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Por una vez, oficialismo y oposición aparcaron sus diferencias y votaron de forma conjunta en la Cámara de Diputados de Argentina. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar el rescate de 45.000 millones concedido al Gobierno de Mauricio Macri en 2018 se aprobó esta madrugada con 202 votos positivos, 37 negativos y 13 abstenciones. Sólo los extremos se opusieron al acuerdo: 28 kirchneristas, que forman parte de la coalición de Gobierno, otros partidos de izquierda y la ultraderecha.

La maratónica sesión se extendió por casi 13 horas, hasta las 03.45 de la madrugada. Al inicio del debate, fuera del Congreso, miles de simpatizantes de partidos de izquierda protestaron contra el acuerdo, mientras un pequeño grupo de manifestantes quemó neumáticos y lanzó pedradas contra el edificio hasta que la policía lo desalojó de la plaza. Pero dentro del recinto reinó una calma inédita, sólo quebrada por la incertidumbre sobre el sentido del voto de Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que al final fue negativo, al igual que el de otros integrantes de la agrupación La Cámpora.

La Cámpora justificó su voto negativo a través de un extenso comunicado. A su juicio, el equipo económico liderado por el ministro Martín Guzmán “desarrolló una estrategia de ‘amabilidad’, secretismo, hermetismo, confusión y desinformación en las negociaciones”. Los legisladores afines a Máximo Kirchner criticaron el “grado de injerencia en la administración de la cosa pública que tendrá efectivamente el FMI” y el hecho de que en las negociaciones no se haya asegurado “la sostenibilidad del endeudamiento luego de 2025, momento en el que, una vez cumplido el período de gracia, se inicia la etapa de repago”.

Fernández de Kirchner rompió esta mañana el silencio para alinearse con su hijo en el rechazo al acuerdo y mostrar las tensiones internas en el seno de la coalición gobernante, el Frente de Todos. “Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del FMI, cuando decía: ‘Siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino’. Otra vez. Inmensa pena”, dijo la vicepresidenta argentina en un vídeo publicado en sus redes sociales donde muestra los daños ocasionados por las piedras arrojadas contra su despacho.

Después de obtener la media sanción, desde el oficialismo se mostraron satisfechos por el resultado, que allana el camino a la aprobación definitiva en el Senado la próxima semana o, a más tardar, la siguiente. El tiempo apremia: faltan sólo 12 días para el primer gran vencimiento del año, cuando el Estado argentino debería pagar 2.800 millones de dólares al FMI, y necesita el primer desembolso del organismo para poder hacerle frente. Pese al rechazo de Fernández de Kirchner, titular de la Cámara Alta, el Ejecutivo peronista confía en contar con los votos suficientes y ha abierto ya el diálogo con los senadores opositores.

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En la Cámara de Diputados, los votos positivos de la alianza de Juntos por el Cambio (con algunas excepciones, como la del exministro de Economía Ricardo López Murphy) fueron posibles gracias a la negociación previa para consensuar el proyecto de ley, del que se eliminaron todos los detalles del programa económico pactado con el FMI pese a la resistencia de Guzmán, el principal negociador con el organismo. Los legisladores se limitaron a votar su apoyo a la reestructuración de la deuda contraída bajo el gobierno de Macri que Argentina no está hoy en condiciones de pagar. Argentina debía devolver 19.000 millones de dólares este año y cerca de 20.000 el año que viene, cantidades imposibles dadas sus escasas reservas.

Las dos grandes alianzas políticas de Argentina quedaron casi en igualdad de condiciones en la Cámara de Diputados tras las elecciones legislativas del pasado noviembre —118 bancas para el oficialismo frente a 116 para Juntos por el Cambio— lo que obliga al Gobierno a pactar cualquier ley que quiera sacar adelante. En esta ocasión, la oposición hizo valer su fuerza para no tener que apoyar el programa económico peronista. “Si no estábamos acá esta noche la Argentina entraba en default”, dijeron desde la coalición opositora tras la votación.

