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Hay un aire de optimismo en la campaña de Marine Le Pen, líder del Reagrupamiento Nacional (RN) y candidata por tercera vez a la presidencia de Francia. “Las cosas van mejor”, dice al teléfono Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, expareja de Le Pen y vicepresidente del RN. “Pienso que hay una verdadera oportunidad y es posible ganar esta elección”, añade el dirigente del partido heredero del Frente Nacional, la fuerza histórica de la ultraderecha francesa fundado por el padre de la candidata, el patriarca Jean-Marie.

Le Pen (Neuilly-sur-Seine, 53 años) se está imponiendo en el pulso con Éric Zemmour, el popular tertuliano que en otoño irrumpió en la arena electoral e intentó disputarle el liderazgo de la extrema derecha. Y ya sueña con batir al actual presidente, Emmanuel Macron.

Antes de que Zemmour entrase en campaña, se daba por hecho que en 2022 se repetiría el duelo de 2017: Macron contra Le Pen. Todo cambió en unas semanas. Con su descaro retórico, su erudición de barra de bar y las andanadas contra musulmanes y extranjeros que le han llevado varias veces ante los tribunales, el tertuliano desestabilizó a la jefa del RN. Y trastocó las previsiones.

Zemmour captó a algunos dirigentes del partido y a la figura más preciada: Marion Maréchal, sobrina de Marine y nieta favorita de Jean-Marie. Además, quería romper el dique que, con mayor o menor éxito, ha separado durante décadas a la derecha tradicional de Los Republicanos (LR) —el partido hermano en Francia del PP español— de la extrema derecha.

En noviembre y diciembre de 2021, Zemmour igualó o superó a Le Pen en los sondeos. Parecía un candidato en condiciones de clasificarse para la segunda vuelta y disputarle la victoria al centrista Macron.

Pero, como tantas veces en la carrera de Marine Le Pen, se le dio por liquidada antes de tiempo. Ahora, cuando falta poco más de una semana para la primera vuelta de las elecciones, el 10 de abril, los sondeos son unánimes: en la extrema derecha, Le Pen derrotará a Zemmour. La segunda vuelta, en la que participan los dos candidatos más votados, se celebra el 27 de abril.

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El último sondeo del instituto Ifop, que publica uno al día, sitúa la intención de voto para Le Pen en un 21%, 10 puntos más que Zemmour. La candidata del RN queda así en una confortable segunda posición que la clasificaría de nuevo, como en 2017, para la segunda vuelta. Macron encabeza las intenciones de voto con un 27,5%.

Un margen mucho más estrecho

En 2017, Macron ganó con un 66% de votos. Le Pen sacó un 34%, Ahora el margen sería mucho más estrecho. Según Ifop, el presidente sacaría un 53%; su rival en la extrema derecha, un 47%. Otro sondeo, instituto Elabe, estrechaba el martes aún más el margen y contemplaba una victoria de Le Pen.

“Poco a poco nos aproximamos al margen de error”, celebra Aliot. En su opinión, la clave para ganar en la segunda vuelta es la participación: “Cuanto más importante sea la participación, más importante el resultado de Marine Le Pen. Porque tenemos un electorado de clase popular, de clase media más bien baja, y esta gente solo va a votar cuando hay algo en juego y piensa que podemos ganar”.

Aliot ganó en 2020 la alcaldía de Perpiñán —la mayor ciudad gobernada por el RN— con una estrategia parecida a la de Le Pen: suavizar los ángulos más antipáticos del discurso, presentarse como un gestor pragmático más que un ideólogo y apoyarse en el rechazo a la administración saliente para aglutinar votos de otras tendencias políticas.

Le Pen llevaba años embarcada en el llamado proceso de desdiabolización. Se trataba de limpiar la imagen de su partido, asociado al racismo, la xenofobia y al antisemitismo. Expulsó a su padre. Rebautizó el partido. Decía que ella no era ni de izquierdas ni de derechas y usaba el discurso populista de “los de abajo” contra “los de arriba”. Como el Partido Comunista durante décadas, el FN y después el RN se presentaban como el “primer partido obrero” de Francia.

La propia candidata, que en 2017 demostró su incompetencia en el debate televisado ante Macron, se ha esforzado estos años en prepararse mejor y en aparecer como una política fiable, y amable.

Pero la desdiabolización dejó libre el terreno de la vieja extrema derecha. Y lo ocupó Zemmour, hijo de judíos argelinos que reivindica la figura de Philippe Pétain, el líder de la Francia que colaboró con los nazis, y promueve la teoría racista de la gran sustitución de los europeos blancos por africanos y árabes.

Después de vivir su momento de gloria, Zemmour se desinfla. “Ha hecho una campaña muy agresiva, muy violenta: la gente vio que no tenía el porte de un presidente de la República”, juzga el alcalde de Perpiñán.

La radicalidad de Zemmour, por contraste, permite a Le Pen parecer más moderada, aunque sus ideas sobre la inmigración no sean tan distintas. “Durante estos cinco años ha trabajado mucho”, dice Aliot. “Está serena, nada inquieta. Los franceses perciben esta solidez”.

Las provocaciones y salidas de tono, que al entrar en campaña atrajeron los focos sobre el tertuliano, le han acabado perjudicando. La invasión rusa de Ucrania lo deja en mala posición. No solo por su entusiasta admiración por Vladímir Putin. También Le Pen era admiradora del presidente ruso, y más que eso: lo visitó durante la campaña 2017, y en una campaña anterior se financió con el préstamo de un banco ruso.

Ambos, sin embargo, no reaccionaron igual tras la invasión del 24 de febrero. Le Pen defendió la acogida en Francia de los refugiados ucranios. Zemmour mantuvo su discurso de siempre. “Prefiero que estén Polonia”, dijo. “No está bien arrancar a la gente tan lejos de su país, y desestabilizar Francia, que ya está sumergida por la inmigración”.

