de la fiscalía y Roskomnador (supervisor federal de los medios)”. No fue el único medio. Las autoridades han ordenado este fin de semana a cerca de una decena de televisiones y periódicos rusos que eliminen todo el contenido donde aparezca la palabra “guerra”, un tabú para el Kremlin.

El castigo por no obedecer es el bloqueo de la web y multas de decenas de miles de euros. En los recursos presentados por Roskomnadzor, el regulador acusa a la prensa de que “bajo la apariencia de mensajes fiables, hay información socialmente significativa que no corresponde con la realidad”, y pone como ejemplo denominar a la oficialmente “operación especial” rusa como un “ataque, invasión o declaración de guerra”.

Esta última palabra ha sido sustituida por eufemismos incluso en las portadas de los medios críticos, aunque alguno recurre a trucos, como recordar que “no es una guerra, es una operación especial”, para traerla de nuevo ante los ojos de los lectores. Solo Meduza —fundado por periodistas rusos en Letonia— titula su especial como “Guerra: ataque ruso a Ucrania”.

La policía rusa detiene a manifestantes durante la concentración contra la invasión rusa de Ucrania.Foto: ANATOLY MALTSEV (EFE) | Vídeo: REUTERS/EFE

En cualquier caso, no es el único tipo de censura sobre un conflicto de cuyas bajas no da detalles el Ministerio de Defensa ruso, que solo informa de que “lamentablemente, hay compañeros muertos y heridos”. Apenas Nóvaya Gazeta y algún medio más ilustran con muertos o vehículos y casas destruidos la realidad de la guerra. Incluso con combates en las mayores ciudades de Ucrania, dos importantes diarios como Vedomosti y RBK no tenían ni una sola imagen de destrucción, ni una sola voluta de humo, en sus webs este domingo.

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No es una situación nueva. Si una imagen vale 1.000 palabras, las dos últimas grandes catástrofes vividas por Rusia deberían haber hecho correr ríos de tinta para entender la dimensión de sus tragedias. Una pandemia y una guerra que en el día a día, en la calle, parecen ocurrir en un lugar lejano, pues lectores y espectadores no ven las imágenes de ello.

Dmitry Muratov, director de 'Novaya Gazeta', tras recibir el premio Nobel de la Paz.
Dmitry Muratov, director de ‘Novaya Gazeta’, tras recibir el premio Nobel de la Paz.MAXIM SHIPENKOV (EFE)

Cuando comenzó la expansión del coronavirus por el país, los canales de Telegram y Twitter fueron, con la honrosa excepción de algún medio independiente, el único sitio donde se podía ver los pasillos saturados de enfermos de muchos hospitales provinciales, e incluso el suelo de algún sótano desbordado por las bolsas de cadáveres, como en la ciudad de Barnaúl. En dos años de pandemia, todas las imágenes de los centros médicos y cementerios han sido tan asépticas como los uniformes del personal que salían en ellas pese a que el país ronda un exceso de mortalidad de un millón de fallecidos, según el recuento del diario —declarado agente extranjero— The Moscow Times.

Y con la guerra de Ucrania ha sido un caso similar. Tras cuatro días de invasión, las imágenes más duras y que podrían remover conciencias no aparecen en los informativos y nadie pregunta si hay víctimas entre los propios soldados rusos.

Las televisiones nacionales están controladas o directamente por el Kremlin o por empresarios cercanos al poder. Los únicos fallecidos que muestran sus imágenes son de las zonas separatistas del Donbás para justificar la guerra o de las películas con cierta intención propagandística que producen, como Sonata siria o Turista, una película épica sobre los mercenarios rusos en República Centroafricana. El canal estatal Pervy Kannal, el mayor del país, llama a esta invasión “operación bélica especial para la defensa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk” y la califica como una “intervención humanitaria”.

Este canal y Rossiya 24 no muestran la destrucción de la guerra y reiteran los mensajes oficiales en sus informativos y debates. Entre ellos, que el Gobierno ucranio está manipulado por fuerzas “neonazis” y ha emprendido un “genocidio” contra la población rusoparlante, la misma que precisamente vive en ciudades bombardeadas por Rusia como Kiev y Járkov.

