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El titular de la FGR, Alejandro Gertz, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, en una imagen reciente.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, en una imagen reciente.Mario Jasso/Cuartoscuro

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Alejandro Gertz, posee cuatro viviendas de lujo en España con un valor de mercado de más de cinco millones de euros (113 millones de pesos). El patrimonio del funcionario contempla un piso a su nombre en el barrio de Los Jerónimos, la zona más cara y céntrica de Madrid, y tres tríplex (viviendas de tres pisos) en Ibiza, que el jefe de la Fiscalía controla a través de una compañía inmobiliaria de la que es dueño, según una investigación de EL PAÍS.

La principal propiedad de Gertz, el piso de Madrid, fue escriturado en diciembre de 2013 por un millón de euros (22 millones de pesos), un 36% menos del precio medio de mercado de una vivienda en la zona, según fuentes inmobiliarias.

A cinco minutos a pie del parque del Retiro, el pulmón verde de la capital, y a siete del Museo del Prado, una de las mejores pinacotecas del mundo, se erige el piso de 233 metros que el alto funcionario tiene en el corazón de Madrid. Un edificio señorial de paredes blancas levantado en 1915 flanqueado por un portero a la antigua usanza acoge la vivienda. En ella, se despliegan dos recibidores, dos baños, ocho habitaciones, cocina y despensa.

El piso está libre de cargas y el fiscal es dueño del 100% del inmueble, según un reciente documento del registro de la propiedad 2 de Madrid. El valor actual de mercado de este apartamento supera los 2,3 millones de euros (52 millones de pesos), según fuentes inmobiliarias, que cifran el precio medio del metro cuadrado en la zona entre 10.000 (227.000 pesos) y 10.500 euros (238.000 pesos).

Edificio en Madrid de la vivienda de lujo del titular de la FGR, Alejandro Gertz.
Edificio en Madrid de la vivienda de lujo del titular de la FGR, Alejandro Gertz.Andrea Comas

El fiscal, que desde enero de 2019 es el jefe de las indagaciones de delitos federales en México, adquirió su lujoso inmueble de Madrid en 2013, cuando era rector de la Universidad de las Américas A. C. de Ciudad de México. La vivienda fue escriturada por un millón de euros (22 millones de pesos), según fuentes próximas a la transacción. El titular de la FGR desembolsó por cada metro cuadrado 4.291 euros (97.000 pesos), frente a los 6.741 euros (153.000 pesos) de media —un 36% menos— que costaba un piso de las mismas características en el distrito en ese momento, según la consultora inmobiliaria Knight Frank. “Fue una oportunidad, la propiedad pertenecía a 14 herederos que necesitaban vender”, precisa el administrador de los inmuebles de Gertz en España, un veterano empresario que asegura a este diario que el titular de la FGR “no abonó ninguna cantidad en B”.

La misma fuente explica que el fiscal sometió a su céntrico apartamento a una reforma integral de medio millón de euros (11 millones de pesso). Una remodelación que contempló, entre otras mejoras, el cambio de suelo. “Sabemos que es un señor mayor —Gertz tiene 82 años— que visita muy pocas veces al año su propiedad”, coinciden los vecinos.

Residencia española tras adquirir un piso

Gracias a la compra de su piso de lujo en Madrid, Gertz obtuvo la residencia en España, según su administrador. El funcionario mexicano se aprovechó de la denominada Ley de Emprendedores, que abría en 2013 a los extranjeros la puerta a conseguir el visado y la autorización de residencia en España a cambio de la adquisición de viviendas de más de 500.000 euros (11 millones de pesos). El fiscal abona desde entonces en España los impuestos derivados de sus propiedades en el país, según la misma fuente.

El siguiente destino para desgranar el patrimonio inmobiliario de Gertz, un abogado de dilatada trayectoria, conduce a la bahía de Ibiza. El fiscal general tiene en esta isla balear tres tríplex de 150 metros cada uno. Las viviendas —con terrazas de más de 50 metros— se encuentran a tres minutos a pie de la playa de Talamanca y del puerto Marina Botafoch, donde atracan los yates de las fortunas insulares.

El valor de mercado actual de las tres viviendas roza los tres millones de euros (68 millones de pesos), según las ofertas de propiedades similares en portales como Idealista. EL PAÍS ha omitido por seguridad la dirección exacta de los inmuebles.

A diferencia del lujoso piso en Madrid, inscrito por Gertz a su nombre en el registro de la propiedad, el fiscal controla sus tres viviendas de la isla balear a través de una sociedad inmobiliaria, Feserinvest S.L. Se trata de una firma sin empleados que el hoy titular de la FGR constituyó con 990.000 euros (22 millones de pesos) el 22 de junio de 2018, cuando era rector de la Universidad de las Américas A. C.

Feserinvest S. L. escrituró dos de estas viviendas en Ibiza por 400.000 (9 millones de pesos) y 575.000 euros (13 millones de pesos) en 2016, cuando Gertz era dirigente universitario. La tercera propiedad en la isla balear se inscribió por 525.000 euros (11 millones de pesos) en 2019, cuando el funcionario ya era titular de la FGR.

Al igual que la propiedad de Madrid, los tres apartamentos de Ibiza se registraron a un precio inferior a la media de mercado, según fuentes inmobiliarias de la zona. Hoy, viviendas en la misma urbanización se venden por un millón de euros (22 millones de pesos).

La firma del fiscal alquilaba en enero en la plataforma de alojamiento Airbnb uno de sus tríplex de tres dormitorios y tres baños para seis huéspedes “con estupendas vistas al puerto” por 2.634 euros (60.000 pesos) a la semana.