Quizá creía demostrar coherencia ideológica. Quizá, como señala Brice Teinturier, del instituto demoscópico Ipsos, era una muestra de “rigidez”, de su incapacidad para salirse de sus teorías. Y esta es otra ventaja de Le Pen: ella se ha adaptado a las inquietudes del electorado. Ha dejado la inmigración en un segundo plano; ahora habla sobre todo de economía.

“Hemos centrado nuestro argumentario en el poder adquisitivo”, defiende Aliot, “y hoy es esto lo que preocupa a los franceses: cómo llegar a fin de mes con el aumento de los precios de la alimentación y de la energía”.

La batalla interna en la extrema derecha revela una corriente de fondo de esta campaña: los temas del bolsillo se imponen a los temas de la identidad. Le Pen tomó nota pronto de ello; Zemmour, no.

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Federico Gutiérrez es el principal candidato de la derecha en Colombia, después de haber ganado este domingo la consulta de la coalición Equipo por Colombia, la alianza que congregó al sector más conservador. Con poco más del 94% de mesas escrutadas, el exalcalde de Medellín se impone con el 54,18% por el 17,61% de Alejandro Char y el 15,75% de David Barguil, sus dos rivales más próximos.

Fico (Medellín, 47 años) llegó a la contienda a través de firmas, pero su nombre hoy se consolida como la alternativa de la derecha, donde tendrá que seducir al electorado del Centro Democrático (CD), el partido del expresidente Álvaro Uribe. Y tiene todo para conseguirlo. El mal momento que atraviesa el CD, el movimiento uribista, con Óscar Iván Zuluga como candidato y sin nuevos liderazgos, lo ubica como el as bajo la manga de Uribe, que desde que dejó la presidencia en 2010 ha sido el principal elector. Hace cuatro años Iván Duque ganó, en buena parte, por haber sido el elegido del expresidente.

“Recibimos este triunfo con humildad”, ha dicho Federico Gutiérrez, tras conocer los resultados que lo ubican como el principal rival del izquierdista Gustavo Petro en las presidenciales del próximo mayo. “Orden”, “seguridad”, “oportunidades” han sido las palabras que más ha repetido en su discurso de esta noche en Bogotá, y también fueron esas las que más sonaron durante su campaña. “Derrotemos a los proyectos autoritarios. Necesitamos unidad de voluntades para cuidar la democracia. Juntos vamos a sacar adelante a Colombia”, ha asegurado el exalcalde de Medellín.

La victoria de Fico no sorprende, sobre todo porque su discurso de “orden” y “seguridad” ya ha demostrado su efectividad en el sector más conservador del país y de su región, Antioquia, la cuna del uribismo. Así ganó la alcaldía de Medellín, cuya gestión terminó con altísimos índices de aprobación. Su imagen, de un hombre de “calle”, descomplicado y cercano a la gente también le ha sumado puntos para ser el hombre con el que el resto de la derecha deberá negociar. Federico Gutiérrez no ha necesitado de una foto con el expresidente Álvaro Uribe para conquistar a la derecha acostumbrada a votar “por el que diga Uribe”, pero ha sabido leer a sus votantes. “Petro es un riesgo y es un peligro para la democracia. Su discurso es de odio y lucha de clases. Yo represento todo lo contrario a lo que él representa”, decía en una entrevista con EL PAÍS.

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Uno de sus principales rivales en la consulta por la derecha, Char, reconoció su derrota y anunció que le apoyará. También lo hizo el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que también buscaba la candidatura de derechas. “La gran duda que se abre hoy es qué va a pasar con la derecha. Viene una negociación, en la que Gutiérrez tiene todas las de ganar”, opina Daniel García-Peña, historiador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Álvaro Uribe ha convocado para el próximo martes a una reunión con su partido, el Centro Democrático. La campaña por la presidencia de Colombia apenas empieza.

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Un retrato de Izkia Siches, quien se hará cargo del ministerio de Interior en Chile.
Un retrato de Izkia Siches, quien se hará cargo del ministerio de Interior en Chile.Alberto Valdés (EFE)

El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, llega a La Moneda con varias banderas de lucha bajo el brazo, pero una de las mayores características de su Administración será su sello feminista. Lo ha declarado explícitamente, como nunca había ocurrido en Chile, aunque el país sudamericano ha sido gobernado en dos ocasiones por una mujer, Michelle Bachelet, en administraciones en las que hubo importantes avances simbólicos y políticos. La principal innovación del mandato de Boric, junto con el recambio generacional, han sido las consecutivas señales hacia las mujeres en distintos ámbitos, en una especie de vuelta de mano hacia el electorado ­que le concedió un triunfo mayoritario en la segunda vuelta de diciembre: el femenino. Como anunció en enero, 14 de sus 24 carteras comienzan en Chile a estar lideradas por ministras. Boric, de 36 años, decidió a su vez que el ministerio de la Mujer funcionaría no en un céntrico edificio, sino en el mismo Palacio de La Moneda y que su ministra, Antonia Orellana –la más joven del Gabinete, con 32 años–, formará parte del comité político por primera vez. Es una señal potente porque busca, entre otros asuntos, llevar la agenda de género al corazón del poder y lograr que la equidad entre hombres y mujeres se transforme en una meta desde todo el aparato público del Estado.

