La invasión rusa de Ucrania ya tiene una atrocidad con nombre propio para la historia de los presuntos crímenes de guerra: Bucha. La Unión Europea y gran parte de la comunidad internacional han reaccionado este domingo con estupor ante el descubrimiento de las matanzas cometidas en esa localidad al norte de Kiev. Se trata de la primera prueba tangible y visible de la muerte y devastación en las zonas ocupadas por las tropas del presidente ruso, Vladímir Putin, que asediaban la capital ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha asegurado que la UE colaborará con Ucrania y con las ONG para recabar las pruebas necesarias para juzgar las atrocidades del ejército ruso ante los tribunales internacionales.
A la condena de Bruselas se han unido Estados Unidos, en boca de su secretario de Estado, Antony Blinken, que ha manifestado que las imágenes de Bucha son un “puñetazo en el estómago” y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha calificado de “brutalidad” el asesinato de civiles en esta localidad a las afueras de la capital ucrania. Esta condena internacional coincide con la publicación de un informe de la organización Human Right Watch sobre posibles crímenes de guerra en varios puntos del frente norte de la guerra.
Las imágenes de Bucha han revelado, tal vez por primera vez desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero, la magnitud de la violencia provocada por la guerra de Putin contra un país vecino. Tras la retirada del ejército ruso, las fuerzas ucranias han encontrado decenas de civiles muertos y abandonados en plena calle y fosas comunes con cadáveres a medio enterrar.
“Consternada por las informaciones sobre crímenes indescriptibles en las zonas donde se han retirado las tropas rusas”, se ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La dirigente comunitaria ha reclamado “una investigación internacional independiente” y ha asegurado que “los perpetradores tendrán que rendir cuentas”.
El presidente del Consejo Europeo no tiene dudas sobre quiénes son los responsables. Charles Michel se ha declarado “conmocionado por las impresionantes imágenes de las atrocidades cometidas por el ejército ruso en la región liberada de Kiev”. Michel ha prometido a Ucrania que se redoblarán las sanciones contra Rusia y que continuará la ayuda de todo tipo, incluida la militar, para que el país resista el ataque de Putin.
Pocos días después de que Putin ordenase el inicio de la ofensiva, un convoy ruso trató de cruzar la localidad de Bucha de camino a la capital, pero cayó en una emboscada. A esta derrota temporal le sucedieron numerosas embestidas de fuerzas enviadas por el Kremlin hasta la toma completa de la localidad. Tras el anuncio de Moscú el pasado 29 de marzo de una reducción de operaciones en el norte de Kiev, Ucrania relanzó la batalla para recuperar, dos días después, el control de Bucha. La huella de la batalla ha dejado tirados en las calles una veintena de cadáveres, algunos con las manos atadas.
El alcalde Bucha, Anatoli Fedoruk, ha manifestado que hay cerca de 300 cuerpos enterrados en una fosa común. “Algunos estaban tirados en la acera, otros al lado de un coche o de una bicicleta,” afirmó en un vídeo difundido por Facebook.
Dura reacción desde Berlín
La condena también ha sido generalizada en otras capitales europeas. El Gobierno alemán, uno de los más reacios a la ruptura total con Moscú, ha indicado que impulsará una nueva batería de sanciones, aunque no ha concretado si afectarán a las exportaciones energéticas rusas a la UE, que reportan cada día unos 700 millones de euros a las arcas de Putin. La presión para apoyar medidas más duras aumenta en Berlín. La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, ha afirmado en una entrevista en la televisión pública que es el momento de estudiar la prohibición del gas ruso.
Las atrocidades cometidas “por Putin y quienes le apoyan” van a tener “consecuencias”, ha dicho el canciller alemán, Olaf Scholz: “Vamos a decidir nuevas medidas con nuestros aliados en los próximos días”, ha afirmado, en una frase que no figuraba en el comunicado que había hecho público unas horas antes. “Continuaremos poniendo armas a disposición de Ucrania para que el país pueda defenderse de la invasión rusa”, ha añadido durante una comparecencia en la Cancillería este domingo. El canciller ha calificado las muertes de civiles como “crímenes de guerra”, y ha pedido que la Cruz Roja haga una evaluación independiente sobre el terreno, informa Elena G. Sevillano.
El vicecanciller alemán, Robert Habeck, ha señalado que “este terrible crimen de guerra no puede quedar sin respuesta”. Y se ha mostrado partidario de “endurecer las sanciones”. “Estamos trabajando en ello con nuestros socios de la UE”, ha apuntado Habeck. Berlín, sin embargo, alude a la quinta ronda de sanciones, que ya estaba en preparación antes del golpe de Bucha y que aspiraba, sobre todo, a mejorar la efectividad de las cuatro primeras rondas.
Polonia y los países bálticos, entre otros socios comunitarios, piden desde hace semanas que se aseste un golpe definitivo a las finanzas de Putin poniendo fin a la compra de gas, petróleo y carbón rusos. El temido impacto de esa decisión en las economías europeas y muy en particular en la alemana ha impedido hasta ahora dar ese paso. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha advertido además que no apoya ese tipo de sanción, lo que resquebrajaría la unidad europea mantenida desde el inicio de la guerra.
Las imágenes de Bucha refuerzan a los partidarios de la mano dura. Y probablemente lograrán, como mínimo, un endurecimiento de las sanciones que se estaban ultimando. “Lo ocurrido en Bucha debe tener un impacto en un quinto paquete de sanciones”, ha defendido la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock.
Un cuerpo abandonado en una calle de Bucha, este domingo.Luis de Vega
Las sanciones impuestas hasta ahora han golpeado duramente a la economía rusa. Obligaron a mantener cerrada la Bolsa de Moscú durante un mes para evitar una estampida de los inversores, a doblar los tipos de interés para frenar la inflación y la retirada de ahorros, y a imponer un corralito parcial para impedir la salida de capital al exterior.
Pero no hay constancia de que hayan dañado la capacidad de Putin para financiar su agresión armada contra Ucrania. La retirada de tropas rusas se atribuye más bien a la fuerte resistencia de Ucrania y a los errores tácticos y estratégicos cometidos por el Kremlin. El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, se ha mostrado partidario de reforzar la presión económica para “obligar a las autoridades rusas a poner fin a la guerra”.
Fuentes comunitarias apuntaban hasta ahora que era necesario reservarse munición para castigar a Putin en función de lo que ocurriese en el campo de batalla. Y aunque ya se había empezado a estudiar el impacto de un corte del suministro de gas y los planes de contingencia para capearlo, se consideraba que esa posibilidad era la sanción de último recurso.
Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:
-Oil, gas, coal embargo -Close all ports to Russian vessels and goods -Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp
La amenaza de un ataque químico o nuclear en territorio ucranio, un riesgo apuntado por la OTAN, parecía el gatillo necesario para descargar todo el arsenal de sanciones contra Rusia. Pero las imágenes de Bucha pueden acelerar el paso si la reacción de la opinión pública europea demanda una respuesta contundente como ocurrió tras el estallido de la guerra. La primera ronda de sanciones se endureció rápidamente a la vista de la resistencia planteada por el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y la reacción a su favor de gran parte de la población europea.
Entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2022, Cali se convirtió en plataforma de internacionalización para Colombia con la realización de la Macrorrueda 90, donde junto a Medellín (28 y 29 de abril) permitieron el encuentro entre 1000 compradores internacionales de unos 50 países y más de 1700 exportadores nacionales.
