¿A quién llamó Donald Trump entre las 11:17 y las 18:54 del 6 de enero de 2021? ¿Con quién habló mientras se desarrollaba el ataque al Capitolio que él mismo había instigado en un mitin previo con miles de sus seguidores? No hay respuesta para esas preguntas en los archivos de la Casa Blanca. La comisión del Congreso de Estados Unidos que trata reconstruir lo que sucedió aquel día se ha encontrado con un hueco en los registros telefónicos del entonces presidente, según ha desvelado una exclusiva conjunta del diario The Washington Posty la cadena televisiva CBS News. Más de siete horas y media. 457 minutos. Una eternidad para los investigadores, durante la que la sede de la democracia en Washington fue asaltada violentamente por una turba, y el vicepresidente Mike Pence y los congresistas tuvieron que buscar refugio.
¿Significa eso que Trump destruyó esos registros de llamadas, que el Supremo le obligó a entregar el pasado enero con el resto de los documentos presidenciales? Es una de las hipótesis que se barajan. Otra es que el presidente pudo usar distintos teléfonos para comunicarse con sus colaboradores, lo cual está prohibido por la ley. Lo que parece claro es que no permaneció callado. Los datos sobre las llamadas enviadas o recibidas por la centralita de la Casa Blanca ocupan 11 páginas, que confirman que el magnate tuvo una jornada telefónica intensa durante el resto del día. Telefoneó a ocho personas por la mañana y 11 por la noche, antes y después del hueco que ahora se ha conocido. Además, hay evidencias públicas de que durante esas siete horas se comunicó o intentó comunicarse con, al menos, los senadores republicanos Mike Lee (Utah) y Tommy Tuberville (Alabama), además de con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el también republicano Kevin McCarthy (California).
En los registros supervivientes del seis de enero, que pueden consultarse aquí, consta que Trump habló o pidió hablar con algunos de los actores principales de la trama: su asesor Steve Bannon, que en noviembre se entregó al FBI tras haber sido acusado de desacato al Congreso por no comparecer ante la comisión que investiga el ataque al Capitolio; el abogado Ruddy Giulianni, citado a declarar por haber promovido teorías falsas sobre el supuesto fraude electoral y su jefe de gabinete, Mark Meadows, de quien se ha sabido que recibió presiones de Ginni Thomas, esposa del juez del Supremo Clarence Thomas, para que hiciera lo posible por revertir el triunfo electoral. También, con el senador de Kentucky Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado y con el entonces vicepresidente Mike Pence, de quien pretendía ese día que impidiera, empleando unas facultades que no está claro que posea quien ostenta ese cargo, el traspaso de poderes legítimo al vencedor de las elecciones de noviembre de 2020, Joe Biden.
El comité del 6 de enero está indagando si en esas siete horas, Trump se comunicó a través de otros canales, de teléfonos de sus ayudantes o de terminales desechables, según explica la noticia de The Washington Post, que firman el venerable Bob Woodward, que hace medio siglo destapó junto a Carl Bernstein el escándalo del Watergate, y Jim Costa, corresponsal político de CBS News. Juntos lanzaron a finales del año pasado Peril (que en español tiene previsto publicar Roca Editorial con el título de Peligro), sobre la accidentada transición entre Trump y Biden. El republicano aún sostiene, sin pruebas, que la elección de 2020 en la que perdió la Casa Blanca le fue robada.
Trump no se distinguió durante su presidencia por el respeto a la Ley de Registros Presidenciales, que determina que esas comunicaciones son propiedad del Estado, y no del inquilino de la Casa Blanca. En febrero se supo que, al dejar el cargo, se llevó documentos clasificados e información valiosa para la seguridad nacional a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, según confirmó la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés). También era usual, según fuentes de su Administración, que empleara diferentes teléfonos para comunicarse con sus funcionarios, que recibían llamadas desde la centralita de la Casa Blanca o de diferentes números. En ocasiones, la voz del presidente sonaba tras descolgar un número oculto.
En un comunicado, Trump dijo el lunes por la noche: “No tengo idea de qué es un teléfono desechable, que yo sepa, nunca oí hablar de tal cosa”. Una portavoz del magnate explicó a Woodward y Costa que este no había tenido que ver con la manipulación de los registros y que, hasta donde él sabe, todas sus llamadas fueron grabadas y preservadas.
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La semana comenzó para el expresidente con la noticia de que un juez federal, David Carter, considera “más probable que no” que Trump y John Eastman, uno de sus asesores legales, a quien Carter ha obligado a entregar más de un centenar de correos electrónicos al comité del seis de enero, “conspiraron” para evitar la certificación de votos en el Congreso. El día del asalto al Capitolio, Trump presionó al vicepresidente Mike Pence con aquel mitin en Washington para que emplease su cargo para no validar el triunfo demócrata, un proceso que suele ser un mero trámite democrático y que aquel día se convirtió en uno de los episodios más negros de la historia reciente de Estados Unidos.
Donald Trump, durante un mitin el domingo 27 de marzo en Georgia.HYOSUB SHIN / AJC (AP)
Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado este lunes a John Eastman, uno de los abogados que asesoró a Donald Trump para tratar de revertir el resultado electoral de 2020, que entregue más de un centenar de correos electrónicos al Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio. El magistrado David Carter, además, resalta que ateniéndose a las pruebas con las que cuenta, el tribunal considera más que probable que “el presidente Trump y el señor Eastman conspiraron” para evitar la certificación de votos en el Congreso de EE UU, que el 6 de enero de 2021 debía dar por vencedor al demócrata Joe Biden.
El importante fallo del juez Carter allana el camino para que el Comité de la Cámara obtenga correos electrónicos de Eastman que él consideró confidenciales y no entregó por ese motivo cuando proporcionó al ente investigador miles de páginas de comunicaciones electrónicas a mediados del pasado mes de febrero.
“La ilegalidad del plan era obvia”, escribe el juez Carter en su fallo. “Nuestra nación se fundó sobre la transición pacífica del poder, personificada por George Washington deponiendo su espada para dar paso a elecciones democráticas”, expone el magistrado. “Ignorando esta historia, el presidente Trump ejerció una fuerte campaña para que el vicepresidente decidiera cuál era el resultado de las elecciones de 2020″, añade.
Antes de entregar las casi 8.000 páginas de correos electrónicos, Eastman se había negado a proporcionar información a la Cámara cuando esta lo citó directamente para que prestara testimonio y presentara documentos. El abogado se refugió bajo la protección que le otorga la Quinta Enmienda de EE UU contra la autoinculpación. Eastman es un profesor de Derecho que ayudó a elaborar el falso argumento de Trump de que las elecciones de 2020 fueron un fraude, y que el auténtico vencedor fue el entonces presidente.