“Un Gobierno feminista se expresa en una voluntad de reconocer la importancia de la acción colectiva de las mujeres. No querer cooptar el movimiento de mujeres, sino que reconocerlo como actor en toda su diversidad y dialogar. Tenemos un compromiso y buscamos implementar un enfoque de género y feminista en todas las políticas públicas”, aseguraba Orellana hace unos días a EL PAÍS. Su diagnóstico parece claro: “En Chile se vive una profunda contradicción: hay un discurso y un alcance de las mujeres a altos espacios de poder que no coincide con las condiciones que vive la mayoría de las mujeres”.

Junto con la nominación de un mayor número de mujeres que de hombres en su equipo de Gobierno, Boric da señales importantes. Por primera vez, por ejemplo, este viernes una mujer llegará a liderar el ministerio del Interior con la médica Izkia Siches. Tendrá bajo su responsabilidad la coordinación política del Gobierno y la seguridad pública del país, lo que parece monumental dadas las dos principales emergencias que enfrenta Chile: la crisis migratoria en el norte y la violencia en la Araucanía y las regiones aledañas. Una segunda figura fundamental en su primer anillo de poder será Camila Vallejo, compañera de ruta de Boric desde las movilizaciones universitarias de 2010, que llegará a la vocería del Gobierno, una función fundamental. Con su llegada al ministerio político, de paso, el Partido Comunista vuelve a la primera línea de una Administración, como no sucedía desde la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973). Su equipo de guardianas lo completa Orellana desde el ministerio de la Mujer, con profunda cercanía personal y política con el mandatario.

“Lo del Gobierno feminista ha sido una declaración muy explícita y sostenida en el tiempo de parte de Boric y sus equipos. Ha dado señales que parecen ir más allá de lo que habíamos comprendido antes como gobiernos con algunos compromisos, habitualmente parcelados, en materia de género. Aquí, en cambio, pareciera que la etiqueta feminista está aglutinando una idea que es mucho más transversal en la propia concepción que tiene el Gobierno de su función y en cómo se proyectaría en la agenda política y en las prácticas”, asegura la académica Yanira Zúñiga, experta en derechos fundamentales y género. En referencia a las consecutivas señales –como la llegada de Siches a Interior, un ministerio que la experta considera “masculizado”–, opina que “dejan de manifiesto una nueva compresión que va mucho más allá de lo que habíamos tenido tanto en la experiencia chilena como latinoamericana”, asegura la investigadora de la Universidad Austral y autora de . Nunca más sin nosotras, un libro que la nueva ministra de la Mujer de Boric tiene en su mesa de noche en estos días.

Ha habido señales simbólicas, como la nominación de la primera mujer que se desempeñará como edecán en Presidencia. Es la teniente coronel de Carabineros, Cecilia Navarro Luke, que tendrá como misión acompañar al mandatario en ceremonias oficiales. Pero se han realizado hechos concretos y nuevos para la sociedad chilena. Con motivo del 8M, el nuevo Gobierno publicó un instructivo donde limitó la aparición de los ministros varones durante la jornada y los llamó a evitar todo tipo de protagonismo. Les recomendaba, a su vez, no conceder entrevistas ni felicitar a sus compañeras. Las órdenes se siguieron con obediencia, porque la jornada estuvo protagonizada por las mujeres del nuevo Ejecutivo, que iniciaron el día con una rueda de prensa en la llamada Moneda chica, donde se instaló Boric en enero y sus colaboradores para organizar el traspaso.

“El ser un Gobierno feminista significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, en la cual vemos el mundo que ha estado durante demasiados siglos contadas por hombre”, dijo Boric como mandatario electo cuando se desarrolló el Encuentro Interministerial para las Políticas de Género. “Así que les pido, encarecidamente, particularmente a los hombres, que nos lo tomemos muy en serio y que al final de nuestro Gobierno podamos haber colaborado con el cambio cultural que el movimiento feminista ha empujado”, indicó con relación a la ola feminista que se hizo visible en 2018 y que, antes del estallido, fue la punta de lanza de los cambios en Chile.

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Es un fenómeno que el mundo mira con atención. La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, antes de embarcarse a Chile para participar del cambio de mando este jueves, habló con el podcast El café diario de las amplias expectativas que generan en el resto del mundo y en especial en las izquierdas el sello feminista de su amigo Boric.

Para Diamela Eltit, escritora chilena, “hay nuevos signos en cuanto a las estructuras gubernamentales y no solo por la conformación ministerial ­–la presidenta Bachelet nominó al Gabinete paritario que no funcionó por las tensiones internas de su propia coalición–, sino porque el nuevo escenario lo han generado las mujeres y no solo por un grupo de personas que haya instalado el tema de género en la agenda”. Para Eltit, Premio FIL de Literatura 2021, lo que estamos viendo es consecuencia de todo un siglo en que las mujeres chilenas se han movilizado. “Es una tarea larga y nadie puede pensar que el equilibrio necesario se concretará rápidamente, pero lo que presenciamos en Chile es un punto de partida muy sólido”. Para interiorizarse sobre estas temáticas, ya en campaña, Boric recibió clases de feminismo, con académicas como Luna Follegatti.

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Los satélites fotografiaron el pasado lunes, 28 de febrero, un lugar llamado Jilchika. Está situado en el sureste de Bielorrusia. Si se traza una línea recta hasta el punto más cercano de la frontera con Ucrania, la distancia es de tan solo 12 kilómetros. Hasta hace unos meses, lo que había en Jilchika era nada, más allá de un pequeño embalse de agua junto a decenas de kilómetros cuadrados de arboleda. El lunes, trabajadores de la empresa privada estadounidense Maxar Technologies, desde sus oficinas en Westminster, en el Estado de Colorado, eligieron las fotos que sus satélites captaron de este sitio y se las enseñaron al mundo. Jilchika se ha convertido, según habían comprobado, en un campamento militar ruso, el más cercano hasta lo visto de la linde hacia la guerra emprendida por el Kremlin contra el vecino ucranio. En la foto se puede identificar incluso cómo varios camiones emprenden la ruta. Un nuevo renglón en la crónica visual, construida gracias a cientos de satélites y sin parangón en la historia de los conflictos.