“Estamos muy contentos por el cierre de la Macrorrueda en Cali; los empresarios han disfrutado de nuestra ciudad y de todo lo que hemos preparado para ellos, gracias al trabajo en equipo junto a ProColombia, la Gobernación del Valle y el Gobierno Nacional. Queremos reportar que las ventas en spot (terreno) han sido por US$10,7 millones para lo realizado en Cali y se tiene una expectativa regional, para corto y mediano plazo, de US$ 112 millones. Quiero agradecer a todos los que hicieron parte de este gran equipo para lograr este magno evento de ciudad”, exaltó Liliana Sierra, secretaria de Desarrollo Económico Distrital.
Las citas presenciales, que continuarán de forma virtual el 4 y 5 de abril, dejan con corte al 1 de abril y con el 33% de los resultados registrados por los compradores, US$20 millones en negocios cerrados en sitio durante el encuentro, así como expectativas de compra a corto plazo por US$218 millones. Estados Unidos, país invitado por los 200 años de relaciones bilaterales y 10 años del Tratado de Libre Comercio, fue el mayor comprador, seguido de Ecuador, México, República Dominicana y Perú.
“Como empresa que se dedica a la importación y exportación de productos de consumo en la industria de alimentos, la construcción y mejoras al hogar, quiero destacar la calidad de los productos colombianos que he encontrado. Consideramos que esta es superior a muchos otros países con los que hemos establecido relaciones de negocio. El compromiso con la exportación y el servicio al cliente también han sido fundamentales para dar ese respaldo”, resaltó el comprador Derrick Lugo, de la empresa Imex Americas Trading de Puerto Rico.
Desde dulces y snacks hasta productos químicos, vestuario, elementos de metalmecánica, además de soluciones de software, servicios de marketing digital, entre muchos otros, hicieron parte del portafolio que presentaron los exportadores colombianos en las capitales de Antioquia y Valle del Cauca, respectivamente.
“Este año regresó la presencialidad a la Macrorrueda y reafirmamos nuestra apuesta país de ir de la reactivación al crecimiento, tal como lo reflejan los resultados preliminares. Los negocios spot o en sitio aumentaron 66% con respecto a lo registrado en 2021 y las expectativas de negocio se incrementaron en un 7,2%, frente al mismo periodo. Adicionalmente, las regiones dieron muestra de su competitividad, compromiso y calidez para la realización de un evento que congrega empresarios de todo el mundo”, señaló Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.
Finalmente, vale la pena destacar que la cadena productiva que lideró las ventas de las empresas colombianas fue Agroalimentos, con US$79 millones; seguido de Químicos y Ciencias de la Vida con US$ 56 millones; Sistema Moda con US$38 millones; Industrias 4.0 con US$35 millones; y Metalmecánica y Otras Industrias con US$30 millones.
La Macrorrueda 90 se realizó en el Valle del Cauca gracias a Procolombia y al apoyo de la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y la Cámara de Comercio de Cali.
El Dato… El resultado preliminar de las jornadas de Cali y Medellín incluye negocios en sitio y expectativas de negocio en un plazo entre tres y seis meses.
Fuente: Juan David Arcos Grajales / Alcaldía de Cali
Shealah Craighead, en una foto de archivo.Olivier Douliery / POOL
Desde Ronald Reagan era casi una norma no escrita que el fotógrafo oficial de la Casa Blanca publicase un libro con las mejores y más significativas instantáneas del periodo del presidente para el cual trabajaron. Hasta que le tocó el turno a Donald Trump. Como con tantas otras cosas, el 45º presidente de la nación ha dejado una marca indeleble, y no precisamente para bien. Según una información del diario The New York Times publicada este jueves, el único mandatario en sufrir dos impeachments (juicio político para su destitución) pidió a Shealah Craighead que retrasara la publicación de su proyecto para que el republicano pudiera, con fotografías tomadas por ella y de otros fotógrafos de la Casa Blanca, sacar a la venta su propio libro por un nada módico precio de 230 dólares.
Hay más. Tanto George W. Bush como Barack Obama escribieron un prólogo del libro del fotógrafo de turno de su presidencia. En el caso del señor Trump, este pidió parte del adelanto del precio fijado por la editorial para el proyecto de Craighead por escribir el prefacio.
Publicado el pasado diciembre, Nuestro viaje juntosconvierte a Trump en el primer expresidente en intentar beneficiarse personalmente del libro planeado por un fotógrafo de la Casa Blanca. Según el rotativo de Nueva York, Craighead ya había asegurado un acuerdo de publicación, incluido un anticipo de seis cifras, cuando notificó a la Casa Blanca que el volumen ya estaba en marcha.
El libro del presidente vendió sus primeras 300.000 copias por un valor bruto estimado de 20 millones de dólares. Se encuentra a la venta en la página web de Winning Team Publishing, la compañía cofundada por Donald Trump Jr. y el agente de campaña republicano Sergio Gor.
“Shea es una fotógrafa con mucho talento que había puesto mucho trabajo”, asegura Stephanie Grisham, quien fue secretaria de prensa de Trump en la Casa Blanca y escribió su propio libro, siempre según el relato del Times. Para Grisham, que se refiere a la fotógrafa por su apodo, es una desvergüenza descomunal lo que ha hecho su antiguo jefe. “Pero entonces me digo a mí misma que este es el tipo que se dedica a vender gorras o lo que sea para recaudar dinero para sí mismo”. Citado por The New York Times, Eric Draper, fotógrafo principal de la Casa Blanca durante el mandato de Bush hijo, asegura que lo sucedido es una falta de respeto hacia Craighead.
La fotógrafa, en una entrevista, dijo no querer comentar de forma pública un asunto que, al fin y al cabo, tiene que ver con un antiguo cliente. Lo que sí confirmó Craighead es que, al menos por ahora, su proyecto para el libro con las fotografías de cuatro años de viajes, discursos, vivencias etc… ha muerto antes de nacer. “Me mantengo apolítica todo lo que puedo, al igual que soy neutral como documentalista histórica”, dijo al Times. “Esa neutralidad me permite ser una aguda observadora”, finaliza el artículo del rotativo de Nueva York.
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La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.Moises Castillo (AP)
La jueza Erika Aifán ha renunciado a su cargo como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo de Guatemala debido a las amenazas que ha sufrido de parte de “redes políticas y criminales”, ha denunciado este lunes la magistrada en un video publicado en Twitter. Aifán se ha exiliado en Washington tras afirmar que no cuenta con garantías suficientes de protección a su vida e integridad física. La jueza ha estado en el ojo del huracán porque ha llevado algunos de los casos más sonados de corrupción, que la convirtieron en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Con Aifán, son ya 14 jueces y fiscales los que han tenido que huir de su país hacia Estados Unidos debido a la persecución que enfrentan.
Aifán, que lleva 19 años trabajando en el sistema de justicia de Guatemala —seis de ellos a cargo del Juzgado D de Mayor Riesgo—, ha denunciado que recibió “amenazas y presiones” por su trabajo, al que, ha afirmado, le ha dado “una dedicación casi absoluta”. La jueza ha recordado que desde su despacho ha llevado casos de crimen organizado y estructuras de corrupción “en todos los niveles del Estado”, lo que la ha convertido en el objeto de serias amenazas. “He decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, ha informado Aifán. “Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad”, ha advertido.
