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alias Pipe condenado
Entre los homicidios de los que aceptó responsabilidad según la Fiscalía, hay casos de cuerpos cortados por partes. Alias ‘Pipe’, era cabecilla de la estructura criminal ‘La Inmaculada’.

Entre los homicidios de los que aceptó responsabilidad según la Fiscalía, hay casos de cuerpos cortados por partes. Alias ‘Pipe’, era cabecilla de la estructura criminal ‘La Inmaculada’.

Noticias Valle.

La investigación de la Fiscalía con apoyo de la policías en Cauca, Valle y Quindío determinó que la banda criminal ‘La Inmaculada’, liderada por alias Pipe, usaba como métodos para el control del territorio, los homicidios y para incrementar el temor en la población y otras bandas, hacian desmembramiento de sus víctimas.

Felipe Marín Silva aceptó estar implicado en 39 homicidos, otros varios casos de intentos de homicidios e innumerables extorsiones.

Estaría delinquiendo desde el 2011, según los registros que se tienen.

Actuaba en Tuluá, Popayán, La Tebaida y Armenia, en tres departamentos cometió crímenes: la condena en firme, 30 años de prisión. En este caso, por «la colaboración» que brindó a la justicia para el esclarecimiento de varios casos.

El sujeto, conocido como alias Pipe, en una de las audiencias.

Alias Pipe está recluido en La Picaleña (Ibagué), fue imputado y condenado por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo agravado, extorsión, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado.

Además de la condena a prisión, «deberá pagar una multa de 12.550 salarios mínimos legales mensuales vigentes», más de 12 mil millones de pesos.

La investigación empezó en el Valle del Cauca por el homicido de un dragoneante del INPEC, y ahí empezó a descubrirse una estela de crímenes.

Homicidios

Alias Pipe estuvo tras el asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) Edinson Montenegro Cardona, ocurrido el 12 de abril de 2017 en Tuluá, Valle.

la condena en firme, 30 años de prisión.

Dicho homicidio fue ordenado desde el interior de la penitenciaria de Cómbita en Boyacá, en donde estaba recluido el hoy condenado.

Otro caso, se registró en ese mismo municipio vallecaucano, un hombre fue asesinado, desmembrado y las partes arrojadas al río. Encontraron algunas.





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La justicia de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, condenó este lunes a ocho años de prisión a la opositora Cristiana Chamorro, tras desarrollar un juicio plagado de irregularidades. Durante el proceso contra Chamorro, la Fiscalía no pudo probar el delito de “lavado de dinero” achacado a la candidata presidencial considerada, según las encuestas, la favorita entre el electorado nicaragüense para derrotar a Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en las elecciones generales del pasado noviembre. De acuerdo a fuentes judiciales cercanas al caso y que prefieren no ser citadas por temor a represalias, los fiscales ni siquiera presentaron el peritaje que demostrara la querella impulsada contra esta periodista.

El juez Luden Martín Quiroz, a cargo del Juzgado Noveno Distrito Penal de juicio de Managua y leal al sandinismo, dictó culpabilidad y ratificó una condena que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) considera política. Al mismo tiempo, el organismo criticó que el judicial impuso, aparte de los años de prisión, “multas millonarias en córdobas y dólares imposibles de pagar” a Chamorro y los otros acusados. “Y si se llegaran a conmutar equivaldría a prisión perpetua”, alertó el Cenidh.

Chamorro fue detenida en junio de 2021, después que oficializó su aspiración presidencial, sustentada en el respaldo ciudadano que le confirieron las encuestas. Emergió como una figura que podía unir a la oposición y plantar cara en las urnas a la pareja Ortega-Murillo, gracias en parte al legado moral de sus padres: el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por la dictadura somocista, y su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que en 1990 derrotó a Ortega y la revolución sandinista en unas votaciones históricas.

De todos los opositores apresados por Ortega desde junio, Chamorro y los extrabajadores de la Fundación Violeta Chamorro —en honor a la expresidenta— que ella dirigía fueron los únicos a los que les atribuyeron el delito de “lavado de dinero”. En teoría, un delito cruzado por muchas regulaciones internacionales, por lo que se previó un juicio largo para que la Fiscalía aportara pruebas contra la oenegé que apoyaba desde hace más de 25 años al periodismo independiente. No obstante, desde la etapa de formulación de la acusación contra Chamorro y la Fundación, el caso se tornó una persecución que tenía, al menos, dos claros flancos abiertos: inhabilitar a la precandidata y acallar el periodismo, ya que casi 60 periodistas fueron llamados por la Fiscalía para ser intimidados en largos interrogatorios.

El juicio contra Chamorro inició el pasado 3 de marzo y concluyó con una sentencia de culpabilidad ocho días más tarde, el 12 del mismo mes, después de que el juez Quiroz aceleró el proceso ante la incapacidad de la Fiscalía de presentar pruebas. Lo más desconcertante para los abogados consultados conocedores del proceso es que los fiscales no presentaron el peritaje realizado a las cuentas de la Fundación Violeta con el que, supuestamente, se demostraría una operación de lavado de dinero que la propaganda oficial vendió como escandalosa.

“Tanto el Juez Luden Martín Quiroz García, el Fiscal Carlos Espinoza y los oficiales de policía que declararon, trataron de justificar la ausencia de la prueba [la investigación de los peritos] alegando que no sabían su paradero, porque seguramente se seguía realizando peritaje sobre la misma”, afirma una fuente cercana al caso. Para los críticos del Gobierno de Ortega, esta y otras irregularidades evidencian cómo su régimen ha convertido a la justicia en un teatro para castigar a voces críticas en Nicaragua.

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Uno de los últimos peritos policiales presentado como testigo por la Fiscalía dijo en una de las audiencias que las pruebas presentadas “apenas daban para sospechar de lavado de dinero”. Sin embargo, Chamorro fue condenada por “lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica”.

El juicio, de acuerdo a las fuentes consultadas por EL PAÍS, tuvo momentos que tildan de “increíbles” cuando, por ejemplo, los policías que actuaban en calidad de testigos dijeron desconocer los delitos que estaban siendo juzgados. “Ante el interrogatorio de los abogados defensores, los oficiales de policía confesaron que ellos no habían participado en los actos de los que daban fe las respectivas actas firmadas por ellos, es decir que dieron fe de algo de lo que no tenían certeza”, narra una de las fuentes. Además, todos los oficiales que pasaron por el estrado aseguraron que la información en la que basaron su testimonio fue proporcionada por sus jefes. “Asimismo confesaron que no sabían sobre el objeto de la investigación ni cuáles delitos suponían estar investigando”, agrega.

