Una mujer ingresó a un centro comercial del municipio de Envigado en Antioquia y dejó estacionado su vehículo en el parqueadero.
Tomó el tiquete y se fue a hacer sus compras como de costumbre.
Su estancia dentro del establecimiento comercial y se dispuso a salir con su vehículo hacia otro lugar. Antes debía pagar en un máquina, el tiempo que duró su carro parqueado en las instalaciones del mall.
La mujer ingresó su tiquete y vaya sorpresa que se llevó. La máquina le hizo un cobro exagerado por 174.794.000 millones de pesos.
Cobro exagerado en parqueadero (por error) Foto: @minuto30
Ella no lo podía creer.
Tan solo estuvo en el centro comercial aproximadamente una hora y media y el dispositivo electrónico le cobraba 8.102 días, 14 horas y 38 minutos.
Según la máquina, el carro estuvo parqueado en el sitio desde el año 2000. No obstante, el modelo del vehículo en 2018.
Luego de comunicarse con las directivas del centro comercial se pudo solucionar el «inconveniente».
La administradora le indicó a uno de los vigilantes que dejara salir a la conductora por cierto lugar pagando una cifra módica que fuera acorde con el tiempo que estuvo dentro del mall.
Sin embargo, el otro vigilante que estaba en aquel lugar no la dejaba salir. Él le decía que seguramente tenía que funcionar la máquina aunque desconoció lo del monto exagerado en el cobro, al parecer, por falta de comnnicación.
Finalmente los dos vigilantes se comunicaron y la mujer pudo salir del estacionamiento.
Foto de portada: @OLX Imagen de referencia no coincide con la realidad de los hechos.
Las autoridades rusas castigarán con hasta 15 años de cárcel cualquier afirmación sobre sus acciones en Ucrania que califiquen como falsa. Las dos cámaras del Parlamento validaron con apenas cinco horas de diferencia el proyecto de ley que sancionará tanto la “desinformación” como el apoyo a las sanciones internacionales contra Rusia por su ofensiva sobre Ucrania. En ese lapso de tiempo, Moscú también bloqueó el acceso de sus ciudadanos a varios medios occidentales, entre ellos la británica BBC y la alemana Deutsche Welle.
“Es posible que desde literalmente mañana (sábado 5 de febrero) las normas castiguen, y muy severamente, a aquellos que mintieron e hicieron declaraciones que han desacreditado a nuestras fuerzas armadas”, advirtió Viacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, según recoge un comunicado de la Cámara Baja.
“Hacemos esto para proteger la verdad. Si Rusia no hubiera lanzado una operación especial de mantenimiento de paz, en Ucrania habría arrancado una guerra desatada por la OTAN”, añadió Volodin. Aproximadamente al mismo tiempo, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, negó categóricamente que la organización planee intervenir tras nueve días de guerra. “La OTAN no toma parte en el conflicto, es una alianza defensiva”, subrayó en un encuentro de los países miembros en el que también se rechazó crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.
No está claro si la nueva ley rusa tendrá efectos retroactivos. La difusión de información “deliberadamente falsa”, según el criterio de Moscú, se castigará con hasta tres años de cárcel, pero existen agravantes que pueden multiplicar hasta cinco veces la duración de la condena. También contempla multas que pueden alcanzar los 1,5 millones de rublos, (unos 12.000 euros).
El texto aprobado pone en el punto de mira cualquier crítica sobre el ejército. Esto se sancionará con hasta tres años de prisión y 300.000 rublos de multa (2.400 euros) a “quienes desacrediten en público a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia”. Asimismo, en el caso de que la información difundida tenga “consecuencias graves” para los militares o para el desarrollo de la guerra, la pena de prisión alcanzará los 15 años.
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Si la “falsedad” la difunde un cargo oficial por “enemistad política, ideológica, nacional o religiosa”, la pena puede ser de hasta 10 años de prisión. La ley ha sido impulsada días después de que se pronunciase en contra de la guerra un alto cargo del Kremlin, el director del Consejo de Exteriores, Andréi Kortunov, quien dijo en una entrevista de Sky News que el conflicto es “una vergüenza”.
La nueva norma rusa tampoco tolera las críticas, ni las protestas contra la guerra. Apoyar las restricciones de otros Estados a la economía rusa o a sus altos cargos se castigará con hasta tres años de prisión o trabajos forzosos, además de una multa. Igualmente penalizado estará el llamar a manifestarse.
Silencio informativo
A la dureza de esta ley se une el cierre de numerosos medios en Rusia. El supervisor ruso de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, bloqueó desde este viernes el acceso a varios medios occidentales “por la difusión sistemática de materiales que contenían información falsa sobre la esencia de la operación militar especial en Ucrania”.
Aleksei Venediktov, director de la histórica emisora Eco de Moscú, el jueves 3 de marzo de 2022 tras anunciarse el cierre definitivo de la cadena después de que fueran vetados de las ondas por las autoridades del Kremlin.– (AFP)
El supervisor en ningún momento plantea la nueva ordenanza como una respuesta al bloqueo en Occidente de las cadenas del Kremlin, Sputnik y Russia Today. Entre otras supuestas “falsedades” de los medios occidentales, Roskomnadzor menciona publicaciones sobre soldados rusos fallecidos y sobre el bombardeo de zonas civiles. Hasta ahora el Ministerio de Defensa ruso solo ha publicado una vez una cifra de militares muertos, 498, y lo hizo en el séptimo día de ofensiva.
“Acceso bloqueado. La dirección web forma parte del registro de sitios de información cuya difusión está prohibida en la Federación de Rusia”, se anuncia desde hoy al intentar acceder a medios como la británica BBC, la alemana Deutsche Welle, o las estadounidenses Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty. Tampoco es posible conectar con Meduza, un medio creado por periodistas rusos con sede en Riga, Letonia.
“Los editores del servicio ruso de la BBC recibieron notificaciones de Roskomnadzor exigiendo eliminar material”, explicó el canal en un artículo, “porque alegaban que son una amenaza para la vida”. “El bloqueo al acceso a las webs de la BBC es otro paso en la campaña de las autoridades rusas contra los medios independientes”, advirtió en el reportaje de despedida.