Bloque de viviendas en el paseo marítimo de Ibiza que acoge los tres tríplex del titular de la FGR, Alejandro Gertz.
Bloque de viviendas en el paseo marítimo de Ibiza que acoge los tres tríplex del titular de la FGR, Alejandro Gertz. Vicent Mari

Feserinvest S. L. —donde Gertz figura como presidente y dueño del 100% de las acciones— registró unas pérdidas de 18.559 euros (422.000 pesos) en 2018, último año que comunicó sus ventas al registro mercantil, según la base de datos de Informa. Y tiene como vicepresidente a una firma inmobiliaria que ha gestionado la compra y administra todas sus propiedades en España, según uno de sus responsables. La compañía acoge también en su consejo a una empresaria de organización de eventos ibicenca. Y a una firma que carece de propiedades controlada por un empresario inmobiliario que acumula 19 cargos en 10 sociedades.

Con un sueldo mensual bruto de 6.888 euros (156.000 pesos), según el Diario Oficial de la Federación, Gertz nunca ha divulgado detalles de su patrimonio. Preguntado por el motivo de su sigilo, el máximo procurador ha señalado que solo trata de evitar “posibles extorsiones”, según dijo a la cadena Univisión a finales del año pasado.

Gertz: “Todo está declarado”

El alto funcionario asegura a EL PAÍS a través de un portavoz no haber pagado dinero en B en sus adquisiciones de inmuebles en España. Y explica así por qué compró tan barato su piso de Madrid: “Cuando se adquirió, se encontraba en completo abandono y en su estado original antiguo. Se lo puede ratificar la persona que lo vendió que puede ser identificada, pues contaba con otros bienes en el inmueble”.

El fiscal confirma que consiguió la residencia española tras comprar en 2013 su piso de lujo en Madrid y sostiene que todas las cantidades escrituradas coinciden con las cifras desembolsadas. Concluye que declaró los inmuebles “a las autoridades mexicanas”.

Las cuatro viviendas de lujo de Gertz en España desveladas por este periódico se suman a los dos exclusivos apartamentos en EE UU destapados por Univisión. Según esta cadena, el fiscal adquirió en 2012 una vivienda en la Quinta Avenida de Nueva York por 2,1 millones de euros (47 millones de pesos) y otra por un millón en Santa Mónica (California) en 2007, cuando era presidente de la Federación Mexicana de Instituciones Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES). Además, la prensa mexicana ha informado de otra vivienda de Gertz en París, que habría comprado a nombre de la universidad y una residencia en el exclusivo barrio de Las Lomas, en Ciudad de México.

Antes de aterrizar en la FGR, en enero de 2019, Gertz ocupó distintos cargos en el organigrama del poder. Fue secretario de Seguridad, primero del Distrito Federal y después en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y diputado en el Congreso. Y su puesto resistió como una roca los envites de varias crisis. Una de ellas fue la que le sobrevino en 2001 cuando se fugó de la cárcel Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa. Gertz era entonces el máximo responsables de prisiones.

investigacion@elpais.es

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The District Comptroller of Santa Marta, through a final report, ratified an alleged fiscal detriment of more than 41 billion pesos in the Public services company (Essmar), currently intervened by Superservices.

(Also read: Vives victim’s family rejected agreed money and asks to go to jail)

The control entity found former managers Ingrid Aguirre, Carlos Páez Cantillo and José Dajud Durán as allegedly responsible for the irregularities.

These audits were carried out in order to comply with the Territorial Fiscal Surveillance and Control Plan for Validity 2021.

In that sense and after the analyzes carried out, the audit team was able to establish a series of findings determined as follows: with alleged disciplinary incident a total of 52, with alleged criminal incidence two and administrative findings 52.

As a result of the results of the investigations, it was established to open the relevant fiscal responsibility processes, certifying copies of the findings with alleged disciplinary incidence, to the Attorney General’s Office and transfer of the findings with alleged criminal incidence to the Attorney General’s Office. .

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Actions of the control bodies

The above reports are made so that, within the framework of their powers, said control bodies initiate the actions that may be appropriate.

It should be noted that, currently, the mayor’s office of Santa Marta, through legal actions, has tried to resume the management of Essmar, however, the Superintendence of Public Services, which ensures that the entity was on the verge of a financial collapse, has kept in administration.

Roger Urieles
For THE WEATHER Santa Marta
@rogeruv

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Portugal ha sido durante una década un paraíso fiscal para pensionistas extranjeros. Entre 2009 y 2020, los jubilados que decidieron mudar su residencia al país no han pagado ni un euro en impuestos sobre la renta. A partir de 2020 el paraíso empeoró un poquito: comenzó a retener un 10% de sus pensiones. Desde el pasado 1 de enero la fiesta fiscal se acabó del todo para los jubilados suecos, que volverán a tributar por sus ingresos en su país de origen aunque residan en Portugal, tras la decisión de su Gobierno de romper el acuerdo bilateral para evitar la doble tributación, que habían firmado ambos países en 2002.

Suecia es el segundo Estado europeo que da un portazo diplomático a Portugal por su laxitud fiscal, después de Finlandia, que lo hizo en 2018 para obligar a tributar en su país de origen al medio millar de pensionistas finlandeses establecidos en Portugal. La colonia sueca afectada ahora es mayor. “No hay información exacta sobre el número de jubilados suecos que viven en Portugal”, señala Sten Engdahl, un diplomático sueco que ha investigado en su tesis las razones que influyen en la migración de pensionistas de su país hacia España y Portugal. “Según los datos oficiales de las autoridades de inmigración, en 2009 había 746 suecos registrados oficialmente en Portugal, mientras que en 2020 la cifra se había incrementado hasta los 5.181. Lo más probable es que el número real sea mayor”, añade por correo electrónico.