Al igual que en los otros juicios políticos de Managua, el proceso contra Chamorro y la extinta Fundación Violeta Chamorro fue realizado a puertas cerradas en la prisión de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como ‘El Chipote’, donde los presos políticos están encerrados en condiciones inhumanas y sufriendo malos tratos, según han denunciado los familiares. Tampoco los abogados defensores pudieron ejercer una defensa efectiva, ya que no permitían visitar a sus clientes.

Los otros condenados por los mismos delitos junto a la precandidata Chamorro fueron el contador general y el administrador financiero de la Fundación Violeta, Marcos Fletes y Walter Gómez, a quienes les impusieron 13 años respectivamente. A siete años fue también condenado el conductor personal de Chamorro, Pedro Vásquez.

El judicial también impuso una pena de nueve años al hermano mayor de Cristiana, el opositor Pedro Joaquín Chamorro Barrios, un juicio que muchos interpretan como una “venganza” de Ortega contra la familia Chamorro Barrios, una de las más influyentes en Nicaragua, en especial contra Cristiana, la precandidata que le recordó a Ortega su peor derrota electoral de 1990.

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Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en junio de 2021.
Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en junio de 2021.AFP

La opositora Cristiana Chamorro Barrios, a quien el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, evitó enfrentarse en las controvertidas elecciones presidenciales recientes al ser encarcelada, fue condenada este lunes a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Chamorro, periodista de 68 años, se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, y fue condenada por un juzgado penal de Managua, ha informado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en una declaración.

Hija del héroe nicaragüense y periodista antisomocista asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Chamorro es la séptima opositora que aspiró a ser candidata a la presidencia de Nicaragua en los comicios pasados en ser declarada culpable y condenada por los delitos de lavado de dinero o traición a la patria. Los otros seis son el académico Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre (2007-2009), de quien se distanció; el activista, académico y líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga; y el economista y sobrino político de la expresidenta Barrios de Chamorro, Juan Sebastián Chamorro. También el periodista Miguel Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por las autoridades y que ahora se transmite en plataforma de internet; el líder campesino Medardo Mairena y el abogado y político conservador Noel Vidaurre.

El juicio a Cristiana Chamorro forma parte de una serie de procesos judiciales a una cuarentena de líderes opositores y críticos con el régimen sandinista, que fueron encarcelados antes de esos comicios y acusados en su mayoría de “traición a la patria” o lavado de dinero. Ortega ha tildado a los opositores encarcelados y juzgados de “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.

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Tras dos días en los que se han podido escuchar los discursos de 117 de sus 193 países miembros, la Asamblea General extraordinaria de la ONU ha votado una resolución de condena de la invasión rusa de Ucrania que insta a Moscú a retirarse inmediatamente y sin condiciones del país vecino. La iniciativa obtuvo 141 votos a favor, cinco en contra (Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria) y 35 abstenciones (los otros 12 países, entre ellos Venezuela, no asistieron a la sesión) y, aunque no tiene carácter vinculante, muestra el total aislamiento de Rusia en la comunidad internacional. La decisión de celebrar esta sesión extraordinaria del plenario de la organización ―la undécima en toda su historia y la primera desde 1982, tras la invasión de los Altos del Golán― fue la manera de superar el veto de Rusia a una resolución similar en el Consejo de Seguridad, órgano ejecutivo de la ONU.

El texto adoptado es una condena en duros términos (aunque utiliza el término “deplora”) de “la agresión de Rusia contra Ucrania” y una muestra del compromiso “con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania, incluidas sus aguas territoriales”. En la península de Crimea está la base de la flota rusa del mar Negro. La resolución exige que Rusia “deje inmediatamente de recurrir al uso de la fuerza contra Ucrania” y “retire inmediata, completamente y sin condiciones todas sus fuerzas militares” del país vecino. También deplora la alerta nuclear declarada por el presidente Vladímir Putin, una mención ausente en la resolución del Consejo de Seguridad que Rusia vetó el viernes.

Aunque la resolución adoptada por la Asamblea no sea ejecutiva, sí cartografía la postura de la comunidad internacional con respecto a la guerra y, sobre todo, a Rusia, “donde un dictador europeo quiere restaurar la antigua gloria del pasado”, en palabras de la embajadora de EE UU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, que subrayó que Rusia se está preparando para “incrementar la brutalidad” de su ofensiva contra Ucrania.

Cerró el turno de oradores el embajador ucranio, Sergii Kislitsia, que no ahorró detalles al describir la la barbarie que sufre su país, como el bombardeo de zonas residenciales o del memorial del Holocausto de Babi Yar en Kiev. “El objetivo de Rusia no es solo la ocupación, sino el genocidio” de los ucranios, aseguró. “Es muy fácil firmar la Carta de la ONU en tiempos de paz. Pero es nuestro deber confirmarla e implementarla en tiempos de guerra. Por favor, respeten la Carta de la ONU, respeten a su secretario general”, instó entre aplausos Kislitsia, que agradeció a los Estados miembros la acogida de refugiados.

La primera réplica fue la de su homólogo ruso, Vasili Nebenzia, desde su asiento, sin subir al atril de los oradores. Nebenzia repitió el argumentario del Kremlin: “La negativa [de Moscú] a apoyar el proyecto de resolución de hoy es un voto a favor de una Ucrania pacífica y libre de radicalismo y neonazismo”. Lo siguieron los representantes de Serbia y Siria. El primero dio la sorpresa al anunciar el apoyo de su país, tradicional aliado de Rusia, a la resolución “y a la integridad territorial de los Estados miembros”, una clara alusión al contencioso con Kosovo. El embajador de Siria calificó la resolución de “propaganda política” e “hipocresía” que “interfiere en los asuntos internos de un país”, y anunció su voto en contra.

