Tenderos no solo viven bajo la amenaza de las extorsiones, sino que ahora por Decreto son obligados a cerrar a las 10:00 de la noche; y se les impide vender licor para consumo en el lugar, medida que se extiende a las licoreras.
Editorial
En momentos en que los tulueños pasan por una de las situaciones económicas más angustiosas y difíciles de las últimas décadas, como consecuencia de la pandemia por covid-19 y los sucesivos toques de queda y confinamientos obligatorios, vía decretos, panorama que se agravó con el paro nacional y los bloqueos, se expide un nuevo decreto municipal que significaría el entierro definitivo de los tenderos.
En una decisión difícil de comprender y de explicar el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, expidió el Decreto 200-024-0332 de junio 18 de 2021, que obliga a las tiendas a cerrar todos los días a las 10:00 de la noche, y adicionalmente les impide vender para consumo en el lugar bebidas alcohólicas, medidas sobre las que el sustento es bastante pobre, dizque reglamentar horarios y mejorar el orden público. Hágame el bendito favor, para el secretario de Gobierno y Seguridad, los tenderos son responsables de la ineptitud de la administración y las autoridades en esta materia.
Queda en el ambiente la sensación de que en realidad el burgomaestre local busca favorecer los intereses de ciertos sectores comerciales, que vienen funcionando de manera normal y con grandes aglomeraciones de personas pese a que aún continuamos bajo la amenaza de la propagación del covid-19, sitios en los que por cierto es habitual la presencia del secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad del municipio de Tuluá, coronel (R) Jorge Gallego Chávez.
Lo que esperan los pequeños comerciantes de Tuluá, entre ellos tiendas y licoreras, son políticas y estrategias reales para la reactivación económica y del empleo, pero ante la ausencia de un liderazgo constructivo y una buena gestión, por lo menos que los dejen trabajar, algo que se está volviendo imposible en Tuluá.
Los vendedores de la galería trabajan a riesgo de muerte, azotados por las diferentes estructuras delincuenciales que actúan a la luz del día y los ojos de todo el mundo sin que autoridad alguna haga algo, debiendo pagar sumas que oscilan entre los $200 mil y los $300 mil pesos mensuales, bajo la amenaza de que pagan, se tienen que ir o los matan. Y ya sabemos que sí cumplen.
Los comerciantes y tenderos del corregimiento de La Marina denunciaron que están recibiendo llamadas y mensajes extorsivos so pena de atentar contra su vida; y ahora los tenderos están bajo la ‘Espada de Damocles’ (Gacheocha) que no cuenta con Fuerza Pública suficiente para garantizar la seguridad y vida de los tulueños, pero sí para mandar a los policías a cerrar tiendas a las 10:00 de la noche.
Gómez Aguirre se vendió, una de sus tantas promesas, como el gobierno de la gente para la gente, pero desde el inicio de su desgobierno, lo que se ha visto en la Villa de Céspedes, es que su mandato al parecer se debe a cierta gente que es mejor no nombrar para proteger la propia integridad, como me lo hacen saber en constantes mensajes amenazantes.
A ‘Gacheocha’ no se le puede pedir que entienda la dificultad de montar y sostener negocio alguno, pues lleva más de 22 años mamando de la teta pública con paupérrimos resultados, por lo que ante su ignorancia en esta materia bien le haría consultar al gerente financiero del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, exconcejal Denny Osorio Villada, quien ha sido tendero durante muchos años.
Tampoco se le debe exigir que comprenda la desventaja de las tiendas de barrio y la economía de las familias que desde hace unos años deben competir con sus pequeños negocios con grandes conglomerados económicos como Ara o D1; basta con revisar el balance del primer año del manejo fiscal de su gobierno, que descendió a riesgo a Tuluá, bajando del puesto 18 al 52, para evidenciar que de economía sabe y entiende más bien muy poquito.
Al otro exconcejal conocido como “Nule”, el sancionado en primera instancia por la Procuraduría, hoy gerente de Infituluá, Llener Borja Mafla, es entendible que no le consulte, porque lo único que ha hecho además de ocupar cargos públicos es administrar una marranera, que quebró. Tocaría preguntarle por un incipiente negocio familiar de venta de licor importado en el que habría incursionado.
Frente a este desolador panorama que afecta a centenares de familias tulueñas que devengan su sustento de pequeñas tiendas barriales, es menester conocer la posición de la Cámara de Comercio de Tuluá, el ente gremial que recibe millonarios aportes anuales por el funcionamiento de estos establecimientos no puede pasar de agache o ¿acaso una de sus funciones no es velar por el bienestar de sus asociados?