Tras una vida de servicio a la justicia guatemalteca hoy debo anunciar que seguiré trabajando por mis ideales desde otros espacios. No perdamos la esperanza y comprometámonos, el futuro de nuestra gente puede ser mejor. pic.twitter.com/eyyJcFQRsD
La renuncia y exilio de la jueza Aifán es la última muestra de la guerra abierta en Guatemala por parte de redes criminales e incluso de altos cargos dentro del sistema judicial contra funcionarios comprometidos contra la impunidad. Varios exjueces y exfiscales han señalado a la fiscal general Consuelo Porras, un controvertido personaje, por obstaculizar su trabajo. A finales de febrero, el exfiscal especial contra la impunidad, Carlos Antonio Videz, dejó Guatemala y acusó directamente en un comunicado a la fiscal general Porras como responsable de su salida. “Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato, complicó la función de fiscales comprometidos e independientes”, señaló Videz. Una denuncia similar hizo el exfiscal general Juan Francisco Sandoval, quien fue cesado el pasado verano de su cargo al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), un organismo que ha logrado grandes avances en la lucha contra corrupción. En una rueda de prensa dada antes de su abrupta salida del país, Sandoval dijo que su destitución era ilegal y que fue ordenada por Porras, para proteger a amigos “que pudieran resultar involucrados en las investigaciones”.
En una entrevista concedida a este diario a finales de enero, Aifán denunció que Porras ha permitido que se desarrolle una especie de cacería dentro del sistema de justicia contra jueces y fiscales que llevan importantes casos de corrupción. “Le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta”, dijo Aifán.
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En Washington también han buscado refugio la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras, entre otros, quienes han convertido a la capital de Estados Unidos en el refugio de exoperadores de justicia perseguidos por sus empeño en combatir la corrupción y luchar contra la impunidad en el país centroamericano.
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Las protestas en Rusia por la ofensiva contra Ucrania suman ya cerca de 15.000 arrestos desde que Vladímir Putin ordenase el ataque el 24 de febrero. Una anciana que sobrevivió al asedio a Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, activistas que pintaron el lema “No a la guerra”, un par de familias que dejaron flores ante la Embajada ucrania y una manifestante que mostró una cartulina en blanco, sin nada escrito en ella, son varios de los detenidos que ponen cara a miles de personas anónimas que también han expresado su rechazo a la invasión. Algunos ya han sido sancionados con la nueva ley del Kremlin, que incluso contempla varios años de cárcel “por difundir desinformación” y por “desacreditar a las fuerzas armadas rusas”. Las detenciones muestran un creciente malestar de la sociedad rusa por la agresión a Ucrania, aunque sea difícil de cuantificar por las trabas a las protestas y el control de los medios de comunicación.
“Me gustaría hacerte una pregunta: ¿me van a detener si enseño este cartel?”, decía una mujer a su interlocutor frente al Kremlin en un vídeo que se ha hecho viral en Telegram este fin de semana. Un solo segundo después, el instante en el que sacaba un papel donde había escrito literalmente “dos palabras” (que son también las que se necesitan en ruso para decir “no a la guerra”), era arrestada por cinco policías antidisturbios mientras el hombre de la cámara se quedaba con la palabra en la boca.
Debido a la escasa información proporcionada por las autoridades, la cifra de arrestos que se manejan en estos momentos son las que recoge el portal periodístico OVD-Info, un grupo independiente que cubre desde hace años las manifestaciones antigubernamentales y que es citado estos días por importantes medios rusos como Kommersant. Sin embargo, su trabajo es cada vez más difícil. El portal fue declarado “agente extranjero” en septiembre de 2021, con los problemas que ello implica para recibir donaciones y hablar con testigos debido al temor a verse afectados; y a finales del pasado año, su página web fue bloqueada por el Gobierno ruso.
El supervisor de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, decidió impedir el acceso al portal porque, según su criterio, “justifica el terrorismo y el extremismo”, mientras que sus cuentas en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter fueron bloqueadas por el Kremlin “por difundir desinformación” sobre lo que el Gobierno denomina “operación militar especial para la protección de las repúblicas de Donetsk y Lugansk”.
Las imágenes de los detenidos se repiten una y otra vez en las redes sociales cuando estos logran conservar sus teléfonos móviles. La policía los aparta de las manifestaciones hasta sus furgones y, posteriormente, son llevados a comisaría, donde pasan unas horas o, en algunos casos, la noche entera. En los protocolos administrativos abiertos contra ellos suelen figurar cargos como la participación en manifestación no autorizada, del artículo 20.2 del Código de Infracciones Administrativas ruso, que prevé multas de cientos de euros o hasta dos semanas de privación de libertad.
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No obstante, algunos de los últimos arrestados están siendo juzgados también bajo la reforma del 3 de marzo de 2022, que incluye el artículo 20.3. Este contempla no solo multas, sino también penas de 3 a 15 años de cárcel, por lo que el Kremlin considera desinformar sobre el conflicto y desacreditar al ejército ruso. Según el grupo defensor de derechos humanos Ágora, entre el 6 y el 14 de marzo se abrieron procedimientos contra al menos 166 manifestantes bajo esta nueva ley, aunque de momento solamente se habían aplicado sanciones de unos cientos de euros.
Un proceso clave para medir la dureza de las autoridades es el de la periodista Marina Ovsyannikova, que irrumpió en directo en televisión con un cartel contra la guerra. La editora de Pervyi Kanal fue juzgada y multada este martes por el artículo 20.2 por publicar antes de su entrada en el plató un vídeo en el que llamaba a la protesta, pero también podría verse afectada por la última reforma legal. Horas antes, el portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, afirmó que protestar en directo en televisión contra la guerra “tiene una dimensión especial”.
Las sanciones difieren de un tribunal a otro. En la zona donde se unen la Rusia europea y la asiática, un tribunal de la República de Baskortostán (en el oeste) condenó a 30.000 rublos (unos 250 euros) de multa a una mujer que salió a la calle vestida con el traje tradicional ucranio, envuelta por un alambre de espino y con una obra cumbre de la literatura rusa, Guerra y paz, en las manos, según el periódico local Idel Realii. En su caso, la justicia aplicó la nueva ley que condena “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”.
En esa misma región también se aplicó la reforma que endurece las penas a un político del Partido Libertario de Rusia, Oleg Mamedov, por distribuir folletos contra la guerra. Según Kommersant, fue detenido el 10 de marzo y pasó la noche previa a su juicio en el calabozo. Después fue multado con 45.000 rublos, más otros 10.000 por participar en una manifestación no autorizada.
En la ciudad de Ivánovo (oeste del país), el exjefe de la oficina local del opositor Alexéi Navalni fue multado por 75.000 rublos por realizar una protesta personal contra la guerra. Según informa OVD-Info, Nikolái Diachkov fue condenado por violar repetidas veces las normas para celebrar un mitin el pasado 1 de marzo. Sin embargo, a otro activista le impusieron 10 días de arresto, luego rebajados a ocho, por una protesta individual en Kazán. El tribunal local dictaminó que incumplió repetidamente la legislación sobre protestas y ordenó la privación de libertad, a lo que se sumó otro juicio paralelo por desacreditar a las fuerzas armadas rusas con una multa adicional de 30.000 rublos.
