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El congresista Bobby Rush, demócrata de Illinois, habla sobre la ley que lleva el nombre del adolescente asesinado en 1955, Emmett Till, en Misisipi, en una foto de archivo.
El congresista Bobby Rush, demócrata de Illinois, habla sobre la ley que lleva el nombre del adolescente asesinado en 1955, Emmett Till, en Misisipi, en una foto de archivo.J. Scott Applewhite (AP)

La ley ya está sobre la mesa del Despacho Oval del presidente Joe Biden para su rúbrica. Cien años y más de 200 intentos fallidos después, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado por unanimidad la ley que convierte los linchamientos en un delito federal. La normativa lleva el nombre de Emmett Till, un chico negro de 14 años que fue secuestrado y linchado en 1955 en el Estado sureño de Misisipi. Esta ley llega tarde para la familia de Till, que buscó durante más de 66 años justicia y no la encontró. El pasado diciembre, el Departamento de Justicia daba carpetazo definitivo al salvaje linchamiento, ya que la Fiscalía consideró que no existían pruebas suficientes para presentar cargos, tres años después de que se reabriese el caso tras la confesión de una testigo que dijo haber mentido ante el jurado que exoneró a los dos hombres blancos que torturaron al joven hasta la muerte.

“Después de más de 100 años y más de 200 intentos fallidos de prohibir los linchamientos, el Senado ha dado el paso tan esperado de aprobar la Ley Anti-Linchamiento Emmett Till”, dijo el jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. “Este es un gran paso, pero el hecho de que haya tardado tanto tiempo es una mancha para Estados Unidos”, remarcó en su cuenta de Twitter. El Senado aprobaba la norma por unanimidad en la noche del lunes, después de que la semana pasada fuera adoptada por la Cámara de Representantes.

La ley castigará con hasta 30 años de cárcel los linchamientos, “la ejecución sin debido proceso y tumultuariamente de un sospechoso o un reo”, algo que sucedió por motivos racistas en el sur del país en miles de ocasiones hasta que comenzaron a disminuir tras el movimiento de los derechos civiles en los años sesenta del siglo pasado.

La normativa convierte el linchamiento en un “crimen de odio” para las autoridades federales, una categoría separada de delitos penales en los que las víctimas tienen en común que han sido atacadas por su pertenencia, real o supuesta, de un grupo racial o de una religión, o por su identidad sexual o su discapacidad. En 1900, el que entonces era el único congresista negro de Estados Unidos, George Henry White, presentó el primer proyecto de ley para criminalizar los linchamientos, que fracasó, igual que lo hicieron otros 200 intentos en los siguientes 121 años.

Nadie pasó un solo día en la cárcel ni pagó de ninguna otra manera por la muerte cruel y despiadada de Till a manos de Roy Bryant, y el hermanastro de este, J.W. Milam, Roy Bryant, y el hermanastro de este, J.W. Milam, ambos fallecidos y que confesaron su crimen después de que un jurado compuesto por 12 hombres blancos los eximiera de culpa. Todo lo que hizo Till, según sus familiares, fue silbar a manera de piropo a Carolyn Bryant Donham, en un país donde la segregación era oficial y un niño negro no podía hablar a otro blanco.

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Till se encontraba en Misisipi visitando a unos familiares y procedía de Chicago. La madre del joven, Mamie Bradley, reclamó en su momento que el cadáver mutilado de su hijo fuera trasladado a esa ciudad y expuesto en un féretro abierto, para que el país pudiera ver en la irreconocible cara del adolescente el resultado del racismo. La determinación de Mamie Bradley logró que uno de los miles de linchamientos que existieron entre 1870 y la década de los años sesenta del siglo pasado (se cifran en más de 4.000) lograra poner a la sociedad estadounidense frente al incómodo espejo del racismo. La sádica muerte de Till fue un acicate para el nacimiento del movimiento de los derechos civiles, que acabó con la segregación legal de los negros en EE UU. Pero la muerte de Emmett Till sigue y seguirá por siempre sin culpable.

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El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, saluda sentado junto a su mujer durante la asamblea federal en la que ha sido elegido para un segundo mandato de cinco años.
El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, saluda sentado junto a su mujer durante la asamblea federal en la que ha sido elegido para un segundo mandato de cinco años.POOL (REUTERS)

El socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, de 66 años, ha sido elegido este domingo presidente de Alemania para un segundo mandato de cinco años. En la primera votación ha obtenido 1.045 votos de los 1.437 depositados por los miembros de la Asamblea Federal. Su reelección se daba por descontada tras asegurarse el apoyo de los tres partidos que forman la coalición gubernamental, los socialdemócratas (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal (FDP), y sumar el apoyo de las dos formaciones democristianas en la oposición, la CDU y su socio bávaro CSU.