Jilchika no es, en cualquier caso, el mayor de los emplazamientos militares rusos establecidos en los últimos meses como cerco a Ucrania. Pero si los empleados de Maxar se fijaron en esas coordenadas era por algo: desde este acuartelamiento hacia el sur, primero por la bielorrusa P37 y luego, ya en suelo ucranio, por la P02, se conduce directo a Kiev, objetivo fundamental del presidente ruso, Vladímir Putin. Y es por esas rutas por donde esta empresa especializada en la comercialización de imágenes satelitales emprendió el 27 de febrero el monitoreo de un larguísimo convoy de fuerzas rusas enfiladas hacia la capital ucrania.

Emplazamiento militar de Khilchikha, en Bielorrusia, el pasado 28 de febrero.
Emplazamiento militar de Khilchikha, en Bielorrusia, el pasado 28 de febrero.AP

El viaje de esta hilera de decenas de kilómetros de vehículos militares tiene en vilo a la cobertura de la invasión. Por primera vez en la historia de la guerra, herramientas hasta ahora reservadas a los servicios de información y espionaje están a disposición de casi todos, primero de los reporteros y luego de la audiencia. Según los expertos en seguridad contratados por Maxar para el análisis de las fotos de sus satélites, el convoy con destino Kiev está formado por camiones con combustible, logística, tanques, vehículos de infantería y lanzaderas móviles de misiles. Se trata de cientos de unidades de un operativo de combate que de principio a fin mide unos 60 kilómetros, y que ha sido fotografiado en la ruta desde Ivankiv al aeropuerto de Antonov, dos puntos bombardeados en la primera semana de ofensiva.

El estudio de las imágenes, según ha manifestado a este periódico Maxar, apunta a que el convoy, al menos parte de él, proviene sin duda del norte, de Bielorrusia. El Kremlin trasladó a ese país a principios del pasado mes a 30.000 soldados, junto a vehículos militares y armamento pesado, para participar en maniobras conjuntas.

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El seguimiento de este convoy vía satélite y accesible a todos los públicos es el ejemplo más claro de un nuevo escenario que evoluciona bajo el nombre Open Source Intelligence (Inteligencia con fuentes abiertas) y que tan solo se podía intuir a través de las herramientas de geolocalización del gigante Google. Hasta ahora, las grandes empresas de imágenes satelitales, que trabajan a demanda y mediante pago por uso, estaban enfocadas en prestar servicio a empresas privadas suscriptoras o a Estados en temas de seguridad y, recientemente, también para asuntos relacionados con el medio ambiente.

El pasado 3 de diciembre, el Departamento de Defensa estadounidense difundió a través de la prensa una serie de fotografías satelitales en las que se mostraba el despliegue ruso en varias localizaciones desde el verano. Firmaba las imágenes la empresa Digital Globe, propiedad de Maxar. Desde entonces, esta compañía, con decenas de satélites orbitando alrededor de la tierra, ha ilustrado las alertas lanzadas por Occidente sobre el peligro de la invasión inminente por parte de Rusia de Ucrania. Sus análisis han detallado lo que estaba pasando en el terreno más allá de los dimes y diretes de las cancillerías. Según la selección de información hecha desde las oficinas de Colorado, se distinguen tres frentes fundamentales de cobertura para entender el despliegue: Bielorrusia, el oeste de Rusia y Crimea. Y se aprecia una evolución concreta en el movimiento de estos destacamentos: en las primeras semanas con la llegada de los batallones desde varios puntos de Rusia; luego, con el montaje de barracones que indicaba que llegaban los soldados; y, por último, con el traslado a puntos más cercanos de la frontera con Ucrania.La ofensiva estaba lista y lo habían contado los satélites, a pesar de que desde Moscú se informase del repliegue en algunos puntos de la franja occidental rusa e incluso la península de Crimea.

Ahora la visibilidad de Maxar ha crecido exponencialmente tras el ataque ruso a Ucrania. No obstante, la empresa, como reconoce en su web, tiene una intensa relación con el Gobierno estadounidense, al que proporciona el 90% de la “inteligencia geoespacial” empleada en temas de seguridad nacional. También proporciona información a las tropas norteamericanas sobre cualquier terreno.

A la zaga de Maxar se han situado las californianas Capella Space o Planet Labs, ambas empresas con sede en San Francisco. Esta última ha abierto también un canal especial para la prensa con la información del frente que van recogiendo sus satélites. En una de sus últimas actualizaciones, el martes 1 de marzo, Planet Labs difundía la imagen satelital de la base aérea de Luninets, a 60 kilómetros de la frontera ucrania. Donde a principios de febrero había un manto de nieve, ahora, junto a la pista de despegue, aguardan más de 30 aparatos, la mayoría aviones de combate Sukhoi SU-25, símbolo del potencial aéreo de la Unión Soviética. Sobra decir que la herramienta de mapeo que ofrece Yandex, buscador privado de origen ruso, pero bajo la lupa del Kremlin, no muestra ninguno de los emplazamientos militares levantados por Moscú en los últimos meses.

Base aérea de Luninet, en Bielorrusia, el pasado 1 de marzo. / Planet Labs PBC
Base aérea de Luninet, en Bielorrusia, el pasado 1 de marzo. / Planet Labs PBC

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El pulso de Rusia a Occidente ha alcanzado niveles inauditos desde la Guerra Fría y está forzando el diseño de planes de contingencia de amplio espectro, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Al margen de la cuestión militar, el aspecto más conocido son las febriles iniciativas para asegurar a la UE suministro de gas alternativo en caso de que la crisis culmine su escalada y se produzca un corte abrupto. Pero este no es, ni mucho menos, el único ámbito de dependencia. En el sector aeroespacial, por ejemplo, las empresas europeas y estadounidenses ya se preparan para afrontar posibles problemas en la cadena de suministro del titanio, un material vital para esa industria y del que Rusia es un productor significativo. Un escenario de conflicto y sanciones podría alterar ese mercado.