Dozhd, la única televisión independiente de Rusia, sí muestra los efectos de los bombardeos. Su director, Mijaíl Zygar, llamó a parar la guerra. “Esta es nuestra vergüenza, pero lamentablemente también la de nuestros hijos, una generación de rusos muy jóvenes y no nacidos, que tendrán que asumir la responsabilidad de ello”, escribió en su página personal y agregó: “No nos creemos las afirmaciones de Vladímir Putin de que el pueblo ucranio está bajo el dominio ‘nazi’ y necesita ser ‘liberado’. Exigimos el final de esta guerra”.

En cuanto a la prensa, en Rusia apenas resiste un puñado de medios independientes y los que no tienen la etiqueta de agente extranjero son una excepción. Novaya Gazeta abrió su edición impresa este viernes con el titular “Rusia bombardea Ucrania” sobre un fondo negro donde estaba escrito en ruso y ucranio el mensaje de su director: “La redacción considera esta guerra una locura. La redacción no considera a los ucranios enemigos ni la lengua ucrania la lengua del enemigo”.

Militares rusos en Armyansk, en la parte norte de Crimea, en una imagen de Sputnik, un medio cercano al Kremlin.
Militares rusos en Armyansk, en la parte norte de Crimea, en una imagen de Sputnik, un medio cercano al Kremlin.Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / ContactoPhoto (Europa Press)

Novaya Gazeta es de los pocos medios que hablaba de “la guerra de Putin”. Otros medios son mucho más asépticos al utilizar el lenguaje oficial: “La operación militar en Ucrania”, titulan a sus respectivos especiales Kommersant y RBK, y Gazeta lo llama “Operación en Ucrania”. En el caso de Kommersant, del magnate Alisher Ushmánov, muy próximo al Kremlin, sí han mostrado imágenes duras en un pequeño rincón de su web.

Pese a las presiones, muchos periodistas se han pronunciado por su cuenta contra la guerra. La reportera Elena Chernenko promovió este jueves un manifiesto por la paz al que se adhirieron 296 profesionales de los medios rusos antes de que su promotora decidiera darle carpetazo por los problemas que había provocado.

“Nosotros, corresponsales de los medios rusos y expertos que escribimos sobre la política exterior de Rusia, condenamos la operación militar lanzada en Ucrania. La guerra nunca ha sido ni será una forma de solucionar conflictos y no tiene justificación”, rezaba el encabezamiento de una lista en la que no solo firmaron periodistas de medios críticos, sino también muchos de los medios antes citados y de agencias de información estatales como TASS.

“Elena ha tenido problemas”, contaron a este periódico fuentes cercanas a la periodista. Tras ser acusada de no ser profesional por las autoridades, su promotora pidió que no se castigase al resto de firmantes.

La carta abierta de estos periodistas no ha sido el único manifiesto de un colectivo profesional ruso contra la guerra. La comunidad científica y los reporteros de esta área publicaron otra declaración en un tono incluso más duro. “Los intentos de usar la situación de Donbás como pretexto para lanzar una operación militar no inspiran ninguna confianza (…) y habiendo desatado la guerra, Rusia se condena al aislamiento internacional, a ser un Estado paria. Esto significa que nosotros, los científicos, no podremos trabajar con normalidad”, denuncia el sector, que advierte de que se avecina “una mayor degradación cultural y tecnológica para Rusia” tras haber dado “un paso a ninguna parte”.

Más de 5.500 detenidos por protestar contra la guerra

REUTERS

Las autoridades rusas han detenido a más de 1.700 personas este domingo por salir a la calle en unas 46 ciudades del país para protestar contra la guerra emprendida por Putin en Ucrania. Desde el inicio de la invasión de la antigua república soviética el pasado jueves, más de 5.500 manifestantes han sido detenidos por las fuerzas de seguridad por manifestar su descontento y exigir la paz, según el portal OVD-Info, una de las principales fuentes para seguir la represión de las manifestaciones en Rusia. 

Las marchas de este domingo han coincidido con el séptimo aniversario del asesinato del político de la oposición Boris Nemtsov. Algunas de las detenciones se han registrado en un memorial improvisado junto a la sede del Kremlin, donde fue asesinado.

Las manifestaciones contra la guerra se han extendido a todo el mundo, en ciudades de Alemania, Francia, Australia, Estados Unidos, y también España. Pero en ningún lugar del mundo clamar por la paz resulta tan peligroso como en Rusia. 