El castigo es mayor si el detenido es acusado de promover las protestas. Cerca del lago Baikal, en la ciudad siberiana de Ulán-Udé, el ciudadano Dmitri Bairov fue condenado a 15 días de arresto por retransmitir las manifestaciones del primer día de la guerra desde su coche. Le fueron aplicados los artículos sobre la organización de acciones no autorizadas (20.2 del Código de Infracciones Administrativas) y de resistencia a la autoridad (el 19.3). Según contó un amigo cercano a OVD-Info, Bairov cubría los hechos para el diario Comunistas de Buriatia y había presentado su acreditación a los agentes de policía.
Otros muchos casos están pendientes de juicio. En la ciudad norteña de Arjánguelsk, las autoridades abrieron un protocolo contra el pensionista Alexánder Riakov por gritar en una protesta “Slava Ukraini!” (¡Gloria a Ucrania!), lema prohibido por las autoridades rusas porque atribuyen su uso exclusivamente a los ultranacionalistas ucranios.
Asedio legal al derecho de manifestación
Organizar manifestaciones en Rusia es difícil. Necesitan una autorización previa de las autoridades, lo que antes de la pandemia daba pie a que recibiesen la aprobación tarde o fueran acotadas a zonas poco cómodas de las ciudades, y que con el coronavirus han sido directamente vetadas por las restricciones sanitarias.
La alternativa es la protesta individual, la única forma de manifestarse que no requiere un permiso previo, según una ley de 2004 sobre reuniones, concentraciones, manifestaciones y mítines. Sin embargo, la indefinición jurídica en torno a estos actos y las limitaciones introducidas con varias enmiendas en los últimos años han llevado a la detención de muchas personas.
Al regularse estas protestas individuales por la ley de asambleas públicas, las restricciones por el coronavirus también se aplican automáticamente a estas acciones. Así, Human Rights Watch ha denunciado cientos de arrestos desde 2020 debido a que las alcaldías de Moscú y San Petersburgo aplicaron a estas situaciones el veto a las reuniones multitudinarias por la covid-19.
Además, varias reformas legales del último lustro han prohibido las manifestaciones o actos personales de rechazo cerca de las llamadas “zonas de riesgo”, como tribunales de justicia, edificios penitenciarios, comisarías y residencias presidenciales. Algunas regiones las prohíben también cerca de parques y paradas de transporte público.
Asimismo, tampoco pueden participar en estas acciones los extranjeros o rusos con sanciones administrativas previas; y desde 2020 tienen prohibido convocar manifestaciones las instituciones o personas declaradas agentes extranjeros, que es el caso de muchas ONG y activistas opositores. “Existe una plétora de restricciones legales sobre cuándo, dónde, cómo, con qué propósito y quién puede ejercer el derecho a salir a la calle”, denuncia Human Rights Watch.
Además, la legislación no aclara si las personas que se manifiestan solas actúan como protagonistas u organizadores de eventos públicos, lo que las deja en una posición vulnerable: podrían ser arrestados bajo la acusación de incitar a una protesta no autorizada. La distancia mínima entre un individuo que protesta acto y otro no debe ser inferior a 50 metros en ciudades como Moscú, por lo que las autoridades pueden llegar a considerarlos parte de manifestaciones grupales si hay cerca curiosos o periodistas.
Accidente de tránsito deja una persona muerta en la Av. Panamericana
La víctima intentaba cruzar la calle y fue impactada por un vehículo particular.
Noticias Pasto.
Los hechos ocurrieron esta mañana sobre las 9:30, cuando un vehículo particular color gris colisionó con una mujer que intentaba cruzar la vía.
Hasta el momento no es mucho lo que se conoce sobre el siniestro.
Pues las autoridades no han dado detalles de lo que habría ocasionado el siniestro. se ha confirmado se se trataría de un imprudencia o exceso de velocidad.
Sobre la víctima se conoce que es una adulta mayor de aproximadamente 70 años de edad, pero su identidad no se ha establecido.
Luego del siniestro, policías y el cuerpo de criminalística llegaron hasta el lugar y se realizó el levantamiento del cadáver.
El periodista Haythem el Makki, de 39 años, llegó el pasado miércoles con el tiempo justo para preparar su comentario satírico sobre la actualidad. El presidente de Túnez, Kais Said, de 63 años, se acababa de reunir el día anterior con el vicepresidente del Banco Mundial para el norte de África, Farid Belhaj. El periodista comentó: “Por primera vez en dos años, Said se ha entrevistado con alguien que puede corregirle cuando dice tonterías”.
El programa Midi Show, donde participa el periodista El Makki, es el de mayor audiencia de Túnez. Se emite en la emisora privada Mosaique y cuenta con más de un millón de oyentes en un país de 11,8 millones de habitantes. Lleva desde el inicio de la primavera árabe, en 2011, en el mismo programa. Su comentario es el momento estelar del show. Y El Makki asegura que nunca ha dejado de expresar libremente lo que piensa. Tampoco ahora, cuando Kais Said mantiene suspendido el Parlamento desde el pasado julio y ha ido acumulando buena parte de los tres poderes del país.
Un 76,8% de los tunecinos apoyaron en las encuestas el cierre del Parlamento. El Makki también. “Cerrarlo fue una de las mejores cosas que ha ocurrido en este país”, sostiene. Para el periodista, igual que para muchos de sus compatriotas, la situación previa al 25 de julio se había convertido en “insostenible”. Su postura respecto al presidente es, sin embargo, mucho más crítica que la de su propia audiencia: calificó el cierre de la institución desde el primer momento como “un golpe de Estado” y advirtió de que nada bueno puede venir después de una medida semejante. “Aquí no puede haber final feliz”, señala, porque “Kais Said no reforma, solo destruye”.
Amira Mohamed, productora del programa de El Makki y vicepresidenta del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés), asegura que el acceso a la información del Gobierno “está casi prohibido”. “El presidente no tiene portavoz, no concede entrevistas, ni se presta a conferencias de prensa”, afirma. “No ha censurado ninguno de nuestros programas. Pero la presión de sus seguidores es muy fuerte. Y el gran peligro es la autocensura”.
El presidente viajó la semana pasada a Bruselas y pronunció ante la prensa una frase que evocaba otra del general francés Charles De Gaulle, cuando un periodista le preguntó en mayo de 1958 si garantizaría las libertades fundamentales. Un De Gaulle algo indignado ante la pregunta aseveró que jamás había atentado contra las libertades y que las había restablecido: “¿Por qué quiere usted que yo comience a los 67 años una carrera de dictador?”, replicó. Por su parte, Kais Said declaró: “Yo no voy a comenzar a mis años una carrera de dictador”. Y añadió: “Soy constitucionalista. Yo no puedo estar ligado más que al Estado de derecho y a las instituciones”.
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El periodista tunecino Meher Kacemopina sentado en una cafetería de la avenida Burguiba, la principal de la capital: “Es como si el presidente estuviera vestido de policía y con una porra, pero nos dijera: a mis años no voy a comenzar una carrera de policía. Pero alguien que toma los tres poderes es un dictador. Hay que llamar a las cosas por su nombre”.
Una señora, sentada en la mesa de al lado, interrumpe a Kacem para decir que el presidente no es ningún dictador. La mayoría de la población sigue confiando en Kais Said como el hombre que puede enderezar el rumbo de Túnez.
Kacem admite que él se expresa libremente y critica cada día al presidente. “Siempre hemos tenido presiones de todos los Gobiernos, eso no es ninguna novedad. Pero ahora el acceso a la información es más difícil que nunca. Y no hay un solo político de la oposición que tenga acceso a las televisiones públicas. Y si el pueblo sigue apoyándolo es porque en 10 años de revolución hemos visto ya de todo. No hemos construido ni un hospital, ni una facultad… Nada”.