Por descontado, una eventual escasez de titanio no tendría consecuencias adversas tan graves como la falta de gas, ya que no afectaría a la población en general sino solo a un sector productivo, por importante que este sea. Sin embargo, el caso de este material sirve para llamar la atención sobre un terreno de competencia entre potencias menos visible que otros: los recursos mineros estratégicos, elementos esenciales para el desarrollo de cuestiones tan sensibles como la transición energética, la revolución digital o la medicina.

Cada tres años, la Comisión Europea publica una lista de los materiales que considera más relevantes. La última, de septiembre de 2020, selecciona 30, entre los que destacan el cobalto, el litio y las tierras raras —fundamentales en los procesos de electrificación—; el silicio —para microchips— o el proprio titanio. En el informe, Bruselas pone en evidencia la posición de preeminencia de China y la importancia de Rusia como agentes productores o procesadores de estos minerales, un terreno de competencia cada vez más exacerbada entre potencias y un potencial canal de presiones y reacciones políticas. Como en el terreno energético, aquí también la UE sufre una marcada dependencia del exterior.

“En los últimos 20 años, buena parte del control de la cadena de suministro se ha desplazado de Occidente a China, tanto en términos de extracción como de procesamiento”, constata Nicholas Crawford, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres para asuntos geoeconómicos.

En las actividades extractivas, las compañías chinas han expandido paulatinamente su radio de acción obteniendo, a menudo, contratos en países en vías de desarrollo gracias a complejos esquemas que incluían la financiación de proyectos de infraestructuras. Su avance ha sido notable. Y el pulso con las compañías occidentales, desigual.

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“Es cierto que muchas de las grandes mineras siguen siendo occidentales”, señala por teléfono Gavin Montgomery, analista de la consultora Wood Mackenzie. “Pero las chinas cuentan con la ventaja de que no tienen frenos de otro tipo a la hora de invertir en algunos países: si una empresa estadounidense o europea quiere entrar en el Congo, por ejemplo, va a tener el rechazo de los bancos que las financian. Una china, no”. Aun así, en una mirada de conjunto al panorama extractivo, “no puede considerarse que las empresas chinas son dominantes; las occidentales tradicionales retienen un papel muy significativo”, apostilla Crawford.

Al avance en la pata extractiva debe sumarse la fuerza de China en el procesamiento de muchos de estos elementos claves, una posición de dominio que tiene desde hace años y que se debe a varios motivos. Primero, las inquietudes medioambientales que estas actividades generan, que han inducido a compañías occidentales a desplazar allí sus actividades. Segundo, los menores costes laborales, a pesar de que el diferencial se ha ido achicando con el paso de los años. Y tercero, una lógica de cercanía con la industria manufacturera, que sigue teniendo en el gigante asiático su principal centro de operaciones a escala global. “China ha sabido capitalizar ese movimiento y desarrollar industrias propias en ese sector”, apunta Crawford.

La suma de la potencia extractiva —tanto dentro como, sobre todo, fuera de sus fronteras— y de procesamiento y refinado de estos metales sitúa a Pekín como productor de referencia de una veintena de los 30 materiales estratégicos en los que la Comisión pone el foco. Sin embargo, en cierto modo, su fuerza va incluso más allá de lo que esa tabla sugiere.

El cobalto es, quizá, el caso más paradigmático de la dependencia indirecta de Occidente. Aunque la gran mayoría de reservas y el 70% de la producción global de este mineral, fundamental para la producción de baterías y teléfonos móviles, están en la República Democrática del Congo —Rusia es el segundo en discordia—, la manija real la tiene el coloso asiático. Una de sus mayores mineras, China Molybdenum, es hoy el segundo máximo vendedor del mundo de este material, solo por detrás del conglomerado suizo-británico Glencore. Su plan pasa por convertirse en el número uno a medio plazo, con inversiones multimillonarias en el país africano. Los datos hablan por sí solos: 15 de las 19 minas activas allí son propiedad de compañías chinas o cuentan con su apoyo financiero, según una reciente investigación de The New York Times. Y, lo que es más importante, Pekín suma ya las dos terceras partes de la oferta total de cobalto ya refinado. La dependencia occidental de China, en síntesis, es enorme.

La tierras raras como síntoma

Con todo, si en un ámbito el dominio chino es especialmente intenso ese es el de las llamadas tierras raras: una amalgama de 17 elementos químicos de nombre impronunciable para el común de los mortales pero fundamentales para la fabricación de computadoras o coches eléctricos. Aquí, el gigante asiático no solo domina casi el 60% de la producción mundial, según los últimos datos del Servicio Geológico estadounidense, sino también —atención— el 80% del procesamiento. Esto sitúa a los demás —la UE y EE UU, pero no solo— en una posición de peligrosa dependencia, y concede al Gobierno de Xi Jinping una importante palanca de presión.

“En 2010, China decidió restringir las exportaciones de tierras raras como medida de presión política. Golpeó particularmente a Japón, con quién mantiene una disputa sobre las islas Senkaku / Diaoyu que en ese entonces estaba especialmente candente”, relata Crawford. “Sin embargo, acciones de ese tipo causan disrupción en el corto plazo, pero también una reacción en el medio-largo: hace 11 años, la cuota de producción de China era del 100%”, dice. EE UU, Australia, India y —precisamente— Japón impulsan una iniciativa para reducir la dependencia en este ámbito. Un plan en el que, por ahora, no está la UE.