Entre los correos electrónicos que el juez ordenó a Eastman que entregara se encuentran mensajes que le envió el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, recomendando que Mike Pence, entonces vicepresidente, anulase las elecciones y diseñara un plan de acción diario que condujera hasta el 6 de enero.
El Comité creado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asegura haber hallado pruebas que demuestran que Trump, Eastman y otros aliados de la causa del exmandatario podrían ser potencialmente acusados con cargos criminales, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso y conspiración para defraudar al pueblo estadounidense.
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La comisión investigadora —formada por siete demócratas y dos republicanos— no tiene el poder de presentar cargos penales, pero sí puede recabar pruebas de un posible delito y recomendarle al Departamento de Justicia que actúe. Ese departamento lleva una investigación sobre el asalto al Capitolio, pero no ha dado ninguna indicación pública de que esté considerando iniciar un caso penal contra Trump.
Eastman es una figura central en la investigación del comité de la Cámara, ya que escribió dos informes legales argumentando que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía la autoridad para rechazar unilateralmente los votos electorales o retrasar su recuento. Esto podría haber abierto la puerta a que las cámaras estatales lideradas por republicanos votaran por Trump, a pesar de que más votantes lo hicieron por Joe Biden, y dar así la vuelta al resultado electoral del 3 de noviembre.
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En esta foto de archivo del 26 de septiembre de 2020, el líder de Proud Boys, Henry «Enrique» Tarrio.Allison Dinner (AP)
Henry “Enrique” Tarrio, exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys (Chicos Orgullosos), ha sido arrestado este martes por un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, la certificación del triunfo de Joe Biden el 6 de enero de 2021. Tarrio, de 38 años, no estaba en Washington el día del asalto al Capitolio, pero el Departamento de Justicia tiene pruebas de que ayudó a coordinar la insurrección. Esta tarde el jurado del primer juicio penal relacionado con el ataque ha condenado a Guy Wesley Reffitt, de Texas, por intentar obstruir la certificación del Congreso, un delito por el que arriesga hasta 20 años de cárcel.
“A los parásitos del Congreso y a los que quieren robar la Casa Blanca, si queréis una guerra, tendréis una guerra”, sostuvo Tarrio en un evento en la capital estadounidense días antes del suceso. El oriundo de Miami e hijo de padres cubanoestadounidenses, y Stewart Rhodes, fundador y líder del grupo de milicias de extrema derecha Oath Keepers, acusado a mediados de enero de conspiración sediciosa, enfrentan los cargos más graves presentados por el Departamento de Justicia en relación al ataque al Capitolio. Rhodes, de 56 años, permanece en la cárcel a la espera de su juicio.
El 4 de enero de 2021, la policía de Washington arrestó a Tarrio por cargos de destrucción de propiedad relacionados con la quema de una bandera con el lema antirracista Black Lives Matter en una histórica iglesia de la comunidad negra. Al día siguiente fue puesto en libertad con la condición de que abandonara la capital. Siempre según la acusación, Tarrio se reunió ese día con Rhodes y otros ultras durante media hora. ”En el encuentro, un participante hizo referencia al Capitolio”, reza la declaración del Departamento de Justicia.
Tarrio ha sido acusado junto a otros integrantes destacados de Proud Boys, como Ethan Nordean y Joseph Biggs. Es probable que vayan a juicio el 18 de mayo. El exlíder del grupo puede recibir hasta 20 años de prisión en caso de condena.
El FBI califica a los Proud Boys como un “grupo extremista con vínculos con el nacionalismo blanco” y el Southern Poverty Law Center (SPLC), la institución de referencia en el estudio del extremismo en EE UU, lo incluye en la lista de grupos de odio del país. Durante la campaña presidencial sonaron mucho en un debate entre Donald Trump y Biden. Cuando les pidieron que condenaran el supremacismo blanco, el republicano pidió que le dijeran a quién debía condenar. Biden sugirió a los Proud Boys. “Proud Boys, retroceded y quedaos a la espera”, replicó Trump, inspirando a los seguidores del movimiento ultra.
La condena contra Guy Wesley Reffitt, de 49 años, se dio a conocer tres horas después del primer día de deliberaciones del jurado del primer juicio penal relacionado al asalto al Capitolio, que comenzó hace una semana e incluyó testimonios de policías, un agente del Servicio Secreto y uno de sus compañeros del grupo paramilitar Tres por ciento. El jurado también condenó a Reffitt por llevar un arma ilegal durante el ataque y por amenazar a sus hijos para evitar que lo entregaran a las autoridades.
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“El Comité también tiene una base de buena fe para concluir que el presidente y los miembros de su campaña participaron en una conspiración criminal para defraudar a los Estados Unidos”, reza el documento presentado ante un Tribunal de Distrito en California. Además de los esfuerzos para entorpecer la certificación, “también hay pruebas de que la conspiración se extendió a los insurgentes involucrados en actos de violencia en el Capitolio”.
La comisión investigadora —formada por siete demócratas y dos republicanos— no tiene el poder de presentar cargos penales, pero sí puede recabar pruebas de un posible delito y recomendarle al Departamento de Justicia que actúe.
“La evidencia respalda que el presidente Trump y los miembros de su campaña sabían que no había ganado suficientes votos electorales legítimos para ser declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2020 durante la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, sin embargo, el presidente trató de usar el vicepresidente para manipular los resultados a su favor”, apunta el documento. El abogado John Eastman, que asesoró a Trump en los últimos meses de su presidencia, presionó a Greg Jacob, representante del entonces vicepresidente Mike Pence, para que éste interviniera y detuviera la ceremonia de certificación de los votos electorales, según la nueva documentación.
El documento judicial surgió de una demanda presentada por Eastman, que está intentando bloquear la entrega de sus documentos al comité alegando una invasión “muy partidista” de su privacidad. El abogado ha revelado cerca de 8.000 páginas de correos electrónicos, pero aún mantiene en secreto 11.000 documentos, citando el privilegio abogado-cliente. El comité ha basado su caso para obtener el material solicitado argumentando que el que ese privilegio no es aplicable cuando la información confidencial busca promover u ocultar un delito.
La comisión ha entrevistado a más de 550 personas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020, entre ellos funcionarios estatales, altos cargos del Departamento de Justicia y parte de la cúpula de Trump. Richard Donoghue, el número dos del Departamento de Justicia durante el mandato del republicano, sostuvo en su interrogatorio que él mismo había intentado disuadir a Trump de sus acusaciones sobre un supuesto fraude electoral. “Le dije varias veces al presidente que las denuncias sobre el contrabando de votos en una maleta y contados varias veces en las máquinas no era verdad. Le dije varias veces que lo habíamos mirado, que habíamos revisado los vídeos, entrevistado a los testigos, y que no era cierto”.