Tampoco se libran de la censura los medios rusos. El canal independiente Dozhd cesó el jueves sus emisiones tras haber sido bloqueado por el mismo motivo. En su despedida emitió El lago de los cisnes, el ballet de Tchaikovski que se retransmitió una y otra vez en la televisión rusa durante el golpe de Estado de la cúpula comunista el 19 de agosto de 1991.
La radio Eco de Moscú, un histórico medio con 32 años de historia, anunció este jueves su liquidación tras haber sido vetada en las ondas y en internet. Su portal no solo recogía opiniones críticas, sino también ensayos y columnas afines al Kremlin. Un día después, rescindió todos sus contratos. “No está claro cómo van a trabajar los periodistas, o quienes van a seguir”, dijo su director, Alexéi Benedíktov, que no descarta nuevos proyectos. “No sé qué forma tomará. Lo principal para mí son las personas, son más importantes que las noticias”, lamentó el periodista.
Eco de Moscú ha desaparecido del mapa totalmente. No así Dozhd o la BBC, que aún son accesibles a través de Twitter o YouTube. Sin embargo, los precedentes apuntan a que Roskomnadzor exija su eliminación, como ya hizo con las publicaciones del equipo del opositor Alexéi Navalni por considerarlas “contenido extremista”.
De no hacerlo, las plataformas también podrían correr la misma suerte que los medios y acabar siendo vetadas o multadas. Las autoridades rusas, que cuentan con una ley para desconectar internet del resto del mundo, ya han comenzado a ralentizar redes como Twitter e Instagram porque sus usuarios protestaban allí contra el ataque a Ucrania.
The Utah House of Representatives approved new rules on Tuesday that limit where members of the press can film and interview lawmakers, following similar action taken by the Utah Senate two weeks ago.
The rules extend pandemic-era restrictions on when journalists can report from the floors of state legislative chambers.
Journalists covering the Utah Legislature must now ask for permission to interview lawmakers on the floor of the House of Representatives and other restricted areas. TV reporters must ask committee chairs for permission to film speakers and crowds from behind the dais where lawmakers sit in committee hearings.
“I know that sometimes committee members get a little bit nervous from the cameras right behind them because they can see their screens,” Republican Rep. Timothy Hawkes said Monday in a committee hearing about the measure.
Media organizations and journalists covering the Statehouse opposed the rules changes in the Utah House and Senate, arguing that restricting media movements would make it more difficult to cover fast-paced action and make it easier for lawmakers to dodge the press. They said the move reduced transparency — a claim that lawmakers denied.
Utah Media Coalition lobbyist Renae Cowley Laub on Monday proposed an alternative, telling lawmakers that credentialed members of the media were working on establishing a formal press corps that could work with lawmakers to refine the rules in a mutually satisfactory way.
She proposed creating a commission with two members of the press and designees from the House, Senate and state legislative officials to govern press rules, similar to the method used in Utah courthouses.
“As you can tell by doing simple math, the committee would already be stacked in favor of the government. But it does offer the media and members of the press the opportunity to be a part of some of the decisions made regarding their practice and their profession,” she said.
Outside of Utah’s Republican-led Statehouse, similar restrictions have been passed in Iowa and Kansas.
The new limits come in an environment of increasing attacks on the media and parallel new restrictions placed on journalists covering protests and courtroom proceedings.
They also come as U.S. states and cities loosen coronavirus restrictions that have returned restaurants, sporting events and offices to pre-pandemic capacity.
DG8 to support journalists and media freedom in Ukraine
March 3, 2022
In an emergency meeting held on Tuesday, March 1st by DG8, a group of international public service media organizations, members strengthened their commitment to supporting Ukrainian public service media and journalists in the country to ensure a free flow of unbiased information.
The DG8 group agreed unanimously to quickly take effective steps to support Ukrainian public service media and other journalists to ensure that the Ukrainian population is provided with unbiased information as the war unfolds. Measures to reach target audiences in Russia will also be strengthened.
The CEOs and key management representatives stressed the importance of reliable information at all times, especially in a situation of war and armed conflict. All of the broadcasters have a Ukrainian language news service or cooperate closely with Ukrainian media organizations.
The DG8 comprises publicly funded international public service media organizations from democratic nations: ABC Australia, CBC/Radio-Canada, France Médias Monde, SRG SSR-Swissinfo, DW, NHK World Japan, BBC World Service and U.S. Agency for Global Media. With more than 1 billion weekly user contacts, the DG8 broadcasters have a significant journalistic impact worldwide. Audiences and users, particularly in repressive countries, rely on trustworthy, fact-based reporting to circumvent censorship, disinformation, hate speech, and propaganda.
Since Russia’s invasion of Ukraine last week, Chinese social media, usually a controlled space, is rife with conflicting comments about Ukraine. Censors have deleted thousands of posts — many containing vulgar sexual remarks about Ukrainian women — along with the accounts from which they originated.
A wide variety of comments are emerging hourly on the chatting platform WeChat; the Douyin video app, or Chinese TikTok; and Weibo, the Chinese version of Twitter.
Some social media users are asking the Chinese government to take advantage of the opportunity presented by the Ukrainian crisis to seize Taiwan. China regards the self-ruled island as a breakaway province, even though it has its own flag, currency, military and democratic institutions. The Chinese government has said it is ready to bring about a reunification with Taiwan, even if force is required.
Chinese social media is also witnessing an outpouring of support for Russia and criticism of the U.S. over its support for Ukraine. A small number of people are asking why Russian President Vladimir Putin tried to interfere in the affairs of another country by urging Russian-speaking residents of Ukraine to revolt against their local governments.
FILE – Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Chinese President Xi Jinping in Beijing, China, Feb. 4, 2022. (Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via Reuters)
Significantly, some commenters are asking why the Chinese government did not stand by its ally Russia during a recent United Nations Security Council vote on a resolution to condemn Russia’s attack on Ukraine. China, India and United Arab Emirates chose to abstain from voting, a neutral stance.
Commenters have also ridiculed Ukraine for supposedly letting the U.S. make decisions for it.