En su discurso, Steinmeier se ha dirigido al presidente ruso, Vladímir Putin, que mantiene más de 100.000 soldados y armamento pesado junto a la frontera de Ucrania en lo que Occidente considera una clara amenaza de invasión: “Quiero avisar a Putin: no subestime la fuerza de la democracia”. El presidente alemán ha dedicado el inicio de su discurso al conflicto de Ucrania y ha recordado que la responsabilidad de la amenaza de una guerra en el Este de Europa la tiene el presidente ruso. Ha añadido que el Kremlin “tiene que aflojar la soga del cuello de Ucrania”. Steinmeier ha alertado de que “la paz no debe darse por sentada; hay que trabajar para presevarla” y que para ello hay que perserverar en el diálogo pero “cuando es necesario hay que decir las cosas claras, mostrando determinación y disuasión”.

La reelección del político socialdemócrata se daba por hecha. Los conservadores, que ya habían apoyado a Steinmeier en la primera elección, en 2017, renunciaron a presentar un candidato propio. Steinmeier se ha enfrentado a otros tres aspirantes: el médico Gerhard Trabert, propuesto por el partido de izquierda Die Linke; el economista Max Otte, por la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), y la física Stefanie Gebauer, de los Votantes Libres. Las formaciones suelen presentar candidaturas aunque no tengan ninguna posibilidad de ganar porque aprovechan para lanzar mensajes de contenido político o social.

En su discurso de apertura, la presidenta del Bundestag, Bärbel Bas, pidió coraje para no desanimarse ante las numerosas crisis actuales. Se refirió a las tensiones sociales resultantes de las restricciones del coronavirus, al cambio climático y la crisis en Ucrania. “Seamos realistas, el miedo no ayuda”, dijo Bas.

El presidente alemán se vota cada cinco años mediante la convocatoria de un órgano llamado Asamblea Federal que tiene como único cometido elegir al jefe del Estado y solo se reúne con ese objetivo. En esta ocasión, la asamblea ha estado formada por los actuales 736 miembros del Parlamento y el mismo número de representantes de los 16 Estados federados, es decir, 1.472 miembros, una cifra récord. Los participantes son tantos que el acto no se ha podido celebrar en el edificio del Reichstag y se ha trasladado a un moderno edificio del Parlamento alemán, la Paul-Löbe-Haus, situado a pocos metros.

Los participantes en la asamblea federal a su llegada al edificio Paul-Löbe-Haus del Parlamento.
Los participantes en la asamblea federal a su llegada al edificio Paul-Löbe-Haus del Parlamento. MICHAEL SOHN (AFP)

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Entre ellos, no solo hay políticos; también personalidades relevantes de la cultura, la ciencia o el deporte. La República Federal ha tenido 12 presidentes desde 1949, entre ellos ninguna mujer. La Constitución solo permite una reelección.

Entre las personas que este año han elegido al presidente están, por ejemplo, la inmunóloga Özlem Türeci, cofundadora de Biontech, la empresa que creó la primera vacuna contra la covid-19; el conocido virólogo alemán Christian Drosten; el futbolista del Bayern de Múnich Leon Goretzka, y el pianista Igor Levit. Varios enfermeros participaron también en la asamblea, así como la excanciller alemana, Angela Merkel, que fue la más requerida por los invitados para hacerse fotos y selfis con ella durante las pausas de la votación y el recuento.

La excanciller Angela Merkel saluda a un bebé durante la asamblea federal para reelegir presidente a Frank-Walter Steinmeier.
La excanciller Angela Merkel saluda a un bebé durante la asamblea federal para reelegir presidente a Frank-Walter Steinmeier.JENS SCHLUETER (AFP)

Steinmeier, de 66 años, es uno de los políticos mejor valorados por los alemanes. En una encuesta de la televisión ZDF de esta semana el 85% de los encuestados opinaba que ha hecho un buen trabajo como presidente federal en su primer mandato. El anterior líder de los democristianos, Armin Laschet, destacó en enero, cuando anunció su apoyo, la experiencia de Steinmeier en política internacional y su capacidad de diálogo con otras culturas.

Nacido en 1956 en Detmold, en Renania del Norte-Westfalia (oeste del país) ocupó su primer puesto gubernamental entre 1999 y 2005 con el Ejecutivo de Gerhard Schröder, una coalición de socialdemócratas y verdes. Fue ministro de la Cancillería, uno de los puestos más cercanos al jefe del Gobierno.

