El opositor ruso Alexéi Navalni pasará más años en la cárcel. Un tribunal de Moscú le ha declarado este martes culpable de fraude a gran escala y de falta de respeto a la justicia. La Fiscalía ha solicitado hasta 13 años de prisión para el activista. La sentencia se conocerá más adelante. “Navalni cometió un fraude al robar bienes ajenos mediante engaño y abuso de confianza”, ha asegurado la jueza Margarita Kotova en el veredicto al que ha tenido acceso la agencia de noticias Interfax.
El opositor cumplía actualmente otra condena de dos años y ocho meses de prisión en una cárcel de máxima seguridad por el caso Yves Rocher, cuyo juicio fue considerado “parcial y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, cuatro denunciantes le habían acusado de enriquecerse con los fondos de su Plataforma contra la Corrupción, a lo que se sumó otro cargo por calumnias contra una jueza durante un proceso anterior.
En un primer momento, la Fiscalía acusó al opositor, a su exjefe de campaña, Leonid Volkov, y al exdirector de la Plataforma contra la Corrupción, Román Rubánov, de haber desviado unos 356 millones de rublos (3,1 millones de euros al devaluado cambio actual) “a fines personales” provenientes de la recaudación de su campaña electoral de 2018 y otras acciones.
Sin embargo, el juicio se limitó finalmente a 2,7 millones de rublos (23.000 euros) entregados por cuatro de sus más de 300.000 donantes. En su defensa, Navalni señaló que podría haber sido una trampa por las grandes sumas de dinero aportadas por un mecánico y dos empresarios sometidos a procesos penales.
A estas acusaciones de fraude se sumaron otras dos más por ofensas a una juez, a una fiscal y a un testigo durante una de sus audiencias judiciales de 2021. Navalni fue arrestado el 17 de enero de aquel año por no haberse presentado a las revisiones judiciales de su libertad condicional por el caso Yves Rocher debido a que había estado en coma en una clínica en Berlín, a donde fue trasladado tras haber sido envenenado con Novichok en agosto del año anterior.
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El uso de esta sustancia contra el activista fue confirmado por la investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de la ONU. Para su desarrollo se necesitan laboratorios muy avanzados, y un análisis de Bellingcat, The Insider y varios medios más denunció que Navalni había sido seguido en varias ocasiones por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), incluido el viaje en el que cayó en coma. El presidente ruso, Vladímir Putin, justificó su seguimiento meses después aduciendo que trabajaba para intereses extranjeros.
Este nuevo juicio contra Navalni ha tenido lugar en la cárcel de Pokrov, situada en la región de Vladímir y a unos 100 kilómetros al este de Moscú. Los jueces se trasladaron hasta este recinto, donde el activista permanece encarcelado desde que fue detenido, algo que resaltó Navalni durante su defensa. “Nunca en la historia de todos los juzgados de la Federación de Rusia, y creo que incluso en toda la historia de los juicios de la Unión Soviética, se reunió el tribunal en otro territorio, y mucho menos en una cárcel”, dijo Navalni.
Tres magistrados del Tribunal Constitucional de Perú, con el voto dirimente del presidente del colegiado, han aceptado este jueves un habeas corpus a favor de la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos por el destacamento militar Colina durante su Gobierno.
El recurso fue presentado por el abogado Gregorio Parco, quien cuestionaba la prisión debido a que el expresidente “es una persona de 82 años, mal de salud, ya no es peligro para la sociedad”.
La votación quedó empatada tres a tres, pero el magistrado Augusto Ferrero hizo valer su voto dirimente. Organismos de derechos humanos pidieron ayer al tribunal que se abstuviera de votar en este caso debido a que en 2017 se reunió con Keiko Fujimori -la hija mayor del autócrata- y con congresistas fujimoristas de entonces que respaldaron la candidatura de Ferrero a la Corte Constitucional.
La tarde del miércoles, el Constitucional incorporó en la agenda del día siguiente la votación del habeas corpus a favor de la liberación de Fujimori, pese a que no estaba programada. La correlación de fuerzas en ese órgano, en la que el condenado contaba con el voto decisorio del presidente de la corte, hizo movilizarse a las organizaciones no gubernamentales que hace casi tres décadas defienden a las víctimas de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, cometidas por el grupo Colina. Las ONG pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas para garantizarles el acceso a la justicia, entre ellas, una resolución de nulidad de liberación de Fujimori.