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Para ser adoptada, la resolución, impulsada por los países de la Unión Europea en coordinación con el Gobierno de Kiev, debía alcanzar dos tercios de los votos favorables. A última hora del martes circuló una lista de apoyos de 94 países, casi la mitad de los que componen la organización y un resultado similar al que obtuvo en 2014 otra resolución de condena de la anexión de Crimea, con un centenar de apoyos, pero muy por debajo del resultado final alcanzado este miércoles.

El resultado, de un claro significado político y simbólico sobre el alcance del aislamiento global de Rusia, no ha sido una sorpresa, aunque hasta última hora se dudó de la decisión de los países no occidentales, muchos de ellos con una larga tradición de no alineamiento, heredada precisamente de la política de bloques en la Guerra Fría. El mundo árabe mantuvo un perfil bajo en los discursos con la excepción de Kuwait, que fue invadido en 1990 por su vecino Irak y condenó en duros términos la ofensiva rusa. Emiratos Árabes Unidos, que el viernes se abstuvo en la votación del Consejo de Seguridad, votó hoy a favor de la resolución. La mayoría de los países de África y América Latina secundaron la iniciativa, mientras los dos grandes gigantes de Asia, China y la India, optaban por la abstención. China fue uno de los tres países que se abstuvo en la votación de la resolución fallida del Consejo de Seguridad celebrada el viernes, mientras la India, dependiente de Moscú en ayuda militar, reiteró su equidistancia.



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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha reunido este domingo, por cuarta vez en una semana, para votar una convocatoria extraordinaria de la Asamblea General que se celebrará este lunes. Los 193 países miembros discutirán la resolución de condena de la invasión de Ucrania que vetó el viernes el embajador de Rusia en la reunión del Consejo. El resultado de la votación del pleno, que previsiblemente resultará favorable a condenar al Kremlin y exigir la inmediata retirada de tropas, no tiene sin embargo carácter vinculante. La Asamblea General de la ONU sólo se ha reunido en sesión extraordinaria diez veces en los 70 años de historia del organismo; la de este lunes será la primera en cuatro décadas.

Al tratarse de una votación de procedimiento, ni Rusia ni los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, EE UU, Francia y el Reino Unido) podían hacer valer su derecho de veto. El viernes, Rusia lo ejerció mientras China se abstuvo, junto con la India y Emiratos Árabes Unidos, dos miembros no permanentes del máximo órgano ejecutivo de la organización. Once de los 15 miembros del Consejo votaron a favor. Idéntico resultado al que arrojó la reunión de este domingo.

La embajadora de EE UU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha aprovechado el turno de palabra que siguió a la votación para exhortar a Rusia a rebajar el tono de su “peligrosa retórica sobre las armas nucleares”. “Este es otro paso escalofriante e innecesario que nos amenaza todo”, ha dicho la diplomática; “no permitiremos semejante atrocidad”. La reunión ha terminado con un parlamento de Sergiy Kyslytsya, el embajador de Ucrania -invitado como parte implicada, porque el país carece de asiento en el Consejo-, quien sin dejar de mirar a su homólogo ruso, Vasili Nebenzia, dijo: “En la vida siempre hay margen para tomar decisiones, para ser un ser humano u optar por el mal”, en referencia expresa al jefe de la delegación rusa en una conferencia de la ONU sobre el clima en París, que este domingo pidió perdón a sus colegas “en nombre de los rusos que no hemos podido detener esta guerra”.

La reunión de este domingo se ha convocado a petición de EE UU y sus aliados, a la cabeza de todos ellos Albania, como adelantaron fuentes diplomáticas la semana pasada, tras el fiasco de la iniciativa llevada al Consejo. La idea que barajaban Washington y sus socios es que la Asamblea General pudiera adoptar un texto similar al vetado el viernes por Rusia. Las resoluciones de la Asamblea, no obstante, tienen menos peso.

“Teniendo en cuenta que la falta de unanimidad de sus miembros permanentes en la reunión 8.979 [celebrada el viernes] ha impedido [al Consejo] ejercer su responsabilidad primaria de mantener la paz y la seguridad internacionales, decide convocar una sesión especial de emergencia de la Asamblea General para examinar la cuestión contenida en la agenda de la reunión 8.979″, dice el texto del Consejo de Seguridad. La reunión de este lunes se centrará en cuestiones organizativas y de procedimiento, mientras que el debate y la adopción de la resolución se realizarían el martes, según fuentes diplomáticas de la UE ante la ONU. Francia propondrá además este lunes en otra reunión del Consejo de Seguridad un proyecto de resolución para garantizar el acceso a la ayuda de la población ucrania.

Tras una reunión anterior, el miércoles, que fue dinamitada por el anuncio del Kremlin de una “operación militar especial en Ucrania”, el texto de la resolución que Rusia vetó el viernes sufrió modificaciones y enmiendas de última hora, en un intento de cosechar adhesiones, como la de Brasil, que fue una incógnita hasta el final. El borrador instaba a Rusia a dar marcha atrás, cesar en el uso de la fuerza y retirar sus fuerzas de Ucrania “de manera inmediata, total y sin condiciones”, como subrayó la embajadora de EE UU, Linda Thomas-Greenfield. También a revocar el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, donde comenzó el conflicto en abril de 2014. Entre las enmiendas introducidas, la principal fue la sustitución de la palabra “condenar” por “deplorar”.

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Pero más allá del resultado numérico de las votaciones, y comprobar quién está de parte de quién, el objeto de la mayoría de las críticas por la inacción o impotencia de la ONU en este conflicto es la pervivencia del viejo sistema del derecho de veto, una reliquia de la Guerra Fría. Además de los continuados llamamientos de Ucrania a expulsar a Rusia, como país agresor, del Consejo de Seguridad y a considerar su membresía en la organización, el mecanismo del veto supone el mayor obstáculo para una actuación coordinada.



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El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el viernes por tercera vez en cinco días para pronunciarse sobre una resolución de condena de la invasión rusa de Ucrania. La votación del texto, una iniciativa conjunta de EE UU y Albania que ha cosechado numerosas adhesiones en las últimas 24 horas, solo planteaba una duda: Rusia ejercería su poder de veto, pero, ¿y China? Con su abstención ―un modo de salvaguardar la equidistancia y, a la vez, apoyar veladamente a Moscú―, China arrastró a la India y a Emiratos Árabes Unidos. La resolución contó con el voto favorable de 11 de los 15 miembros. Rusia, además, ostenta la presidencia del Consejo este mes, conforme al calendario aprobado en otoño.