En el primer Ejecutivo de gran coalición de Angela Merkel ocupó el cargo de ministro de Exteriores. En las elecciones de 2009 se enfrentó a la canciller como candidato socialdemócrata y tras la derrota se convirtió en el líder parlamentario del SPD. Al año siguiente, Steinmeier abandonó temporalmente su escaño para someterse a una intervención quirúrgica para donar un riñón a su mujer, Elke Büdenbender, jueza en el Tribunal Administrativo de Berlín.

El presidente federal volvió a las tareas gubernamentales en el tercer Ejecutivo de Merkel (2013-2017), que lo nombró de nuevo ministro de Exteriores. Su mayor éxito como principal representante de la diplomacia alemana fueron los acuerdos de Minsk, en los que se establecieron las condiciones para la paz (no cumplidas) en el este de Ucrania controlado por los separatistas prorrusos.

El presidente alemán ejerce funciones representativas, tanto dentro del país como fuera, cuando viaja al exterior y se reúne con personalidades extranjeras. Entre sus cometidos está el de firmar las leyes y designar oficialmente al canciller y a los ministros del Gobierno. Mientras ocupa el cargo, renuncia a la pertenencia a su partido político.

Steinmeier también ha ejercido un papel de mediador entre las distintas fuerzas políticas desde que tomó posesión como presidente. Cuando fracasaron las negociaciones para formar Gobierno entre los democristianos, los liberales y los verdes en otoño de 2017 consiguió que los socialdemócratas accedieran a intentar una nueva gran coalición con el partido de Merkel apelando a su responsabilidad para evitar unas nuevas elecciones. Los analistas coinciden en que ha sabido tender puentes entre los dos principales partidos. “Es un hombre de centro político”, dijo de él Angela Merkel cuando en otoño de 2016 su formación anunció que no presentaría su propio candidato a presidente.

La nominación de Otte, miembro de la CDU, por parte de la AfD, ha causado un terremoto político entre los conservadores, que mantienen como el resto de partidos alemanes un férreo cordón sanitario contra el partido de ultraderecha. La cúpula de la formación se ha comprometido a expulsar a Otte.

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US President Joe Biden traveled to New York City on Thursday to highlight a new push by his administration to combat gun violence and crime, including a crackdown on untraceable firearms, so-called ghost guns. White House Bureau Chief Patsy Widakuswara has this report.

A federal court has rejected a plan to lease millions of acres in the Gulf of Mexico for offshore oil drilling, saying the Biden administration did not adequately consider the lease sale’s effect on planet-warming greenhouse gas emissions, violating a bedrock environmental law.

The decision Thursday by U.S. District Judge Rudolph Contreras in Washington sends the proposed lease sale back to the Interior Department to decide next steps. The judge said it was up to Interior to decide whether to go forward with the sale after a revised review, scrap it or take other steps.

Environmental groups hailed the decision and said the ruling gave President Joe Biden a chance to follow through on a campaign promise to stop offshore leasing in federal waters. The decision was released on the one-year anniversary of a federal leasing moratorium Biden ordered as part of his efforts to combat climate change.

“We are pleased that the court invalidated Interior’s illegal lease sale,” said Brettny Hardy, a senior attorney for Earthjustice, one of the environmental groups that challenged the sale.

“This administration must meet this critical moment and honor the campaign promises President Biden made by stopping offshore leasing once and for all,” Hardy added. “We simply cannot continue to make investments in the fossil fuel industry to the peril of our communities and increasingly warming planet.”

A spokesperson for Interior Secretary Deb Haaland said the agency was reviewing the decision.

Energy companies including Shell, BP, Chevron and ExxonMobil offered a combined $192 million for drilling rights on federal oil and gas reserves in the Gulf of Mexico in November.

The Interior Department auction came after attorneys general from Republican states led by Louisiana successfully challenged a suspension on sales that Biden imposed when he took office.

Companies bid on 308 tracts totaling nearly 6,950 square kilometers. It marked the largest acreage and second-highest bid total since Gulf-wide bidding resumed in 2017.

The auction was conducted even as Biden has tried to cajole other world leaders into strengthening efforts against global warming, including at United Nations climate talks in Scotland in early November. While Biden has taken a number of actions on climate change, he has faced resistance in Congress and a sweeping $2 trillion social and environmental spending package remains stalled. The so-called “Build Back Better” plan contains $550 billion in spending and tax credits aimed at promoting clean energy.

In his 68-page ruling, Contreras said Interior failed to consider the greenhouse gas emissions that would result from the lease sale, violating the National Environmental Policy Act, a bedrock environmental law.