Portugal creó el régimen fiscal de los residentes no habituales (administrativamente RNH) en 2009 con beneficios para pensionistas y determinados profesionales en activo en el ámbito científico, artístico o técnico. El Gobierno del socialista José Sócrates pretendía así captar nuevos residentes de cuentas pujantes para incentivar el consumo y la inversión. En el caso de los trabajadores se establecía un tipo fijo sobre la renta del 20% durante diez años. Las medidas también beneficiaban a los jubilados o profesionales portugueses retornados que hubiesen vivido en el exterior más de cinco años.

“Aquello que los contribuyentes portugueses han aceptado sin protestar, ha provocado protestas entre los contribuyentes suecos”, compara durante una entrevista presencial Susana Tavares, economista especializada en políticas públicas en la Universidad Nova de Lisboa. Portugal fue, de hecho, el primer país comunitario que eximió a los jubilados extranjeros de pagar impuestos, según se recoge en el informe publicado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea en noviembre pasado.

A ojos de un país como Suecia, con un largo apego a las altas tributaciones que financian su Estado del bienestar, la estrategia lusa resultó difícil de aceptar. En una decisión infrecuente en las relaciones diplomáticas entre socios de la Unión Europea, el país nórdico decidió romper la convención bilateral para que las pensiones suecas tributen en el país de origen aunque sus beneficiarios residan en Portugal. Desde enero de este año, los suecos podrán seguir disfrutando del sol del Algarve y de los campos de golf de Cascais, pero no de propinas tributarias. “Es incluso inmoral que no hayan pagado nada durante 11 años“, opina Susana Tavares, que lamenta que la ruptura del acuerdo afecta a la reputación internacional lusa. En un artículo que escribió en el diario Público destacó que nadie conocía la ganancia que obtenía Portugal con estos obsequios fiscales. Dado que los jubilados no crean valor por su trabajo, Tavares se preguntaba “cuánto pueden consumir estas personas para traer tanto valor a la economía” que justifique sus ventajas impositivas. “Yo no lo sé, pero sospecho que el Gobierno tampoco”, añadía.

Lo que sí se sabe es lo que deja de ingresar Portugal al año por las ventajas para los residentes no habituales: 619,8 millones de euros en 2019. Según el informe del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, es el país comunitario que más pierde por su régimen especial. Solo el Reino Unido, que ya está fuera del club, tiene una factura más alta: 1.371 millones de euros en 2018. Interesante el contraste con Suecia, donde solo se dejan de ingresar 87 millones de euros por incentivos tributarios (datos de 2020). Ese mismo año el coste para España por el régimen de impatriados fue de 502,7 millones de euros.

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Las razones de la ruptura sueca fueron expresadas con claridad por Magdalena Andersson, la titular de Finanzas que se convirtió en primera ministra el pasado diciembre, en una entrevista en Público hace casi un año, cuando anunció el fin de la convención si Portugal no modificaba el régimen: “Un impuesto tiene que ser legítimo y justo. La posibilidad que se da los ciudadanos más ricos de pagar cero o el 10% mientras que los ciudadanos comunes pagan mucho más es una injusticia fiscal que mina la credibilidad del sistema fiscal”. Andersson no escondía su estupefacción por la tolerancia portuguesa hacia esta desigualdad: “Si un paciente sueco y un paciente portugués estuviesen juntos en un hospital portugués, el portugués habrá pagado impuestos por los dos porque los suecos tienen todos los derechos, como la atención sanitaria o los transportes públicos, sin haber pagado impuestos. Es fascinante que esto sea aceptado por los ciudadanos portugueses”.

En 2019 el Gobierno sueco negoció con el portugués una modificación del acuerdo bilateral que permitiría la tributación de los pensionistas en Suecia, pero el Gabinete de António Costa no ratificó esta enmienda desde entonces. “Hemos esperado dos años y nuestra paciencia se acabó”, señaló Andersson. En junio de 2021 el Parlamento sueco aprobó la liquidación de la convención bilateral, que dejó de estar en vigor el pasado 1 de enero.

En una carta enviada a las autoridades portuguesas por representantes de la comunidad sueca se avisaba de que la ruptura del acuerdo tendría consecuencias “desastrosas” e imposibilitaría la permanencia de la mayoría de los suecos en Portugal. “La carga tributaria sobre pensiones y rendimientos aumentará para niveles imposibles de soportar”, señalaban en su escrito.

El estudio publicado en noviembre pasado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un organismo adscrito a la Paris School of Economics y financiado con fondos comunitarios, calcula que la pérdida de ingresos públicos en la Unión Europea debido a los regímenes especiales es de 4.500 millones de euros al año. Más de 200.000 contribuyentes se benefician actualmente de estas estrategias destinadas a captar determinados profesionales o pensionistas de alto poder adquisitivo en una competición fiscal entre países. Los regímenes preferenciales tanto para trabajadores como pensionistas han pasado en Europa de cinco en 1994 a 28 en 2020. En el informe se apunta que los regímenes especiales de Italia, Grecia, Chipre y Portugal se encuentran “entre los más perjudiciales”.

El Observatorio señala que mientras la competencia entre países por la fiscalidad de las empresas ha decrecido en la última década, se ha desatado una carrera por bonificar las rentas individuales de determinados colectivos. “Considerando la proliferación de regímenes fiscales personales cada vez más agresivos dirigidos a residentes extranjeros, parecería adecuado pedir la reforma del Código de Conducta que posibilite la evaluación de la agresividad de estos regímenes”, defienden.