El presidente, Alberto Fernández, sostiene que la aprobación parlamentaria del acuerdo lo distingue del Gobierno anterior, que asumió la deuda actual por decreto. El visto bueno de ambas cámaras es además uno de los requisitos para que la reestructuración pactada entre en vigencia. El otro es que lo apruebe también el directorio del organismo internacional dirigido por Kristalina Georgieva.

El acuerdo firmado en Washington obliga al Gobierno de Fernández a someterse a revisiones trimestrales de las cuentas públicas. El desembolso de fondos pactado con el FMI está condicionado a que el país cumpla con las metas de déficit público acordadas (2,5% del PIB en 2022, al 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024), limite la emisión monetaria y reduzca los subsidios a la energía, entre otras exigencias.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada en Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada en Caracas.Rayner Peña R (EFE)

Las autoridades venezolanas anunciaron el arresto de dos diputados y dos alcaldes, pertenecientes al oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acusados de los delitos de corrupción y narcotráfico, y de dos fiscales del Ministerio Público, junto a otros trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela, por formar parte de una red de traficantes de gasolina. Las detenciones responden a una iniciativa anticorrupción denominada operación Mano de Hierro, que ha sido muy comentada estos días por el presidente Nicolás Maduro, y por otros mandos de la revolución bolivariana, como Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y Jorge Rodríguez.

El Gobierno ha dado a entender que se trata de un operativo en desarrollo, a gran escala, que busca combatir a las mafias enquistadas en el Estado venezolano que trafican con gasolina y sustancias ilícitas en algunas zonas del país. Estos grupos han sido responsabilizados de ser los causantes de la escasez de ciertos bienes en el pasado.

La alcaldesa judicializada es Keyrineth Fernández, del municipio Jesús María Semprún, y junto a ella dos diputados, Taína González y Luis Viloria. Fernández es una dirigente indígena juvenil del Estado Zulia con un discurso político comprometido e intransigente. La Policía Nacional Bolivariana informó tras detenerla de que portaba seis kilos de cocaína. Algunas versiones informativas han denunciado que Fernández ya había sido señalada por esas causas en el pasado y a pesar de eso estaba en libertad. Se acusa a los tres de formar parte de una red de narcotráfico que operaba entre los Estados occidentales de Zulia y Falcón.

Tarek El Aissami, actual Ministro de Petróleo –exministro del Interior y abogado criminalista-, está a cargo de esta operación y ha declarado que el Gobierno de Maduro “llevaba varios meses” trabajando para dar con los hilos de esta organización. “Presentamos este duro golpe al pueblo para que quede claro que no se aceptará ni se dará tregua a los funcionarios corruptos que fueron electos por voluntad soberana”, añadió.

Por su parte, el Fiscal General del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció la detención de Jorge Peña, Fiscal Superior del estado Delta Amacuro, y Manoel Gil Da Silva, Fiscal Superior del Estado Bolívar, al oriente y sur oriente del país, acusados, junto al alcalde del municipio Independencia, Carlos Vidal, de traficar y contrabandear gasolina, un bien escaso en la Venezuela de Maduro en los últimos años. En el operativo fue apresado también Juan Carlos Barragán, un trabajador de Petróleos de Venezuela.

“El PSUV condena de manera absoluta, clara, diáfana, total, cualquier acto de desviación de los valores revolucionarios, más cuando estos actos tengan que ver con hechos de corrupción, de narcotráfico, de delincuencia organiza”, ha declarado a su vez Diosdado Cabello, numero dos del régimen chavista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cabello ha confirmado que estas personas han quedado expulsadas de la organización.

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El agravamiento de la corrupción como un mal endémico en Venezuela ha sido uno de los argumentos más usados por la oposición venezolana cuando toca hacer un diagnóstico sobre las causas del derrumbe de la economía venezolana y el fracaso del modelo de desarrollo chavista. Lo habitual es que la dirigencia bolivariana no dé respuesta a estas acusaciones. El tono de algunos altos dirigentes del chavismo estos días, sin embargo, indica que esta operación está en desarrollo y que puede caer más gente, dirigentes políticos o funcionarios comprometidos en delitos graves.