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Esta es la información más detallada y reveladora que ha presentado hasta ahora el comité que trabaja desde hace nueve meses en intentar aclarar qué pasó el 6 de enero de 2021 y cómo pueden evitar que vuelva a ocurrir algo así. Está previsto que la comisión investigadora publique todos sus hallazgos antes de las elecciones legislativas de noviembre.
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Joe Biden se ha dirigido a Estados Unidos —y al mundo— el martes por la noche (madrugada en España) para prometer que Vladímir Putin “pagará el precio” de su acción al invadir Ucrania, y ha defendido la unidad de los demócratas ante una crisis que contempla como un pulso entre la “tiranía y la libertad”. El presidente estadounidense ha pronunciado su primer discurso del estado de la Unión, una de las citas cumbre de la política americana, en un momento aciago para Europa y Occidente, mientras el Ejército ruso ataca las principales ciudades del país vecino, los civiles toman las armas y las cifras de muertos van en aumento. Biden ha calificado de “dictador” al dirigente ruso y ha asegurado que este ha cometido un “error de cálculo” al creer que los aliados no cerrarían filas.
“La guerra de Putin fue premeditada y sin provocación. Rechazó los esfuerzos diplomáticos. Creyó que Occidente y la OTAN no responderían. Creyó que nos podría dividir aquí, en casa. Putin se equivocó. Estábamos preparados”, ha resaltado el mandatario estadounidense.
En una intervención feroz, Biden ha advertido de que perseguirá a los oligarcas rusos. ”Vamos a por vosotros, cogeremos vuestros yates, vuestros jets privados, vuestros apartamentos de lujo”, ha señalado, desafiante. También ha anunciado el cierre del espacio aéreo del país a todas las aerolíneas rusas, en sintonía con lo decidido por los aliados, una acción que estrangulará aún más la economía rusa. El presidente de EE UU ha dejado en este punto un recado para Putin: “No tiene ni idea de lo que viene”.
La invasión rusa de Ucrania ha cambiado el guion de un discurso del estado de la Unión que Biden pensaba centrar en la política nacional, en reivindicar los logros económicos, amén de la inflación y reclamar al Congreso un paso adelante con las reformas pendientes. Putin ha cambiado, al fin y al cabo, el paso a medio mundo, ha colocado a Europa en un escenario bélico que no esperaba en 2022, con tanques avanzando por las calles, familias refugiadas en estaciones de metro y tiroteos por tierra, mar y aire. Brotan los recuerdos de la Guerra Fría, las comparaciones con la Segunda Guerra Mundial.
“Un dictador ruso, invadiendo un país extranjero, tiene costes en todo el mundo”, ha dicho Biden, si bien “en la batalla entre democracia y autocracia, las democracias están alcanzando su momento”, ha añadido. Ucrania ha provocado aplausos de todas las bancadas en el Capitolio, una rareza en este tiempo de fricción política en Washington. La embajadora ucrania en Estados Unidos, Oksana Markarova, invitada de honor y sentada junto a la primera dama, Jill Biden, recibió una larga ovación en pie de toda la Cámara, donde abundaban las banderas y los colores, amarillo y azul del país atacado.
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Biden, niño de la posguerra y testigo político del ocaso de la URSS, es además un viejo conocido de Putin —“No creo que usted tenga alma”, le dijo al presidente ruso, la primera vez que lo vio, en 2011—. Fue el vicepresidente estadounidense que vivió la toma de Crimea en 2014. El martes por la noche ha recalcado la necesidad de mano dura contra el jefe del Kremlin. “A lo largo de la historia hemos aprendido la lección: cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, causan más caos. Siguen adelante, y los costes y las amenazas a Estados Unidos y al mundo siguen creciendo”, ha advertido.
“Ese es el motivo por el que la alianza de la OTAN fue creada: para asegurar la paz y la estabilidad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es miembro, junto con otras 29 naciones. Eso importa. La diplomacia estadounidense importa”, ha continuado, marcando las distancias del discurso aislacionista de Donald Trump, que más de un año después de dejar la Casa Blanca sigue con su estrategia de agitación, y que ha llegado a mostrar incluso en la actual situación más simpatías por Putin que por los aliados europeos. Biden ha insistido, no obstante, en que no se desplegarán tropas estadounidenses en territorio ucranio.
Se trata del primer discurso del estado de la Unión en 80 años centrado en el presente y el futuro del Viejo Continente. Y ha sido, por otra parte, el primer repaso de Biden a la situación del país, ya que su mensaje a las dos Cámaras del Congreso del año pasado no se considera como tal, puesto que apenas acababa de llegar a la Casa Blanca.
Esta es una de las ceremonias más pomposas de la política estadounidense, una de esas en las que a la burbuja de Washington le gusta recrearse. El líder habla en presencia de los legisladores, de los jueces del Supremo, del jefe del Estado de Mayor, de todos los miembros del Gobierno, salvo uno, el llamado “superviviente designado”, que se convierte en el jefe del Estado por si hubiera una masacre en el Capitolio, medida de prudencia que se remonta a la Segunda Guerra Mundial.
En el mismo acto cobran especial relevancia los acompañantes de la primera dama, que encarnan causas y se convierten en mensajes destacados. En esta ocasión estaban invitadas la embajadora ucrania, Oksana Markarova, y Frances Haugen, la exempleada de Facebook que ha denunciado las malas prácticas del gigante tecnológico.
Apenas se han visto mascarillas dentro de la Cámara, a la que todos los invitados han acudido previo test de coronavirus, y donde se han repartido abrazos en una impactante imagen de vuelta a la normalidad después de dos años. Los problemas internos del país, con todo, siguen muy presentes. Biden ha acudido al Congreso con la popularidad de capa caída. Si en su discurso de abril de 2021 el porcentaje de aprobación se situaba en el 53%, según el promedio de sondeos elaborado por FiveThirtyEight, una plataforma de referencia, ahora ha descendido al 41%.
Cuesta explicarlo en un país que el año pasado creció un 5,7%, la tasa más elevada desde 1984, y con el desempleo situado en el 4%. Pero la escalada de los precios ha hecho mella en el bolsillo de los estadounidenses. La inflación escaló hasta el 7,5% el pasado enero, el máximo en 40 años y, aunque es una tendencia global, los republicanos lo achacan en buena medida al plan de estímulos de Biden, que tachan de excesivo y causante de la falta de mano de obra que denuncian algunas empresas.