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Las autoridades rusas prometieron una “respuesta espejo” a la prohibición de la emisión del canal estatal Russia Today en Alemania (RT DE) por carecer de licencia. Apenas un día después, el Kremlin ha ordenado el cierre de las oficinas del canal alemán Deutsche Welle, que no podrá emitir más en Rusia y será declarado agente extranjero. “Esto es otra señal de que el Gobierno ruso no está interesado en la libertad de prensa ni en la libertad de opinión”, ha lamentado su director general, Peter Limbourg, en una entrevista publicada por el propio medio.

Moscú advierte de que esta decisión solo es su primer movimiento. “La información sobre los próximos pasos se publicará en el momento oportuno”, ha subrayado el Ministerio de Exteriores ruso, que además de estas medidas ha anunciado la cancelación de las acreditaciones de todos los empleados del grupo mediático alemán y la prohibición de entrar al país “de todas las personas involucradas en la restricción de la retransmisión de RT DE y de aquellas que han ejercido presiones sobre el operador ruso”.

La Comisión para la Supervisión de Medios de Comunicación alemana había anunciado el bloqueo de RT DE porque el canal comenzó a emitir por satélite el 16 de diciembre “sin tener un permiso legítimo bajo las leyes europeas”, licencia que tampoco solicitó, según el regulador. Por su parte, el canal estatal ruso afirmó contar con una autorización serbia válida para emitir en Europa, aunque también dispone de instalaciones en territorio germano.

A este enfrentamiento se sumó que YouTube también bloqueó en diciembre la emisión de RT DE a través de su plataforma por “incumplimiento de las normas de la comunidad”. La compañía, que actuó por cuenta propia como empresa privada atendiendo a sus reglas, explicó que el medio estatal ruso violó sus restricciones contra la desinformación con la covid-19 y posteriormente intentó eludir tramposamente su veto temporal. Moscú acusó entonces a Berlín de censura.

Deutsche Welle comenzó a emitir en ruso en 1962, cuando Nikita Jruschov lideraba la Unión Soviética. El anuncio a bombo y platillo del jueves de las autoridades rusas no ha ido acompañado por una notificación a los propios afectados, según ha denunciado Limbourg. El directivo prometió que su filial rusa continuará con su actividad “hasta que se anuncien oficialmente las medidas”, y aseguró que su retransmisión “no se verá afectada de ninguna manera, sino que será seriamente fortalecida”. En su opinión, estas acciones “son incomprensibles e inadecuadas”.

Hace ya dos años y medio, en agosto de 2019, el propio Ministerio de Exteriores ruso insinuó que podía adoptar medidas con Deutsche Welle por su “inaceptable” cobertura de las protestas que vivió Moscú a raíz de unas elecciones locales.

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Veto a televisiones y periódicos

El medio alemán no es el primero en ser prohibido en Rusia. Por ejemplo, el regulador de internet bloquea el acceso a todos los periódicos y televisiones ucranianos, igual que hace Kiev con los rusos y algunos emporios como el del empresario prokremlin Víktor Medvedchuk. Además, en el último año han sido expulsados varios periodistas europeos de Rusia. Una es la reconocida reportera de la BBC Sarah Rainsford, que tras haber informado desde Moscú durante más de dos décadas vio no le renovaron su visado en agosto de 2021 después de cubrir las protestas de Bielorrusia. El corresponsal del diario holandés De Volkskrant, Tom Vennik, también fue expulsado por “varias violaciones de las normas administrativas”.

Por su parte, la emisión de Russia Today está prohibida en Letonia y Lituana desde 2020 por supuestamente tener lazos con el editor jefe del grupo Rossiya Segodnia, Dmitri Kisiliov, sancionado por la Unión Europea por su papel en la anexión de Crimea en 2014. RT negó esta vinculación y el portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a aquellos países de intimidar a los periodistas.

El máximo responsable de Deutsche Welle destacó además que no es una “respuesta simétrica”, ya que los periodistas rusos seguirán acreditados y podrán trabajar en Alemania, a diferencia de sus empleados en Rusia. Asimismo, destacó que Deutsche Welle es un servicio público independiente del Gobierno, mientras que Russia Today es un canal estatal.

“¡Gracias, cariño!”, publicó la directora de RT, Margarita Simonián, en su perfil de Telegram junto al comunicado del Ministerio de Exteriores. La jefa del canal estatal ruso, que ha llegado a referirse a Putin con el sobrenombre de Vozhd, el mismo título que recibía Iosif Stalin, advirtió sobre la posibilidad de vetar a más medios alemanes si Berlín responde y lanzó un aviso a Francia y España. “(Emmanuel) Macron ha dicho varias veces que el canal ruso interfiere en su campaña electoral e intentará hacer todo lo posible para suspender RT. Además, ahora cuenta con el apoyo de Berlín. No se puede descartar que le siga Madrid”, agregó sin matizar que ambas filiales emiten sin problema con sus licencias en regla.