“Si a algún otro diputado lo cazamos, no necesitará una carta astral para saber su futuro”, ha declarado en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hombre de confianza de Nicolás Maduro. “Yo se lo voy a decir de una vez: irá a la cárcel si se convierte en un nauseabundo traidor.”

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Máximo Kirchner en un acto electoral en Buenos Aires, en 2019.
Máximo Kirchner en un acto electoral en Buenos Aires, en 2019.Carol Smiljan (NurPhoto via Getty Images)

La coalición peronista que gobierna Argentina desde 2019 se tambalea. El último terremoto ha sido originado por el diputado Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, al renunciar a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara Baja. La decisión exhibe la disconformidad del kirchnerismo con el principio de acuerdo alcanzado el viernes entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por el Estado sudamericano en 2018. Las divisiones internas sobre el acuerdo, que obliga a Argentina a alcanzar el equilibrio fiscal en 2025, complican aún más el debate parlamentario necesario para su aprobación definitiva.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, arranca el comunicado de Kirchner difundido este lunes.

El diputado nacional ha subrayado que permanecerá “dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y de su entorno”. La coalición se mantiene así con vida, pero muestra de nuevo su fragilidad a la espera de que se pronuncien otras voces destacadas del kirchnerismo. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, guarda silencio desde el viernes. Tampoco se han pronunciado sobre el acuerdo los integrantes de la agrupación La Cámpora más cercanos a Kirchner, como los ministros Wado de Pedro (Interior) o Juan Cabandié (Medio Ambiente).

El presidente anticipó este lunes en una entrevista que la vicepresidenta está en desacuerdo con la decisión tomada por su hijo, pero sólo se sabrá cuando tome ella la palabra. El estilo combativo de Kirchner ya provocó un quebradero de cabeza al presidente Alberto Fernández un mes atrás, cuando su duro discurso en la Cámara de Diputados propició que la oposición se uniera para rechazar el Presupuesto de 2022.

Descontento con el ajuste

La mayor discrepancia del kirchnerismo es el ajuste pactado con el FMI. “Como veo que siempre se interesan por los gastos, podrían ahorrar en economistas caros, ya que para hacer lo que hacen sólo basta con gente que sepa apretar prometiendo el infierno si no se hace lo que ellos quieren”, señaló Kirchner en su carta.

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El equipo económico liderado por el ministro Martín Guzmán acordó un sendero de reducción fiscal que contempla alcanzar el déficit cero en 2025, dos años antes de lo que pretendía el Gobierno argentino. Este compromiso adquirido supondrá una importante reducción del gasto público, a la que se ha opuesto en numerosas ocasiones Fernández de Kirchner por considerar que pone en riesgo el crecimiento económico.

El organismo multilateral señaló que Argentina aceptó reducir los subsidios a la energía, lo que hace prever importantes aumentos en las tarifas de la luz, el gas y la electricidad después de haber permanecido casi congeladas desde la irrupción de la pandemia.

El documento definitivo que selle Argentina con el FMI deberá ser aprobado por el Congreso, donde el peronismo no tiene la mayoría suficiente en ninguna de las dos cámaras para sacarlo adelante sin negociar. Cualquier ruptura en sus filas volvería aún más cuesta arriba el trámite parlamentario sobre un acuerdo que marcará la política económica de los próximos años del país sudamericano.