El presidente ha sacado pecho por las mejoras y se ha defendido con el siguiente razonamiento: “Una forma de luchar contra la inflación es recortar los sueldos y empobrecer a los estadounidenses, pero yo tengo un plan mejor: bajar vuestros costes, no vuestros sueldos. Fabricar más coches y más semiconductores en Estados Unidos”, ha señalado. Así, retomó también su discurso de apoyo a la industria local y llamó a reducir la dependencia de “las cadenas de suministro extranjeras”. “Hagámoslo en América”, ha resaltado.
Biden ha incidido también en las batallas que tienen al Congreso abierto en canal, como la ley de acceso al voto o el ambicioso programa social, ambos proyectos demócratas que han quedado empantanados por el rechazo republicano y también por la oposición de dos senadores de su partido, Joen Manchin y Kyrsten Sinema. En una noche de símbolos, Manchin, senador por Virginia Occidental, se sentó para escuchar al presidente con los republicanos, en lugar de ocupar un lugar al lado de los suyos, de los demócratas.
Fuera del Congreso, unidades militares de la Guardia Nacional custodiaban la zona. Su presencia hacía inevitable recordar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que marcó un antes y un después en el templo de la democracia estadounidense. La alarma en esta ocasión tenía que ver sobre todo con una caravana de camioneros que se dirigía a la capital en protesta contra las medidas sanitarias obligatorias por la pandemia, inspirados por la de Canadá, deseosos también de sus propios símbolos.
El 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio, al demócrata de Maryland Jamie Raskin le esperaban en el Congreso centenares de mensajes de condolencia y las miradas de consuelo de legisladores de ambos partidos. Una semana antes, en la mañana de Nochevieja, fue encontrado en su casa de Takoma Park, al nordeste de Washington, el cuerpo sin vida de su hijo de 25 años, Tommy, junto a una nota de suicidio. Decía: “Os ruego que me perdonéis. La enfermedad venció hoy. Por favor, cuidad por mí los unos de los otros, de los animales y de los pobres del mundo. Con todo mi amor, Tommy”. La enfermedad que ganó la partida al muchacho fue la depresión. Raskin la definió con los ojos húmedos en una entrevista con EL PAÍS como “un grave y solitario problema de salud mental agravado por la pandemia, por la escandalosa irresponsabilidad de Donald Trump en su gestión de la crisis sanitaria y por todo el veneno que este inyectó en nuestro sistema político”.
La suma de ambos traumas, perder a un hijo y estar a punto de perder una democracia, sumieron al congresista, de 59 años, en una “oscuridad impenetrable” de la que, dice, pudo salir gracias al encargo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de liderar el segundo impeachment contra Trump, que no prosperó. Además de consuelo, aquello dio notoriedad a Raskin, y lo convirtió en una suerte de símbolo para quienes en este país creen que la democracia se halla en peligro.
Un año después, es uno de los miembros más destacados de la comisión que investiga en el Congreso los hechos del 6 de enero. Y, tras vivirlos en primera fila, y revivirlos después a través de casi 500 testimonios de personas implicadas, cree estar “cerca de determinar lo que pasó realmente” en una jornada que debía servir de rutinaria certificación del triunfo electoral de Joe Biden y acabó convertida en uno de los episodios más tenebrosos de la democracia estadounidense.
El congresista Jamie Raskin, en primer plano, dirige el equipo de encargados del ‘impeachment’, es decir, el grupo de legisladores que ejercerán la acusación durante el juicio a Trump.JONATHAN ERNST (Reuters)
“Hubo una manifestación masiva que se convirtió en un motín. La convocatoria amparó una insurrección violenta instigada por grupos extremistas: los Proud Boys, los Three Percenters, los First Amendment Praetorians y los Aryan Nations. Vinieron a Washington con el plan de asaltar el Capitolio y eso fue lo que hicieron. Aquello derivó en un golpe”, aclaró Raskin en la entrevista, celebrada a principios de mes, durante un receso de su agitada vida parlamentaria. “Golpe’ es un término inusual en nuestro lenguaje político, porque no tenemos mucha experiencia internamente al respecto, y porque pensamos que normalmente es algo que se monta contra un presidente. Este caso era distinto: fue Trump quien urdió un golpe contra su vicepresidente Mike Pence —a quien exigió que no validara los votos del Colegio Electoral—, y también contra el Congreso. Cuando agotó todas las opciones no violentas, recurrió a la violencia”.
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Raskin acaba de publicar Unthinkable. Trauma, Truth, and the Trials of American Democracy (que, con el título de Lo imposible, está previsto que publique en septiembre en español el Berg Institute en su Biblioteca Literatura y Derechos Humanos). El libro mezcla la memoria de un duelo personal y familiar con el recuento privilegiado de unas semanas cruciales, que el autor sitúa en el contexto de la historia de Estados Unidos y de las ideas de sus grandes pensadores políticos, de Thomas Paine a William James. Por el camino, se detiene admirativamente en la figura de Abraham Lincoln, en el que pensó repetidamente durante el 6 de enero. “Lo más cerca que anduvimos [de poner nuestra democracia en peligro]”, escribe, “fue a las puertas de la Guerra Civil, en febrero de 1861, pero incluso entonces el recuento electoral de Lincoln no fue interrumpido violentamente”.
Las referencias a la contienda que partió el país en dos son frecuentes en su discurso. ¿Es porque cree, como expresan algunas voces últimamente en Estados Unidos, que podría repetirse una guerra civil? “No a la manera del siglo XIX”, opina. “Aunque si no atajamos la insurrección y la violencia del 6 de enero, corremos el peligro de volvernos mucho más como Irlanda del Norte. Podríamos asistir a una mayor violencia racial, étnica, política e ideológica en determinadas zonas, una violencia que podría manifestarse en las próximas elecciones y en determinados actos públicos”.
Raskin considera el libro como una “carta de amor” a su hijo Tommy, “que acabó convertida también en una carta de amor” a su país. “Hay veces que eliges escribir un libro. Otras, como es el caso, el libro te escoge a ti. Aquellos meses apenas dormía por las noches, así que esto me distrajo”, explicó a EL PAÍS.
Salió elegido como congresista por el condado de Montgomery, el mismo día de noviembre de 2016 en que Estados Unidos escogió a Trump para la Casa Blanca. En lugar de acudir a su inauguración presidencial, Raskin, que en cierto modo se presentó porque daba por hecho el triunfo de Hillary Clinton, organizó una marcha junto a un centenar de simpatizantes por el parque de Rock Creek, pulmón verde de Washington, en vista de la que se les venía encima: “cuatro años de anarquía oficial rampante, crueldad espectacular y narcisismo peligroso”.