China’s motives questioned
Along with the posts that are vulgar or praise violence, the Chinese censors have been removing expressions of anti-war sentiment, including an open letter circulated by several academicians calling for an end to the war.
“It is not an easy situation for the government. It cannot support the war. But it is also uncomfortable about intense parading of anti-war sentiment because this has implications on the political situation in Taiwan, Tibet and Hong Kong,” said a Chinese university professor who asked not to be named.
FILE – A man reads the Chinese state-run newspaper with coverage of the conflict between Russia and Ukraine, on a street in Beijing, Feb. 24, 2022.
The state-controlled Global Times suggested in its Chinese-language edition that anti-Beijing separatists are behind some of the anti-war postings. “Some people surmise that clandestine ‘Taiwan separatists,’ ‘Hong Kong separatists’ and other forces are the ones making waves in public sentiment and public discourse on the Ukraine situation,” wrote Sun Jiashan, a researcher at the Chinese National Academy of Arts.
Yet the country’s internet censor, the Cyberspace Administration of China (CAC), initially stayed on the sidelines of the debate, allowing some posts questioning Moscow’s policy to remain up. This reflects a wider dilemma for Chinese authorities as their ally, Russia, supports and endorses a separatist movement in eastern Ukraine while carrying out an unprovoked attack on a neighbor.
“China overall is following events but not taking a clear stand, and why should it? For China this war is a lose-lose proposition,” said Francesco Sisci, a senior research associate at Renmin University of China in Beijing.
“If Russia wins, it gets stronger, and China will feel the weight again of the northern neighbor. If it loses, China will be more isolated,” Sisci told VOA. “Plus, it didn’t trust Russia to begin with. Still, China’s official stand is strongly anti-American, and [as seen] from Beijing, this war was set up by the U.S., which pushed Russia around.”
FILE – People walk past an office of the Cyberspace Administration of China (CAC) in Beijing, China, July 8, 2021.
Nevertheless, the CAC and social media platforms have weeded out thousands of postings containing objectionable comments and videos. The agency said it was cracking down on “self-media” — social media accounts held by independent content producers who share irresponsible political ideas. It also said it wants to control the distribution of information across all internet platforms to end “disruption to the order of internet broadcasts.”
Douyin said it had removed 3,500 videos and 12,100 comments related to the Russian invasion of Ukraine. It is investigating objectionable posts, such as those calling for the “capture of beautiful Ukrainian women,” spreading inappropriate values, and harming the platform’s atmosphere.
Backlash in Ukraine
Other postings suggest the Chinese government’s posture has prompted anger toward Chinese students studying in Ukraine. Several of them have cited hostility from local residents and expressed concern for their safety.
The Chinese flag is put on the fence of the Chinese embassy in Kyiv, Ukraine, March 1, 2022.
The Chinese Embassy in Kyiv initially asked its citizens to clearly identify their nationality while traveling in Ukraine. It later changed the order to say that they should stay indoors and not identify their nationality until further instructions are issued.
“The Ukrainians are going through difficulties. … We need to understand them and not provoke them,” the embassy told Chinese citizens in Ukraine.
The official Xinhua News Agency also joined the government in urging social media users to “discuss and present in a reasonable way” and criticized those who “spoke inappropriately.”
VOA statement on Turkish media regulator’s ‘Internet broadcasting license’
February 22, 2022
Washington, D.C. — On Monday, February 21, Turkish media regulator RTUK posted an official notice thatthe VOA Turkish language website would be blocked in 72 hours if VOA does not begin the process of applying for an “Internet broadcasting license.”
Many media organizations within and outside of Turkey have expressed significant concern that this licensing requirement is designed to enable censorship of unfavorable press coverage.
Licensing is the norm for radio and TV broadcasting, because the broadcast spectrum is a finite public resource, and governments have a recognized responsibility to regulate the spectrum to ensure it is used in the broader public’s interest. The internet, by contrast, is not a limited resource, and the only possible purpose of a licensing requirement for internet distribution is enabling censorship.
VOA is a public service international broadcaster, VOA is legally required to provide “accurate, objective, and comprehensive” news coverage to audiences in all of the countries it serves. Accordingly, VOA’s Charter prevents VOA from agreeing to or allowing its coverage to be censored in any way. Our editorial decisions are required to be governed at all times by the highest professional standards of journalism. So VOA could not comply with directives from a regulator to censor or remove content; nor then could VOA willingly agree to subject itself to such censorship.
“The threat to block the websites of the Voice of America, Deutsche Welle, or any other independent, public service, professional news service in Turkey is worrisome,” said Acting VOA Director Yolanda López. “Voice of America’s independent journalism cannot be subject to this or any government’s control which results either in censorship or even the perception of it.”
Accordingly, absent an alternative, VOA believes that it will be obliged to file an objection with Turkish regulators to the request to apply for a license.
About VOA
Voice of America reaches a global weekly audience of more than 311.8 million people in 47 languages. VOA programs are delivered on satellite, cable, shortwave, FM, medium wave, streaming audio and video and more than 2,350 media outlets worldwide. It is funded by the U.S. Congress through USAGM.
For NPR’s Emily Feng, it was snail noodles, a deliciously stinky snack.
Her article, written for a large U.S. media organization, triggered a seemingly orchestrated online attack — complete with Feng’s photograph — by China’s official state media outlets and private Chinese citizens accusing her of being anti-China. Feng tweeted about the “hurdles” she found “perplexing but also sadly routine” in reporting on snail noodles.
For foreign journalists, such attacks, some physical, are increasingly common — and well planned by the Chinese government, according to Chang Ping, a former journalist who now lives in Germany as a China affairs commentator. The most recent occurred during the opening hours of the Olympics, when a Chinese security officer hustled a Dutch journalist off camera on live TV.
“The articles that attack foreign media are not a decision made by editors or journalists or whoever wrote them. Everything goes with the state’s grand diplomatic plans,” Chang Ping told VOA Mandarin. “The so-called crass ‘wolf diplomacy’ didn’t happen because the diplomats or the government became stupid. It became like this because they believe it will bring them good results. They believe it works.” “Wolf warrior diplomacy” is a newly assertive Chinese attitude in its dealings with the world.