Sol, comida y calidad de vida son cualidades comunes a España y Portugal que aprecian por igual los jubilados suecos que se mudan a la península. Entre ambos países se observan, sin embargo, diferencias que influyen a la hora de elegir residencia para la jubilación. La carga fiscal y el manejo en inglés pesan a favor de Portugal, mientras que el coste de la vida, incluidos vuelos más baratos, resultan más atractivos en España. “Los incentivos fiscales son una de las razones de atracción más importantes de Portugal, pero no de España, y la facilidad para comunicarse en inglés es importante tanto a la hora de atraer como de retenerles en Portugal, pero no en España”, indica Sten Engdahl en su tesis.

El perfil de los pensionistas suecos establecidos en la península también presenta divergencias. Entre los residentes en Portugal abundan los que tienen título universitario (78%), gozan de buena salud (89%) y tienen ingresos holgados (82%). Entre los que viven en España hay un 58% de licenciados, un 76% que declara tener buena salud y un 62% que considera que su renta es buena.

Engdahl, que comenzó sus trabajos para la tesis en 2016 y que contó con las respuestas de 575 jubilados suecos, destaca el interés de la investigación para que “los gobernantes comprendan que atraer jubilados extranjeros puede ser una importante vía para promover el crecimiento económico y el desarrollo en sus países”. El investigador sueco considera que España y Portugal han tenido éxito en este empeño, aunque opina que deberían reforzarse medidas para aumentar la adaptación sociocultural de los extranjeros en las sociedades de acogida. Apenas el 24% de los suecos establecidos en España hablan con fluidez el castellano, aunque esta cifra es aún menor en el caso portugués: el 13%.

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The President of the Government, Pedro Sánchez, asked the EU partners this Wednesday not to form blocs in the face of the debate on the future of fiscal rules and that, together, they share opinions on how to reconcile fiscal sustainability and investments for economic transformation.

Sánchez has advocated that formula when addressing the reestablishment of the EU fiscal rules that are currently on hold at the press conference he has offered together with the Prime Minister of Finland, Sanna Marin.


Yhonier Leal / Fiscal del caso

Con un arsenal de pruebas el representante del ente acusador se dirigió a Yhonier en la audiencia de imputación de cargos.

Noticias Colombia.

En menos de dos meses el Fiscal Mario Burgos resolvió el sonado caso del doble homicidio de Mauricio Leal y el de su madre Marleny Hernández, ocurrido el pasado 21 de noviembre de 2021 en una casa en el sector de La Calera, a las afueras de Bogotá.

Gracias a una minuciosa investigación en donde se recolectaron tanto pruebas físicas así como de audios y videos, se logró inferir que el culpable de este atroz crimen fue Yhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas.

Vea: «Yo sería incapaz», había dicho el hermano de Mauricio Leal tras el doble homicidio, ahora está capturado
Audiencia de imputación de cargos a Yhonier Leal.

El indiciado en una primera audiencia aseguró que»era incapaz de ponerle una mano encima a su hermano y a su madre», sin embargo, producto de la presión ejercida por Burgos en su discurso, Yhonier terminó cediendo y al día siguiente en una nueva audiencia y tras dialogar con su abogado, decidió aceptar los cargos que le imputó el ente acusador: «Homicidio agravado por parentesco y por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio», delitos que le podrían dar hasta 30 años de cárcel.

Lea:  9 pastillas le dieron a Mauricio Leal para adormecerlo y le acomodaron las manos en el cuchillo

«Tú, Yhonier Leal, le insiste a Jair (conductor de Mauricio Leal) que lo acompañe. Le haces cinco llamadas insistiendo que lo acompañara a la casa de Mauricio Leal y le dejas dos mensajes de texto a los celulares de tu mamá y tu hermano. Yhonier, tú a título de dolo, eres el autor del doble homicidio de Mauricio Leal Hernández y tu señora madre», fue la frase más contundente del fiscal en la diligencia judicial que duró más de 8 horas y que terminó con la confesión del también estilista.

Fiscal hablándole a Yhonier Leal.

«No hay crimen perfecto», le insistía el fiscal a Yhonier en la audiencia.

El fiscal 1° Delegado ante el Tribunal de Distrito fue clave en la resolución de este caso ya que aportó toda su experticia en el ámbito judicial ya que no es la primera vez que resuelve uno de los llamados casos sonados en nuestro país. Uno de ellos, el de la muerte del estudiante Sergio Urrego. Tras una fuerte invetigación logró después de 7 años de la muerte del joven que se capturara a la exrectora de la institución.

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Por otra parte, Burgos fue delegado en la investigación del caso Vives Caballero, conductor en estado de alicoramiento que atropelló a siete jóvenes en Gaira, Santa Marta, causándole la muerte a seis de ellos.

Este servidor público lleva 12 años desempeñándose como juez en el departamento de Nariño y nueve años como fiscal.

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Tras la resolución del caso de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, la labor del fiscal Marió Burgos ha sido exaltada por los colombianos que ven en él un ejemplo a seguir de un funcionario público.

En redes sociales han reconocido el trabajo del fiscal para resolver este caso que en un prinicipio parecía muy difícil de resolver.