Antes, y tras perseguir una carrera académica, había ejercido durante una década como senador en el Parlamento de su Estado, en el que contribuyó a sacar adelante “cien proyectos de ley” de marcado carácter progresista: de la abolición de la pena de muerte al matrimonio igualitario o la despenalización de la marihuana. En Washington, con un partido demócrata atascado por las discrepancias internas (representadas en la figura de los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema), la cosa no es tan fácil. “Hemos hecho mucho [en el primer año de Biden]”, defiende. “Pero también hemos sufrido la frustración de no haber sacado adelante el Build Back Better Plan [ambicioso programa de gasto social, aún pendiente]. Muchos creyeron que estábamos ante una reedición del New Deal. Pero la realidad es otra: puede que tengamos las ambiciones de [el presidente Franklin Delano] Roosevelt, pero desgraciadamente carecemos de sus mayorías”.
“[Los demócratas] tenemos las ambiciones de Roosevelt, pero no sus mayorías”
Ese “momento histórico” es el 6 de enero, que el congresista reconstruye con extraordinario detalle en su libro. Acudió al Capitolio al día siguiente del entierro de Tommy, a quien define como “el mejor alumno y el mejor profesor”, además de como su “mejor amigo” y “la persona más graciosa que pueda imaginarse”. Tabitha, la pequeña de sus hijas, fruto de su matrimonio con Sarah Bloom Raskin (abogada y exsubsecretaria del Tesoro, que ahora se halla en el centro de una polémica por su designación para la Reserva Federal, a la que los republicanos se oponen por sus opiniones sobre el cambio climático) le desaconsejó que fuera al Congreso. Y como el padre desoyó el consejo, esta decidió acompañarlo. Hank, pareja de Hannah, la otra hija del congresista, también se apuntó. Cuando empezó el asalto, a Raskin lo evacuaron junto al resto de legisladores a una dependencia remota del laberíntico complejo del Capitolio. Tabitha y Hank se ocultaron durante tres horas en la oficina del líder de la mayoría demócrata en la Cámara, Steny Hoyer, representante también por Maryland.
Partidarios de Donald Trump en pleno taque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Shafkat Anowar (AP)
A la pregunta de qué resultados cabe esperar de la investigación del 6 de enero, el congresista responde: “Lo mejor que podría pasar es que logremos contar la historia completa y detallada y que, como consecuencia de esas revelaciones, el Partido Republicano reniegue de de Trump, lo instale en la infamia, y este pierda toda capacidad de dañar a la república estadounidense. Ahora bien, lo más probable es que demos a conocer el resultado de nuestras investigaciones, que Trump retome su control sobre el partido, y que exija a todos que le juren fidelidad. Si eso sucede, espero que millones de estadounidenses abandonen el partido”.
Lo mejor que podría pasar con la comisión del seis de enero es que las revelaciones hagan que los republicanos renieguen de Trump
En su anteúltima declaración explosiva, el expresidente dijo en un comunicado hace un par de semanas que estaba en la mano de Pence “anular los resultados electorales”. Raskin respondió entonces que, a su juicio, esa declaración facilitaba el trabajo del comité, porque delataba la implicación del magnate en la comisión de un delito. “Para empezar, porque Pence carecía de ese poder”, aclara el congresista a EL PAÍS. “Es pronto para saber si Trump volverá a presentarse en 2024. La Decimocuarta Enmienda establece que cualquiera que haga un juramento a nuestra Constitución y viole ese juramento participando en una insurrección queda inhabilitado para ocupar un cargo federal o estatal. Esa norma se promulgó tras la guerra de Secesión. Yo creo que cabría aplicarla en este caso, pero, como es lógico (y por suerte), estamos poco familiarizados con esa enmienda. Es obligación del comité ver cómo podría aplicarse”.
Y él, ¿se plantea, ahora que ha alcanzado notoriedad nacional, lanzarse a una carrera demócrata hacia la Casa Blanca? “No, no lo sé. Cuando era joven, probablemente tenía mucha más ambición que ahora. Siempre les digo a los jóvenes que es bueno tener ambición personal, pero que esa ambición debe estar conectada con la ambición pública. Yo, personalmente, tengo mucha ambición pública y mucha ambición para mi sociedad. No tanta para mí, y menos aún en estos días en los que extraño tanto a Tommy. Ha sido un año difícil para nosotros”.
Para honrar su memoria, los Raskin han promovido una docena de proyectos, de iniciativas legislativas para atajar la crisis de salud mental a premios para jóvenes activistas o programas de becas y ciclos de conferencias.
Un grupo de ‘staffers’ traslada cajas de documentos a la oficina del líder de la minoría del Senado, Chuck SchumerJOSHUA ROBERTS (Reuters)
Washington es a los abogados, asesores y políticos lo que Hollywood a los aspirantes a estrellas: el lugar donde matarse a trabajar, medrar y cumplir un sueño. Hacer una beca en el Capitolio es la puerta de entrada para un trabajo mal pagado de staffer, que es como se llama aquí a los asistentes de los legisladores. Suele implicar maratonianas jornadas donde lo que más se hace es atender el teléfono y llevar papeles de un lado a otro. Las cumplen sin rechistar porque están hambrientos de formar parte del núcleo duro de unos de esos congresistas o senadores. Incluso convertirse, quién sabe, en uno de ellos. En la cafetería de la cadena Dunkin’ Donuts que hay en el Capitolio se distingue fácilmente a los becarios de los asistentes. Los primeros se mueven a trompicones, con un gesto en sus caras entre la maravilla y la ansiedad. Los segundos entran al local con la urgencia de quien corre al baño, como si apenas les quedase tiempo para beber un café. Unos y otros tienen algo en común: sus condiciones laborales se han convertido en la última batalla del Congreso.
Las jornadas extenuantes, los bajos salarios y la presión propia de un trabajo exigente han generado una suerte de rebelión entre los empleados del escalafón más bajo del Capitolio. Hace una semana comunicaron su deseo de formar el primer sindicato de trabajadores en la historia del Capitolio y no solo han conseguido que la Casa Blanca los apoye, sino que tienen a sus jefes trabajando por ello.