El nivel de críticas que existe hoy en Túnez respecto al poder es mucho más elevado que en cualquier país de la región. El Makki asegura que no siente tanto miedo ante una posible deriva autoritaria del país como ante una bancarrota. “Temo que esto termine convirtiéndose en un Estado fallido”. En cuanto a una posible reducción de libertades, asegura que ha terminado por resignarse y aceptado que todas las revoluciones pasan por una situación similar antes de que la democracia se instale. “En Túnez no tenemos cultura democrática. La gente la ha adoptado, pero sin convicción. Y creen que todos los problemas que tenemos son por culpa de la democracia”.
El Makki dice que durante los 11 años que lleva participando en el programa Midi Show siempre hubo presiones del poder. No tiene, sin embargo, miedo a perder el trabajo ni a sufrir ninguna denuncia. “Pero mi caso es excepcional porque trabajo en uno de los pocos medios estables. La mayoría de mis colegas sufren muchas presiones para terminar ganando en un mes el equivalente a 200 euros. La situación de los medios es catastrófica”.
“Leyes a medida”
El periodista de radio Mosaique se muestra implacable en sus críticas al presidente, pero no quiere olvidarse de los políticos que le precedieron: “Los partidos políticos anteriores a Said nos han llevado a esta situación. Tenían un sistema de renta democrática. Hicieron leyes a medida para permanecer en el poder y no ser nunca juzgados. No había una solución constitucional. Estábamos en un callejón sin salida y ellos prepararon el terreno para la llegada de Said”.
El Makki dice que los partidos que han gobernado Túnez desde la revolución de 2011 no tienen nada de democráticos. Culpa, sobre todo a Ennahda y a Nidá Tunis, el partido laico, centrista y liberal que ganó las elecciones de 2014 y que gobernó en coalición con los islamistas de Ennahda. “La prueba de cómo era Nidá Tunis es que cuando se disolvió, sus militantes se repartieron entre siete partidos”.
Un observador internacional indica, con la condición del anonimato, que a los tunecinos les preocupa hoy más la cuestión económica que la de las libertades y el derecho a la información. “La gente quiere llegar bien a fin de mes. Y la democracia no ha traído dinero en sus 10 años de vida. Se ha crecido en una década con una media del 0,8% del PIB. Eso es muy poco para un país en desarrollo. Así, el mercado de trabajo no absorbe a los jóvenes que se incorporan ni a los nuevos licenciados. La revolución de 2011 explotó por la búsqueda de dignidad. Y después se añadió la libertad”.
“El problema”, advierte el periodista Kacem, “es que cuando se renuncia a las libertades también se suele perder las mejoras económicas”.
El presidente del Tribunal Internacional de Justicia, Abdulqawi Ahmed Yusuf (segundo por la derecha), en una sesión sobre la demanda presentada por Gambia contra Myanmar, en enero de 2020 en La Haya.ROBIN VAN LONKHUIJSEN (EFE)
¿Quién representa a Myanmar ante la comunidad internacional: la junta militar, que gobierna tras dar un golpe de Estado el 1 febrero de 2021, o los miembros del Ejecutivo de unidad nacional, creado tres meses después en el exilio para luchar por el restablecimiento de la democracia? De momento, ninguno ha sido reconocido oficialmente por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, y ello crea una situación compleja para el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en la fase procesal de objeciones preliminares en la denuncia presentada en 2019 por Gambia contra la antigua Birmania por genocidio de la minoría musulmana rohinyá que sus jueces han comenzado a abordar este lunes.
Al inicio de la sesión, Joan Donoghue, presidenta del tribunal, recordó que “son los Estados, y no los Gobiernos, los que elevan casos ante estos jueces”. Acto seguido Ko Ko Hlaing, ministro de Cooperación Internacional de la junta birmana y sancionado por Estados Unidos por el golpe militar, ha asegurado buscar “que se imparta justicia de manera apropiada”. Las audiencias se prolongarán hasta el jueves.
Ko Ko Hlaing es uno de los miembros de la junta golpista que forma parte de la delegación de Myanmar desplazada a La Haya, sede del TIJ. El Gabinete civil de unidad nacional teme que la máxima instancia judicial de la propia ONU siente un precedente si los acepta en representación de Myanmar. Ningún órgano de Naciones Unidas, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, ha reconocido a la junta.
El caso es muy delicado en términos jurídicos, políticos y diplomáticos. “Es un problema que recibe el tribunal, puesto que dos entidades ―llamémoslas así― reclaman representar a Myanmar. De modo que los jueces podrían tener que mencionar la cuestión en su sentencia”, dice Asier Garrido Muñoz, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas. El tribunal no reconoce gobiernos, pero una eventual decisión en esta materia podría tener consecuencias para el reconocimiento por otros Estados del Gobierno golpista de Myanmar.
Según este experto, “si la corte asumiera que, a efectos procesales, el agente nombrado por la junta militar birmana es el único autorizado para representar a Myanmar, sería acusada de avalar el golpe de Estado”. Pero si hiciera lo contrario, se le reprocharía “no tener en cuenta la realidad de la situación efectiva en Myanmar y la práctica internacional”. Ambia Perveen, miembro del Consejo Rohinyá Europeo, ha señalado a las puertas de la corte que si bien la junta militar “no representa al pueblo de Myanmar, es importante que los responsables del genocidio sean juzgados”.
La suerte corrida por Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991 y exconsejera de Estado de Myanmar, ilustra también la situación actual. En 2019, era la líder de facto de su país y lo representó ante el tribunal, donde rechazó la acusación de genocidio contra los rohinyá y aseguró que se trataba “de un conflicto interno de lucha contra el terrorismo”.
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Un año más tarde, el tribunal impuso medidas cautelares para proteger a esta minoría de un posible genocidio. El Gobierno que ella representaba debía ampararlos, pero fue depuesto por los militares en febrero de 2021. Ahora se encuentra en arresto domiciliario, condenada a dos penas de cárcel: dos años por incitación a la violencia, y a otros cuatro por posesión ilegal de dispositivos de telecomunicaciones y por vulnerar las medidas contra la pandemia. A pesar de su situación, en la página web oficial del Gobierno de unidad nacional aparece como parte del mismo.
“Solución intermedia”
Garrido Muñoz considera que, “a fin de evitar males mayores, una posible solución intermedia sería aceptar al agente propuesto por la junta militar, pero indicando que ello se hace a efectos del litigio entre Gambia y Myanmar, y excluyendo cualquier toma de posición sobre quién es el legítimo Gobierno birmano”. Añade que suena a tecnicismo, “pero, al menos visto desde fuera, el tribunal parece encontrarse en una situación incómoda”.
Myamnar ha cuestionado además la legitimidad de Gambia porque no tiene nacionales afectados fuera de su territorio. El país africano podía litigar alegando que los crímenes contra los rohinyás violan la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), firmada por ambos países. Aduce, por lo tanto, que Myanmar la vulneró en 2017 cuando más de 750.000 rohinyás se desplazaron desde allí hacia la vecina Bangladés, huyendo de lo que la ONU calificó en 2020 de “intento de genocidio”.