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Boris Johnson visitaba este jueves un centro médico de diagnósticos en la localidad de Taunton (Inglaterra).
Boris Johnson visitaba este jueves un centro médico de diagnósticos en la localidad de Taunton (Inglaterra).POOL (REUTERS)

Hay una razón evidente por la que los principales responsables de coordinar a los diputados de una u otra bancada en el Parlamento británico se llaman whips (látigos). La disciplina de grupo en Westminster no tiene la rigidez de las cámaras legislativas de otros países, y los representantes políticos del partido en el poder —sobre todo los que no ocupan cargo en la Administración— profesan más lealtad a los votantes de su circunscripción que al Gobierno. Conviene apretar las tuercas para mantener la coherencia política, y para eso están los whips. No es lo mismo, sin embargo, presionar a los diputados para que respalden una ley, que para salvar el cuello de un primer ministro en apuros. El diputado William Wragg ha declarado este jueves, al iniciar una de las sesiones de la Comisión de Administraciones Públicas y Asuntos Constitucionales, presidida por él, que “en los últimos días, varios parlamentarios han sufrido presiones e intimidaciones por parte de miembros del Gobierno por su intención, declarada o presumida, de perseguir que se vote una moción de censura interna al liderazgo del primer ministro”. Wragg ha sido uno de los primeros en exigir públicamente la dimisión del primer ministro, Boris Johnson, por el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street. “La intimidación de un diputado es un asunto muy serio, y las informaciones recibidas apuntan a un caso de chantaje. Como consejo general a mis colegas, deberían reportar estos incidentes al presidente de la Cámara de los Comunes y a la Policía Metropolitana”, ha sugerido Wragg.

Un portavoz del Gobierno británico ha negado la acusación: “No somos conscientes de ninguna prueba que sostenga una acusación tan seria. Si aparece alguna, la estudiaremos cuidadosamente”, ha dicho.

Es el penúltimo episodio que viene a demostrar la enorme tensión existente entre Johnson y los diputados rebeldes, a pesar de que el primer ministro lograra ganar algo de tiempo después de la sesión de control del miércoles. En parte, gracias a una actitud defensiva y desafiante que contrastaba con su tono bajo y resignado de las horas previas. Pero sobre todo, gracias a la torpe explotación por parte de la oposición laborista de la deserción del diputado conservador Christian Wakeford. Después de ganar en las elecciones generales de 2019, por apenas 400 votos, el escaño de la circunscripción de Bury South, que sostuvo durante años la izquierda británica, Wakeford era uno de los nuevos parlamentarios tories que veían su futuro político en peligro por los desmanes de Johnson. Y decidió saltar a la bancada de enfrente. Pero no existe partido político en el mundo al que no desagrade el transfuguismo en sus filas, y la decisión del diputado de Bury South sirvió para recuperar cierta unidad entre los conservadores. Muchos de los que habían decidido ya presentar su “carta de retirada de confianza”, para activar la moción contra el primer ministro, optaron por esperar. Para la semana que viene se espera que la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, presente su informe definitivo sobre las fiestas en Downing Street. Johnson ha implorado a sus críticos que le den una tregua hasta que se publique el resultado de esa investigación. Confiaba en un principio en que, a pesar de su previsible dureza, el informe no incriminaría penalmente ni señalaría la responsabilidad directa del primer ministro. De ese modo, calculaba el equipo de Johnson, sería posible que rodaran algunas cabezas para mostrar ejemplaridad y contrición, y poder pasar página.

Pero sobre la mesa de Gray se han ido acumulando los indicios. Según la cadena ITV, ya ha encontrado el correo electrónico que un exasesor mandó al secretario privado de Johnson, Martin Reynolds, el hombre que envió la invitación a una de las fiestas a cerca de cien personas. Era una carta de advertencia, por la aparente ilegalidad del evento. El mismo aviso que Dominic Cummings asegura que le dio en persona a su entonces jefe, el primer ministro. La alta funcionaria ha decidido interrogar también al exasesor estrella de Johnson, y cada vez va a resultarle más complicado presentar una conclusión que exculpe al político conservador.