Foto de portada: Captura de video

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El ex primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su esposa, Sara, el día 10 de enero en un tribunal de Jerusalén.
El ex primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su esposa, Sara, el día 10 de enero en un tribunal de Jerusalén.Avshalom Sassoni/POOL (AP)

El ex primer ministro Benjamín Netanyahu lo niega todo. Se ha declarado inocente de los tres cargos por corrupción por los que está siendo juzgado desde 2020. Pero durante casi dos años ha negociado en secreto con la Fiscalía General un acuerdo para cerrar el juicio con una condena que no conlleve su ingreso en prisión. El líder conservador que gobernó en Israel durante 12 años consecutivos hasta que fue apeado del poder en junio pasado por una amplia coalición opositora se resiste, sin embargo, a aceptar hasta siete años de inhabilitación para todo cargo público, lo que implicaría su salida definitiva de la escena política a los 72 años.

La salida del líder del Likud de la política, si se acaba confirmando su acuerdo con la Fiscalía, forzará un inmediato relevo al frente del partido conservador hegemónico, tras unas disputadas primarias entre barones de la organización, así como una previsible reagrupación de las fuerzas de la derecha nacionalista y religiosa, liberadas de los vetos personales suscitados por la dominante figura de Netanyahu. La derecha suma una clara mayoría en la actual Kneset (Parlamento) como recambio al actual Gabinete de heterogénea coalición.

Aireadas estos días por la prensa hebrea, las negociaciones emprendidas por los letrados de Netanyahu en busca de un pacto que libre a su cliente de largos años de incierto proceso judicial fueron confirmadas el domingo por el expresidente del Tribunal Supremo Aharon Barak, considerado uno de los jurisconsultos israelíes más influyentes, quien ha actuado durante meses con discreción como mediador del ex primer ministro con la Fiscalía.

Netanyahu fue procesado en 2019 por el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, por soborno, fraude y abuso de poder en tres casos en los que estaba imputado por recibir valiosos regalos e influir para conceder ventajas económicas y fiscales a altos cargos empresariales a cambio de mejorar su imagen en medios de comunicación que estos controlaban. Se arriesga a ser condenado hasta a 10 años de prisión.

Los medios israelíes apuntan a que el acuerdo debe alcanzarse antes de que termine enero, ante el inminente fin del mandato de Mandelblit, un jurista que fue nombrado para el cargo por el mismo Netanyahu y que antes ejerció como secretario legal de varios de sus Gobiernos.

La Fiscalía ofrece la retirada de una de las acusaciones: la del llamado caso 2.000, en el que el jefe del Ejecutivo trató de influir en la línea editorial del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación de pago del país, a cambio de restringir la competencia publicitaria del periódico gratuito Israel Hayom, el de mayor difusión y el más próximo a su política. Al mismo tiempo, el Ministerio Público también se muestra dispuesto a retirar los cargos por cohecho y a limitar las acusaciones de fraude que pesan contra el exgobernante.

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“Los acuerdos con la Fiscalía dependen de los detalles, principalmente de la pena que esté dispuesto a admitir Netanyahu”, advierte el analista político Daniel Kupervaser. La condena residual a unos seis meses de cárcel, una vez dejada en suspenso la condena principal, sería sustituida además por la de trabajos en beneficio de la comunidad. “Lo más candente”, agrega Kupervaser, “es su alejamiento forzado de la política. Existe el temor a que continúe al frente del [partido] Likud, representado por un títere y a que en la práctica él siga siendo primer ministro de facto”.

La declaración de “bajeza moral”, que la Fiscalía exige a Netanyahu que se reconozca expresamente en el acuerdo, sigue siendo el principal escollo para poder cerrarlo, ya que conlleva pena de inhabilitación y la privación de los privilegios concedidos a un ex jefe del Ejecutivo, como oficina y asistentes, escolta policial y vehículo oficial. La gravedad de los hechos jugados obligaría además al tribunal a imponer en el pacto con la Fiscalía una elevada multa para el procesado.

Desde que los agentes de la brigada anticorrupción de la policía comenzaron a investigar las supuestas irregularidades de Netanyahu en 2016, Israel entró en un ciclo de inestabilidad y bloqueo político que desembocó en cuatro elecciones legislativas celebradas entre 2019 y 2021. Tras los últimos comicios, tres partidos de la derecha que habían apoyado al bloque del Likud antes de romper con Netanyahu se unieron a una coalición participada por dos fuerzas centristas, otras dos de izquierda y un partido islamista de la minoría árabe para conformar un Gobierno alternativo.

Rechazo al pacto con la Fiscalía

Un 52% de los israelíes se opone a un eventual acuerdo para cerrar el juicio por corrupción contra el ex primer ministro, según una encuesta difundida el lunes por el canal estatal de televisión Kan. La Fiscalía aceleró el proceso en noviembre al presentar a su testigo de cargo más sólido, Nir Hefetz, quien durante cinco años ejerció como asesor de prensa y hombre de confianza del entonces jefe del Gobierno. Hefetz ha aportado un testimonio clave en el llamado caso 4.000, que implicaba al conglomerado de telecomunicaciones Bezeq.

El afán por el control de los medios de comunicación desde el poder y una hedonista afición al lujo gratuito marcan los tres casos contra Netanyahu. En el primero, el llamado caso 1.000, el multimillonario israelí y productor de Hollywood Arnon Milchan estableció con otros magnates una “línea de suministro” de regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cientos de miles de euros para el encausado y su familia.

Netanyahu ha sido el primer jefe de Gobierno en ejercicio del cargo que se ha sentado en el banquillo de los acusados en la historia de Israel. Tras el inicio de la vista fue apeado del poder. Su predecesor inmediato, Ehud Olmert, pagó con 14 meses de cárcel el cobro de comisiones por un escándalo urbanístico en su etapa como alcalde de Jerusalén, aunque dimitió tras ser imputado.