Naturalmente, no solo Pekín dispone de posiciones dominantes o prácticamente monopolísticas. “Prefiero mirar la cantidad de oferta que controla un único actor. No me importa tanto si es China, EE UU o cualquier otro país o incluso empresa. Dondequiera que haya concentración en una sola fuente, existe la posibilidad de una ruptura de oferta”, desliza por correo electrónico David Dixon, analista sénior de Rystad Energy. En esos casos, la reacción no es imposible. Pero sí difícil y lenta: por las inquietudes medioambientales en Occidente y también por las propias dificultades técnicas de poner en marcha operaciones productivas de cierta envergadura, explica Montgomery.

En este panorama, Rusia reviste un papel relevante, aunque inferior a China, según coinciden Crawford y Montgomery. Es un actor importante en el titanio, el níquel o el aluminio. Tiene experiencia industrial. Y su creciente presencia en el continente africano, con buenas relaciones con regímenes a los que proporciona seguridad, abre algunas perspectivas de proyección internacional. Sin embargo, hay límites: “De momento, en África tiene algunas operaciones, pero a escala pequeña. En perspectiva, hay que tener en cuenta que tendrán que seguir compitiendo tanto contra China como contra Occidente”, asevera Crawford. El músculo financiero o la experiencia y tamaño empresarial que estas tienen son un factor insoslayable, y en ambos frentes su poderío es incomparablemente menor.

Occidente mantiene la hegemonía empresarial en el sector

En el flanco empresarial, el peso occidental —y, muy especialmente, del Reino Unido— se mantiene en cotas elevadísimas. La, de largo, mayor minera del mundo, la anglo-suiza Glencore, mantiene un amplio dominio en la extracción de cobre, cobalto y zinc, entre otros. La segunda, BHP Billiton (anglo-australiana), no solo es un actor esencial en la producción de hierro, sino también en la de otros minerales clave para el salto a las renovables, como el níquel o el cobre, y tiene entre ceja y ceja las tierras raras.

Rio Tinto, también anglo-australiana, mantiene un dominio sustancial del mercado de dióxido de titanio y cobre. Y a la zaga van el gigante férrico brasileño Vale y la británica Anglo American, que domina una fracción no menor del mercado de platino. Aunque las firmas chinas ya están despuntando, aún siguen varios cuerpos por debajo de sus pares occidentales. Está por ver hasta qué punto —con qué velocidad— el respaldo estatal y la financiación sin problemas de conciencia las ayudarán a recortar distancias.

Ante esta situación, tanto EE UU como la UE estudian iniciativas para reducir su grado de dependencia de suministradores inseguros. El Congreso estadounidense, por ejemplo, estudia conceder exenciones fiscales para fomentar producción nacional de elementos estratégicos y un proyecto de ley apoyado por demócratas y republicanos para evitar que su poderosa industria de Defensa siga comprando tierras raras a China.

La UE, por su parte, también intenta desempeñar un papel. El estudio trienal de la Comisión es precisamente parte de ese esfuerzo. El concepto de autonomía estratégica es un mantra que estos días resuena fuerte en Bruselas, que acaba de concretar sus planes en materia de microchips. De momento, eso sí, sin resultados trascendentes.

Por valores y prerrogativas, la UE no puede desempeñar un papel como el del Estado chino. Pero eso no significa que no haya terrenos interesantes donde puede ser relevante. Crawford señala dos: financiar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan la dependencia de materiales clave de acceso complicado; y apoyar la investigación para mejorar el reciclaje de estos materiales. La economía circular, aún poco desarrollada en el sector, puede convertirse en el futuro en un factor significativo para disminuir dependencias. Eventuales sacudidas de precios en algunos mercados por tensiones geopolíticas podrían hacer más competitivos este tipo de emprendimientos.

Desde las profundidades de la tierra, con sus recursos mineros estratégicos, hasta el espacio, con la relevancia creciente de los satélites, pasando por las imprescindibles capacidades en el ciberespacio, el pulso entre potencias del siglo XXI está desbocado y se juega en múltiples planos. El abanico, en fin, es infinitamente más amplio que en el siglo anterior.

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La gran ventaja de la longevidad tanto de Isabel II (95 años) como de su reinado (70 años) es que a lo largo de tanto tiempo ha podido tomar una decisión y la contraria, y acabar siempre en el lado correcto de la historia. El deseo expresado por la reina, en un comunicado del Palacio de Buckingham en la noche del sábado, de que “cuando llegue el momento, Camila sea reconocida como reina consorte” pone punto y aparte —en las cosas de la Monarquía nunca hay punto y final— a la última rémora que pesaba sobre el futuro del heredero, Carlos de Inglaterra.

Conviene incorporar algunas pistas para entender el significado de ese movimiento. La tradición británica, siempre susceptible de ser reinventada, nunca ha tenido problemas para conceder a la esposa del rey el título honorífico de reina consorte. En un sistema que sigue siendo jerárquico y patriarcal, aunque también le haya tocado evolucionar, nadie pone en cuestión dónde reside el poder en la pareja. No ocurre lo mismo cuando se trata de una reina. Por eso María de Escocia no llegó nunca a resolver el título apropiado para sus tres maridos; y Ana de Inglaterra solo concedió a su esposo, Jorge de Dinamarca, el ducado de Cumberland.