El cierre del medio se produce en vísperas de la primera visita oficial a Rusia del canciller alemán, Olaf Scholz, según revela el medio Süddeutsche Zeitung. El veto a Deutsche Welle se produce además pese a la política de apaciguamiento de Berlín en torno a la tensión que se vive en el Este de Europa entre Rusia y los países de la OTAN, papel en el que ha llegado a impedir el envío de armas a Ucrania a través de su territorio.

Además, Berlín es el gran promotor y lobbista en la Unión Europa del gasoducto Nord Stream 2, que conecta el bombeo de gas ruso directamente con su territorio sin pasar por otros socios del bloque. El veto a Deutsche Welle se produce precisamente dos días después de que Bruselas suspendiera indefinidamente la autorización del proyecto, del que aún analiza su posible uso como arma de presión por el Kremlin.

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En un decreto publicado en el Boletín Oficial de Turquía la noche del viernes al sábado, el presidente de Turquía instó a todos los organismos del Estado a tomar medidas urgentes para acabar con “la influencia extranjera y la corrupción de la cultura nacional” y proteger “los valores morales y nacionales” en las producciones audiovisuales y los medios de comunicación. Los críticos con el Gobierno islamista consideran que se trata de un intento de aumentar la censura.

La circular exige imponer sanciones y llevar a cabo los cambios legales necesarios para evitar “la erosión de los valores morales y nacionales y la estructura social y familiar a través de las publicaciones abiertas o encubiertas de los medios”, y exige a los directivos de las cadenas evitar este tipo de contenidos. La formulación del texto presidencial, con referencia a los debates de los últimos días sobre un programa de televisión, ha dirigido todas las miradas a la versión turca del programa Mask Singer: adivina quien canta, de origen surcoreano, en el que personajes famosos actúan ocultando su identidad bajo vistosos disfraces y máscaras.

Círculos ultraconservadores habían criticado en las redes sociales el programa asegurando que promovía “el satanismo, el paganismo y el chamanismo” y, de hecho, el Consejo Superior de la Radiotelevisión Turca (RTÜK) ha iniciado una investigación sobre la base de que el programa puede dañar a la infancia.

“Se trata de un texto inconstitucional: no se pueden recortar derechos protegidos por la Constitución mediante una circular presidencial”, sostiene Veysel Ok, copresidente de la Asociación de Estudios sobre los Medios y las Leyes (MLSA). Aunque el decreto no incluye ninguna medida con valor legal real, para este abogado el peligro radica en que “será tomado como una orden” por diversos organismos del Estado, desde RTÜK a la Fiscalía: “Así que podemos esperar más investigaciones contra cadenas de televisión y periodistas, incluso el cierre del algún medio. Erdogan podría haber logrado esto haciendo algunas llamadas de teléfono, pero lo hace público para reforzar la polarización política e instilar el miedo en la sociedad”.

La prensa opositora considera estos debates parte de la “guerra cultural” de los islamistas para galvanizar a su electorado en un momento en que la crisis económica ha reducido el apoyo a Erdogan. De hecho, el decreto llega tras una semana de ataques contra la popular cantante Sezen Aksu -considerada la reina del pop turco desde la década de 1980- por una canción estrenada hace cinco años en la que calificaba de “ignorantes” a Adán y Eva. Según la prensa local, directivos de RTÜK telefonearon a todos los canales turcos para que no emitiesen la canción y el propio Erdogan llamó a “arrancar la lengua” de aquellos que “difamen” a Adán y Eva, aunque posteriormente se retractó parcialmente y dijo no referirse a la cantante.

Sustitución del ministro de Justicia

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El Boletín Oficial turco de este sábado va cargado de ceses y nuevos nombramientos en la cúpula de siete organismos oficiales. El ministro de Justicia, Abdülhamit Gül, es sustituido por Bekir Bozdag, quien ya ocupó esa cartera entre 2013 y 2017. No queda claro si se trata de una dimisión del propio Gül o un cese ordenado por Erdogan, ya que desde hace un año y medio la salida de ministros viene siempre precedida de un mensaje del propio ministro en el que este solicita al presidente “ser exonerado de la misión encargada”. El medio opositor T24 atribuye la salida de Gül -procedente del movimiento islamista- a sus fricciones con el grupo de los “pelícanos”, dirigido por Berat Albayrak, yerno de Erdogan, y con el ministro de Interior, el ultranacionalista Süleyman Soylu, así como con el otro socio de la coalición gubernamental: el partido ultraderechista MHP.