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Mauricio Leal hermano audiencia
Este lunes en medio de polémica se está cumpliendo la audiencia de imputación de cargos a Yhonier Leal, hermano del estilista Mauricio Leal, asesinado junto a su madre en La Calera el año pasado.

Este lunes en medio de polémica se está cumpliendo la audiencia de imputación de cargos a Yhonier Leal, hermano del estilista Mauricio Leal, asesinado junto a su madre en La Calera el año pasado.

Noticias Colombia.

El doble crimen ha causado conmoción porque además de que Mauricio Leal estaba entre los estilistas preferidos de la farándula colombiana y había logrado posicionarse en Bogotá, también porque junto con él, murió su madre y lo que empezó como un suicidio terminó siendo un homicidio que habria perpetrado su hermano Yhoiner Rodolfo Leal.

La audiencia este lunes.

Este crimen dio un giro inesperado que incluyó, una investigación por presunto lavado de activos en los negocios de Leal, y que la Fiscalía tomara en custodia sus bienes.

Además, que el doble homicidio habría sido motivado por temas económicos.

La audiencia

La familia de Mauricio Leal cree que Yhoiner no pudo haberlo hecho, matar a su hermano y a su madre, en la casa en la que lo habían recibido cuando se divorció y atravesaba una crisis económica.

Hasta ahora, no se conocen detalles de cómo se perpetró el crimen.

No está claro que pasó en la vivienda. Eso no se ha dicho públicamente.

El fin de semana cuando lo capturaron, la noticia cayó como bomba para algunos, pero muchos casi que la esperaban porque desde un inició hubo sospechas sobre Yhoiner Leal. Por su actitud, por lo que dijo en entrevistas.

Este lunes se está cumpliendo la audiencia de imputación de cargos, luego de que la jueza declarara legal la captura.

El fiscal, aunque en varios momentos molesto con Yhoiner porque «no prestaba atención», le dijo que pruebas habían: homicidio de su madre, su hermano y ocultamiento de pruebas.

  • Utilizó guantes para alterar la escena.

Una vez descubierto los cuerpos y cuando la Fiscalía empezó a recopilar elementos de pruebas en la casa, testimonios de amigos, empleados y personas cercanas que ayudaron a reconstrir todo lo ocurrido el fin de semana, Mauricio Leal tenía golpes propinados antes de las heridas con arma blanca.

Obligado a escribir la carta

Eso, habría sido para obligarlo a que escribiera la carta de despedida.

La forma en como estaba escrita la carta, fue lo que llevó a pensar que Leal no la habría escrito por voluntad propia. Era su letra, pero no su mensaje. 

La forma en que fue escrita y los rastros hallados en el documento, generaban sospechas.

«Tiene caracteres alfabéticos sobrealzados, irregulares, pausados, línea de renglón sinuosa, desproporción de signos y una falta de orden espacial. Tiene cambios en la presión dejando trazos incoloros y otros más intensos con mayor descarga de tinta», dijeron expertos.

Incluso las sábanas, fueron cambiadas de camas y hasta elementos como un archivador movidos de lugar, esto llevó a los investigadores del CTI que alguien podría haber movido la escena antes del hallazgo de los cuerpos en esas horas, cuando no habían más trabajadores; conductor ni las empleadas domésticas.

Otro de los movimientos de alertar por parte del hermano del estilista, fue la comunicación que estableció con los bancos donde tenía las cuentas.

Envió derechos de petición a bancos pidiendo información de los estados de cuenta de su hermano, incluso, habría enviando un documento también pidiendo ser el único gerente de la empresa creada por el estilista.

Rebaja de pena

Se le ofreció un ‘trato’, una rebaja de pena: «Si tu me dices el día de hoy, aceptó la responsabilidad, la Fiscalía puede hacerte un ofrecimiento de la rebaja de pena». 

  • La condena sería: entre 45 y 50 años de prisión, por la conducta punible.

400 meses por el primer homicidio, el de la madre; 33 años y 4 meses, aumentado por el otro homicidio, el del hermano y ocultamiento de material probatorio, serían 6 y 3 años más.

  • La rebaja sería: de hasta el 50%, es decir, 17 años y 4 meses, 2 años por el otro homicidio y 1 por el ocultamiento, serían 20 años la condena en total.

«La presunción de inocencia se lleva incolume hasta final del proceso penal», le explicó el fiscal.

Si no acepta allanarse a cargos, «seguirá el proceso su curso normal», audiencias, presentación de pruebas y más. Aunque también puede guardar silencio y hacer un preacuerdo, aunque la rebaja de pena sería menor.

Yhonier Leal, un poco retraído y que durante la primera parte de la audiencia fue al baño dos veces, pidió hablar con su defensa. Se dio un receso de 30 minutos.

A las 5:05 p.m., la audiencia no se ha retomado.

«Yhonier, no hay crimen perfecto», le dijo el fiscal.

Noticias Caracol ha estado transmitiendo la audiencia este lunes:





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El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, comparece antes del primer aniversario del ataque del 6 de enero al Capitolio, en el Departamento de Justicia, Washington.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, comparece antes del primer aniversario del ataque del 6 de enero al Capitolio, en el Departamento de Justicia, Washington.Carolyn Kaster / POOL (EFE)

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha advertido este miércoles que el Departamento de Justicia perseguirá a los implicados de “cualquier nivel”. A los presentes en el asalto al Capitolio y a aquellos que cometieron delitos “de otra manera” en la aciaga jornada del 6 de enero de 2021. La figura de Garland, líder responsable de la investigación criminal más grande en la historia de EE UU, ha sido objeto de escrutinio público durante las últimas semanas por varios exfiscales y académicos que le achacan no dirigir la investigación a la rendición de cuentas del expresidente Donald Trump y su círculo. “Seguiremos los hechos a donde sea que nos lleven”, adelantó esta tarde durante la comparecencia en la que también le pidió paciencia a la ciudadanía.