El grupo Colina -creado por el régimen fujimorista a inicios de los 90- llevó a cabo decenas de asesinatos a civiles, algunos de ellos opositores al Gobierno, bajo la coartada de la lucha contra el terrorismo. En noviembre de 1991, asesinó a 15 personas, entre ellos un niño de ocho años, en un solar de Barrios Altos (centro de Lima). En julio de 1992, secuestraron a nueve estudiantes y a un profesor de la universidad nacional de educación La Cantuta, a quienes ejecutaron extrajudicialmente. Al año siguiente, algunos de los cuerpos fueron encontrados calcinados en un distrito del este de la capital.
En 2009, la Sala Penal Especial condenó a Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves -por ambos casos- luego de haber sido extraditado de Chile. La sentencia ocurrió luego de un largo proceso en el sistema de justicia interamericano al que acudieron las víctimas y sobrevivientes ante la imposibilidad de encontrarla en el fuero peruano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsabilidad del Estado peruano en ambos casos, y como parte de las reparaciones dispuso la investigación y sanción de los delitos, entre otras medidas.
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La Nochebuena de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto al expresidente, luego de una negociación de votos con uno de sus hijos, Kenji Fujimori, que entonces era congresista, y algunos parlamentarios fujimoristas opuestos a la posición Keiko Fujimori, quien esperaba una ley para que su padre fuera excarcelado, en vez de un indulto. Kuczynski ofreció el perdón presidencial a cambio de votos para no ser destituido del cargo, en medio de un cargamontón fujimorista.
Kenji Fujimori lee con su padre el comunicado del indulto.
Semanas después, la Defensoría del Pueblo determinó que los procedimientos para dicho indulto fueron festinados por funcionarios del ministerio de Salud y el ministerio de Justicia. Debido a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estos casos, pidió al Estado peruano respetar sus obligaciones internacionales con las víctimas y evaluar si el indulto las contravenía. Luego, los abogados de las víctimas pidieron a un juez supremo evaluar si el perdón presidencial se ajustaba a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un proceso llamado control de convencionalidad.
El juez supremo de ejecución penal Hugo Núñez Julca anuló, en octubre de 2018, el indulto concedido por Kuczynski. Cuestionó el hecho de que fue producto de una negociación política, así como la forma, la velocidad e irregularidades del trámite concedido. Y Fujimori volvió a prisión.
Esta vez, los familiares de las víctimas del caso La Cantuta y Barrios Altos no volverán a pedir un control de convencionalidad, comentó por teléfono el abogado Carlos Rivera. “Hemos acudido directamente a la Corte Interamericana, a pedir una audiencia de cumplimiento de la sentencia (del sistema interamericano sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta) y medidas provisionales”, refirió.
Seis ONG peruanas solicitan a la Corte IDH, además, que emita una resolución de nulidad de la liberación de Fujimori “en base a su jurisprudencia” y también de acuerdo a la decisión del 30 de mayo de 2018, en la que sostuvo que el Estado peruano no había cumplido en su totalidad las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos señaladas por ese tribunal.
La decisión de este jueves del Constitucional responde a uno de los tres habeas corpus presentados para liberar a Fujimori en los últimos meses, uno de ellos del actual abogado de Fujimori, César Nakazaki. El defensor del autócrata espera que la excarcelación tome un par de días, luego de que un juez penal supremo revise la decisión.
Una nota de prensa difundida por el Tribunal Constitucional señala que la sentencia con los tres votos a favor del habeas corpus “restituye los efectos de la resolución del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad”.
El primer ministro Aníbal Torres, en declaraciones a la emisora Radioprogramas, rechazó la decisión del colegiado. “(Fujimori) ha sido sentenciado por gravísimos delitos contra la vida y la libertad de las personas, no solo está sentenciado por homicidio, sino por secuestro agravado. El tribunal está dando a conocer a la ciudadanía que garantiza la impunidad de aquellos que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”, cuestionó.
“¿Dónde quedan las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta? Los secuestraron, los quemaron vivos, los descuartizaron, los enterraron clandestinamente. Por delitos de esa naturaleza ha sido sancionado el señor Fujimori y ahora obtiene este beneficio. Es una sentencia que se tiene que acatar, pero eso no quiere decir que no se pueda criticar, porque atenta contra los derechos fundamentales de un gran sector de peruanos, que ahora van a reaccionar”, añadió el primer ministro.
Por la noche, mientras se realizaba una marcha por las calles del centro de Lima que se extendió durante horas, el ministro de Exteriores, César Landa, se pronunció en su cuenta de Twitter al señalar que la decisión “no es válida” por contravenir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese organismo, indicó, “ya se pronunció sobre este tema el 2018 recordando la obligación internacional del Estado Peruano de sancionar a los responsables de dichos casos y que las víctimas encuentren justicia”.