Preparar el café de un congresista y comer las sobras de sus jefes
EL PAÍS ha podido hablar con uno de estos becarios, que aunque ya ha dejado de serlo, nos relata su experiencia de cuatro años. Se trata de un hombre blanco de 26 años que ha preferido mantener el anonimato al convocar el encuentro en el Capitol Hill Club, un antiguo edificio de cuatro plantas exclusivo para republicanos. En la primera planta, de ambiente más distendido, empleados de ambas Cámaras y algunos congresistas se reúnen a beber cerveza barata y picar queso cheddar gratis. Cada vez que alguien entra, los comensales lo escanean con la mirada. Se hacen guiños de una mesa a otra y mientras unos ríen a carcajadas, otros apenas susurran. “Aquí todos son alguien”, comenta el exbecario.
La primera tarea del día de sus tiempos en el Congreso, recuerda este empleado, era preparar el café de su jefe, un congresista republicano. A veces guiaba a los visitantes en un tour por el Capitolio o recibía a distintas asociaciones. Junto a sus compañeros, disfrutaba de la comida y cerveza que sobraban de las reuniones de sus jefes. Al final del día volvía directo a casa porque no tenía dinero para gastarlo en los bares. Durante tres meses, pagó todo con tarjetas de crédito en la sexta ciudad de EE UU más cara para vivir (el alquiler de un piso de una habitación cuesta de media 2.225 dólares al mes) La pregunta es inevitable: ¿Por qué la gente acepta esas condiciones? “Eres nuevo, Estás muy entusiasmado, crees que eres mucho más importante de lo que eres. Uno solo quiere formar parte del juego”, resume.
La experiencia de este exbecario se asemeja a los testimonios de otros jóvenes que EL PAÍS pudo recabar el miércoles en el Capitolio, que en su mayoría también hablaron bajo anonimato o bien prefirieron no hacer comentarios. Jonathan Reuss, de 20 años, se mudó de Florida a Washington para ganar nueve dólares a la hora, aunque aclara que no se siente explotado. “Las condiciones valen la pena. Me encanta este ambiente, quiero construir mi propia carrera política algún día”, comenta este joven aún imberbe, con un traje que le queda grande. La amiga que lo acompaña, Louisa, de la misma edad, comparte piso con otras tres chicas y está haciendo una segunda práctica en un proyecto de investigación para lograr llegar a fin de mes.
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Casi la mitad de los empleados del Congreso tienen dificultades para pagar las facturas, según una encuesta de la Asociación de Personal Progresista del Congreso publicada el mes pasado. “Cuando pasé de becaria a empleada, ganaba 25.000 dólares al año (la media en Washington es 49.500). Tenía que vivir de cupones de alimentos [que entrega el Gobierno a los más desfavorecidos] y atención médica gratuita porque no podía pagar nada más”, dijo Audrey Henson, exmiembro del personal del Partido Republicano que fundó College to Congress, en una comparecencia ante un comité del Congreso en 2020.
Las becas no suelen ser remuneradas, pero las universidades ofrecen convenios para abaratar el coste de vida de los alumnos que se apuntan a pasar una temporada en la capital. El entrevistado, que recibió una paga de 350 dólares mensuales, justifica con estas palabras que los novatos no ganen un sueldo: “Tuve problemas porque no me pagaban lo suficiente, seguro. Fue duro, pero pensaba: ¿van a pagarle a un veinteañero por trasladar papeles más que a un adulto que está alimentando a su familia trabajando en una gasolinera?”, sostiene el joven de Michigan.
Afroamericanos y latinos, minoría en el Congreso
Esa precariedad provoca al final que sean pocos los jóvenes que pueden permitirse pasar así unos años, porque probablemente necesita ahorros o ayuda familiar. Dentro del alud de críticas al sistema de becas del Capitolio, una recurrente es la falta de diversidad étnica. La mayoría de afroamericanos y latinos no puede permitirse vivir en la capital sin un salario digno. Apenas el 3% del personal del Senado es negro, una cifra que se repite entre los jefes de gabinete, según un informe de 2020 del Centro Conjunto de Estudios Políticos y Económicos.
“Cuando eres joven y tienes ambición, cuando tratas de ganar más dinero tu rendimiento y lealtad laboral mejoran, sin duda. Cuando ganaba menos tenía mucha más hambre de éxito”, afirma el entrevistado en el Capitol Hill Club. Ese es el tipo de ambiente competitivo que el 85% de los empleados considera tóxico, según la Asociación de Personal Progresista del Congreso.
La mecha de la polémica por las condiciones laborales de los becarios y asistentes del Capitolio se encendió en Instagram. Una cuenta llamada Dear White Staffers(Queridos staffers blancos) se viralizó tras recoger acusaciones anónimas de antiguos y actuales subalternos. Denunciaban precariedad, malos tratos y diferentes grados de abuso y discriminación en la aparentemente glamurosa esfera del poder. Tras la exposición pública del problema en las redes sociales, un grupo de afectados formó el pasado viernes una entidad llamada Sindicato de Trabajadores del Congreso para exigir a los legisladores su derecho a sindicalizarse y así poder negociar de manera colectiva unas condiciones mínimas de empleo. El congresista demócrata Andy Levin presentó este miércoles una resolución, copatrocinada por 130 de sus compañeros, para sacar adelante la propuesta.
“Ahora es el momento de que los legisladores demuestren su compromiso con los trabajadores, incluido los suyos”, rezaba este jueves un comunicado del Sindicato de Trabajadores del Congreso. “La capacidad de nuestros jefes para servir mejor a los electores depende de cambios significativos para mejorar las vergonzosas condiciones laborales en el Capitolio, desde salarios dignos hasta un lugar de trabajo más seguro y protecciones contra la discriminación y el acoso”, añadía. A pesar de que los líderes de ambos partidos salieron a apoyar la sindicalización de los empleados, varios legisladores republicanos han adelantado que no van a votar a favor de la resolución. Se requieren 60 votos para aprobarla en el Senado, en el que republicanos y demócratas están empatados en número (50/50).
El Roll Call, un periódico de la capital estadounidense dedicado a informar de las trifulcas legislativas en el Congreso, dedicaba este miércoles media portada de su edición impresa (7,95 dólares) a una pregunta: ¿Cómo sería un sindicato de empleados del Capitolio? El ejemplar se podía encontrar en cada esquina del edificio federal. En un diario de mayor alcance, The Washington Post, Melissa A. Sullivan, una exbecaria y exempleada de ambas Cámaras, denunciaba los abusos verbales y la discriminación racial que sufrió por su acento latino en sus años en el Capitolio. El joven de Michigan cuyo testimonio ha recogido este periódico empatiza con la precariedad de los empleados. Reconoce que pasó por esa misma situación, pero, recuerda, toda la gente que conoció durante su beca ahora es “exitosa”. Define el éxito como un salario anual de seis cifras.