Como nunca ha dejado de ocurrir en las familias reales, el amor juega a veces como factor de crisis o como motor de cambio. La reina Victoria decidió, echando mano de su propia prerrogativa, que su adorado Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha fuera considerado príncipe consorte. Isabel II tomó el mismo camino con Felipe de Grecia, más tarde Felipe de Edimburgo. “Tuve la fortuna de contar como pareja con el príncipe Felipe, que aceptó llevar consigo el papel de consorte y cumplir sin egoísmo con los sacrificios que conllevaba”, recordaba la reina en su comunicado del sábado. Y añadía: “Es el mismo papel que vi realizar a mi madre durante el reinado de mi padre [Jorge VI]”. Pero la reina madre, Isabel Bowes-Lyon, fue precisamente eso: reina consorte.

Y ese es el título que, años después del envenenamiento que supusieron las infidelidades, puñaladas, divorcio y guerra en los medios desplegados entre Carlos de Inglaterra y Lady Di, se decidió negar oficialmente a Camila Parker Bowles. Se había convertido en la mujer más odiada del Reino Unido, en la causa principal de ruptura —en el imaginario edulcorado de los tabloides— del matrimonio más celebrado por los monárquicos. “La intención [de Carlos de Inglaterra] es que la Sra. Parker Bowles utilice el título de Princesa Consorte cuando el príncipe acceda al trono”, decía la nota oficial de Clarence House (como se conoce a la Casa de Carlos de Inglaterra) que anunció finalmente el matrimonio de Carlos y Camilla. Era a todas luces una discriminación, pero respondía a la necesidad de avanzar, ante la corte de la opinión pública, con pies de plomo.

La pareja había ido mostrándose junta y en abierto a cuentagotas en los años posteriores a la trágica muerte en París de Diana de Gales. Pero Camilla tenía por delante la complicada tarea de cambiar la percepción que de ella tenía la ciudadanía británica. La decisión de que, “cuando llegue el momento”, sea reina o princesa consorte depende exclusivamente del futuro rey, Carlos de Inglaterra. Como, contrariamente al convencimiento arraigado, Isabel II podría haber nombrado rey consorte a Felipe de Edimburgo. Pero todo ha llegado al punto en el que son la gravitas y auctoritas de una monarca tan querida y respetada como la actual las que pueden finalmente zanjar un debate que tenía difícil salida. La misma Isabel II que, con sus gestos, convirtió en paria oficial a la mujer divorciada que había arruinado el matrimonio de su hijo, es la que en los últimos años la ha ido acercando a su lado y mostrado su confianza en la duquesa de Cornualles. Todo es gradual y medido en Buckingham, como el deshielo, para que, cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, nadie se sorprenda. Así se entiende que el año pasado Isabel II concediera a su nuera la Nobilísima Orden de la Jarretera, el honor más importante concedido por la reina. O que Camila acompañara a la monarca y a su hijo en la última ceremonia de apertura de sesiones del Parlamento Británico, uno de los momentos más solemnes y ceremoniosos del país.

Clarence House publicó el mismo domingo su respuesta oficial a las palabras de la reina: “Somos profundamente conscientes del honor que representa el deseo de mi madre”, afirmaba Carlos de Inglaterra en el comunicado. “Cuando durante este tiempo nos hemos dedicado juntos a servir y apoyar a Su Majestad y a la gente de todas sus comunidades [la Commonwealth o Comunidad de Naciones], mi querida esposa ha sido un apoyo constante”. El príncipe de Gales usa ya el plural, no mayestático sino íntimo, para definir sus planes presentes y futuros, en los que incluye sin reservas a su esposa, la duquesa de Cornualles. Quien fuera mentor y padrino de facto de Carlos de Inglaterra, su tío-abuelo Lord Mountbatten, le dijo en cierta ocasión que “en este negocio [se refería a la imagen pública de la monarquía] uno no puede permitirse ser una violeta que se marchita”.

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El heredero al trono ha aprendido con los años a conseguir —con la ayuda de profesionales de las relaciones públicas— la complicidad de los medios de comunicación. Para él y para su esposa. Los últimos perfiles dedicados a la duquesa de Cornualles por los periódicos conservadores retratan a una mujer entrañable, cálida, con un agudo sentido del humor y volcada en sus actividades filantrópicas. También revelan —lo hacía este lunes el Daily Mail— que el deseo expresado por Isabel II es en realidad la guinda de un plan que llevaba años en marcha. En la revisión que, cada cierto tiempo, se hace de los planes previstos para grandes acontecimientos, ya se contemplaba el título futuro de Camila. Cuando llegue la ceremonia de Coronación de ¿Carlos III? (el nombre con que reinará sigue siendo un misterio), el heredero ya expresó hace unos años su deseo de que su esposa también sea coronada simbólicamente como reina consorte.

Los ciudadanos británicos siguen muy firmes en su empeño de poner límites a la esposa de Carlos de Inglaterra. El último sondeo de la empresa YouGov sobre el asunto, del pasado 15 de noviembre, aún refleja que tan solo una minoría (14%) de ellos querría que tuviera el título de reina consorte. Un 42% insiste en que sea solo princesa. La celebración del Jubileo de Platino de Isabel II ha sido el momento escogido para que la reina dé un último impulso al asunto, y lo zanje, aunque sea a contracorriente de esa mayoría difusa de la opinión pública. Aunque la clave de que esta vez va en serio la desvelaba también el Daily Mail: la reina, según el tabloide, quiere regalar a su nuera la corona que lleva el diamante de Koh-i-Noor. 108 quilates. En su día, de los más grandes del mundo. Originario de Andrah Pradesh, en la India. La misma corona que llevó la esposa de Jorge VI en su coronación, en 1937. Para que quede claro que, cuando se trata de asuntos de la realeza, también un diamante es para siempre.