Li Busheng, a pseudonym used out of fear by an experienced Chinese journalist working for a Western media outlet in China, told VOA Mandarin that “many times the social media or websites claim they use algorithms to push only the stuff (an audience member) likes to read, but the reality is, you’ll always see these anti-West or China-West confrontation articles. It’s like they force-feed it to you.”
Reporting challenges
A report by the Foreign Correspondents’ Club of China, or FCCC, on media freedom in 2021 found that foreign journalists are facing “unprecedented hurdles” because of Beijing’s efforts to “block and discredit independent reporting.”
“As the number of journalists forced out by the Chinese state grows due to excessive intimidation or outright expulsions, covering China is increasingly becoming an exercise in remote reporting.”
The 2021 FCCC report did not mention any controversial reports on snail noodles; back in 2022 China, however, Feng tweeted about surveillance and middle-of-the-night COVID-19 checks by unmasked Chinese officers. Feng declined to speak with Mandarin VOA.
China’s Foreign Ministry has described the FCCC as “an illegal organization, never acknowledged by China.”
Foreign journalists are routinely surveilled online and offline, in the field as well as in the cities where they are based, according to the FCCC report, published January 31. Virtually all the foreign journalists responding to an annual survey by the report’s authors said that reporting conditions did not meet what they considered to be international standards.
Chinese authorities appeared to be encouraging a spate of lawsuits or the threat of legal action against foreign journalists, the report found. Such litigation is typically filed by sources long after they explicitly agreed to be interviewed.
The FCCC notes that based on precedent, foreigners involved in civil or criminal lawsuits and court proceedings in China can be banned from leaving the country.
Telephone and email requests for comment on the FCCC report, which had been sent last week to the Chinese embassy in Washington, went unanswered.
The report quotes David Rennie, Beijing bureau chief of The Economist, as saying, “In the past, the main tools used to control media involved restrictions on access, blacklisting from events, or problems with press cards and visas. The growing use of the law is new and worrying.”
Visa limbo
Foreign correspondents unable to remain in China have relocated to report from Taipei, Singapore, Sydney and London, the report says. Hong Kong, once the preferred post outside China, is no longer an appealing option because of Beijing’s crackdown on the press under a national security law imposed in 2020. The broadly written law has been used to arrest and jail local journalists.
The Chinese authorities have hobbled the remaining journalists working for U.S. news organizations by refusing to renew the press cards essential for reporting. At least 22 journalists from the United States, Britain, Canada, Italy, Japan and New Zealand are in constant limbo after authorities trimmed the period covered by residence permits from one year to two or three months.
Authorities use China’s strict pandemic measures to delay approvals for journalist visas, which has left many news organizations understaffed, the report says. The pandemic controls also help authorities shut down reporting trips and decline interview requests.
“China thinks it’s in the world center now, and you see more reports on how Xi Jinping is pointing a direction for the world,” said Chang Ping. “The purpose of attacking media and journalists is clear: to frighten them. And it works.”
Noodlegate
So how did Feng’s January 16 paean to the delights of stinky snail noodles become a target? Posted on NPR’s health and development blog, Goats and Soda, her piece bore the headline, “Snail noodles go viral in China during the pandemic. But the dish is a bit … funky”.
On an always hungry internet that had had quite enough of pandemic favorites such as sourdough starters, snail noodles barreled toward viral fame.
FILE – A roadside food vendor sells snail noodles in Hanoi, Oct. 10, 2003.
It began: “It’s fermented. It’s stinky. It’s delicious. And during the pandemic, it’s become a national sensation. The dish is snail noodles, or luosifen.”
The snack, local to China’s southern province of Guangxi, so captured Feng that she traveled to the food fad’s center near the Vietnamese border.
Her article chronicled the economic ingenuity of a struggling manufacturing center that pivoted to stinky snack stardom even before the pandemic.
Feng tweeted that there were “numerous state pieces” responding to her article, including one from a local newspaper in Guangdong province headlined “Anti-China Chinese reporter infiltrates into Guangxi and writes about luosifen cynically.” The article included a photo of Feng.
A pro-China overseas online publication called Student Daily in North America also accused Feng of “spreading rumors that luosifen will cause another pandemic and smearing traditional food as a way of passing virus.” The Chinese article ends saying, “From bats to luosifen, Western media never stops smearing the origin of COVID-19 virus.”
Chinese tennis player Peng Shuai is again denying that she had accused a former Communist Party official of sexually assaulting her in a social media post late last year.
L’Equipe, a French daily sports newspaper, published an interview it conducted with Peng in its Monday edition.
“I never said anyone had sexually assaulted me in any way,” Peng is quoted in the interview after she is asked directly if she actually wrote the post on her account on China’s Weibo social media platform.
In the November 2 post, Peng, a former Olympian who won titles at Wimbledon and the French Open, said former Vice Premier Zhang Gaoli coerced her into sex before it evolved into an on-off consensual relationship. Her post was quickly deleted and she vanished from public view for several days. She eventually appeared at a tennis event and spoke by video with Thomas Bach, president of the International Olympic Committee president, during which she said she was safe.
Her public absence sparked concern among some of the world’s top tennis players, including Naomi Osaka, Serena Williams, Billie Jean King and Novak Djokovic, and the Women’s Tennis Association suspended all of its sponsored tournaments in mainland China and Hong Kong.
Peng told L’Equipe the initial post had caused a huge “misunderstanding” and that she did not want it to attract any more attention, and insisted that she had deleted it herself “because I wanted to.” She also explained that her “disappearance” was simply due to her being unable to respond “to so many messages.” Peng said her personal life since the controversy surfaced had been uneventful, and stressed that her private life and personal problems should not be mixed with sports and politics.
Peng also told the newspaper she was retiring from tennis.
She also said she had dinner with IOC President Bach Saturday, which the IOC confirmed in a separate statement Monday.
Bach told the Reuters news agency when asked about Peng’s interview that any communication “is up to her, it is her life, it is her story.”
The newspaper said it submitted the questions to Peng in advance and conducted the interview in Chinese. Wang Kang, the chief of staff of the Chinese Olympic Committee, accompanied Peng during the interview and translated her answers for the reporter.