Un año después del ataque al núcleo del poder en Washington, solo 71 manifestantes han sido condenados, y ni la mitad de ellos han recibido pena de cárcel. De los cerca de 2.500 implicados que podrían ser acusados de delitos federales, hasta ahora han imputado a unas 725 personas; casi un tercio por delitos de agresión, resistencia al arresto u obstaculizar el trabajo de la policía. Cerca de 165 se han declarado culpables, la mayoría de delitos menores. Una veintena de ellos se enfrentan a penas por delitos graves, que pueden llegar a los 20 años de cárcel.

“Primero resolvemos casos más sencillos porque proporcionan la base probatoria para casos más complejos”, explicó Garland, y agregó: “No puede haber reglas diferentes para los poderosos y los que no tienen poder”. En las últimas semanas, los principales periódicos estadounidenses han publicado una ristra de tribunas criticando la lentitud de la labor del Departamento de Justicia y la aparente falta de urgencia en buscar las responsabilidades de Trump. El fiscal general aclaró que las acciones que ha llevado a cabo hasta ahora el Departamento de Justicia “no serán las últimas”. El violento episodio del asalto abrió un debate sobre la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión en EE UU. Garland aprovechó la ocasión para aclarar que “expresar pacíficamente un punto de vista o ideología, sin importar cuán extremo sea”, está protegido por la Constitución, “pero amenazar ilegalmente con dañar o matar a otra persona, no”.

En paralelo al trabajo del equipo de Garland, una comisión de investigación de la Cámara de Representantes también indaga lo que sucedió antes y durante el ataque, con especial interés en la tardía respuesta de la Casa Blanca. Hasta ahora, la evidencia que se ha hecho pública no apunta a que Trump y su círculo hayan conspirado para que se produjera el asalto, pero sí que fueron alertados para detener el caos. Una de las personas que intentó disuadir al mandatario republicano para que frenara la violencia fue su hija y asesora Ivanka Trump, según han adelantado miembros del comité, compuesto por siete congresistas demócratas y dos republicanos.

La comisión de investigación ha solicitado miles de documentos a varias agencias federales para reconstruir los pasos de Trump aquel día y averiguar por qué tardó tres horas en pedir a sus simpatizantes que se retiraran del Capitolio. También si su inacción frente a la amenaza de que los manifestantes impidieran la confirmación oficial de la victoria electoral del presidente Joe Biden en el Congreso es carne de delito. Si encuentran pruebas suficiente, los congresistas pueden derivar el material al Departamento de Justicia, que tiene la potestad de presentar cargos penales.

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Los hermanos Ivanka Trump y Donald Trump Jr.. en un acto de campaña de su padre, Donald Trump, Kenosha, Wisconsin.
Los hermanos Ivanka Trump y Donald Trump Jr.. en un acto de campaña de su padre, Donald Trump, Kenosha, Wisconsin.CARLOS BARRIA (REUTERS)

La fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, ha citado este lunes a declarar a los dos hijos mayores del expresidente Donald Trump en el marco de la investigación civil sobre presuntos delitos fiscales de la Organización Trump. La oficina de James quiere escuchar los testimonios de Ivanka Trump y Donald Trump Jr. “sobre la valoración de propiedades propias o controladas” por el magnate o su conglomerado. El exmandatario fue citado en diciembre a comparecer bajo juramento este viernes 7 de enero, pero sus abogados están recabando documentos judiciales para anular la citación.

A fines del mes pasado, Trump presentó una demanda en un tribunal federal contra la fiscal por una supuesta violación de sus derechos constitucionales y porque sus acciones han estado “guiada únicamente por la animadversión política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano particular al que considera un oponente político”. James, demócrata, ha estado investigando los negocios del republicano durante más de dos años para determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al presentar declaraciones del valor de inmuebles y propiedades sensiblemente superiores a los del mercado para conseguir préstamos bancarios.

James investiga cuatro proyectos inmobiliarios de la Organización Trump y el intento fallido del neoyorquino de comprar el equipo de rugby de los Buffalo Bills. Si encuentra evidencia de irregularidades, no puede acusar a Trump de cargos penales, ya que la investigación es civil. Solo podría presentar una demanda.

Cuando Trump asumió la presidencia en 2017, entregó sus negocios a Donald Trump Jr. y Eric Trump, y Allen Weisselberg, quien ejerció de director financiero durante décadas, y que fue acusado el año pasado de una serie de delitos, entre ellos fraude fiscal y hurto mayor. Weisselberg se declara inocente y sus abogados acudirán a los tribunales para intentar desestimar los cargos. Ivanka Trump, por su parte, asumió como asesora presidencial durante la Administración de su padre. Eric, el tercer hijo del magnate, y vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, compareció ante la fiscalía de Nueva York a fines de 2020.

El expediente judicial publicado este lunes incluye un cronograma con los márgenes de tiempo que los abogados del expresidente para intentar anular las últimas citaciones y los de la oficina de la fiscal para responder ante esas potenciales mociones. Los esfuerzos de James coinciden con una investigación penal de Alvin Bragg, el nuevo fiscal de Manhattan [Cyrus Vance, quien lideraba la pesquisa, dejó el cargo a finales del año pasado], para determinar si Trump o su organización falsificó el valor de propiedades para tener acceso a potenciales prestamistas y evadir impuestos. Ambas oficinas están trabajando de manera conjunta.