Por tres horas continúa la manifestación en el centro de Lima contra la decisión del Constitucional de excarcelar al autócrata Fujimori. Encabezaron la marcha la ex primera ministra Mirtha Vásquez y familiares de víctimas del caso La Cantuta pic.twitter.com/2YYxLHAAHt
Gisela Ortiz, la exministra de Cultura y hermana de uno de los estudiantes asesinados de La Cantuta, rechazó la decisión del Constitucional. “Los magistrados Blume, Sardón y Ferrero han priorizado sus preferencias políticas por encima del derecho de las víctimas, del debido proceso y del fallo de la Corte Interamericana”, tuiteó.
Los magistrados Ferrero, Ernesto Blume y José Luis Sardón que decidieron la liberación del expresidente, en el pasado han favorecido con sus votos las posiciones del fujimorismo y de sectores conservadores. En 2019, los tres respaldaron un habeas corpus que presentó otra de las hijas de Fujimori, Sachi, y permitieron la excarcelación Keiko Fujimori cuando estaba en prisión preventiva mientras era investigada por lavado de activos y obstrucción a la justicia por el caso Odebrecht.
Uno de los tres miembros del tribunal que votó en contra de la excarcelación del autócrata, Eloy Espinosa-Saldaña, refirió que en el debate del jueves argumentó que el pronunciamiento -del juez supremo Núñez Julca en 2018- aceptado por la Corte Interamericana no permitía dejar en libertad a Fujimori. Dijo además que por el indulto de 2017 están siendo enjuiciados por cohecho y tráfico de influencias el hijo menor de Fujimori, el entonces ministro de Justicia, el expresidente Kuczynski y el exministro de salud.
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) que dicte una orden urgente “para que detenga la actividad militar rusa” en su país. Aduce para ello que “Rusia ha distorsionado la noción de genocidio para justificar la agresión y debe ser hecha responsable de ello”. En el marco de la justicia internacional, una demanda de estas características, en pleno conflicto armado, desplaza por su urgencia a todos los demás casos estudiados por los 15 jueces del tribunal. De modo que es posible que estos resuelvan en los próximos días si cabe dictar medidas cautelares, como ha pedido Ucrania, al menos para que no se agrave la situación.
El Tribunal Internacional de Justicia es la máxima instancia judicial de Naciones Unidas y resuelve litigios entre Estados. Ambas partes deben aceptar su jurisdicción, un acuerdo previo imposible dada la actual situación bélica. Sin embargo, como se presume que Ucrania ha invocado la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio (1948), de la que forman parte Kiev y por Moscú, el TIJ puede analizar el caso.
“Hay que dejar las cosas claras: desde el punto de vista del orden legal internacional edificado desde 1945, lo que hemos visto es una invasión de un Estado soberano del territorio de otro Estado soberano. Es algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial en el continente Europeo, pero el tribunal de la ONU no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la agresión militar en sí misma. Sí podría indicar ciertas medidas provisionales en virtud de la jurisdicción que sea invocada por Ucrania”, dice, al teléfono, Vladyslav Lanovoy, profesor asistente de Derecho Internacional de la universidad canadiense de Laval, en Quebec, que fue asesor legal de uno de los jueces del tribunal. En su opinión, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, alega que desde 2014 se ha producido supuestamente un genocidio contra la población de la región del Donbás (la minoría rusa en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk), “retuerce la noción de genocidio para justificar la agresión contra Ucrania”.
Putin en Moscú este domingo.Sergei Guneyev (AP)
Daniel Peat, profesor asistente de Derecho Público Internacional en la universidad holandesa de Leiden, recuerda por su parte que las decisiones adoptadas por el TIJ son vinculantes para los Estados, pero carece de poderes para obligarles a que las cumplan. “Lo que sí puede hacer el tribunal es clarificar que no hay un genocidio en el Donbás, lo cual contradice los argumentos del presidente ruso Putin para lanzarse contra Ucrania. Ello sería una fuente de información objetiva para la población rusa. Verían que les han dado unas explicaciones que no son ciertas, y tal vez anime la protesta interna rusa”, explica en conversación telefónica.
Desde el punto de vista legal, el genocidio es el crimen más difícil de abordar porque hay que demostrar la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Rusia debería por lo tanto probar ante el TIJ que dichos grupos existen en la región del Donbás. “No creo que esa población pueda considerarse un grupo protegido con la convención en la mano, pero habrá que ver qué argumentos alega la parte rusa cuando se aborde el fondo de la cuestión, una vez resuelta esta fase de medidas provisionales. De la misma forma, no creo que Ucrania vaya a alegar que se está produciendo un genocidio contra su pueblo. Sería incurrir en el mismo error”, dice Vladyslav Lanovoy. Con su demanda, “el presidente Zelenski busca que la comunidad internacional entienda que estas alegaciones del presidente ruso son infundadas”, concluye.