El ministro de Sanidad, Sajid Javid, se ha convertido en el tercer miembro del Gobierno que no solamente da por sentado, sin el menor asomo de dudas, que hubo fiestas en Downing Street durante el confinamiento, sino que ha exigido que se proceda cuanto antes a la expulsión de los responsables. Y, como el ministro de Economía, Rishi Sunak, tampoco ha querido poner la mano en el fuego por Johnson. Si se demuestra que mintió al Parlamento, al asegurar que no sabía que estaba asistiendo a una fiesta, también tendría que irse. “El Código de Buen Gobierno es muy claro. Si un ministro, incluido el primer ministro, se salta la ley, debe renunciar. Es una regla general que vale para todos, sin excepciones”, ha dicho Javid.

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La señal en que se fijarán los historiadores del futuro para determinar el momento exacto en que los políticos del Reino Unido dejaron de tomarse en serio a sí mismos serán los nombres que eligieron para bautizar sus conspiraciones. Operación Salvar al Jefazo (Operation Save Big Dog), a la decisión de que rodaran en Downing Street varias cabezas para proteger la de Johnson; Operación Carnaza (Operation Red Meat), al conjunto de medidas populistas para distraer la atención del escándalo de las fiestas prohibidas, y ahora, Operación Pastel de Cerdo (Operation Pork Pie), al grupo de diputados conservadores que ha comenzado a organizarse para programar la caída del primer ministro.

Todos se reunieron a última hora de este martes en el despacho parlamentario de Alicia Kearns, representante de la circunscripción electoral donde se encuentra la localidad de Melton Mowbray, famosa por esa especialidad culinaria tan inglesa. Ocurrió en la víspera de una nueva sesión de control parlamentaria, este miércoles, que puede ser clave para la suerte de Johnson. Lo más importante de ese encuentro son el quién, el cuándo y el para qué. Fueron unos veinte diputados, pero todos ellos proceden de territorios que históricamente votaban al Partido Laborista. El llamado Red Wall (Muro Rojo), las regiones del centro y norte de Inglaterra que Johnson conquistó en diciembre de 2019 para los conservadores, a lomos de su promesa del Brexit.

Muchos de esos parlamentarios no pensaban ni en sueños que llegarían a pisar Westminster, y ahora están dispuestos a proteger sus escaños con uñas y dientes. Decidieron juntarse poco después de escuchar al primer ministro ante las cámara de SkyNews. Con voz trémula y la cabeza inclinada, parapetado tras una mascarilla que pocas veces ha usado durante la pandemia, Johnson volvía a pedir perdón a la ciudadanía y aseguraba que “nadie le dijo” que la fiesta del 20 de mayo en el jardín de Downing Street, a la que acudió, era precisamente eso: una fiesta, y no un “evento de trabajo”. Los diputados olieron debilidad terminal en la comparecencia de su líder. La muestra extrema de esta espantada generalizada la protagonizaba Christian Wakeford. Parlamentario representante de la circunscripción de Bury South, que arañó a los laboristas en las pasadas eleciones por apenas cuatrocientos votos (un 0,8%), anunciaba este miércoles que abandonaba el Partido Conservador y se pasaba a las filas de la oposición. “Es usted incapaz de proporcionar el liderazgo y el gobierno que necesita este país”, acusaba Wakeford a Johnson en su anuncio de despedida.

La cuestión residía en cómo organizar su derrocamiento, y cuál debía ser el momento preciso. ¿Lo más pronto posible? ¿Después de la sesión de control de este miércoles en la Cámara de los Comunes? ¿Cuando publique finalmente su informe Sue Gray, la alta funcionaria que investiga las fiestas prohibidas? La irritación popular por todo lo ocurrido en Downing Street, a tenor del masivo envío de cartas de protesta de los votantes a sus diputados, sugiere que Johnson ya no tiene una salida política razonable. La decisión de Gray de interrogar al exasesor estrella del primer ministro, Dominic Cummings, complica mucho más las cosas para el político conservador. Quien fuera ideólogo del Brexit, que acabó saliendo del Gobierno por la puerta de atrás, ha iniciado su particular vendetta contra Johnson y asegura que dispone de material para demostrar que el primer ministro ha mentido al Parlamento sobre su conocimiento de las fiestas durante la pandemia.