El Instituto de Estadística de Turquía (TÜIK) también tendrá nuevo director y subdirector, tras los cambios decretados por Erdogan la pasada medianoche. Erhan Çetinkaya será así el cuarto encargado de la institución en los últimos tres años. El instituto ha sido acusado por la oposición de maquillar las estadísticas, especialmente las de la inflación, pero aun así Erdogan está insatisfecho porque cree que los cálculos de precios de TÜIK son más altos de lo que deberían.

También se ha nombrado como nuevo presidente del Instituto de Medicina Forense a un profesor que está entre los directivos de una fundación islamista de beneficencia dirigida por Bilal Erdogan, hijo del presidente. La oposición y los medios críticos denuncian que, desde la entrada en vigor del sistema presidencialista en 2018, los nombramientos de altos cargos se basan en la lealtad y la cercanía al presidente o al partido gobernante en lugar de en los méritos.

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Conmoción y tristeza generó entre sus conocidos la lamentable noticia.

Noticias Pasto.

Una dolorosa perdida sufrieron este domingo 23 de enero los medios de comunicación de la ciudad de Pasto.

Lo anterior por la confirmación del fallecimiento del diseñador gráfico Andrés Legarda.

El joven perdió la vida luego de tener un accidente de tránsito sobre la Carrera 41 No 19D-147 en la Avenida Panamericana y frente a la Clínica Hispanoamericana.

Andrés se movilizaba en una bicicleta.

Hasta el momento desde la oficina de Tránsito de Pasto no han detallado un informe oficial sobre la situación.

Sin embargo se pudo conocer que los hechos se registraron sobre el medio día, Legarda se movilizaba en una bicicleta y colisionó con un vehículo tipo camión.

En la actualidad el joven diseñador se encontraba laborando en el Diario del Sur, medio que envió un sentido mensaje de condolencia a su familia y demás allegados.

 



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Militares burkineses de diferentes cuarteles situados en Uagadugú, capital del país, y de las ciudades de Kaya y Ouahigouya han protagonizado este domingo un motín disparando al aire para exigir más medios en la lucha contra el yihadismo que avanza por el país, el reemplazo de la cúpula militar y una mayor atención a los heridos y a los familiares de las víctimas. La protesta militar encontró el apoyo de parte de la población, que salió a manifestarse. El Gobierno ha reconocido el incidente a través de un comunicado y, ante los rumores de golpe de Estado, el ministro de Defensa, el general Barthélémy Simporé, aseguró a través de la televisión pública que ninguna institución del Estado había sido inquietada y que el presidente del país, Roch Marc Cristian Kaboré, no había sido detenido.

Los incidentes comenzaron a primera hora del domingo. Tres cuarteles de Uagadugú se vieron afectados por los mismos, en concreto, la base Sangoulé Lamizana situada en el barrio de Gounghin, el campamento Baba Sy, en la salida sur de la capital, y la base aérea próxima al aeropuerto. Vecinos de Uagadugú aseguran que los disparos comenzaron a escucharse cuando aún era de noche y que prosiguieron durante la mañana del domingo, cuando comenzaron a circular informaciones sobre un supuesto intento de golpe de Estado.

El portavoz del Gobierno de Burkina Faso, Alkassoum Maïga, se apresuró a publicar un comunicado reconociendo que había disparos en varios cuarteles, pero negando que se tratara de una asonada militar. Dos horas más tarde, el general Simporé daba una entrevista en la televisión pública. “Por ahora no sabemos los motivos de esos disparos, no sabemos qué reivindican. Vamos a entrar en contacto con los responsables de esta maniobra para comprender sus motivaciones”, aseguró el ministro de Defensa. “El jefe de Estado no ha sido detenido, ninguna institución de la República ha sido inquietada. Se trata de un movimiento localizado y circunscrito que está bajo control”, añadió.