Christopher Staker, uno de los abogados nombrados por Myanmar, ha alegado a su vez que Gambia actúa “por delegación y no en nombre propio, ya que está apoyada por los países de la Organización para la Cooperación Islámica”. Con sede en Arabia Saudí, la misma agrupa a los Estados de confesión musulmana. “Una organización internacional no puede presentar un caso a través de un Estado”, ha dicho. Su colega, Stefan Talmon, ha añadido que el TIJ “no es una instancia supervisora de la convención contra el genocidio”. La decisión de los jueces puede tardar varios meses en llegar.
Hay 12 veredas con dificultad en la transitabilidad de vías; el ancianato también presenta afectaciones por el desbordamiento y adultos mayores tuvieron que refugiarse en la casa cural.
Noticias Nariño
Luego de la instalación del Puesto de Mando Unificado en el municipio de San Pablo, autoridades departamentales entregaron el reporte de las afectaciones provocado por el desbordamiento de ayer.
Indicaron que la prioridad es la búsqueda de Ángela Gabriela Muñoz, la menor de 8 años de edad, que se encuentra desaparecida.
Por ello, se desplegaron 4 bloques para su búsqueda en sectores específicos, tras el desbordamiento.
Hay 90 hombres y mujeres de los diferentes organismos de socorro, Policía y Ejército Nacional están en la labor.
“Visitamos los barrios afectados y tenemos un balance preliminar de 16 barrios afectados, 350 viviendas afectadas, 12 veredas con dificultad en la transitabilidad de vías; hemos diseñado un mecanismo para abastecer a San Pablo de agua ya que el suministro no llega”, indicaron desde la Gobernación.
Así mismo, hicieron un llamado a la solidaridad debido a que el ancianato presenta fallas y los adultos mayores se encuentran en la casa cural.
Por ello, Cuerpos de Bomberos de San Pablo, La Cruz, Colón, San Bernardo, Albán y La Unión están brindando apoyo con carros cisterna.
Además, la población en riesgo fue trasladada temporalmente al Colegio Normal y las personas del centro de bienestar del adulto mayor se trasladaron a la parroquia.
Desde a Gobernación hicieron un llamado a la solidaridad de los nariñenses para apoyar con frazadas, colchonetas, elementos de aseo y alimentos no perecederos para la comunidad afectada.
La Oficina Meteorológica del Reino Unido registró a primera hora de este viernes en la isla de Wight, al sur del país, un viento racheado de casi 200 kilómetros por hora (196,3, exactamente). El récord histórico de Inglaterra. La tormentaEunice ha paralizado gran parte del territorio británico, con rachas que superaban fácilmente los 160 kilómetros por hora. Carreteras cortadas, cientos de vuelos y de trayectos de tren cancelados, decenas de miles de hogares sin electricidad y las calles desiertas. Los meteorólogos ya han calificado a Eunice como la tormenta más poderosa y dañina que ha sufrido el Reino Unido en las últimas tres décadas.
El Gobierno ha pedido a los ciudadanos que no salgan durante todo el día de sus hogares, para evitar accidentes. Como los que podría haber provocado el continuo desprendimiento de los paneles de plástico del tejado del estadio O2 Arena, en el meandro de Greenwich. Uno de los lugares emblemáticos del sureste de Londres.
Ben Hubbard, el huésped de un hotel adyacente al estadio, ha colgado en la red social Twitter un vídeo que mostraba la dimensión del destrozo del tejado del estadio. “No estoy seguro de que pueda hacerse ya algo. Son destrozos muy graves”, comenta.
A medida que Eunice se iba adentrando en el país, procedente del oeste, se han acumulado los cortes de electricidad. A primera hora de la tarde seguían sin suministro cerca de 85.000 personas, sobre todo en las zonas de Cornualles, Somerset y el sur de Gales. El servicio meteorológico británico ha llegado a emitir dos alertas rojas, localizadas sobre todo en el sureste del país (Londres incluida) por el peligro de las rachas de viento. Para el resto de Inglaterra, la alerta se rebaja a ámbar.
“Por favor, quédense en casa y no asuman riesgos. No viajen a no ser que sea absolutamente imprescindible”, ha pedido el alcalde Sadiq Khan a los habitantes de la capital. La mayoría de las estructuras del país que funcionan como atracciones turísticas han cerrado sus puertas, como el London Eye (la noria gigante a orillas del Támesis) o el Castillo de Warwick. Las estaciones de Euston y de Waterloo han cancelado todos los trenes que partían desde Londres hacia el resto del país.
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A su paso por Irlanda, Eunice ha dejado sin electricidad más de 55.000 hogares, granjas y comercios. Las ciudades de Cork, Kerry y el sur de la isla han sufrido la caída de árboles, carreteras cortadas, nieve y caos generalizado. Un hombre ha fallecido en el condado de Wexford al ser golpeado por un árbol arrancado por el viento.
El aeropuerto de London City, en el este de la capital, ha anulado todos sus vuelos durante parte de la jornada del viernes. El de Heathrow ha cancelado decenas de despegues y aterrizajes, y los aparatos que han conseguido tomar tierra han sufrido vaivenes muy visibles.
El Gobierno de Boris Johnson tiene previsto realizar una reunión del gabinete de crisis (gabinete COBRA, por las iniciales de la sala donde tiene lugar) para analizar los destrozos provocados por Eunice y la respuesta que será necesario desplegar. Más de 800 soldados permanecen en alerta para atender a las necesidades más urgentes.
En Escocia, donde Eunice ha dejado a su paso una gran cantidad de nieve, más de 150 colegios han permanecido cerrados.
El puerto de Dover, por donde llegan la mayor parte de los ferris con pasajeros y vehículos de mercancías procedentes del continente europeo, ha anunciado también el cierre temporal de todas sus actividades a lo largo del viernes. La travesía del mar de Irlanda que comunica Dublín con Gales o Belfast con Escocia también ha sido cancelada.
Las redes sociales se han visto inundadas, desde que la tormenta ha comenzado a causar estragos, por vídeos de usuarios que documentaban roturas de vallas y tejados, accidentes de tráfico, o incluso la aparatosa caída del chapitel de la torre de la iglesia de Santo Tomás, en la ciudad de Wells.
El mandato de Iván Duque ha entrado en la recta final. El próximo 7 de agosto, a las tres de la tarde, el jefe de Estado más joven de la historia reciente de Colombia abandonará con 46 años la Casa de Nariño y empezará la extraña vida de los expresidentes. En esa etapa, Duque planea estar más cerca de su familia y dedicar tiempo a escribir sobre su personaje favorito: Simón Bolívar. “Quiero hacer una biografía retadora, profundamente política, que evite los lugares ya explorados”, dice el mandatario sentado sobre una tarima recubierta de terciopelo rojo en la Plaza de Armas de Bogotá. Ahí, al aire libre, concede la entrevista a EL PAÍS.
Es un día genuinamente bogotano. Gris y soleado al mismo tiempo. A Duque se le ve más sosegado que en mayo pasado, cuando una ola de protestas incendió el país. Alejada aquella tensión, su presidencia recorre los meandros finales con unas cotas de popularidad bajas (él lo discute) y eclipsado por la efervescencia preelectoral que sacude a Colombia. Duque parece consciente de ello y a lo largo de la entrevista se afana en destacar lo que considera los logros de su mandato.
Pregunta. Durante su mandato, Colombia ha sufrido el embate de la pandemia, un huracán de fuerza 5, las mayores revueltas en 70 años, una crisis migratoria sin precedentes… ¿Qué le ha costado más gestionar?