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En los documentos que ilustran la situación actual, Ucrania hace una relación de “violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las Fuerzas Armadas rusas desde el pasado 24 de febrero de 2022″. Entre otros, figuran ataques de artillería y con misiles contra viviendas, hospitales, ambulancias, almacenes, escuelas y zonas residenciales, “con más de 210 muertos, incluidos seis niños”. El mismo texto, señala que desde el 25 de febrero, “se han registrado hasta 20 casos de saqueo por parte de los militares rusos”.
La situación en Ucrania ocupa también al Tribunal Penal Internacional (TPI). Con sede en La Haya, como la corte de la ONU, la propia Ucrania y Rusia no figuran entre sus miembros. El TPI no puede actuar por tanto en la actual situación en virtud del denominado crimen de agresión, que figura entre sus atribuciones desde 2018. En 2015, sin embargo, Kiev aceptó de forma parcial la jurisdicción de esta corte penal en los casos de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en su territorio, después de la anexión rusa de Crimea en 2014. En diciembre de 2020, Karim Khan, el fiscal general del TPI, anunció que “había razones para creer que durante ese conflicto se habían producido crímenes de guerra y otros delitos”. De momento, no ha solicitado a los jueces la apertura de una investigación formal. El pasado viernes, el propio Khan mostró su preocupación ante los crímenes que pudieran perpetrarse durante la invasión rusa, y que pueden ser investigados por la fiscalía.
The claims of the authors of a Popular Action against various State entities for their role in the 2021 national strike were denied, in the first instance, in the Administrative Court of Valle del Cauca “due to the current lack of an object by fact overcome”.
(You can read: They activate protection for a family that asked to stop the death of children in Cali)
The plaintiffs requested the use of public force, militarization and the use of weapons to end the protests of the social outbreak.
The defendant entities, the Presidency of the Republic, the Department of Valle del Cauca, the National Protection Unit, the Ministry of the Interior, the Municipalities of Candelaria, Palmira, Jamundí and the District of Cali, presented their arguments in the response to demand, pointing out the importance of dialogue and agreement, as well as the measures that were taken to lift the blockades.
It should be remembered that the national strike began because of the tax reform proposal presented by the National Government, which generated widespread rejection.
(You may be interested in: Video: motorcyclist breaks glass of MIO bus in Cali)
The director of the Administrative Department of Public Legal Management of the Cali Mayor’s Office, María del Pilar Cano Sterling, pointed out that Cali is a pioneer in building agreements, as happened on May 31, 2021 when Mayor Jorge Iván Ospina signed Decree 0304 of 2021 .
Cano stressed that the essence of Decree 0304 of 2021 was to build trust between the administration and the community in the understanding that dialogue is the way forward, a process that was accompanied by the Archdiocese of Cali and international organizations such as the UN – High Commissioner for Rights Humans, OEA-MAPP, who became guarantors of the processtogether with the Ombudsman, because the priority was to safeguard the lives of citizens.
“Legitimate solutions were sought to strengthen trust in the institutions because dialogue was not being held with groups outside the law, but with young people, some university students who have not been able to continue their studies, high school graduates, unemployed youth, who have not had access to education or a formal job and they had a lot to say”, explained the Legal Director.
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El Tribunal Constitucional portugués ha anulado el recuento de los votos de los emigrantes que viven en países europeos y ha ordenado que se repita la votación de las elecciones anticipadas, que se celebraron el pasado domingo 30 de enero. Esta decisión, tomada por unanimidad de la sala debido a las anomalías registradas en el proceso, obligará a retrasar hasta marzo la constitución de la nueva Asamblea de la República y la formación del nuevo Gobierno del socialista António Costa, que estaban previstas para la próxima semana.
El Partido Socialista tiene asegurada la mayoría absoluta, con independencia de que la nueva votación de la circunscripción europea le sea o no desfavorable. Este círculo elige dos representantes en el Parlamento. Con la votación ahora anulada, PS y PSD (Partido Social Demócrata, centro derecha) lograban un escaño cada uno.
La resolución del Constitucional fue tomada en respuesta a los recursos presentados por varios partidos contra la anulación de 157.000 votos, alrededor del 80% de los emitidos en el círculo de Europa, que ascendieron a 195.700. El alto tribunal confirma la invalidez de las papeletas computadas en casi 150 secciones electorales, donde se juntaron votos que cumplían el requisito de ir acompañados del documento de identificación del elector con otros que carecían de la identificación y eran, por lo tanto, inválidos.