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El senador líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, durante una comparecencia en el Capitolio, Washington.TOM BRENNER (REUTERS)
La brecha entre los republicanos estadounidenses después de que el comité del partido describiera el asalto al Capitolio como un “discurso político legítimo” se ha ensanchado. Su líder en el Senado, Mitch McConnell, se sumó a otros compañeros de bancada para condenar la postura del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés). “Todos lo vimos, fue una insurrección violenta”, aseguró el senador, quien también cargó contra la decisión sin precedentes del comité de censurar a los congresistas Liz Cheney y Adam Kinzinger por participar en la comisión del Congreso que investiga lo ocurrido el 6 de enero de 2021.
McConnell afirmó que el ataque perpetrado por simpatizantes de Donald Trump tenía “el propósito de impedir la transferencia pacífica del poder tras una elección legítimamente certificada de una Administración a la siguiente”. La turba que irrumpió en el Capitolio lo hizo azuzada por el discurso de Trump sobre un supuesto fraude electoral. Las declaraciones de McConnell sacuden el tablero. Se trata del miembro del partido de mayor rango en pronunciarse contra de la postura de la RNC y de la narrativa trumpista. En el segundo juicio político (impeachment) a Trump por su responsabilidad en el asalto, el senador de Kentucky votó que no era culpable.
La resolución del RNC adoptada el pasado viernes en su reunión de invierno en Salt Lake City (Utah) no se debatió públicamente, pero fue aprobada por la gran mayoría de los miembros del partido. La frase “discurso político legítimo” no aparecía en el borrador original del texto redactado por el asesor de Trump, David Bossie, según una copia obtenida por The Washington Post.Aún no ha transcendido quién y cuándo decidió incluirla.
En el escrito, denuncian que la investigación del comité del Congreso impulsado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es “una persecución liderada por los demócratas contra ciudadanos corrientes”. El asalto al Capitolio dejó cinco muertos y más de 150 heridos.Cerca de 750 manifestantes han sido acusados.
Los líderes republicanos, que llevan meses intentando sacudirse el ataque del 6 de enero, ven con preocupación que el conflicto interno los perjudique de cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde se juegan recuperar ambas Cámaras. La senadora republicana Susan Collins, que calificó de “absurda” la defensa del RNC a los insurgentes, aseguró: “Cada momento destinado a litigar una elección perdida o defender a quienes han sido condenados por conducta delictiva nos aleja más de la meta de la victoria este otoño”.
La censura contra Cheney y Kinzinger, los únicos dos republicanos miembros del comité de investigación del Congreso sobre el asalto, supuso la primera vez en la historia que el Partido Republicano reprende a uno de sus miembros en activo en el Congreso. Bill Palatucci, miembro del RNC, aseguró este martes que planea presionar al comité para que derogue el castigo -más simbólico que práctico- contra Cheney y Kinzinger. “Como mínimo, deberían eliminar la frase “discurso político legítimo’ de la resolución. Pero deberían derogarlo todo”, afirmó el abogado, que trabajó en la campaña de Trump.
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Liz Cheney y Adam Kinzinger, en una foto de archivo.ANDREW HARNIK (AFP)
Para el Comité Nacional Republicano, la insurrección que se vivió en el Congreso de EE UU el 6 de enero de 2021 y los eventos que lo provocaron forman parte de “un discurso político legítimo”. Con esas tres palabras, el que fuera el partido de Abraham Lincoln ha dado por bueno el asalto a la democracia norteamericana que costó la vida a cinco personas y que ahora un comité de la Cámara de Representantes investiga. En ese comité, alentado por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, tan solo participan dos congresistas republicanos, Liz Cheney y Adam Kinzinger.
Así lo han declarado este viernes en su reunión de invierno en Salt Lake City, en Utah. En un acto sin precedentes, el RNC (siglas en inglés del Comité Nacional Republicano) censuraba este viernes y reprendía a los dos políticos antes mencionados ya que, en su opinión, estaban participando en “la persecución de ciudadanos corrientes involucrados en un discurso político legítimo”. No solo es la primera vez en la historia que el Partido Republicano reprende a uno de sus miembros en activo en el Congreso, sino que además lo hace por partida doble.
Con un Partido Republicano en crisis, el que fuera número dos de Trump ha desafiado abiertamente este viernes a Trump al decir que “se equivoca” al afirmar que él podría haber anulado los resultados de las elecciones de 2020 cuando presidía la confirmación en el Congreso de la victoria de Joe Biden. Pence ha calificado semejante presunción de “anti americana”. El exvicepresidente salía así al paso de los comentarios que hizo Trump el pasado domingo, cuando insistió en que Pence podría haber “anulado” las elecciones presidenciales, mientras presidía el recuento de votos del colegio electoral por parte del Congreso. De forma reiterada, el expresidente ha declarado su frustración porque Pence no usó su papel para tratar de rechazar los votos electorales de varios estados que ganó Biden pero las palabras del domingo han sido las más explícitas, de forma pública, hechas hasta ahora.
Durante la reunión de invierno del Comité Nacional Republicano, que tiene lugar en Salt Lake City (Utah), sin previo debate y aprobada de viva voz, se pasó la resolución que amonesta a Cheney y Kinzinger. La medida es estrictamente simbólica ya que el partido no tiene la autoridad para decidir quién se sienta o no en el Congreso. Pero aunque así sea, lo que ha quedado patente este viernes es el consenso para blanquear y minimizar el ataque de un grupo de seguidores del entonces todavía presidente Donald Trump para revertir el resultado de las elecciones, que había dado la victoria al demócrata Joe Biden. Lo que hasta ahora eran murmullos queda oficialmente por escrito, dando por válido el asalto y las acciones que lo precedieron.
En una declaración previa a la aprobación de la resolución, Cheney dijo que la medida punitiva marcaba “un día triste para el partido de Lincoln”. “Si el precio de estar dispuesto a decir la verdad y llegar al fondo de lo que sucedió el 6 de enero y asegurarme de que los responsables rindan cuentas merece una censura, es entonces cuando definitivamente voy a seguir defendiendo aquello que creo que es lo correcto”, dijo.
Algo está sucediendo en el Partido Republicano para que Liz Cheney, de 55 años y quien se define como una “conservadora republicana”, fuera primero repudiada y apartada de la presidencia de la Conferencia Republicana en el Congreso —el tercer cargo en importancia en la Cámara de Representantes de EE UU— y ahora reprobada. Cheney pertenece al ala dura del partido y en su ADN está grabada la visión del mundo de un halcón, como su padre, Dick Cheney, vicepresidente con George W. Bush. Representante por Wyoming desde que ganó el escaño en 2016, dio su aprobación entusiasta cuando Trump consideró la posibilidad, a los cinco días de iniciar su mandato, de recuperar la técnica del waterboarding (ahogamiento simulado) a sospechosos de terrorismo.