Respuesta. El momento más difícil fue el intento el año pasado de ciertos sectores de bloquear todo el aparato productivo del país. Yo respeto la protesta social pacífica, pero ahí se vio el deseo de los grupos armados y de la criminalidad organizada de empujar a Colombia al colapso. Pese a ello, logramos el mayor crecimiento económico en casi 115 años.
P. ¿Puede repetirse el fenómeno?
R. Esto es algo que puede ocurrir no solo en Colombia, sino en el mundo entero. En España, vivieron un fenómeno doloroso en Cataluña. En Francia, con los chalecos amarillos… lo hemos visto en muchos lugares. Uno de los retos de la democracia moderna es saber responder a las reclamaciones pacíficas y justas de los ciudadanos, pero también operar con el Estado de derecho y con la respuesta proporcional y ajustada a los derechos humanos de la fuerza pública, porque nadie puede pisotear los derechos de otros. Esos retos se vuelven aún más complejos cuando hay personajes que quieren capitalizar políticamente el malestar, generar odio y desestabilización.
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P. Y volviendo la vista atrás, ¿qué cambiaría de lo que hizo?
R. Siempre hay cosas que uno piensa que las hubiera podido hacer mejor o antes. Por ejemplo, con la reforma fiscal nos faltó más pedagogía y hacer entender al país que se trataba de un cambio estructural para los próximos 50 años. No importa; aprendimos la lección, la retiramos y luego conseguimos sacarla adelante.
P. Usted llegó al Gobierno de la mano de Uribe, pero las relaciones se agriaron. ¿Qué ha pasado?
R. Yo llegué de la mano de más de 10 millones de votos. Llegué después de haber pasado por un proceso abierto a todo tipo de escrutinios y debates. Gané primero en mi partido 16 encuestas, no se perdió ni una sola. Fui luego a una consulta abierta y obtuve cuatro millones de votos. En la primera vuelta de las elecciones logré siete millones de votos, y en la segunda, 10 millones. Con el expresidente Uribe no tengo sino amistad, lo he admirado siempre y le reconozco su aporte a la historia de Colombia. Podemos tener diferencias, pero en el disenso se logran muchas cosas. Hoy tengo con él una relación personal y profesional inmejorable, y espero mantenerla así siempre.
P. ¿Y no le han dolido las críticas que le ha hecho?
R. En política uno tiene que saber diferenciar los tipos de crítica. Cuando son constructivas, hay que asumirlas con humildad, y cuando son destructivas, pues sencillamente no atenderlas. Yo siempre he notado en Uribe un interés constructivo; podemos tener diferencias, las hemos tenido y las seguiremos teniendo; eso forma parte de las relaciones personales y políticas. Pero tengo la tranquilidad de que hemos gobernado con el plan de gobierno con el que fuimos elegidos. Todos los días trabajamos para cumplir esas 203 propuestas.
P. Entra en la recta final de su mandato con un índice de popularidad muy bajo, ¿a qué lo atribuye?
R. Depende, depende… la semana pasada salió una encuesta que me daba el 40%. En general, me estoy manteniendo en números muy similares a la votación que tuve en la primera vuelta. Trabajo todos los días para mejorar, pero no amarrado ni intimidado ni coaccionado por las encuestas. Más importante que una encuesta es cumplir el plan de Gobierno.
Iván Duque, durante la entrevista con EL PAÍS.Camilo Rozo
P. Durante las revueltas de la primavera pasada expresó su deseo de lograr un gran pacto con todos los partidos. Y esto no ha sido posible.
R. Pero hay cosas que se logran. En diciembre pasado obtuvimos el respaldo unánime del Congreso a la ley de acción climática. Esto demuestra que se pueden hacer pactos sobre temas que nos unen. También conseguimos un gran apoyo del Congreso a la agenda social y aprobamos la reforma fiscal, la más grande de este siglo, con más del 70% del voto. Siempre hay causas comunes que están por encima de las rencillas cotidianas.
P. Habla de unanimidad pero en el panorama político colombiano lo que se observa es atomización y mucho enfrentamiento.
R. No es un fenómeno solamente colombiano. En España, por ejemplo, nunca antes había estado la política tan polarizada como ahora, con una coalición de Gobierno que tiene incluso que aliarse con separatistas. También ocurre en Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido… La política es cada vez más compleja; las noticias falsas se mueven con facilidad, las redes sociales son instrumentos para ventilar odios y fragmentar las sociedades. Esos fenómenos, exacerbados por una pandemia y por el deseo de muchos de lograr el liderazgo a base de promover el caos, hacen que la política esté más polarizada. Es un fenómeno de nuestro tiempo que pone a prueba las democracias. No tenemos que tenerle miedo, pero tenemos que aprender cómo resolverlo.
P. Hablando de la polarización, hay muchos que consideran que el uribismo, y desde luego Álvaro Uribe, han polarizado este país.
R. Cuando la política se mira con la perspectiva de las barras bravas, siempre se va a tratar de buscar culpables. Aunque muchos tratan de ubicarlo en los extremos, Centro Democrático es un partido donde las líneas extremas son minoría. La gran mayoría de las personas que están en el partido han estado abiertas a construir consensos en el Congreso y otros sectores. Lo que pasa es que en la política actual vivimos más la apariencia que la realidad, pueden más las percepciones que los hechos.
P. ¿Y cómo analiza lo que está ocurriendo con la coalición de centro?
R. Yo siempre me he considerado de extremo centro. ¿Y qué quiere eso? Pues nunca salir del centro. Pero yo veo que hay sectores que son de centro-izquierda y que quieren acreditarse como de centro y se pelean y se insultan y se señalan… De todos modos, el escenario político colombiano se decantará con las consultas del próximo 13 de marzo. Entonces tendremos un panorama electoral mucho más claro.
P. ¿Y cuál es su candidato preferido?
R. No tengo candidatos preferidos.
P. ¿Qué piensa de Rodolfo Hernández?
R. Es un candidato que en este momento está presentando sus ideas. Él estuvo en la gestión local y ha iniciado un recorrido nacional, y me parece bien que esté en la actividad política, planteando temas y tesis. La política es de plantear tesis. Es importante que en este debate que se viene, los colombianos pueden diferenciar entre los que quieren construir y los que quieren destruir, entre los que son demagogos y los pedagogos, entre los que quieren una sociedad que conviva exitosamente con el sector privado y los que llegan con un discurso de expropiador y de ruptura frente a la iniciativa privada.
P. ¿Y no teme alguna interferencia violenta en el proceso electoral? ¿Algún atentado o magnicidio?
R. Desafortunadamente, este tipo de asuntos han estado presentes en Colombia en múltiples ocasiones. El terrorismo trata de buscar espacios para generar zozobra, pero el Estado es ahora más fuerte y tiene más capacidad para prevenir actos criminales. Si el terrorismo pretende manchar la elección, será primero golpeado contundentemente. Y desde luego, que el ELN no busque a través del terror concesiones de negociación porque nadie va a ceder.