Son necesarias 54 cartas de “retirada de la confianza” (un 15% del grupo parlamentario) para que se active de modo automático la moción de censura interna contra Johnson. No se conoce oficialmente el número de ellas que ha podido llegar ya a la dirección del histórico Comité 1922, el organismo que agrupa a los diputados backbenchers (literalmente, los de los escaños traseros), aquellos que no ocupan un puesto en el Gobierno, y disponen así de mayor capacidad de maniobra para conspirar. Según los datos recopilados por los medios británicos, de la Operación Pastel de Cerdo habrían salido ya unas diez cartas más. En cualquier caso, este tipo de revueltas funcionan con un efecto contagio acelerador, y en cuestión de horas todo puede ocurrir.

En el caso de Theresa May, los euroescépticos que se organizaron para reventar su plan del Brexit, lograron alcanzar el umbral de cartas el 12 de diciembre de 2018. Horas después, entrada la noche, la votación se puso en marcha. Pocos dudan de que, si finalmente se repite la historia, Johnson sufriría un serio varapalo. Su popularidad está hoy por los suelos, hasta el punto de que pocos de sus compañeros de filas desean contagiarse.

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En las últimas horas, en cualquier caso, han comenzado a brillar los cuchillos en el Partido Conservador, con acusaciones de deslealtad hacia los diputados “novatos”. “Todos los que han organizado esta revuelta están siendo muy desleales con el primer ministro, el partido, los electores y la nación entera”, ha dicho a The Times Nadine Dorries, la ministra de Cultura que Johnson incorporó en su última remodelación de Gobierno. Dorries ha demostrado en las últimas semanas que es una defensora incondicional del primer ministro, hasta el punto de ser expulsada con cajas destempladas de un chat de WhatsApp de conservadores euroescépticos. Pero no es la única que ha cargado contra los rebeldes. “Es asqueroso. Fueron elegidos gracias a él. La mayoría de ellos eran unos don nadie. Es una locura”, ha dicho una fuente del Gobierno –esta vez desde el más estricto anonimato– a ese mismo periódico.

Johnson comenzó a reunirse en la noche del miércoles con grupos pequeños de diputados para contrarrestar las conspiraciones en su contra, pero, hasta ahora, ninguno de los parlamentarios ha salido públicamente a decir que el primer ministro le había convencido con sus explicaciones.

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El mecanismo interno para que el Partido Conservador se deshaga de su primer ministro tiene algo de arcano y misterioso, pero cuando se pone en marcha, desata un terremoto político de primera magnitud. Boris Johnson se encuentra en estos momentos en el limbo. Hasta el momento, solo media docena de diputados conservadores han pedido públicamente su dimisión, pero nadie es capaz de aventurar cuántos más puedes hacerlo en los próximos días, y si serán suficientes para poner en marcha el mecanismo de destitución.

Después de sus medias disculpas en la Cámara de los Comunes, de su admisión de que estuvo en la fiesta prohibida del jardín de Downing Street del 20 de mayo de 2020, y de su endeble excusa de que pensó que era una reunión de trabajo, al primer ministro del Reino Unido no le queda otra que apretar los dientes y esperar el desenlace de dos acontecimientos sobre los que no tiene el menor control. En primer lugar, la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, una alta funcionaria con fama de dura e intachable, debe concluir la investigación interna que el propio Gobierno le ha encomendado, y que abarca hasta media docena de fiestas en dependencias ministeriales. Incluida aquella a la que asistió Johnson, y que más peligro conlleva para su futuro político. La presión del momento acelerará los trabajos de Gray, que deberían concluir para finales de la semana que viene. Es prácticamente imposible que su informe tenga un tono exculpatorio, dada la acumulación de pruebas aireadas y, sobre todo, del grado de indignación reinante entre la ciudadanía, la oposición y los propios diputados del Partido Conservador. Pero los matices que incorpore, o hasta dónde alcance a señalar responsables, serán muy importantes. Si concede cierto pábulo a la excusa de Johnson de que pensó que se dirigía a una reunión ―claramente informal― del personal a su servicio, el primer ministro podría recobrar algo de oxígeno. Sobre todo si, a la vez, ruedan las cabezas de algunos pesos pesados de su equipo de Downing Street y, lo que es más importante, la Policía Metropolitana se da por satisfecha con las conclusiones y decide aparcar el caso, en línea con su regla de no investigar retrospectivamente violaciones de las normas de distanciamiento social. “El informe de Sue Gray puede ser muy duro contra Johnson, pero si la policía decide no hacer uso de él, y logra que la mayoría de los diputados se mantengan a su lado a pesar de todos los problemas”, aventura Paul Goodman, exparlamentario y director de la página web ConservativeHome, “el Gobierno puede acabar recuperando un cierto grado de normalidad”.