La imposibilidad de distinguir unos de otros llevó a los magistrados a ordenar la repetición del proceso. “Los votos remitidos por vía postal cuyos respectivos boletines no hayan sido acompañados de fotocopias de documento de identificación del elector (…) deben considerarse nulos”, señala el tribunal. Y al darse “procedimientos anómalos en las operaciones de recuento de votos en cerca de 150 secciones de voto, tales boletines de voto -en número que se desconoce- fueron introducidos en urna, junto a otros boletines que se acompañaban de fotocopia del documento de identificación del elector, lo que imposibilita la separación de unos y otros”.
Las irregularidades en los votos de los emigrantes también se registraron en 2019, cuando el PSD logró la anulación de 34.000 papeletas que no iban acompañadas de la documentación para identificar al elector. El Partido Socialista anunció en un comunicado que modificará la ley electoral para evitar que se repitan incidentes en el recuento de los sufragios de emigrantes, que eligen cuatro diputados (dos por Europa y dos de fuera de Europa). Más de 1,55 millones de portugueses que viven en el exterior pueden participar en las elecciones.
A la izquierda, Manoel Silva Rodrigues, en una imagen de sus redes sociales y la maleta donde fue encontrada la droga.EL PAÍS
El sargento brasileño detenido en España con 39 kilos de cocaína cuando formaba parte de la comitiva del presidente Jair Bolsonaro ha sido condenado este martes a 14 años de cárcel por un tribunal militar de Brasilia. La droga que el soldado Manoel Silva Rodrigues llevaba escondida en tres maletas fue descubierta por la Guardia Civil durante una breve escala en Sevilla del mandatario brasileño en 2019, cuando estaba en ruta hacia Japón para participar en el G20. El cargamento ilícito y el militar viajaban en un avión de las Fuerzas Aéreas que acompañaba al del presidente. Rodrigues está encarcelado en España, cumpliendo los seis años impuestos por la Audiencia de Sevilla por los mismos hechos.
El juez militar brasileño ha aplicado varios agravantes, que elevan la pena de ocho a 14 años, seis meses y una multa, informa el diario Folha de S. Paulo. El magistrado considera que el uniformado actuó de mala fe porque se aprovechó de conocimientos adquiridos como miembro de la Fuerza Aérea para burlar las inspecciones de su equipaje. También ha anunciado que solicitará que los años de cárcel cumplidos en España sean descontados de la condena brasileña.
Durante ambos juicios, el soldado apeló en su defensa a las estrecheces económicas que le impulsaron a tomar una mala decisión. Su abogado ha alegado que el uniformado no era el vendedor de la droga, sino una mera mula que la transportaba.
Rodrigues explicó así su comportamiento durante el juicio de 2020: “La persona que me lo entregó [la droga] en Brasil me dijo que su destino era Suiza y que yo debía meterla en Europa. (…) Pasaba por dificultades económicas. Llevo 20 años en el Ejército y nunca he tenido ningún expediente, pero un militar en Brasil no tiene un salario bueno. Siempre compro cosas en mis viajes, como móviles, y las vendo para ganar algo extra”. Aseguró entonces que era la primera vez que traficaba con drogas.
El tribunal español también le impuso una multa de dos millones de euros. Y acordó que, para evitar un efecto llamada, el militar cumpliera en España la pena hasta que obtenga al menos el tercer grado. Su solicitud de hacerlo en su país fue rechazada.
La cocaína, oculta en fardos de poco más de un kilo, fue descubierta en el aeropuerto de Sevilla, donde la comitiva de Bolsonaro hizo una escala. Tras pasar las maletas por los rayos X, agentes de la Guardia Civil pidieron explicaciones a Rodrigues, que había dicho que era queso, un alimento de origen animal que está vetado introducir en la EU desde países ajenos al bloque comunitario.
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Manifestantes en la frontera entre Canadá y EE UU, este viernes 11 de febrero.CARLOS OSORIO (REUTERS)
Un Tribunal de Ontario ordenó el viernes el levantamiento del bloqueo por parte de manifestantes del puente fronterizo que une Ontario, Canadá, con Detroit, en Estados Unidos, según anunció el alcalde de Windsor, Drew Dikens. “Se concede el requerimiento judicial. El juez dictaminó que los manifestantes deben marcharse antes de las 19.00 (hora local”, escribió el alcalde Dikens en su cuenta de Twitter. El puente, uno de los principales pasos fronterizos entre los dos países, está cerrado desde el lunes, lo que ha afectado a la industria automotriz.