WTA Chairman and CEO Steve Simon called for an open investigation into Peng’s initial accusations after a Chinese state-run media outlet released a statement it said was an email Peng had sent to Simon in which she denied the allegations and insisted she was not missing or unsafe, but just “resting at home.”
Peng issued a similar denial back in December during a virtual interview that was posted on the website of the Singapore-based Chinese-language newspaper Lianhe Zaobao.
Some information for this report came from the Associated Press, Reuters and Agence France-Presse.
Journalists at the Beijing Olympics have a tough assignment. Not only do they face a vast number of pandemic-related restrictions, they also will be working in one of the world’s least friendly countries for media.
Amid concerns about China’s surveillance and mistreatment of the press, many journalists at the Winter Games tell VOA they are using “burner” devices, such as phones and laptops completely wiped of personal data, to protect their digital privacy.
“I set up a burner computer … I have a burner phone. I even have a burner iPad with me,” said James Griffiths, Asia Correspondent for The Globe and Mail, a Canadian newspaper. “I haven’t come across anyone who isn’t using at least some kind of burner device.”
Ahead of the Winter Olympics, the Committee to Protect Journalists warned that reporters’ phones and laptops could be contaminated with malware while in China. “Assume that everything you do online will be monitored,” read a CPJ advisory.
China ranked 177th out of 180 in Reporters Without Borders’ 2021 World Press Freedom Index, only two places above North Korea. Not only does the country employ an army of censors to maintain its so-called “Great Firewall,” it is also the world’s largest jailer of journalists, with at least 128 detained, the organization said.
Earlier this week, the Foreign Correspondents’ Club of China released a report warning media freedom in the country is declining at “breakneck speed.” It said China-based foreign reporters faced physical assaults, cyber hacking, visa denials, and growing threats of legal action.
FILE – The National Stadium and the Beijing Olympic Tower are lit in red on the eve of the Chinese New Year, Jan. 31, 2022, China.
A bubble tradeoff
Foreign journalists at the Beijing Olympics have reported no problems so far, even if they have extremely limited mobility due to COVID-19 precautions.
“I’m currently connected to the Beijing 2022 Internet, which you can get across the various venues and as far as we can tell it’s completely uncensored. I don’t know how monitored it might be, of course, but at least things aren’t blocked,” said Griffiths.
“They said they were going to do this, and they have delivered. But then of course, we’re in a bubble,” he added.
Reporters at the Beijing Olympics won’t see much of China at all. Instead, they’ll be in a closed loop, taking only official buses from venue to venue. It’s part of China’s “zero-COVID” strategy, which has attempted to eliminate COVID-19, despite the emergence of the highly transmissible omicron variant.
The restrictions have made journalism more difficult, in certain respects.
“It’s really hard to get a feel for what these Games mean to the people here in Beijing, because the only person you could really ask is a member of the workforce or a volunteer. Trying to report on what’s happening outside the closed loop is not an option,” said Donna Spencer, a sports reporter for The Canadian Press news agency.
Spencer says she, too, brought “clean” laptops and phones to Beijing and is using virtual private networks, or VPNs, which can provide a degree of privacy for Internet connections. So far, she says she’s experienced no problems.
“It’s this very weird sort of juxtaposition. We are free to report — within the closed loop,” she said.
The only way in
The conditions may not be ideal, but for many journalists it was the only way to get back into China, said Eryk Bagshaw, North Asia correspondent for The Sydney Morning Herald.
“The Olympics presented an opportunity that we may not get again,” said Bagshaw, who also brought clean laptops, phones, and even new email addresses to Beijing.
In recent years, Beijing has delayed or refused the issuance of visas for foreign journalists. However, many journalists at the Beijing Games were issued visas through the International Olympics Committee.
But Bagshaw conceded that the bubble has greatly simplified reporting in China — for better and for worse.
“You’re essentially submitting yourself to such total surveillance that there’s almost freedom in that,” he said. “There’s cameras absolutely everywhere — you’re not looking over your shoulder wondering if you’re being tailed because you’re speaking to a Chinese dissident.”
A coalition of media organizations has asked a federal appeals court to intervene to ensure public access to the trial of three former Minneapolis police officers charged with violating George Floyd’s civil rights.
The news organizations, including The Associated Press, petitioned the 8th U.S. Circuit Court of Appeals on Friday to quash two orders from District Judge Paul Magnuson that they say violated the First Amendment by closing part of the trial and sealing the corresponding transcript.
Monday was the start of the second week of testimony in the trial, which Magnuson has said could last four weeks.
“Petitioners do not need to explain to this Court the gravity of the trial, the impact Mr. Floyd’s death had on the Twin Cities and the world, or the public’s ongoing and intense concern for how the criminal justice system deals with those accused of killing him,” media coalition attorney Leita Walker wrote. “As a result, ensuring the trial is fully open to the press and public is imperative.”
At issue is Magnuson’s closure of a hearing that he planned for January 21 on defense motions to exclude certain evidence. Prosecutors and the media coalition objected to the closure.
Walker wrote that the judge appeared to cancel the hearing, but then held what was first called a “trial management conference” that the court later labeled an “in-chambers proceeding.”
Both were conducted in private.
Magnuson rejected the media coalition’s challenge of the closure as “moot” after he canceled it.
In a written order after he was asked to reconsider, he stood by his earlier decision, writing that the proceeding in chambers “was not a hearing at all” and that neither the public nor media had a right to access it.
He also sealed the proceeding’s transcript, which he said was brief and of no import. Its release would be “contrary to the efficient administration of justice in this matter,” Magnuson wrote.
The coalition asked the 8th Circuit to vacate the closure order and unseal the transcript. The news organizations also repeated concerns they’ve been raising about restrictions on journalists and spectators in the courtroom that are meant to reduce the risks of a COVID-19 outbreak disrupting the proceedings.