El proyecto de resolución, con enmiendas de última hora que retrasaron el inicio de la reunión, recordaba a Rusia todas sus obligaciones internacionales, como Estado signatario de cartas y tratados que la ofensiva lanzada el jueves por el presidente Vladímir Putin convirtió en papel mojado. El borrador subrayaba el teórico compromiso de Moscú con el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas sobre resolver las disputas por medios pacíficos y abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de otro país.

Con la invasión a Ucrania, sostenía el borrador inicial, Rusia ha quebrantado el Acta Final de Helsinki de la OSCE (1975) y el memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad a Ucrania firmado en 1994, así como una resolución del Consejo (la 2202, de 2015), destinada a implementar los acuerdos de Minsk, que teóricamente debían haber puesto fin a la guerra enquistada del Donbás, en el este de Ucrania. El texto también apoyaba el llamamiento al diálogo de António Guterres, secretario general de la ONU, así como la condena sin paliativos de la “agresión” rusa a Ucrania, que calificaba de “quiebra de la paz y la seguridad internacionales”.

El texto, cuya contundencia inicial fue matizada por las enmiendas, instaba a Rusia a dar marcha atrás, cesar en el uso de la fuerza y retirar sus fuerzas de Ucrania “de manera inmediata, total y sin condiciones”, como subrayó la embajadora de EE UU, Linda Thomas-Greenfield. También a revocar el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, donde comenzó el conflicto en abril de 2014. Pese a las enmiendas, la principal la sustitución de la palabra “condenar” por “deplorar”, los alegatos de la mayoría de los embajadores emplearon los términos más categóricos de repulsa.

“Un país está invadiendo a otro, y Rusia es el agresor. No hay medias tintas (…) Tenemos la obligación de no mirar para otro lado. Rusia ha elegido causar un dolor inimaginable a la población de Ucrania y a sus propios ciudadanos”, dijo Thomas-Greenfield. La representante británica, Barbara Woodward, señaló que la intervención de Rusia no es un ejercicio de autodefensa. “Hablaban de proteger Donetsk y Lugansk, pero están bombardeando Kiev. La resolución es un mensaje a la población ucrania, al mundo, de que las reglas que establecimos deben ser respetadas, y a los bravos ciudadanos rusos que protestan” contra la agresión, dijo Woodward.

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Al llamamiento de Suecia a copatrocinar el borrador de resolución se sumaron en las últimas 24 horas España, Alemania, Italia, Polonia, Noruega, Lituania, Letonia, Estonia, Luxemburgo y Nueva Zelanda, además tres países que se sientan en el Consejo de Seguridad como Francia, el Reino Unido e Irlanda, informa Efe. EE UU ha buscado en las últimas horas el apoyo de otros aliados sin presencia en el máximo foro de la ONU, como Australia o la Unión Europea.

La hermética equidistancia de China, de la que quedó constancia en el Consejo celebrado el lunes, permitía barruntar el sentido de su voto el viernes, pese a las presiones diplomáticas recibidas en los últimos días por parte de Occidente. Lo mismo sucedía con la India, que en la tensa sesión del miércoles ―dinamitada por el anuncio en paralelo de Putin del lanzamiento de una “operación militar especial” en Ucrania― se había limitado a constatar su preocupación por sus 16.000 nacionales atrapados en Ucrania, sobre cuya evacuación hablaron el jueves el primer ministro, Narendra Modi, y Putin. El sentido del voto de Brasil era también otra incógnita, aunque dos fuentes diplomáticas citadas por Reuters apuntaban que apoyaría la resolución como finalmente hizo.

Aunque no se haya adoptado la resolución, la intención de EE UU y sus aliados era demostrar a Moscú su aislamiento internacional, matizado por el disimulado apoyo de Pekín. “Estamos trabajando en la resolución del Consejo de Seguridad. Espero que podamos pasar a la acción en las próximas horas o días… y si no logramos tener éxito en el Consejo de Seguridad iremos de inmediato a la Asamblea General”, de 193 miembros, apuntó este jueves un diplomático con asiento en el Consejo, amparado en el anonimato, sobre el borrador que la declaración de guerra por Rusia impidió votar. Las resoluciones adoptadas por la Asamblea General son no vinculantes, a diferencia de las del Consejo.

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A la izquierda, Manoel Silva Rodrigues, en una imagen de sus redes sociales y la maleta donde fue encontrada la droga.
A la izquierda, Manoel Silva Rodrigues, en una imagen de sus redes sociales y la maleta donde fue encontrada la droga.EL PAÍS

El sargento brasileño detenido en España con 39 kilos de cocaína cuando formaba parte de la comitiva del presidente Jair Bolsonaro ha sido condenado este martes a 14 años de cárcel por un tribunal militar de Brasilia. La droga que el soldado Manoel Silva Rodrigues llevaba escondida en tres maletas fue descubierta por la Guardia Civil durante una breve escala en Sevilla del mandatario brasileño en 2019, cuando estaba en ruta hacia Japón para participar en el G20. El cargamento ilícito y el militar viajaban en un avión de las Fuerzas Aéreas que acompañaba al del presidente. Rodrigues está encarcelado en España, cumpliendo los seis años impuestos por la Audiencia de Sevilla por los mismos hechos.

El juez militar brasileño ha aplicado varios agravantes, que elevan la pena de ocho a 14 años, seis meses y una multa, informa el diario Folha de S. Paulo. El magistrado considera que el uniformado actuó de mala fe porque se aprovechó de conocimientos adquiridos como miembro de la Fuerza Aérea para burlar las inspecciones de su equipaje. También ha anunciado que solicitará que los años de cárcel cumplidos en España sean descontados de la condena brasileña.

Durante ambos juicios, el soldado apeló en su defensa a las estrecheces económicas que le impulsaron a tomar una mala decisión. Su abogado ha alegado que el uniformado no era el vendedor de la droga, sino una mera mula que la transportaba.

Rodrigues explicó así su comportamiento durante el juicio de 2020: “La persona que me lo entregó [la droga] en Brasil me dijo que su destino era Suiza y que yo debía meterla en Europa. (…) Pasaba por dificultades económicas. Llevo 20 años en el Ejército y nunca he tenido ningún expediente, pero un militar en Brasil no tiene un salario bueno. Siempre compro cosas en mis viajes, como móviles, y las vendo para ganar algo extra”. Aseguró entonces que era la primera vez que traficaba con drogas.