La protesta de cientos de camioneros canadienses contra la vacunación obligatoria contra la covid-19 para viajes transfronterizos que mantiene semiparalizada la capital, Ottawa, se ha extendido desde inicios de esta semana al principal paso fronterizo con Estados Unidos, tras haber prendido en otras ciudades de Canadá, como Toronto y Quebec. A miles de kilómetros, en Nueva Zelanda, Australia o Francia, grupos radicales y antivacunas han mostrado su solidaridad con la movilización del sector de los transportistas canadienses y han reproducido las mismas protestas en Wellington y Camberra.
El bloqueo que padece la capital canadiense, que ya ha llevado a la detención de más de 20 personas, según fuentes oficiales, se ha amplificado en los últimos días. Camiones y furgonetas de la llamada caravana de la libertad bloquean desde el lunes el principal paso fronterizo entre Canadá y Estados Unidos.
Canadá destina el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos, y una media de 8.000 camiones atraviesan cada día ese paso fronterizo, a unos 765 kilómetros de Ottawa. Más de 40.000 personas y mercancías por valor de 323 millones de dólares (282 millones de euros) transitan cada día por él. Pese a la reapertura parcial en el lado canadiense, el paso sigue bloqueado porque el Departamento de Transporte de Michigan mantiene cerrada la frontera estadounidense.
Joe Biden, este jueves en la Casa Blanca.YURI GRIPAS / POOL (EFE)
Lo que fue una promesa de campaña durante las primarias de Carolina del Sur en 2020, aquellas que sacaron a a Joe Biden de los últimos puestos entre los contendientes para ponerle en la órbita para la Casa Blanca, se ha concretado este jueves cuando el presidente de Estados Unidos ha declarado que respetará aquel compromiso y nombrará a una mujer negra para el puesto que va a quedar vacante en el Tribunal Supremo.
De “largo tiempo esperado” ha calificado el mandatario la necesidad de que el lugar en la máxima autoridad judicial de la nación, que va a quedar libre tras el anuncio de la retirada del magistrado progresista Stephen Breyer, sea ocupado por una afroamericana. Queriendo dejar claro que no tenía una decisión tomada sobre el nombre, Biden sí ha confirmado que la persona que nominará será “alguien con extraordinarias calificaciones, carácter, experiencia e integridad”. “Y esa persona será la primera mujer negra nominada al Tribunal Supremo de Estados Unidos”, ha dicho. “Mantendré mi compromiso de campaña”, ha concluido en su comparecencia en la Casa Blanca junto al juez Breyer.
Ningún nombre ni ninguna fecha concreta más allá de que será “antes de fines de febrero”. Asegurando que el proceso de selección será “riguroso” lo que queda claro es que deja fuera a cualquier candidato que no sea mujer y negra. Aparecen así una serie de nombres que los analistas manejan como eventuales juezas del Supremo. Una es Ketanji Brown Jackson, considerada en 2016 para el cargo durante el segundo mandato de Barack Obama. Jurista con amplia experiencia de abogada de oficio acaba de aterrizar en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia y trabajó como secretaria judicial para el propio Breyer. La otra, Leondra Kruger, actual jueza en el Tribunal Supremo de California. Ambas mujeres son jóvenes —Jackson tiene 51 años y Kruger 45— lo que ofrece la posibilidad de que cualquiera de las dos, en caso de ser elegida, pueda estar en la Corte durante décadas, ya que el cargo es vitalicio.
Breyer, de 83 años, es el miembro de más edad de la Corte, en la que ha estado cerca de tres décadas desde que fue nombrado en 1994 por el presidente demócrata Bill Clinton. Desde entonces, Breyer ha sido una de las voces más progresistas del Supremo. En plenas capacidades físicas e intelectuales, la salida de Breyer se encuadra dentro de un escenario en el que la Corte está dominada por magistrados conservadores, después de que Donald Trump llegase a nombrar hasta tres jueces.
La aprobación de un nuevo juez depende del Senado, donde ahora los demócratas tienen mayoría si cuentan con el voto de calidad de la vicepresidenta, Kamala Harris. No pueden permitirse perder ni un voto. Y el tiempo corre en su contra. La Casa Blanca quisiera dejar el puesto cubierto antes del verano, desde luego mucho antes de las elecciones legislativas del próximo noviembre, cuando todo parece indicar que los demócratas perderán escaños en la Cámara alta.