El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado este viernes a su equipo de Gobierno que lo acompañará a partir del 11 de marzo próximo, cuando el mandatario Sebastián Piñera le entregue la banda presidencial. Es un Gabinete compuesto por 24 profesionales con los que Boric –que asumirá con 36 años como el presidente más joven en la historia de Chile– ha sorprendido por la nominación de más mujeres que hombres (habrá 14 ministras), un gran número de independientes (ocho) y la incorporación de personas ligadas a los gobiernos de centroizquierda que gobernaron Chile luego de la dictadura. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que desde los años noventa lucha por los derechos de la diversidad sexual, ha aplaudido la incorporación de Marco Antonio Ávila, “un profesor abiertamente gay que asume como Ministro de Educación” y de Alexandra Benado, que “se convierte en la primera mujer abiertamente lesbiana en asumir como ministra” en la cartera de Deportes.
Es un gabinete diverso en edades, ciudades de origen y miradas. “Con alegría y esperanza damos a conocer el gabinete ministerial que me acompañará cuando tenga el honor de asumir la presidencia de la República el 11 de marzo próximo”, aseguró Boric en una ceremonia que se desarrolló en el Museo de Historia Natural del centro de Santiago. En su intervención, Boric habló de un “Gobierno ciudadano de puertas abiertas y cercano que esté siempre del lado de la gente”. “Son un grupo de mujeres y hombres diversos. Son personas preparadas con conocimientos y experiencia, comprometidos con la agenda de cambios que el país necesita y con la capacidad de sumar miradas, distintas perspectivas y nuevas visiones”, aseguró Boric, que reiteró sus prioridades: restaurar la confianza en el Gobierno, la política y las instituciones, enfrentar la pandemia, recuperar la economía y cuidar el medioambiente.
Estos son los 24 ministros que acompañarán a Boric en su Gobierno:
Izkia Siches
La futura ministra de Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, durante un evento de campaña en diciembre pasado.Cristobal Olivares (Bloomberg)
Médica independiente de 35 años nacida en el extremo norte del país –en Arica–, Izkia Siches se transforma en la primera mujer en llegar al ministerio del Interior en Chile, una cartera que tiene a su cargo la conducción política y la seguridad pública, un tema especialmente sensible con la escalada de violencia en la zona de la Araucanía, en el sur del país. Doctora en un hospital público de la capital chilena, el Hospital San Juan de Dios, fue la primera mujer en 2017 en liderar el Colegio Médico, la gremial que reúne a estos profesionales, y se transformó en una dirigenta altamente popular en el marco de la pandemia al enfrentarse a la Administración de Piñera por las medidas adoptadas. No tiene experiencia en el Congreso ni en funciones de Gobierno, como tampoco desde la dirigencia de partidos –militó en las Juventudes Comunistas, pero renunció hace años–, aunque fue una figura central de la campaña de segunda vuelta de Boric, que catapultó su triunfo en las urnas. Liderará el Gabinete como la ministra de mayor importancia del presidente, con el que tiene una amistad fuerte desde los tiempos de dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile, donde ambos estudiaron. Al presentarla como ministra del Interior, la conductora de la ceremonia agregó que Siches “es madre de Khala”, una niña de menos de un año con la que la médica recorrió el país en la campaña y que se ha hecho popular junto a su madre.
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El diputado chileno Giorgio Jackson saluda al presidente electo, Gabriel Boric, durante la presentación del gabinete este viernes.Esteban Felix (AP)
El ingeniero civil es el compañero de ruta de Boric. Actualmente diputado –ambos ingresaron al Parlamento en 2014–, Jackson tiene 34 años y milita en Revolución Democrática, uno de los partidos que conforman el Frente Amplio. Fue uno de los rostros de mayor importancia junto a Camila Vallejo en las protestas universitarias de 2011, la cuna política del propio Boric y de la generación que a una década de esas manifestaciones llegará en breve a La Moneda. Jackson y Boric no solo son amigos –compartieron piso en alguna época–, sino que hicieron dupla durante ocho años en el Parlamento. En el marco de la campaña presidencial, Jackson cumplió un papel central en lo político, por lo que a partir de marzo tendrá la misión clave de tejer las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, una de las cinco carteras que conforman el comité político del presidente de la República. Sin mayoría en el Congreso, la próxima Administración deberá mostrar una destreza política importante para sacar adelante la agenda de reformas.
Camila Vallejo
La diputada comunista Camila Vallejo, durante un encuentro en Nueva Imperial, Chile, en 2017.Fernando Lavoz (NurPhoto via Getty Images)
La diputada comunista Camila Vallejo llega con 33 años al ministerio Secretaría General de Gobierno, que tiene el papel de la vocería. Geógrafa de profesión, lleva años en la primera línea política. Primero como dirigenta estudiantil en las manifestaciones de 2011 –era presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, donde fue sucedida por Boric– y luego desde el Parlamento, donde llegó junto al éste y a Jackson en lo que se conoció como la bancada estudiantil. Es una de las tres militantes comunistas que llegan al Gobierno –Trabajo y Ciencias quedaron en manos de ese partido–, pero la de mayor relevancia política. Fue portavoz de Boric en la campaña presidencial y, aunque milita en distintas formaciones del pacto Apruebo Dignidad, forma parte del anillo de confianza política del presidente electo. En la ceremonia de presentación del Gabinete, subió al estrado con su pequeña hija, Adela. Es uno de los sellos de Vallejo en su vida pública: su agenda feminista y su interés en la conciliación de la vida privada con el trabajo, por lo que ha empujado leyes para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. Es una figura muy popular tanto en Chile como en el extranjero.
Mario Marcel
El entonces presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, en el foro económico de Jackson Hole en 2017.David Paul Morris (Bloomberg)
Boric ha dado vuelta el tablero con la nominación en Hacienda de un economista moderado y respetado transversalmente: Mario Marcel, el actual presidente del Banco Central chileno, un economista que ha sido uno de los símbolos de la disciplina macroeconómica de ese país. Marcel es descendiente de españoles que llegaron a Chile durante la guerra civil. Con 62 años y ligado al Partido Socialista, cumplió papeles fundamentales en los gobiernos de centroizquierda. Tuvo cargos de primera relevancia en los primeros gobiernos democráticos y a fines de los noventa trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Luego fue Director de Presupuestos –un cargo clave– en el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006). En ese período fue el padre de la regla fiscal del balance estructural, una señal de seguridad que entregó Lagos –el primer socialista que llegaba a La Moneda después de Salvador Allende– para generar confianza en lo económico.