P. ¿No se ha planteado una negociación?
R. ¿Qué tipo de negociación se puede plantear? Cuando llegué a la presidencia, analicé los 17 meses de conversaciones del Gobierno anterior: hubo 400 actos de terrorismo, 100 asesinatos y más de 10 secuestros. Ante eso dijimos que cualquier espacio de construcción de paz partía de la base de liberar a los secuestrados y poner fin a los actos criminales. ¿Cómo respondieron ellos? Con barbarie, asesinando 22 jóvenes que estaban formándose para servirle a Colombia. Y ahora persisten en la violencia; es terrorismo demencial. Solo puede haber una oportunidad creíble de conversación si ponen fin a los actos criminales, lo demás sería avalar el crimen como un vehículo de negociar con el Estado. En una democracia, ese tipo de prácticas deben ser rechazadas claramente; este país da garantías para que las personas puedan elegir libremente sin que tenga que existir un arma de por medio.
R. Se lo voy a devolver de esta manera: cuando empezó mi Gobierno, alrededor de 3 millones de hogares recibían transferencias económicas, ahora son casi 10 millones. Es decir, esta reactivación ha tenido presente el apoyo a los más vulnerables. También hemos tomado medidas para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores: a lo largo de mi presidencia el aumento real acumulado del salario mínimo ha sido del 11.6% frente al 11.3% de los ocho años del Gobierno anterior y del 9.7% de 2002 al 2010. Eso muestra que el crecimiento ha tenido equidad.
R. Lo mismo está pasando en España, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos… Hay un fenómeno inflacionario mundial detonado por factores externos, como la disponibilidad de contenedores, el aumento en los costos de flete o las dificultades en la cadena logística mundial. Es un reto complejo. Si crece la inflación, normalmente hay que subir tasas para contenerla, pero hacerlo ante un fenómeno que es abiertamente externo no necesariamente lo conjura. Por eso hay que aplicar finura: controlar la inflación para que no se convierta en algo que termine afectando a los más vulnerables y, por otro lado, mantener políticas de control a través de tasas sin restar dinamismo económico. La inflación ciertamente es el impuesto más costoso para los vulnerables.
P. ¿No cree que las altas cifras de pobreza de Colombia indican un fracaso histórico en la redistribución de la riqueza?
R. Primero tenemos que celebrar los logros. ¿Por qué? Hace 40 años no existían las transferencias económicas para los más vulnerables. Hoy estamos garantizándolas a casi cuatro millones de hogares a través del ingreso solidario y, si sumamos todo, hablamos de casi 10 millones. Además, están mejorando la expectativa de vida, las muertes por desnutrición, la mortalidad maternal posparto… Respecto a la pobreza, claro, vino la pandemia y nos llevó a que pasara del 37% al 42% de la población. Pero si no hubiéramos tomado medidas, habríamos superado el 50%. Hoy el reto es recuperar los niveles prepandémicos y seguir a la baja. Espero que este año podamos dejar a Colombia casi en niveles prepandémicos en materia de pobreza y con un dinamismo económico que permita al próximo Gobierno seguir esa senda.
P. Hablando del próximo Gobierno, a la izquierda se le atribuye mayor capacidad de redistribución. En Colombia, no ha habido gobiernos de izquierda. ¿No cree que esto es una anomalía?
R. Me fascina que me diga usted que los gobiernos de izquierda siempre son…
P. Yo digo que se les atribuye.
R. Bueno, pues se les atribuye, pero le voy a decir algo. Muchos desde la izquierda han tratado de catalogarme como de extrema derecha. Y un Gobierno como el nuestro, ¿qué le deja a Colombia? Primero, la mayor inversión social en educación pública superior. Segundo, haber duplicado los beneficiarios de los programas sociales. Tercero, haber realizado el 50% de todas las transferencias económicas hechas en 20 años, así como la mayor asignación de subsidios de vivienda de interés social y la mayor entrega de títulos de propiedad en el campo. Eso son hechos incontrovertibles. A muchos partidos de izquierda en América Latina les gusta hablar en contra de la pobreza, pero la multiplican porque entorpecen la inversión y la iniciativa privada, y fracturan las sociedades. Muchos de esos fenómenos de izquierda radical convierten las democracias en dictocracias y luego en dictaduras. Les guste o no les guste a muchos, este Gobierno deja la mayor inversión social en la historia de nuestro país.
P. En Colombia no dejan de morir asesinados firmantes de los acuerdos de paz, activistas de los derechos humanos. Es una sangría masiva, ¿qué está pasando?
R. Empecemos por llamar a las cosas por su nombre. ¿Quién ha matado a la gran mayoría de personas en proceso de reincorporación? Las disidencias de las FARC, el ELN, el clan del Golfo, Los Pelusos y Los Caparros, organizaciones que existían antes de la firma. Yo pregunto: ¿Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, Romaña… [líderes de las disidencias de las FARC] no fueron firmantes de la paz? Todos esos delincuentes volvieron al terrorismo y han atentado contra quienes están aportándole a la reincorporación. Hay que enfrentarse a ese crimen organizando y eliminar esos símbolos del mal, sacarlos de circulación. Pero también hay que encarar la causa de todos esos fenómenos, que es el narcotráfico. Y aquí, a pesar de los obstáculos judiciales que hemos tenido que sortear, le hemos mostrado al mundo que contuvimos el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y que hemos golpeado las estructuras más temidas del narcotráfico, y eso incluye la captura de Otoniel, el más peligroso narcotraficante en este país desde Pablo Escobar.
P. A usted le acusan desde algunos sectores de no haber apoyado lo suficiente el desarrollo de los acuerdos de paz.
R. Cuando el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, vino hace unos meses puso a Colombia como un referente para el mundo. No le pongamos a esto mezquindad, no le pongamos politiquería, miremos los hechos: este Gobierno ha demostrado su compromiso con la paz con legalidad y lo mantendrá hasta el último día, el 7 de agosto a las 3.00 de la tarde.
P. ¿Y no ha cambiado su visión a lo largo del mandato respecto a cuando usted era candidato y criticaba el acuerdo?
R. Sí, y la verdad, yo creo que hay algo que a mí me tocó el alma. Me he dedicado a escuchar y he ido a hablar con muchas de las familias en proceso de reincorporación. Y tengo la firme convicción de que quienes están apostando genuinamente por ello deben contar con el respaldo nuestro. Yo termino el 7 de agosto, pero después, mi voz, mi trabajo estarán orientados a seguir ayudando a esas personas para que su proceso sea exitoso. Seguiré siendo un defensor de la paz con legalidad, seguiré siendo una voz exigente de verdad, justicia, reparación y no repetición. Yo no estoy haciendo esto porque me toque o porque alguien me haya obligado, yo hago esto por convicción. No busco premios, lo que busco es que esas personas que apostaron por la reincorporación tengan un ciclo de vida exitoso y que puedan darse cuenta que su camino con las armas siempre estuvo equivocado y que es mucho más grande la Colombia que construye en paz, armonía y consonancia con el Estado de derecho.
R. No es solo mío. Mi política con Venezuela no ha sido unilateral, ha sido multilateral. La prueba de ello es que hay más de 55 países que no reconocen a Nicolás Maduro como autoridad legítima en Venezuela. Eso es un logro.
P. Pero Maduro sigue, y su objetivo era que se fuera.
R. Sí, tristemente, pero que 55 países del mundo se hayan dado cuenta de que es un oprobio reconocer ese régimen es un logro. También lo es que haya una voz legítima y democrática para que la resistencia al régimen sea reconocida, respaldada y aplaudida internacionalmente. Al mismo tiempo le hemos demostrado al mundo que podemos ser fraternos con los hermanos venezolanos que huyen de esa dictadura, dándoles estatus de protección temporal, sin dejar de denunciar a quien es el Slobodan Milosevic de América Latina.
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