Poco después, el periodista británico Henry Wilkins aseguró a través de Twitter que un grupo de militares de la base Sangoulé Lamizana le retuvieron a él y a otro periodista durante media hora y les trasladaron sus demandas: más tropas para combatir a los grupos yihadistas que siembran el terror en todo el país, formación militar adaptada a la amenaza terrorista, el recambio de la jerarquía militar y de inteligencia, un aumento de las primas para aquellos que van al frente de este conflicto y una mayor atención a los familiares de los soldados fallecidos, así como a los heridos en estos combates. Según Wilkins, el portavoz de los militares amotinados se negó a identificarse.

A medida que pasaban las horas, varias manifestaciones espontáneas de apoyo a los militares comenzaron a producirse en diferentes puntos de Uagadugú. Un centenar de personas trató de concentrarse en la plaza de la Nación, en el centro de la capital, pero fueron dispersados por la Policía con gases lacrimógenos. Mientras tanto, cientos de jóvenes lograron manifestarse en el barrio de Gounghin, donde prendieron fuego a neumáticos al tiempo que se seguían escuchando disparos procedentes de la base de Sangoulé Lamizana.

La tensión ha ido en aumento en Burkina Faso en los últimos meses ante la incapacidad del Gobierno de hacer frente al avance del yihadismo por todo el país. Buena parte de ese descontento popular se expresa en un creciente sentimiento antifrancés, al igual que en otros países de la región como Malí o Níger, por el fracaso de la operación Barkane a la hora de impedir los constantes ataques terroristas. Este sábado se produjeron incidentes entre la policía y ciudadanos que trataban de manifestarse contra el Gobierno, tanto en la capital como en otras ciudades del país. En Kaya fue saqueada la sede del partido en el poder. Otra manifestación fue convocada en apoyo de Malí, país sancionado tras la toma de poder por una junta militar que ha reforzado su cooperación militar con Rusia en plena crisis diplomática con París y la Unión Europea.

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Entre el 8 y el 12 de enero pasados, 15 personas fueron detenidas por un supuesto complot para organizar un golpe de Estado, de las que tres fueron posteriormente liberadas. De los 12 que permanecen bajo arresto, tres son civiles y nueve militares, entre los que se encuentra el supuesto cabecilla de la conspiración, el teniente coronel Emmanuel Zoungrana, quien presuntamente había contactado a numerosos oficiales en busca de apoyo para llevar a cabo un levantamiento militar. Zoungrana era hasta el pasado diciembre responsable del regimiento de infantería de Ouahigouya y es un joven oficial respetado a quien se considera próximo del exministro de Defensa Cheriff Sy, destituido en junio de 2021 tras la terrible masacre de Solhan en la que un grupo yihadista asesinó a unos 160 civiles.

Estas detenciones ponen de manifiesto el malestar en el seno del Ejército burkinés ante la estrategia de defensa y seguridad del Gobierno y los constantes ataques yihadistas de grupos vinculados a Al Qaeda y Estado Islámico que han costado la vida a decenas de soldados y miembros de las fuerzas de seguridad. La matanza de Inata, que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre, marcó un punto de inflexión en dicho descontento. Ese día, decenas de yihadistas presuntamente miembros de Ansarul Islam, afiliado a Al Qaeda, atacaron el cuartel de la Gendamería de dicha localidad y asesinaron a 53 gendarmes. Investigaciones posteriores revelaron graves errores en el abastecimiento y gestión de dicha instalación, como falta de munición e incluso de comida. Días más tarde, ante el descontento popular y de los militares y entre rumores de golpe de Estado, el presidente Kaboré cesó a todo el Gobierno.

Burkina Faso es uno de los países más afectados por el conflicto yihadista que golpea al Sahel central desde enero de 2012, ha sufrido más de 7.000 muertos desde entonces, según el analista de datos José Luengo-Cabrera, y tiene un millón y medio de desplazados internos. Además de los atentados de Uagadugú de 2016, los ataques comenzaron ese año de manera sistemática en el norte y se fueron extendiendo al este e incluso el sur con el paso del tiempo. El Estado ha perdido el control de buena parte del territorio. Solo en 2021 fueron asesinadas 2.341 personas en Burkina Faso fruto de esta violencia, el año con más víctimas mortales. El Gobierno, incapaz de hacer frente a esta amenaza, creó en 2020 los Voluntarios para la Defensa de la Patria, grupos paramilitares integrados por civiles que han sufrido numerosas bajas desde entonces, entre ellas la de uno de sus líderes, el popular Ladji Yoro.

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