Marcel había hecho su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge sobre balances estructurales como mecanismo de medición de la política fiscal y la implementó entre 2000 y 2006. Respetado por la izquierda y la derecha, fue candidato a liderar Hacienda en varios ocasiones (cuando estuvo cerca fue en 2006, en la primera Administración de Michelle Bachelet). Desde las revueltas sociales de 2019, ha sido la voz técnica que ha hecho un contrapeso moderado a varias medidas destempladas del Parlamento. La nominación de Hacienda era, probablemente, la de mayor relevancia en el Gabinete de Boric. Es el cargo que tiene en sus manos las arcas fiscales, un puesto que especialmente en esta Administración resulta de alta sensibilidad, dado los cambios profundos que busca realizar en materias como los tributos y las pensiones. Marcel, justamente, lideró una comisión sobre las pensiones en el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Junto a Siches, Jackson, Vallejo y la ministra de la Mujer, Marcel será parte del comité político de Boric.
Antonia Orellana
Antonia Orellana saluda al público tras ser designada como nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, este viernes.JAVIER TORRES (AFP)
Periodista de profesión, será a partir de marzo la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Con 32 años –será la ministra más joven del Gabinete de Boric–, Orellana milita en el partido Convergencia Social, el mismo del presidente electo. Es una de las primeras innovaciones que anunció este viernes Vallejo: al primer anillo de ministros –conocido como comité político– se sumará este ministerio, en línea con el sello feminista que quiere dársele a la Administración y a la fuerza del movimiento de mujeres que antecedió, incluso, a las revueltas sociales de 2019. Ha formado parte de la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres entre 2015 y 2020 y formó parte del equipo de campaña de Boric, donde fue una de las principales asesoras en materia de género. “Es importante que en este Gobierno no se acote esa agenda en el Ministerio de la Mujer”, aseguró en una entrevista reciente. Hasta ahora, no era una figura conocida por el grueso de los chilenos.
Maya Fernández
La diputada socialista Maya Fernández Allende, que asumirá la cartera de Defensa.FELIPE TRUEBA
La diputada socialista Maya Fernández, que llegó al Parlamento en 2014 y presidió la Cámara de Diputados entre 2018 y 2019, es una de las dirigentas del Partido Socialista que tiene mayor cercanía con Boric y, de hecho, se desligó de la postura oficial de su formación para apoyarlo antes de tiempo en la carrera presidencial. Su nombramiento en Defensa –la cartera a la que Bachelet llegó en 2002 como la primera mujer ministra– tiene un fuerte simbolismo: es nieta de Salvador Allende, que se quitó la vida en La Moneda en medio de los bombardeos de los militares. No tiene recuerdos de su abuelo: “No tenía ni dos años cuando se produjo el golpe”, decía en una entrevista con EL PAIS en 2012, donde reconocía su admiración: “Para mí es un orgullo ser su nieta y también una responsabilidad. Pero soy una persona distinta. Yo soy Maya”, explicaba. De 50 años y licenciada en Ciencias, es hija de Beatriz Tati Allende, la segunda de las tres hijas del presidente, y el ex agente de inteligencia cubano, Luis Fernández Oña. Era la más cercana a su padre, médico como él, y la más política y de ideas revolucionarias. Cuando Allende llegó al Gobierno en 1970, se transformó en su colaboradora más influyente. El día del golpe de Estado estuvo con él hasta que el presidente, en medio del bombardeo, la obligó a retirarse. Ella, embarazada de siete meses y madre de una niña de casi dos años –Mayita– se retiró del palacio a regañadientes. Mientras el resto de la familia se exilió en México, Tati se refugió en La Habana junto a su marido y a su hija. Ahí dio a luz a Alejandro, que pasó a llamarse Salvador Alejandro Allende Fernández, con los apellidos invertidos, por sugerencia de Fidel Castro. Cuatro años después, en 1977, Tati se quitó la vida en la capital cubana, sumida en una profunda depresión. Tenía 34 años y los niños, seis y tres. Maya pasó buena parte de su vida en Cuba y recién regresó a Chile en 1992, por lo que tiene todavía un fuerte acento isleño.
Antonia Urrejola
Antonia Urrejola, durante el primer informe de la CIDH en Managua. Carlos Herrera
A cargo de liderar la Cancillería queda la abogada Antonia Urrejola, de 53 años, que integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2018 y 2021 y la presidió en 2021, con un papel especialmente relevante en crisis democráticas de la región, como en Nicaragua. Sin militancia política, aunque cercana al Partido Socialista, a través de las redes sociales agradeció la “confianza depositada” por el presidente electo. “Es un honor. Vamos por más multilateralismo, cooperación y diálogo, con énfasis en política exterior basada en la democracia, los derechos humanos y el feminismo”, escribió Urrejola, que será la cara de un Gobierno con sensibilidades distintas en materia de política exterior. En plena campaña presidencial, el Partido Comunista defendió las recientes elecciones en Nicaragua, lo que generó el rechazo de Boric y la necesidad de aclarar que será el presidente el que definirá las relaciones internacionales chilenas.
Carlos Montes
El nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Eduardo Montes, a su llegada a la presentación del nuevo gabinete de Boric.Alberto Valdés (EFE)
Este economista de 75 años que liderará el ministerio de Vivienda es el veterano del Gabinete. Una figura fundamental de la coalición de centroizquierda que gobernó Chile desde 1990 tras la dictadura de Pinochet, Carlos Montes es un histórico dirigente del Partido Socialista con una extensa trayectoria en el Congreso. Entre 1990 y 2014 fue diputado por un distrito popular de la zona sur de Santiago y, desde esa fecha, senador. Influyente en materias económicas y en su propio partido, en 1999-2000 cumplió un papel central en la campaña de segunda vuelta de Ricardo Lagos, donde el socialista se impuso al candidato de la derecha, Joaquín Lavín. Pese a su extensa carrera –había decidido no repostular el Congreso–, Montes llega por primera vez al Gobierno y lo hará en una cartera con grandes desafíos: el déficit habitacional afecta a 500.000 familias en el país, donde han proliferado los campamentos precarios.
