La ministra británica del Interior, Priti Patel, ha anunciado este jueves la cancelación inmediata del programa de Visados para Inversores Nivel 1, conocidos en la práctica como los visados de oro, que facilitaban la residencia y nacionalidad británica (en pocos años, en el caso de esta última) de aquellos multimillonarios que invirtieran dos millones de libras (unos 2,4 millones de euros, al cambio actual) en bonos del Estado o acciones de empresas cotizadas en la Bolsa de Londres. La medida, implantada por el Gobierno laborista en 2008 para hacer frente a la crisis financiera, acabó siendo un coladero de dinero procedente de la mafia rusa.
El tono cada vez más elevado del primer ministro británico, Boris Johnson, contra el Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, y su constante advertencia de duras sanciones económicas si el Kremlin se decide a invadir Ucrania chocaban con la cruda constatación de que Londres lleva años siendo territorio libre para muchos oligarcas. No solo eso, sino que informes elaborados por la propia Cámara de los Comunes han denunciado el modo en que el capital ruso se ha infiltrado en la política y las empresas del Reino Unido. Downing Street ha impulsado desde el inicio de la crisis en Ucrania una serie de medidas y anuncios para convencer a su principal aliado, la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, de que se toma en serio la lucha contra el blanqueamiento de capital de origen dudoso o directamente criminal.
“Tengo tolerancia cero para los abusos de nuestro sistema de inmigración. Bajo mi nuevo plan, quiero asegurar que los ciudadanos británicos tengan plena confianza en el sistema, y eso incluye evitar que élites corruptas amenacen nuestra seguridad nacional y muevan dinero sucio por nuestras ciudades”, ha dicho Patel. Hasta marzo de 2020, el Gobierno británico había concedido visados de este tipo a 2.581 ciudadanos rusos. El anterior Gobierno conservador de Theresa May ya se comprometió a revisar al menos 600 de esos visados, ante la creciente sospecha de abusos del sistema. La Comisión de Seguridad e Inteligencia del Parlamento británico, en un demoledor informe de 2020 sobre la penetración rusa en los ámbitos de poder político y económico del Reino Unido, reclamó un “planteamiento más firme” a la hora de conceder estos visados. Desde 2015 se exige tener cuenta bancaria en el Reino Unido a los solicitantes de visado, y se realiza un chequeo de su historial económico, pero en el llamado “periodo ciego” —entre 2008 y 2015— el Gobierno se limitaba a que realizaran sus propios controles las empresas que recibían la inversión. Las empresas, a su vez, consideraban un sello de legitimidad el visado concedido. Los unos por los otros, se hizo la vista gorda a la llegada de ingentes cantidades de dinero dudoso. “Durante años, los conservadores han sido incapaces de erradicar la influencia del dinero ruso en el Reino Unido”, ha denunciado la portavoz laborista de Interior, Yvette Cooper, que ha exigido que se publique de una vez el informe prometido por el Gobierno sobre los errores cometidos por el sistema de Visados para Inversores Nivel 1. “Ha sido necesaria una condena internacional de nuestros fracasos para que la ministra del Interior se decida a actuar”, ha dicho Cooper.
El Gobierno de Johnson aprobó de urgencia la semana pasada legislación adicional que permite sanciones económicas personales contra el entorno de Putin y el Kremlin. La ley vigente hasta el momento exigía un vínculo directo de empresas o personas con la desestabilización de Ucrania para poder ser sancionadas. Downing Street ha iniciado ya la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Delitos Económicos, con la que se endurecerá la lucha contra el fraude y se impulsarán medidas para aclarar la inexplicable riqueza de muchos oligarcas afincados en el Reino Unido. El objetivo prioritario se centrará en cambiar las reglas del llamado Companies House, el registro público mercantil con sede en Cardiff (Gales), donde hasta ahora sigue siendo posible inscribir una compañía por apenas 15 euros, sin que nadie compruebe la verdadera identidad de los dueños inscritos. Johnson se comprometió el pasado martes en la Cámara de los Comunes a acelerar las nuevas medidas para “perseguir el dinero ruso que ha llegado a este país”, justo en medio de la actual crisis en Ucrania. Los trámites parlamentarios, sin embargo, son lentos. Puede que el proceso de aprobación no culmine hasta la segunda mitad de este año. Muchos diputados y grupos de presión han reclamado al Gobierno mayor celeridad. “Cualquier retroceso, particularmente en un momento como el actual, sería algo muy lamentable”, ha advertido el diputado conservador Andrew Mitchell, uno de los parlamentarios que lleva más tiempo exigiendo medidas de transparencia para acabar con el hecho de que Londres sea la capital del blanqueo de dinero.
De momento, el Gobierno de Johnson ha buscado un primer golpe de efecto con la anulación de los visados de oro, que le sirve para reforzar su credibilidad ante Washington pero también para evitar que, si la crisis de Ucrania deriva en algo grave, Londres vuelva a ser un coladero de oligarcas vinculados con el Kremlin.
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