El tribunal español también le impuso una multa de dos millones de euros. Y acordó que, para evitar un efecto llamada, el militar cumpliera en España la pena hasta que obtenga al menos el tercer grado. Su solicitud de hacerlo en su país fue rechazada.

La cocaína, oculta en fardos de poco más de un kilo, fue descubierta en el aeropuerto de Sevilla, donde la comitiva de Bolsonaro hizo una escala. Tras pasar las maletas por los rayos X, agentes de la Guardia Civil pidieron explicaciones a Rodrigues, que había dicho que era queso, un alimento de origen animal que está vetado introducir en la EU desde países ajenos al bloque comunitario.

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El sargento había acordado entregar el alijo a un desconocido con el que se citó en un supermercado de Sevilla.

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Pancartas para exigir la liberación de los defensores del río Guapinol frente al Palacio Judicial de Tocoa, en Honduras.
Pancartas para exigir la liberación de los defensores del río Guapinol frente al Palacio Judicial de Tocoa, en Honduras.GUAPINOL RESISTE

Defender el medio ambiente en Honduras es una tarea de riesgo. Es el país más letal de Centroamérica para los ambientalistas —en enero asesinaron a tres— y, cuando no se atenta contra sus vidas, la cárcel aparece como un castigo para los defensores de los recursos naturales. Este miércoles, un tribunal de Trujillo, en el norte del país, declaró culpables a seis de los ocho detenidos en el caso conocido como Guapinol, en una decisión que ha sido tildada de arbitraria por organizaciones internacionales.

Los ambientalistas, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), fueron detenidos en 2019 por oponerse a un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP) en una zona protegida y que afectará los ríos San Pedro y Guapinol. José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo y Orbin Nahún Hernández fueron declarados culpables por los delitos de privación ilegal de la libertad, daños agravados contra el contratista de la empresa, y daños simples y agravados contra la empresa. Los otros líderes del grupo, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, fueron absueltos y deberán ser liberados.

“Este veredicto es indignante y va en contra de las obligaciones de Honduras de garantizar la defensa de los derechos humanos. Debe ser anulado inmediatamente. No dejaremos de exigirlo a las autoridades hasta que todos los defensores de Guapinol queden en libertad de forma inmediata e incondicional”, ha declarado en un comunicado Érika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

En 2018, cuando la empresa inició trabajos en la zona y la construcción de una carretera para facilitar el acceso al lugar, el agua del afluente dejó de ser utilizable por la comunidad, que pronto se movilizó y organizó un campamento de resistencia que terminó siendo desalojado con violencia por parte de las autoridades, que se pusieron de lado de la empresa.

Desde la detención de los ambientalistas, calificada por diferentes organismos internacionales como arbitraria, Honduras se unió en una campaña para clamar por la libertad de los ocho de Guapinol. Con las etiquetas #GuapinolResiste, #LibertadparaGuapinol o #Aguaesvida, la lucha para que estos hombres sean liberados no ha tenido descanso. La decisión de este miércoles es un nuevo golpe para quienes creen que el derecho al agua está por encima de intereses económicos en un país que ha sido testigo de crímenes impunes contra activistas ambientales como lo es el caso de Berta Cáceres.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha calificado este proceso judicial como parte de una estrategia de intimidación y criminalización de quienes, con razones, se oponen al proyecto minero.

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“Es extremadamente grave que, a pesar de la falta de diligencia en las investigaciones por parte del Ministerio Público, seis de los presos de conciencia de Guapinol se enfrenten a penas de prisión. Los defensores son víctimas de una detención arbitraria y una persecución penal infundada, derivada únicamente de su legítima labor de defensa del derecho al agua y a un medio ambiente sano en Honduras”, ha insistido Guevara-Rosas a través del comunicado de Amnistía, en el que además piden a las autoridades hondureñas “dejar de utilizar el sistema de justicia para criminalizar, intimidar y acosar a los defensores de los derechos humanos”.

Amnistía reconoció a los ocho defensores como presos de conciencia tras revisar en detalle las pruebas y estudiar los procesos penales en su contra. La organización, según su comunicado, envió una carta al fiscal general de Honduras tras el inicio del juicio, el 1 de diciembre de 2021, expresando su preocupación por las irregularidades en la investigación. “Amnistía Internacional considera que los ocho presos de conciencia fueron detenidos únicamente por su labor de defensa del derecho al agua potable y a un medio ambiente sano, y que los cargos penales que se les imputan, así como su prolongada prisión preventiva, son injustificados y constituyen un uso indebido del sistema de justicia”, advierte la organización.

También se ha manifestado en ese sentido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) que al inicio de esta semana instó a la Justicia de Honduras a emitir un “fallo en pleno respeto de la ley”. La Oacnudh expresó, en un mensaje en Twitter, “su preocupación” porque el Ministerio Público de Honduras “no ha cumplido con el estándar de prueba mínimo ni ha observado a cabalidad el principio de objetividad que debe regir sus actuaciones” en el juicio contra los defensores del agua, que terminó el pasado viernes con la etapa de conclusiones. Las penas que deberán enfrentar los activistas se conocerán el próximo 21 de febrero, según anunció la justicia hondureña.

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Dora María Tellez retratada en su casa en Managua, en julio de 2018.
Dora María Tellez retratada en su casa en Managua, en julio de 2018.Carlos Herrera

La exguerrillera sandinista Dora María Téllez, una de las figuras claves en la liberación de Nicaragua de la dictadura somocista, ha sido condenada en la tarde de este jueves por la justicia de Daniel Ortega bajo por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “conspiración”. El juez Ángel Jancarlos Fernández realizó un audiencia exprés, de menos de siete horas y, enseguida, la Fiscalía pidió para la historiadora y crítica de la actual administración 15 años de cárcel, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La condena de Téllez, inmortalizada por el Nobel Gabriel García Márquez en la crónica Asalto al Palacio, ocurre en un ciclo de juicios políticos programados contra los 47 opositores que Ortega encarceló a partir de junio de 2021 para eliminar toda competencia de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que se declaró ganador sin competencia, perpetuándose en el poder junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La histórica y emblemática exguerillera de 66 años fue sometida a un juicio sin garantías procesales, de acuerdo a defensores de derechos humanos. Pero también agravado por varios factores: la audiencia fue realizada a puertas cerradas en El Chipote, la misma cárcel donde está encerrada y sufriendo torturas, según sus familiares, a quienes les impidieron ingresar al juicio.