El Comité 1922

De momento, esa hipótesis suena excesivamente optimista para un primer ministro que atraviesa su crisis más delicada desde que llegó a Downing Street hace dos años, y al que los medios conservadores del Reino Unido dan prácticamente por finiquitado. Los ánimos dentro del Partido Conservador están muy revueltos, pero todavía no hay una facción que encabece el motín ―como ocurrió con Theresa May o con Margaret Thatcher― ni un rival alternativo que comience a despuntar. Hasta 26 parlamentarios tories han pedido públicamente, con mayor o menor intensidad, la dimisión de Johnson. Pero la cifra, aireada insistentemente en las últimas horas, lleva cierta trampa. De todos ellos, 20 son diputados del Parlamento Autónomo de Escocia (conocido como Holyrood, por el palacio donde se ubica). Para entenderlo bien, vendrían a ser algo similar a diputados españoles del PP en el Parlamento vasco o catalán. Encabezados por Douglas Ross, su actual líder, que ha sido el primero en exigir la renuncia del primer ministro después de hablar con él por teléfono este miércoles, tienen la imperiosa necesidad, si desean salir de la marginalidad que habitan en la política escocesa, de poner distancia entre ellos y una figura como la de Johnson, que tiene un alto componente tóxico en ese territorio autónomo y ha sido clave para alimentar el discurso independentista. A la hora de la verdad, ninguno de estos diputados autonómicos podría votar en una hipotética moción de censura interna para derrocar a Johnson. Solo puede hacerlo Ross, porque es además parlamentario nacional.

Por eso, en esa dirección, son mucho más relevantes las declaraciones de diputados de Westminster como William Wragg, Roger Gale, Julian Sturdy o Caroline Nokes. A su propia rabia o decepción personal con Johnson, suman el factor decisivo para que cualquier político opte por retirarle su apoyo: “El mensaje que estoy recibiendo de los votantes de mi circunscripción es que se sienten decepcionados y traicionados, después del inmenso esfuerzo que supuso para ellos obedecer las reglas durante la pandemia”, explicaba Nokes en la cadena televisiva ITV.

De todos ellos, solo dos han admitido abiertamente que ya han enviado una letter of confidence (cuya traducción, paradójicamente, sería la de una “carta de retirada de la confianza”) al director del Comité 1922, Graham Brady. Este organismo, que en realidad se fundó un año más tarde de lo que su nombre indica, agrupa a los diputados conservadores llamados backbenchers (literalmente, los de los escaños traseros: aquellos que no ocupan cargo en la estructura del Gobierno y son más libres para decidir su voto). Su dirección, según el estatuto del Partido Conservador, está capacitada para organizar una moción de censura interna contra el líder y primer ministro del momento. El mecanismo es el siguiente: Un 15% de los diputados backbenchers debe enviar al comité una carta de retirada de la confianza para que la votación de moción se active de modo automático. Actualmente, con 360 diputados conservadores, eso supone 54 cartas. Mientras van llegando, la cifra se mantiene en secreto. Por eso el clima, ante una rebelión interna, tiene algo de misterioso. Nadie es capaz de concretar si las cartas acumuladas no pasan de un puñado o se cuentan ya por decenas.