En toda la historia del Tribunal Supremo de EE UU solo han lucido tan reputada toga dos hombres negros: Thurgood Marshall y Clarence Thomas, quien sirve en la actualidad. Un total de cinco mujeres se han sentado o se sientan en la máxima corte. La primera fue Sandra Day O’Connor, quien llegó en la década de los ochenta al Supremo de la mano de Ronald Reagan. La segunda, la leyenda del feminismo e icono de las causas progresistas, Ruth Bader Ginsburg. La muerte de Ginsburg en septiembre de 2020 a los 87 años propició que Trump se las ingeniara para colocar a la devota católica e intérprete ortodoxa de la Constitución Amy Coney Barret en el Supremo cuando faltaban ocho días para las elecciones presidenciales. Junto con Barret están en el actual Supremo Sonia Sotomayor y Elena Kagan, ambas convertidas en magistradas del Supremo por decisión de Barack Obama.
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Desde hace meses, grupos progresistas como Demand Justice han pedido a Breyer que se jubile para que Biden pueda nominar a un sustituto aprovechando que el Partido Demócrata domina el Senado, del que depende la confirmación de los jueces del Tribunal Supremo. El año pasado, miembros de Demand Justice se pasearon en un camión por las calles aledañas al edificio de la máxima corte con un gran cartel que rezaba: “Breyer jubílate. Es hora de que llegue una mujer negra el Tribunal Supremo”.
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Retrato de archivo de 2019 durante el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.Elizabeth Williams (AP)
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha ratificado este martes la condena a cadena perpetua del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan ha rechazado la estrategia de la defensa que pretendía anular la sentencia contra el sanguinario capo argumentando las restricciones de libertad “sin precedentes” que vivió su cliente desde su detención (dos años y medio de confinamiento solitario) y una presunta mala práctica de varios miembros del jurado, que siguieron las noticias de la prensa pese a la prohibición expresa del juez que dictó sentencia.
El abogado de Guzmán, Marc Fernich, ha informado a través de un correo electrónico que el encausado llevará su queja a la máxima autoridad judicial del país, el Tribunal Supremo de EE UU, según informa la agencia de noticia Reuters. El capo mexicano, 64 años, se fugó dos veces de la cárcel, quiso filmar una película con Sean Penn y construyó un imperio multimillonario basado en el tráfico de drogas. En febrero de 2019 fue condenado por traficar miles de millones de dólares en drogas y conspirar para asesinar a enemigos, como líder del cártel de Sinaloa.
El Chapo cumple condena de por vida en la cárcel de máxima seguridad en Florence (Colorado) conocida como Supermax, inaugurada en 1994 para recibir a los reos más peligrosos del sistema penitenciario de Estados Unidos. Jamás ha escapado nadie de la ADX (Administrative Maximum Facility, siglas y nombre en inglés de la prisión).
En febrero de 2019, la suerte del narco más poderoso quedó en manos de un jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres. Las deliberaciones se extendieron durante más de 34 horas. Entonces, su esposa, Emma Coronel, vivía en libertad. A finales de diciembre del año pasado, Coronel, 32 años, fue condenada por un tribunal de la ciudad de Washington a una pena de tres años de cárcel por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, de los que se había declarado culpable.
El enemigo público número uno fue extraditado de México a EE UU en enero de 2017, donde quedó bajo custodia de las autoridades norteamericanas. El preso había sido enviado a una prisión de Ciudad Juárez, en Chihuahua (al norte de México, en la frontera con Texas) en mayo de 2016. Antes de eso, Guzmán estuvo cuatro meses en la prisión del Altiplano, desde el 8 de enero de 2016, cuando fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa. El Chapo se había fugado de esa misma cárcel en julio de 2015, cuando sus secuaces cavaron un túnel de 1.500 metros desde una construcción hasta la celda del capo. Durante más de seis meses fue el prófugo más buscado de México.
La defensa del Chapo para revocar la condena se basó en un reportaje de la revista Vice, que contaba que cinco de los ciudadanos encargados de enjuiciar durante 12 semanas 10 cargos que incluían narcotráfico, tenencia de armas, lavado de divisas y asociación criminal desoyeron presuntamente la advertencia del juez de no seguir el caso en los medios de comunicación. El denunciante, otro miembro del jurado, hablaba en el artículo de forma anónima.
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Según Vice, leer en la prensa sobre las acusaciones de un testigo, que se consideraron inadmisibles en el juicio y que hablaban de como el narco había drogado y abusado sexualmente de niñas menores de edad, pudieron influir en el ánimo de esas personas. El fiscal federal Hiral Mehta replicó que los tribunales no deberían anular las condenas basándose sobre todo en las afirmaciones de jurados anónimos a páginas online. “Las pruebas aquí no son competentes, simplemente no lo son”, dijo Mehta.
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El cuestionado alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, anunció que apelará a la decisión del Tribunal Electoral que determinó la repetición de las elecciones municipales en 65 mesas de la comuna. Diversas denuncias de irregularidades determinaron la sentencia que podría provocar que otro postulante se convierta en jefe comunal.