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El Comercio, el persecutor solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra Keiko Fujuimori Higuchi, candidata presidencial de Fuerza Popular, y se imponga prisión preventiva en su contra.

La petición judicial, a la cual tuvo acceso el citado medio, indica que Fujimori incumplió reglas impuestas por una sala superior, en la resolución que dispuso su excarcelación en 2020, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas 2011 y 2016.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, indicó el documento consignado.

¿Quién es Miguel Torres? El medio indica que esta persona es vinculada «como abogado y vocero político de la persona jurídica Fuerza Popular», partido al cual representa Fujimori, en medio de acusaciones de supuestos aportes ilegales por parte de la constructora brasileña Odebrecht .



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condenado en 2015 por el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo.

Su muerte se produjo a menos de una semana de que el ministro en visita, Alejandro Madrid, le otorgara el beneficio carcelario de reclusión domiciliaria total, debido a su condición de salud.

La resolución del juez indicaba que se «sustituya el saldo de la pena privativa de libertad a la que fue condenado (…) bajo los debidos resguardos de Gendarmería de Chile, en su domicilio particular de Vitacura».

fiscal torres pinochet 

Cabe recordar que el aludido fue sentenciado en 2015 a 10 años y un día por el secuestro con homicidio de Eugenio Berríos Sagredo, ocurrio en 1995.

Por este caso, la Corte Suprema había resuelto mantener la sentencia pese al recurso presentado por la defensa de Torres.

«Fiscal favorito de Pinochet»

El llamado «fiscal favorito de Pinochet», Fernando Torres Silva, estuvo a cargo de más de 250 procesamientos a atentados atribuidos al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y era conocido por más del 75% de los chilenos.

También lleva el título del personaje más oscuro del Régimen Militar, aunque a su parecer es sólo algo que «no deja de ser interesante».

Cerca del Plebiscito de 1988, con el grado de coronel y como fiscal adhoc, concentró reconocidas causas como el asalto a la panadería Lautaro, la internación de armas en Carrizal bajo, el atentado contra Pinochet y el secuestro del Coronel Carlos Carreño, entre otros.

Aunque los simpatizantes de la Dictadura avalaron su trabajo, a fines de los ’90 surgieron críticas a su labor, pues para muchos fue en parte responsable del arresto de Pinochet en Londres.



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Ex fiscal militar Fernando Torres deja Punta Peuco y cumplirá el resto de condena en su casa

El juez Alejandro Madrid aludió razones humanitarias para que el denominado «fiscal favorito de Pinochet’ complete en su vivienda de Vitacura la sentencia por el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo.

24Horas.cl Tvn

07.05.2021

El ministro en visita Alejandro Madrid, resolvió conmutar la pena de cárcel a la que fue sentenciado el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, condenado en 2015 por el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, por la de arresto domiciliario.

Según indicó la resolución del juez, Torres podrá dejar la cárcel de Punta Peuco para continuar la condena en su casa de Vitacura, con arresto domiciliario total y bajo observación de Gendarmería, aludiendo razones humanitarias.

La sentencia indica que Madrid dio luz verde para que el condenado «sustituya el saldo de la pena privativa de libertad a la que fue condenado (…) bajo los debidos resguardos de Gendarmería de Chile, en su domicilio particular de Vitacura».

El detalle de la conclusión, publicado por La Tercera, resolvió que el denominado ‘fiscal favorito de Pinochet’ «padece un cáncer prostático metastásico, con múltiples complicaciones locales, óseas y hematológicas, sin mejoría, en estado terminal y sujeto solo a cuidados paliativos».

Cabe recordar que el aludido fue sentenciado en 2015 a 10 años y un día por el secuestro con homicidio de Eugenio Berríos Sagredo, ex químico de la DINA, en 1995.

Por este caso, la Corte Suprema había resuelto mantener la sentencia pese al recurso presentado por la defensa de Torres.



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🏞 #Regiones

Apuñalado en zona cervical y torácica:

Acusados arriesgan presidio perpetuo por homicidio de Emilio en Longaví.

Detalles ⬇ https://t.co/OBd0Q10967

— 24 Horas (@24HorasTVN) May 4, 2021

Consultado sobre si ambos acusados habrían confesado el crimen, el fiscal señaló que «ellos dan cuenta de los hechos, sus relatos son bastante congruentes, salvo con algunas diferencias con el sitio del suceso. Eso nos da mucha fuerza respecto a que son los autores. En el contexto de lo que señalamos, hablamos de una declaración que contiene una confesión del hecho».

«La premeditación, alevosía y ensañamiento creo que son elementos que, hasta el momento, y de acuerdo a los antecedentes que nosotros hemos recabado, fundamentan la concurrencia de dichos agravantes», agregó.

Además, el fiscal reveló que «hay acciones que ellos desarrollan en el mismo sitio del suceso tratando de evitar la acción de la justicia, como limpiar el arma, cubrir cierta evidencia y lavar sus ropas».

Sobre si los acusados intentaron huir, Contardo dijo que «cuando tomaron conocimiento de que habían antecedentes y que la PDI los estaba buscando, ellos desde el primer momento desarrollan acciones tratando de impedir que se conocieran los detalles, desde el mismo sitio del suceso».

«Ellos habían dejado la localidad y se dirigían hacia Rancagua tratando de evadir su responsabilidad», sentenció..



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