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Adam Kinzinger, 43 años, es un veterano de las Fuerzas Armadas que, aunque ahora resulte sorprendente, llegó al Congreso en 2011 como una de las jóvenes promesas del Tea Party, el grupo de republicanos antiestablishment que puede considerarse la génesis del populismo trumpista y sus devaneos con las teorías conspirativas. Sin embargo, una vez incorporado a la maquinaria de Washington, el congresista, representante de un distrito en los suburbios de Chicago, se fraguó un perfil político más tradicional y, con el tiempo, se hizo crítico de Trump.
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Sin aclarar si concurrirá a las elecciones de 2024, el expresidente de EE UU Donald Trump prosigue su campaña informal por el país. En su último mitin, este sábado en Conroe (Texas), el republicano volvió a agitar el fantasma del supuesto fraude electoral que le robó la presidencia en noviembre de 2020 y anunció que si regresa a la Casa Blanca, amnistiará a todos los procesados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El exmandatario también instó a sus simpatizantes a organizar protestas masivas si los fiscales de Atlanta y Nueva York emprenden medidas contra él, en el primer caso por el intento de anular los resultados electorales en Georgia y en el segundo, por fraude fiscal en sus negocios.
“Otra cosa que haremos, y sobre la que mucha gente me ha estado preguntando, en el caso de que me postule y gane [en 2024], es tratar a esas personas del 6 de enero de manera justa”, dijo Trump entre los aplausos de decenas de miles de partidarios. “Los trataremos de manera justa ―recalcó―. Y si eso implica perdones: los perdonaremos, porque están siendo tratados injustamente”. La promesa de indultos es un paso cualitativo en el discurso del magnate, que hasta ahora había opuesto resistencia a la investigación, pero no desafiado directamente la acción de la justicia.
Más de 700 personas han sido encausadas hasta ahora por participar en el intento de asalto al Capitolio, para impedir la confirmación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. Once de los imputados están acusados de sedición mientras que 165 se han declarado culpables. Muchos han alegado que, al entrar por la fuerza en el edificio del Congreso, no hacían más que seguir órdenes de Trump. El aún presidente en funciones se había dirigido públicamente a sus partidarios poco antes animándoles a impedir que Biden fuese confirmado como presidente.
Durante su mandato, el republicano indultó a numerosos patrocinadores y excolaboradores, como Michael T. Flynn, su primer consejero de Seguridad Nacional, que se declaró dos veces culpable de mentir al FBI, o el gurú populista Steve Bannon, estratega jefe de su campaña, acusado de fraude. En vísperas de su relevo, apenas horas antes de la toma de posesión de Biden, el 20 de enero de 2021, Trump anunció su última lista de perdonados, compuesta por 70 indultos (el más notorio, el de Bannon) y 73 conmutaciones de pena. La gracia benefició a donantes de su campaña, delincuentes financieros y conocidos raperos.
Durante su primer gran mitin en Texas desde 2019, en medio de un ambiente enfervorizado en el que Trump se arrancó a bailar sobre el escenario, el republicano volvió a arremeter contra el papel de los medios, una de sus habituales bestias negras junto con los fiscales independientes y los demócratas. “La prensa es la enemiga del pueblo. Los medios corruptos destruirán nuestro país”, clamó entre aplausos. Sobre las actuaciones judiciales en su contra en los Estados de Georgia y Nueva York, el mensaje del republicano sonó como una amenaza: “Si estos fiscales radicales, despiadados y racistas hacen algo malo o corrupto, vamos a tener en este país las mayores protestas que se hayan visto”, advirtió.
Imagen del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.Shannon Stapleton (REUTERS)
El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ha cursado citaciones este viernes para 14 republicanos que pretendieron certificar electores ilegítimos a favor de Donald Trump para revertir el recuento de los votos del Colegio Electoral el 6 de enero de 2021 (que daba la victoria a Biden), el mismo que se vio interrumpido durante varias horas por la violenta incursión de una turba de partidarios del entonces mandatario en el Congreso.
El presidente de dicho comité, el representante demócrata Bennie Thompson, ha declarado este viernes que varios asesores del expresidente Trump o de su campaña habían utilizado falsos electores para “justificar la demora o el bloqueo de la certificación de la elección durante la Sesión Conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021″. Un grupo de asesores de la campaña de Trump, encabezados por su abogado particular, Rudy Giuliani, fue quien se encargó de presentar certificaciones electorales ilegítimas.
Las citaciones están dirigidas a personas que se reunieron y presentaron certificados falsos del Colegio Electoral en siete Estados ganados por el presidente Biden: Arizona, Georgia, Míchigan, Nuevo México, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.
Diez de las personas ahora citadas se reunieron el 14 de diciembre de 2020, el día de la votación del colegio electoral, en las capitales de cinco Estados en los que Biden había ganado: Arizona, Georgia, Míchigan, Nevada y Wisconsin. Se declararon “debidamente elegidos y cualificados” y enviaron certificados firmados a Washington que afirmaban que Trump era el verdadero vencedor. La intención última era provocar demora e incluso bloqueo en la certificación de Biden en enero como nuevo presidente de la nación.
“El comité selecto está buscando información sobre los intentos en varios estados de anular los resultados de las elecciones de 2020, incluida la planificación y coordinación de los esfuerzos para enviar listas falsas de electores a los Archivos Nacionales”, dijo Thompson en un comunicado. “Creemos que las personas que hemos citado hoy tienen información sobre cómo se conocieron estos llamados electores suplentes y quién estaba detrás de ese montaje”.
Antes de las elecciones, los partidos eligen una lista de posibles electores en cada Estado en el que el candidato se postule, que son los delegados de cada partido al Colegio Electoral, instancia que final y realmente elige al próximo presidente. Esa ceremonia se realiza en cada Estado “el primer lunes después del segundo miércoles del mes de diciembre” siguiente a las elecciones y en ella los electores votan por el candidato que representan. El presidente de Estados Unidos es elegido por 538 electores que son repartidos en función de la población de cada Estado.
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El Comité creado a petición de la presidenta de la Cámara de Republicanos, Nancy Pelosi, ha hablado con unos 400 testigos y ha emitido docenas de citaciones. El comité tiene como objetivo publicar un informe provisional en el verano y un informe final en otoño, según informa Reuters a través de una fuente familiarizada con la investigación.
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