“Barreling full-steam ahead with blinders on was simply not a reasonable action for BOEM to have taken here,” he said, referring to Interior’s Bureau of Ocean Energy Management.

Environmental reviews of the lease auction — conducted under former President Donald Trump and affirmed under Biden — reached the unlikely conclusion that extracting and burning more oil and gas from the Gulf would result in fewer climate-changing emissions than leaving it.

Similar claims in two other cases, in Alaska, were rejected by federal courts after challenges from environmentalists.

Federal officials have since changed their emissions modeling methods but said it was too late to use that approach for the November auction.

The National Ocean Industries Association, which represents the offshore industry, slammed the ruling and called U.S. oil and gas production crucial to curbing inflation and strengthening national security.

“The U.S. offshore region is vital to American energy security and continued leases are essential in keeping energy flowing from this strategic national asset,” said Erik Milito, the group’s president. “Uncertainty around the future of the U.S. federal offshore leasing program” would benefit Russia and other adversaries, he said.

The administration has proposed another round of oil and gas sales in Wyoming, Colorado, Montana and other states. Interior Department officials proceeded despite concluding that burning the fuels could lead to billions of dollars in potential future climate damage.

Emissions from burning and extracting fossil fuels from public lands and waters account for about a quarter of U.S. carbon dioxide emissions, according to the U.S. Geological Survey.


Vista aérea de la Laguna del Condado en San Juan, la capital de Puerto Rico.
Vista aérea de la Laguna del Condado en San Juan, la capital de Puerto Rico.Laurie Chamberlain (Getty Images)

Puerto Rico se dispone a cerrar una etapa de incertidumbre fiscal y financiera tras aprobar la justicia de EE UU un plan de reestructuración de su deuda pública por valor de 33.000 millones de dólares. El Estado libre asociado presentó hace casi cinco años una declaración de bancarrota, siendo el primero de Estados Unidos que daba este paso. El sancionado este martes es el mayor acuerdo de reestructuración de deuda pública en la historia del país.

Las autoridades de la isla presentaron en octubre pasado el denominado Plan de Ajuste de Deuda (PAD), que contempla reducir la deuda pública de 70.000 millones a 34.000 millones de dólares para preservar los servicios públicos esenciales. Este martes Laura Taylor Swain, la jueza federal encargada de aplicar la ley de quiebras, ha dado su visto bueno al plan.

Para las autoridades de la isla, la confirmación del PAD supone “un gran paso para la recuperación económica”. La gestora que desde 2016 supervisa las finanzas del territorio ha saludado en su cuenta de Twitter la noticia, calificándola de “nuevo capítulo en la historia” de la isla. “La Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico está en deuda con la jueza Swain por su incansable liderazgo, su ejemplar diligencia y su dedicación para [alcanzar] una solución justa a la crisis de Puerto Rico”, explica la gestora en un hilo de Twitter.

“Todavía nos queda mucho trabajo por delante”, ha declarado por su parte Pedro R. Pierluisi, gobernador de la isla. “El acuerdo, aunque no perfecto, es muy bueno para Puerto Rico porque protege a nuestros pensionistas, a la universidad y las municipalidades que están al servicio de nuestro pueblo”.

La junta gestora, creada por el Congreso, no goza de simpatías entre la población de la isla, de algo más de tres millones de habitantes, muchos de los cuales se refieren a ella como “la junta”. Los más críticos con la reestructuración temen también que el territorio carezca de la suficiente liquidez y sea incapaz de hacer frente incluso a los pagos reducidos de la deuda a largo plazo, viéndose obligado en ese caso a adoptar medidas de austeridad más estrictas que atizarían la insatisfacción de la población.

A la declaración de bancarrota, hace casi cinco años, se han sumado los estragos de varios huracanes, una serie de terremotos y la pandemia del coronavirus, factores que han agravado la crisis económica y el descontento social. Según los términos reflejados en el PAD, la reestructuración implica reducir la mayor parte de la deuda pública, unos 33.000 millones de dólares, en aproximadamente un 80%. El plan también le ahorrará al Gobierno más de 50.000 millones en pagos del servicio de la deuda.

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Cuando Puerto Rico presentó la declaración de quiebra, en mayo de 2017, la deuda pública se elevaba a más de 70.000 millones en bonos y más de 50.000 millones en obligaciones de pensiones no financiadas para los trabajadores públicos. Siguen pendientes de resolución las quiebras de otras entidades públicas, como la eléctrica de la isla. La puertorriqueña no es la primera administración norteamericana que suspende pagos. En 2013, Detroit, la antaño floreciente meca de la industria del automóvil, fue la primera ciudad de EE UU en presentar una declaración de bancarrota.

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