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En la situación actual, muchos diputados conservadores habrán optado por templar su rabia y frenar cualquier decisión, a la espera del informe de Susan Gray. Pero aunque tenga algún aspecto positivo para Johnson, difícilmente podrá servir para que las aguas vuelvan a su cauce si la irritación de la ciudadanía se mantiene. La última encuesta de YouGov, a principios de la semana, señala que un 56% de los británicos quiere que Johnson se vaya. Si finalmente se alcanza la cifra de 54 cartas, la votación podría realizarse a velocidad de vértigo. En el caso de la ex primera ministra Theresa May, el anuncio se realizó el 12 de diciembre de 2018. El grupo de los euroescépticos intentó derribarla para frenar su negociación del Brexit con la UE, demasiado condescendiente para ellos. Ese mismo día, a partir de las nueve de la noche, el grupo parlamentario estaba votando. 200 parlamentarios respaldaron a May; 117 votaron en su contra. En 1990, con reglas algo diferentes, Margaret Thatcher también sobrevivió, 204 votos frente a 152, a un desafío interno. En ambos casos, las dos primeras ministras tiraron poco después la toalla al comprobar la fuerte oposición interna a la que se enfrentaban. A pesar de que, según establecen los estatutos, no puede volver a celebrarse una nueva moción de censura interna en los 12 meses siguientes. Por eso muchos críticos de Johnson incluyen en sus cálculos la posibilidad de que el primer ministro pudiera salir más fortalecido del golpe, porque lo que claramente descartan es que dimita por voluntad propia.

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Diputados UDI llamaron a dar urgencia a ley que impide expropiación de pensiones

24Horas.cl Tvn

03.06.2021

Por 140 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el IFE universal y ampliado, fue aprobado en general por la cámara de diputados.

El proyecto ahora será enviado al Senado.

El proyecto se entregará al 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares, salvo familias que perciban renta sobre $800 mil per cápita, en los meses de junio, julio y agosto y 50% en septiembre.

 

En la sala, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, intentó incorporar la iniciativa de la bancada de diputados de la tienda de extender el IFE hasta diciembre, sin embargo, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, desestimó la modificación por temas administrativos y de reglamento.

El detalle del proyecto

– Se incrementan los montos del beneficio a las familias que se conforman por 3 y 4 integrantes, desde los montos propuestos por el gobierno a $100.000.

– Se establece que la familia es beneficiaria desde que hace su solicitud de ingreso al RSH, independiente cuando se le asigne el puntaje que lo califique, siempre que luego de esa asignación esté dentro del 100% del RSH y cumpla el requisito de poseer menos de $800.000 líquidos per cápita

– Se amplía el beneficio al mes de septiembre con un 50% del aporte de los meses anteriores, sin perjuicio de poder ser ampliado por más meses conforme a la situación sanitaria. (retroactividad)

– El beneficio será entregado de manera automática a las familias que han sido asignatarias de alguno de los beneficios indicados en la ley y estén registradas sus cuentas en alguna de las bases del Gobierno. Los que no estén, deberán solo ingresar sus datos de pago, sin que sea considerada postulación.

– Se establece la obligación de los municipios a brindar apoyo a las personas que no posean acceso a internet y que no puedan realizar dicha actualización, como adultos mayores. Todo esto a través de una atención presencial para aquello.

– Se establece que el beneficio ayudará a las familias de los hijos e hijas nacidos en Chile de extranjeros avecindados en nuestro país, independiente de su situación migratoria. Para ello tendrán hasta el 1 de julio para iniciar el trámite migratorio que corresponda. La sola solicitud habilita el beneficio.

Ife Universal Cámara de diputados

Gráfica de Cámara.cl



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✅ A LEY | En forma unánime la Cámara aprueba proyecto que permite extender la licencia #postnataldeemergencia debido a la pandemia.

☑️ Se extiende por 3 meses
☑️ Será universal (sector público, privado e independientes)
☑️ Se despacha a ley

— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) June 3, 2021



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