Los únicos que tuvieron acceso fueron los abogados de Téllez, pero fueron incomunicados. De acuerdo al artículo 121 del Código Procesal Penal, los juicios deben celebrarse en la sede de los tribunales y no en prisión. Sin embargo, los familiares de los reos de conciencia creen que este hermetismo es para que no se filtren imágenes del deterioro físico y emocional de los acusados producto de los malos tratos que han recibido durante el encierro.

El juicio de Téllez ha seguido la misma tónica de los primeros cuatro opositores procesados esta semana: Yader Parajón, Yaser Vado González, Alexis Peralta y la activista Ana Margarita Vijil quien, tras ser declarada culpable por “conspiración”, escribió en el acta de culpabilidad “soy presa política” debajo de su nombre.

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En paralelo a Téllez, también fue juzgado el líder estudiantil Lesther Alemán, reconocido por haber enfrentado cara a cara Daniel Ortega en 2018 en una mesa de diálogo. En aquella ocasión, el estudiante emplazó al mandatario, lo conminó a cesar la represión de las protestas sociales y a salir del poder. El universitario fue también condenado por cometer “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y la Fiscalía, igualmente, ha pedido la pena máxima de 15 años.

Lesther Alemán en una foto de archivo de mayo de 2018 cuando se enfrentó públicamente a Daniel Ortega.
Lesther Alemán en una foto de archivo de mayo de 2018 cuando se enfrentó públicamente a Daniel Ortega. Alfredo Zuniga (AP)

“Hoy que Lesther es condenado cumple 213 días encarcelado arbitrariamente. El debido proceso es inexistente y le han violado todos sus derechos humanos. Lesther no ha podido hablar con su abogado ni recibir visitas de sus familiares. Ha sido sometido a interrogatorios extenuantes como mecanismo de tortura, a una mala alimentación y condiciones sanitarias que han afectado su salud”, expresó el grupo estudiantil del que Alemán es integrante. “El juicio contra Lesther ha sido ilegal e ilegitimo; una farsa judicial propia de una dictadura cuyo poder emana de la farsa electoral y violación sistemática a los derechos humanos de los nicaragüenses”, añadieron en un comunicado.

Juez sin competencia

La veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, no solo cataloga como políticos estos juicios, sino que asegura que son “farsas y montajes”. Primero porque cuando la Fiscalía anunció la reactivación de los procesos en un comunicado, el tono era condenatorio de antemano al catalogar a los presos políticos como “criminales y delincuentes”. El Ministerio Público arrolló la presunción de inocencia antes de que los procesados pudieran estar frente a un juez.

Para los defensores de derechos humanos y familiares, los acusados tienen que enfrentar una defensa a ciegas. Entre las anomalías judiciales que han detectado está que los únicos testigos aportados por la Fiscalía son policías y simpatizantes sandinistas. Además, las pruebas presentadas son capturas de pantalla de redes sociales, algunas trucadas, mientras que los abogados defensores no han podido visitar a los acusados de previo y tampoco las querellas han sido cargadas en el sistema del poder judicial.

“Los juicios de Dora María y Lesther, aparte de todas las nulidades que se han venido cometiendo en la tramitación, y repetidas hoy en esta audiencia exprés, tienen un grave contrasentido con el Código Penal: el delito de ‘Menoscabo a la integridad nacional’ debe ser conocido por un tribunal de jurado y no por un juez técnico. Es decir, que estos jueces no tienen competencia. Entonces hay nulidad… pero ya sabemos que en Nicaragua los alegatos jurídicos no sirven para nada”, explicó la doctora Núñez a EL PAÍS.

El régimen Ortega-Murillo reanudó los juicios políticos este primero de febrero, mientras familiares de detenidos y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hicieron el llamado a un diálogo con el fin de liberar a los encarcelados. El régimen ignoró dicha disposición y apuró los procesos contra los opositores, los que –de momento– están agendados hasta el 24 de febrero. Lejos de mostrarse dispuesto a ablandarse, Ortega ha radicalizado su represión y procesa a las voces críticas con algunas de las leyes creadas para cazar disidentes, como la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo o Ley de Ciberdelitos, ambas aprobadas por la Asamblea controlada por el sandinismo.

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La acumulación de tropas rusas junto a las fronteras de Ucrania ha logrado un primer objetivo. El cerco militar del presidente ruso, Vladimir Putin, ha desestabilizado la economía del país vecino y ha obligado al Gobierno ucranio a pedir ayuda financiera internacional. El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, llegó el 31 de enero a Kiev con la promesa de hasta 1.400 millones de euros. Pero Ucrania podría necesitar una ayuda mucho mayor: al menos 4.000 millones de euros para estabilizar su economía y afrontar, este año, pagos de más de 13.000 millones de euros por su deuda.

“La Comisión va a adoptar mañana un paquete de emergencia de 1.200 millones de euros y esperamos desembolsar el primer tramo de 600 millones tan pronto como sea posible”, ha anunciado Dombrovskis en una rueda de prensa en Kiev junto al primer ministro ucranio Denys Shmyhal. La Comisión también ha ofrecido 120 millones de euros en subvenciones a fondo perdido que se suman a los 160 millones que ya estaban previstos.

Dombrovskis ha subrayado que la rapidez del programa no solo busca cubrir las necesidades presupuestarias de Kiev, sino también “garantizar a los inversores que la UE sigue apoyando a Ucrania porque hemos visto que la acumulación de tropas rusas en la frontera, además de las implicaciones militares y de seguridad, está también socavando la confianza y creando una situación complicada en los mercados financieros”.

La economía ucrania ya se encontraba con respiración financiera asistida desde que la pandemia puso fin, en 2020, a cuatro años consecutivos de crecimiento. La Unión Europea aprobó en mayo de aquel año un programa de asistencia macrofinanciera dotado con 1.200 millones de euros, desembolsados completamente a finales de 2021. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, extendió una línea ya en marcha que pasó de 5.500 millones de dólares a 10.000 millones y que se prolonga hasta junio de este año.