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La presidenta del grupo de los socialistas europeos en la Eurocámara, la española Iratxe García, en su despacho en Bruselas.
La presidenta del grupo de los socialistas europeos en la Eurocámara, la española Iratxe García, en su despacho en Bruselas.Delmi Álvarez

La mayoría absoluta del socialista portugués António Costa en las elecciones del pasado domingo ha sorprendido en Portugal por su contundencia. También en Bruselas. Se esperaba la victoria, pero no un resultado tan rotundo. Iratxe García, presidenta de los socialistas en el Parlamento Europeo, ve en esto un paso más en la resurrección de su familia política en el continente: “Consolida el excelente momento de la socialdemocracia europea, que en los últimos meses ha demostrado que está en un excelente estado de salud. Gobiernos en los países nórdicos, gobiernos en este caso en la península ibérica y el nuevo canciller alemán [Olaf Scholz] suponen una clara evidencia”, apunta García (Barakaldo, 47 años). “La socialdemocracia ha vuelto”.

“La pandemia ha colocado en la agenda política temas en los que los socialistas hemos estado en primera línea, como los servicios públicos. Esto ya se vio en Alemania. Antes se hablaba del Green Deal y el SPD puso sobre la mesa asuntos como el salario mínimo”, analiza García. Confiesa que el resultado luso “ha sido una grata sorpresa”. “Los compañeros portugueses comenzaron la campaña con una buena posición, pero a mitad de la campaña las dos fuerzas más grandes se iban acercando en las encuestas. Quizá eso también ha movilizado”, señala tras plantearse si es el momento de abrir un debate sobre los sondeos, que en el caso portugués apuntaban a un empate entre el partido de Costa y la derecha.

Sin embargo, ese buen estado de salud de los últimos tiempos no ha sido suficiente para que los progresistas no hayan desaparecido de la cúpula de las instituciones europeas. Con la llegada de la popular Roberta Metsola en sustitución del fallecido David Sassoli en la presidencia del Parlamento Europeo, los socialistas han perdido una de las tres grandes magistraturas en la UE, la única que tenían. El liberal belga Charles Michel preside el Consejo Europeo y el trío lo completa la también conservadora alemana Ursula von der Leyen al frente de la Comisión. Los avances electorales de los progresistas en países como Alemania han servido de poco al grupo que dirige García, que finalmente optó por mantener el pacto alcanzado con liberales y populares en 2019, por el que los progresistas presidían la Eurocámara en la primera parte de la legislatura y los conservadores en la segunda. “Hemos debatido sobre generar otras alianzas en el Parlamento Europeo para mantener la presidencia. Pero los resultados no nos daban garantías de que pudiéramos consolidar esa mayoría y ha pesado más la estabilidad del Parlamento y de la política europea. Hay quien puede pensar que habría otras posibilidades, pero en el momento en que estamos en la política europea, la estabilidad y seguridad es un elemento sobre el que trabajar”, explica.

La elección de Roberta Metsola ha puesto en un aprieto a los socialdemócratas por el apoyo que le dieron. La conservadora maltesa, como buena parte del espectro político de esa isla mediterránea, mantiene posiciones antiabortistas. “Estoy muy alejada de sus posiciones”, aclara la presidenta del grupo socialista europeo. Pero añade, a medio camino entre la autojustificación por el apoyo que le dieron ella y su grupo y el sentimiento de trato injusto hacia una mujer: “Me pregunto si a todos los hombres que han sido candidatos a este puesto les hemos hecho el mismo examen que estamos haciendo ahora”. A continuación, lanza una advertencia a su rival política: “No vamos a consentir que este Parlamento dé marcha atrás en lo conseguido sobre derechos de las mujeres y, en concreto, del aborto. Y si este Parlamento se pronuncia con un informe nuevamente y hay una mayoría, la presidenta deberá defender esa posición”.

Las elecciones europeas de hace dos años y medio dieron la victoria a los populares en un Parlamento muy dividido en el que armar mayorías sin los liberales de Renew suele ser muy difícil. Y a estos va a tener que convencer García, reelegida presidenta de los socialdemócratas europeos antes de acabar 2021, para cambiar al secretario general de la Cámara, el popular Klaus Welle. También pretende desplegar la agenda legislativa pactada con populares y liberales. En ella aparecen los inevitables asuntos de las transiciones ecológicas y digitales, y busca hacerle hueco a asuntos sociales: “Espero que avancemos en actuaciones contra la pobreza infantil, además de la directiva del salario mínimo interprofesional…”.

¿La parece suficiente esta directiva? “No es lo que los socialistas españoles quisiéramos. Pero es la realidad que nos toca vivir, tanto en este Parlamento como en el Consejo Europeo, donde hay distintas posiciones por diferentes motivos: hay quien no quiere la directiva porque considera que puede rebajar los estándares de sus países, como los nórdicos, y otros que no la quieren por ser un esfuerzo que no están dispuestos a hacer. Si conseguimos que salga adelante habrá sido un paso fundamental. Tendremos un instrumento jurídico para trabajar en esto”. También espera que la salida de Angela Merkel de la cancillería alemana dé paso a “desbloquear la directiva de mujeres en consejos de administración, que lleva parada años”.

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Eurodiputada desde 2004, García es muy dura con el PP por su campaña contra la distribución regional de los fondos europeos en España. “Es evidente que no tiene éxito esta campaña de desprestigio cuando de forma continua la Comisión Europea ha dejado claro que existe una sintonía total con el plan de recuperación español y las reformas estimadas”, dice. Y añade: “Me parece una falta de respeto y una pérdida de tiempo lo que está haciendo el PP aquí, en el Parlamento. El ansia por que el Gobierno caiga les hace caer en el ridículo más absoluto”. ¿Y el apoyo del grupo popular europeo con su presidente, Manfred Weber, a la cabeza? “También Manfred apoyó a [Silvio] Berlusconi como presidente de la República italiana”.

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