Las otras carteras
En el ministerio de Economía, Boric ha nominado a Nicolás Grau, que hará dupla con Marcel. El doctor en Economía de 38 años pertenece al partido del presidente electo, Convergencia Social, tiene una estrecha relación política y de amistad y ha sido uno de los principales asesores en materia económica en toda la campaña.
En Desarrollo Social y Familia, el ministerio que tiene a su cargo la coordinación de las políticas sociales de la población vulnerable, llegará la médico Jeannete Vega (64 años), independiente, que se desempeñó como funcionaria de la OMS en temas de equidad y pobreza.
En un gesto poco visto en los últimos gobiernos, además, al ministerio de Educación arribará un profesor: Marco Ávila, de 44 años, militante del Frente Amplio. Justicia, en tanto, estará a partir de marzo a cargo de la socióloga Marcela Ríos, militante de la misma formación de Boric, reconocida funcionaria del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con sede en Santiago de Chile. Con 55 años, estaba a cargo del área de gobernabilidad del organismo.
Al ministerio del Trabajo llegará una militante comunista, Jeanette Jara, abogada de 47 años que se desempeñó como subsecretaria de Previsión Social en el segundo Gobierno de Bachelet (2014-2018). El arquitecto de 51 años Juan Carlos García, mientras, será el nuevo ministro de Obras Públicas, en representación del Partido Liberal, que originalmente no estaba en la alianza Apruebo Dignidad de Boric.
A Salud llega una cercana de Izkia Siches, la médico independiente Begoña Yarza, de 57 años, directora de un importante hospital público entre 2009 y 2018. El cientista político de 57 años Esteban Valenzuela, militante del Frente Regionalista de la coalición de Boric, asumirá Agricultura, mientras Minería quedará en manos de una diputada militante del Partido Radical, de centroizquierda, la médico Marcela Hernando, originaria de Antofagasta, en el norte de Chile.
En el resto de las carteras técnicas, el doctor en ingeniería civil e industrial Juan Carlos Muñoz, de 51 años y sin militancia, se hará cargo de Transportes; la abogada Javiera Toro, militante del partido Comunes del Frente Amplio, liderará Bienes Nacionales con 34 años; el ingeniero Claudio Huepe (55 años), del mismo partido de Boric, arribará a Energía; la licenciada en Física independiente Maiza Rojas, de 49 años, se hará cargo de Medio Ambiente; la profesora y deportista independiente Alexandra Benado (45 años) llegará al Ministerio del Deporte; la antropóloga de 38 años Julieta Brodsky, del partido Convergencia Social de Boric, asumirá en marzo las carteras de Culturas, Artes y Patrimonio; mientras, el biólogo Flavio Salazar, de 56 años, militante comunista, llegará al Ministerio de Ciencias. Era vicerrector de Investigación y Patrimonio de la Universidad de Chile.
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Polémica rifa del bono Clase Media ya tiene ganador y sería de Viña del Mar
El sorteo fue iniciado por un joven de Chimbarongo quien ya habría depositado el monto durante esta mañana. Además, habría agregado otros $100 mil como extra.
24Horas.cl Tvn
07.06.2021
La rifa del bono clase media ya tiene ganador. Así la anunció el creador de la polémica rifa en la que puso a disposición de los participantes como premio los $500 mil de la ayuda económica del gobierno.
Se trata de Matías Ortiz de Chimbarongo en la región de O’higgins, quien inició una rifa cuyo premio consistió en el medio millón de pesos, monto máximo, de la ayuda estatal de emergencia.
El joven vendió cada número de la rifa por 3 mil pesos y habría vendido 300 números, por lo que habría alcanzado a juntar una cifra cerca a los $900 mil.
Aseguró a los equipos de TVN red O’higgins que lo hace porque es un músico y quiere tener figuración para su carrera y, además, porque quiere iniciar su propio emprendimiento.
Más allá de sus razones, finalmente habría sido una mujer de Viña del Mar la que obtuvo el premio. A través de una transmisión online, el joven realizó el sorteo y luego, según indicaron los equipos de 24 Horas, fue a un Banco Estado a realizar los depósitos correspondientes.
Incluso, a los $500 mil, agregó $100 mil más como extra.
Al ser un bono del Estado, ha generado polémica en la comunidad de Chimbarongo, donde vecinos aseguran que no se debería realizar un rifa con un dinero que es de emergencia. Otros, estimadn lo contrario.
Al respecto, Ortiz dice «cumplí con los requisitos y basta con eso, ya si las personas empiezan a hablar demás, es porque tienen algún resentimiento o tienen envidia (…) cuando postulé me llegó el bono de 500 mil pesos y como toda persona que quiere empezar un negocio, yo quiero empezar el mío».
Agregó que su idea era: » hacerme conocido por el tema musical como persona y también para hacer un negocio».
postulación y pago del Bono Clase Media en todo Chile a las familias afectadas por la pandemia, Héctor Matías Ortíz Román, un joven de Chimbarongo, decidió rifar los $500.000 recibido por parte del Estado, instancia que está respaldada bajo notario y que será efectuada vía redes sociales.
Ortíz grabó un video para presentar el concurso, cuyas bases dijo estar respaldado ante una notaría de San Fernando.
Específicamente, mostró documentos que certifican las reglas del sorteo ante la notario interino de San Fernando con Asiento en Chimbarongo, Celeste Nicol Becerra Marín
¿Cómo es el concurso? Pagando $3.000, cualquier persona puede comprar un número y participar de la medida.
«Solo deben enviarme el comprobante de transferencia vía WhatsApp, donde yo pasaré un vale con el número con el que quedará registrado el participante», explicó.
Asimismo, destacó que tendrá una «sorpresa», puesto que entregará otro pozo de $100.000 para un segundo ganador.
«Todo es legal, para que no haya personas que creen que esto es algo trucho. Si no, no estaría mostrando mi cara», aseveró.
El plazo para participar en la iniciativa es hasta el viernes 7 de junio a las 10:30, día en que Ortíz realizará el sorteo vía Facebook.
24horas.cl contactó al Ministerio de Desarrollo Social para entregar su versión del caso, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta oficial.
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