En teoría, Ucrania debería haberse encontrado en 2022 en condiciones de financiarse en gran parte por sí misma. La remisión de la pandemia en Europa y la evolución al alza del precio de las principales exportaciones ucranianas (acero, productos agrícolas, minerales) permitieron al país lograr superávit comercial en 2020; mantener ese impulso económico el año pasado; registrar una apreciación de la moneda; y acumular unas reservas de hasta 27.000 millones de euros.

Pero la grave crisis de seguridad provocada por el Kremlin ha dado al traste con las posibilidades de recuperación económica, ha asustado a los inversores internacionales y ha disparado la prima de riesgo hasta el punto de que algunos analistas creen que Ucrania ha perdido el acceso a los mercados financieros internacionales. Las alarmas de Occidente sobre un ataque ruso inminente ha agravado desconfianza de los inversores internacionales. Y el gobierno ucranio, según fuentes europeas, ha tenido que pedir a Bruselas y, sobre todo, a Washington que moderen su retórica belicista para no provocar una espiral de pánico que aleje aún más la inversión del país.

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Moscú también ha recortado el envío de gas hacia Europa a través del gasoducto que atraviesa territorio ucranio, lo que deja a Kiev sin las millonarias comisiones que abona la compañía rusa Gazprom por ese tránsito. En los últimos años, Ucrania ingresaba unos 2.500 millones de dólares anuales por ese concepto, según el FMI. Pero en 2021 esa remesa fue un 40% menor. Rusia, además, veto en junio del año pasado la entrada de algunas exportaciones ucranias (sobre todo, productos alimentarios y agrícolas) dando otro pequeño golpe a la economía del país asediado.

“Hemos visto los esfuerzos de Rusia por desestabilizar Ucrania, con desinformación, ciberataques y otras maniobras”, ha señalado este lunes la eurodiputada Nathalie Loiseau en Mariúpol, el puerto ucranio en el mar Negro y uno de los puntos codiciados por las fuerzas prorrusas del Donbás. Loiseau, presidenta de la subcomisión de Defensa del Parlamento Europea, forma parte de una delegación de nueve eurodiputados que visita esta semana Ucrania. “Estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad en estos tiempos de incertidumbre”, ha afirmado el eurodiputado y presidente de la comisión de Exteriores, David McCallister también presente en el país.

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Un tribunal militar de la República Democrática del Congo (RDC) condenó el sábado a pena de muerte -que no se aplica en el país y se traduciría de facto en cadena perpetua- a 49 personas por el asesinato de dos expertos de la ONU en 2017, confirma la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Contra los acusados, pesaban cargos relacionados con pertenencia a un movimiento insurreccional, asociación delictiva, crimen de guerra por asesinato y por mutilación, malversación de objetos incautados, violación de órdenes y terrorismo.

El juicio por el crimen, que tuvo lugar en un tribunal militar de la ciudad de Kananga, empezó en 2017 y se vio obstaculizado en múltiples ocasiones por contradicciones y demoras. Los acusados eran un total de 54 -para la mayoría de los cuales la Fiscalía militar había solicitado la pena de muerte- si bien 22 huyeron y fueron juzgados en ausencia porque estaban fugados. Entre los reos, está el coronel Jean de Dieu Mambweni, condenado a 10 años de cárcel y trabajos forzosos tras ser declarado culpable de “violar las órdenes y de no ayudar a una persona en peligro”, según recogen medios locales. La corte señala que, en vez de disuadir a los expertos, el estadounidense Michael Sharp y la sueco-chilena Zaida Catalán, el coronel planeó el viaje a Moyo Musuila, en la región de Kasai (en el centro del país), en el que ambos acabaron desapareciendo sin informar a sus superiores.

El periodista Raphael Kamuzadi y el policía André Tshipamba han sido absueltos por falta de pruebas tras haber pasado cuatro años en prisión. El primero había sido acusado de haber suministrado machetes a los milicianos y el segundo, de aparecer en una fotografía con un líder miliciano que participó en la muerte de los dos expertos de la ONU. Otros dos imputados, considerados menores de edad cuando se cometieron los hechos, han sido remitidos a un juzgado de menores.

Los cuerpos sin vida de Sharp y Catalán fueron hallados el 27 de marzo de 2017, dos semanas después de que se perdiera su rastro junto al de otros cuatro trabajadores congoleños mientras investigaban violaciones de derechos humanos en esta provincia. Ambos expertos eran miembros del grupo creado por la ONU para vigilar las sanciones impuestas sobre el país por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En un principio, el Gobierno congoleño culpó del crimen a la milicia Kamuina Nsapu, que en 2016 se alzó contra las autoridades en Kasái Central para vengar la muerte de su caudillo a manos del Ejército. Sus enfrentamientos contra las fuerzas del orden causaron cientos de muertos y cerca de medio millón de desplazados. Una investigación de la ONU en 2017 concluyó que los dos expertos pudieron ser víctimas de una emboscada al azar de una milicia, pero no descartaron una posible implicación de las autoridades.

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“La investigación y, en última instancia, este juicio no han logrado sacar a la luz toda la verdad sobre lo sucedido”, lamenta a través de Twitter Thomas Fessy, investigador para la RDC de la organización. “Las autoridades congoleñas, con el apoyo de la ONU, deberían ahora investigar el papel fundamental que los altos funcionarios pueden haber jugado en los asesinatos”, añade Fessy, mientras la embajada sueca en la RDC hace un llamamiento a que continúe la investigación “para avanzar más en el descubrimiento de la verdad y hacer justicia”.

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Retrato de archivo de 2019 durante el juicio contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
Retrato de archivo de 2019 durante el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.Elizabeth Williams (AP)

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha ratificado este martes la condena a cadena perpetua del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan ha rechazado la estrategia de la defensa que pretendía anular la sentencia contra el sanguinario capo argumentando las restricciones de libertad “sin precedentes” que vivió su cliente desde su detención (dos años y medio de confinamiento solitario) y una presunta mala práctica de varios miembros del jurado, que siguieron las noticias de la prensa pese a la prohibición expresa del juez que dictó sentencia.

El abogado de Guzmán, Marc Fernich, ha informado a través de un correo electrónico que el encausado llevará su queja a la máxima autoridad judicial del país, el Tribunal Supremo de EE UU, según informa la agencia de noticia Reuters. El capo mexicano, 64 años, se fugó dos veces de la cárcel, quiso filmar una película con Sean Penn y construyó un imperio multimillonario basado en el tráfico de drogas. En febrero de 2019 fue condenado por traficar miles de millones de dólares en drogas y conspirar para asesinar a enemigos, como líder del cártel de Sinaloa.

El Chapo cumple condena de por vida en la cárcel de máxima seguridad en Florence (Colorado) conocida como Supermax, inaugurada en 1994 para recibir a los reos más peligrosos del sistema penitenciario de Estados Unidos. Jamás ha escapado nadie de la ADX (Administrative Maximum Facility, siglas y nombre en inglés de la prisión).

En febrero de 2019, la suerte del narco más poderoso quedó en manos de un jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres. Las deliberaciones se extendieron durante más de 34 horas. Entonces, su esposa, Emma Coronel, vivía en libertad. A finales de diciembre del año pasado, Coronel, 32 años, fue condenada por un tribunal de la ciudad de Washington a una pena de tres años de cárcel por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, de los que se había declarado culpable.

El enemigo público número uno fue extraditado de México a EE UU en enero de 2017, donde quedó bajo custodia de las autoridades norteamericanas. El preso había sido enviado a una prisión de Ciudad Juárez, en Chihuahua (al norte de México, en la frontera con Texas) en mayo de 2016. Antes de eso, Guzmán estuvo cuatro meses en la prisión del Altiplano, desde el 8 de enero de 2016, cuando fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa. El Chapo se había fugado de esa misma cárcel en julio de 2015, cuando sus secuaces cavaron un túnel de 1.500 metros desde una construcción hasta la celda del capo. Durante más de seis meses fue el prófugo más buscado de México.

La defensa del Chapo para revocar la condena se basó en un reportaje de la revista Vice, que contaba que cinco de los ciudadanos encargados de enjuiciar durante 12 semanas 10 cargos que incluían narcotráfico, tenencia de armas, lavado de divisas y asociación criminal desoyeron presuntamente la advertencia del juez de no seguir el caso en los medios de comunicación. El denunciante, otro miembro del jurado, hablaba en el artículo de forma anónima.

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Según Vice, leer en la prensa sobre las acusaciones de un testigo, que se consideraron inadmisibles en el juicio y que hablaban de como el narco había drogado y abusado sexualmente de niñas menores de edad, pudieron influir en el ánimo de esas personas. El fiscal federal Hiral Mehta replicó que los tribunales no deberían anular las condenas basándose sobre todo en las afirmaciones de jurados anónimos a páginas online. “Las pruebas aquí no son competentes, simplemente no lo son”, dijo Mehta.

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El francés Benjamin Brière, detenido desde mayo de 2020 en Irán, ha sido condenado a ocho años de cárcel por “espionaje”, según anunció este martes uno de sus abogados. Brière, de 36 años y que se encuentra en huelga de hambre, compareció el pasado jueves ante un tribunal revolucionario de Mashhad, al este del país, que le juzgó a puerta cerrada. Además, la sentencia suma otros ocho meses por “propaganda” contra el régimen.

El letrado, Philippe Valent, ha calificado el proceso de “farsa”, según el comunicado del que se hace eco la agencia de noticias France Presse. “Benjamin Brière nunca se ha beneficiado de ninguna forma de juicio justo ante jueces imparciales”, afirma antes de precisar que no había tenido acceso a su expediente y no pudo prepararse para la vista.

“Esta condena, que no se sustenta en nada, es inaceptable”, dijo en una declaración una portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia, informa la agencia Efe. “Seguiremos con la mayor atención la situación de nuestro compatriota, que ha decidido apelar”, añadió en su declaración. La diplomacia francesa dice que sigue de cerca el asunto y que la última visita consular para tratar de desatascar el caso tuvo lugar el pasado 17 de enero.

La policía detuvo a Brière, que viajaba en una autocaravana, cuando grababa imágenes con un dron (tipo helicam) por una zona desértica cercana a la frontera con Turkmenistán en mayo de 2020. Los responsables iraníes, que no lo hicieron público hasta febrero del año siguiente, le acusaron de “espionaje y propaganda contra la República Islámica”, dos cargos que él siempre ha negado a través de sus abogados.

Su caso se sumó al de una veintena de detenidos extranjeros que, según las organizaciones de derechos, Teherán pretende utilizar como moneda de cambio en sus relaciones con Occidente.

En opinión de Valent, “la sentencia es el resultado de un juicio puramente político”, por lo que insta a las autoridades francesas a que se impliquen en el caso. “La familia [de Brière] está muy preocupada por su salud física y sicológica, en particular tras el anuncio del veredicto”, señala.

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El abogado iraní que ha defendido a Brière ante el tribunal revolucionario, Saeid Dehghan, manifestó después del juicio que esperaba que le declarasen “inocente porque no había ningún fundamento jurídico para las extrañas acusaciones de propaganda y espionaje”. En conversación con EL PAÍS, también manifestó su preocupación por que el juez hubiera empleado la palabra “intercambio” durante la vista. En su opinión, eso significaba “intercambio de prisioneros”.

Irán ha recurrido a esa fórmula en el pasado. El último caso conocido fue en junio de 2020 cuando logró que Estados Unidos excarcelara al científico iranoestadounidense Majid Taherí, acusado de violar las sanciones al país asiático, a cambio del regreso a casa del veterano de la Marina norteamericana Michael White. Pero no hay constancia de que algún ciudadano iraní se encuentre encarcelado en Francia en la actualidad.

El juicio a Brière coincide, sin embargo, con las negociaciones nucleares en Viena, en las que el régimen iraní acusa a Francia de no cooperar y de defender los intereses de su archienemigo Israel. Algunos analistas señalan que no es coincidencia que a principios de este mes, un juez volvió a encarcelar a la antropóloga iranofrancesa Fariba Adelkhah, que cumplía una condena de cinco años bajo detención domiciliaria. Francia reclamó su inmediata puesta en libertad, pero Irán no reconoce las dobles nacionalidades y considera que cualquier comentario al respecto constituye una interferencia en su sistema judicial.

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