Se trata de una pareja homoparental que buscaba reconocer a la pareja de la madre del niño, también como mamá del menor. La magistrada estimó: «Constituyen una familia y que ambas cuentan con competencias parentales para seguir detentando el cuidado personal de su hijo».
El técnico de Colo Colo había sido expulsado en el partido ante Palestino por «utilizar equipos electrónicos para reclamar cobros referiles» y «comportarse de modo inapropiado».
Respiran en Macul. Pocos minutos antes de las 21 horas de este martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó su veredicto en relación a los polémicos hechos descritos en el informe arbitral del juez Fernando Véjar del reciente partido entre Colo Colo y Palestino. Estas acciones denunciadas se desataron tras la polémica jugada entre Cristian Suarez y Gabriel Costa, en la que se reclamó un posible penal del defensor árabe al atacante peruano.
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En dicho escrito redactado por el árbitro, menciona las circunstancias en las que fue expulsado el técnico de los «albos» Gustavo Quinteros, por «utilizar equipos electrónicos para reclamar cobros referiles» y «comportarse de modo inapropiado».
La buena noticia para el Cacique es que el entrenador argentino nacionalizado boliviano fue absuelto y podrá dirigir en el próximo duelo del elenco popular ante Huachipato, a disputarse el domingo 23 de mayo.
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El volante también fue mencionado en el informe por un enfrentamiento con el equipo referil en zona de camarines. En el punto anterior, se consignó que el funcionario del club, Nelson Pizarro, increpó a la cuaterna arbitral.
Ambos quedaron citados para declarar la próxima semana, instancia en la que también se revisará el «caso del candado» que impidió la entrada a los camarines de los jueces, algo que además fue apuntado en el oficio escrito por Véjar.
“A la luz del Artículo 32 del Reglamento de Tribunales de Ética, se concluyó que los hechos que se exponen en la audiencia poseen un fundamento plausible para efectos del análisis de admisibilidad, por estimarse necesario esclarecer si es que existió una infracción a la ética profesional médica”, indicó la resolución.
La doctora María Loreto Aguirre, una de las 50 solicitantes de la denuncia que busca “dar cuenta que el gremio ha estado perdiendo la ética médica”, explicó al citado medio: “No basta con disculparse (…) Todo lo que dijo ella en esa entrevista, que estamos cuestionando, riñe la ética médica. Ella ofendió a mucha gente. Podría tener sus razones, pero aquí no estamos hablando de si tienes o no razón, es la ofensa a otra persona y más cuando estamos todos complicados».
«Creo que nadie tiene la verdad en esta materia. Creo que ningún médico quiere hacer las cosas mal. Todos queremos hacer lo mejor posible en pro de la salud, los pacientes y todos. Y no tiene derecho ella que le falta mucho por delante, lo digo porque soy más vieja, de ofender a colegas que han tenido una trayectoria”, agregó.
El club había sido denunciado por irregularidades en las relaciones contractuales con los futbolistas Hans Martínez y José Barrera. Tienen cinco días para apelar.
Durísima noticia para Lautaro de Buin. Es que en medio de la polémica por la acusación de supuestos arreglos de partidos para ganar su título en la Segunda División del fútbol chileno, el cuadro «Toqui» fue expulsado de la ANFP.
Así lo determinó el fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina del organismo de Quilín, que entregó su resolución con respecto a la denuncia contra el club por irregularidades en las relaciones contractuales con los futbolistas Hans Martínez y José Barrera.
«El Directorio de la Asociación llegó a la convicción que el club Lautaro de Buin realizó prácticas irregulares, las que, en concepto del denunciante, deben conllevar la expulsión de dicho club de la Asociación, toda vez que Lautaro de Buin incurrió en la presentación de documentación falsa a la ANFP, según se da cuenta en la denuncia», sostuvo el documento.
El fallo, eso sí, es apelable para el equipo dentro de los próximos cinco días ante la segunda sala del órgano resolutivo.
El recurso fue presentado por el directorio de la ANFP, el cual denunció irregulares realizadas por la institución, «las que revestirían el carácter de gravies incumplimientos a los estatutos y reglamentos».
Denuncian arreglo y coimas en el fútbol chileno: Los partidos involucrados y el modus operandi
Juzgado de La Serena descarta cambiar prision preventiva por ahora a oficial militar, imputado de homicidio y otros delitos por los hechos ocurridos en las afueras de Mall de La Serena en Octubre de 2019. Fiscalia continua investigando los delitos que ya fueron formalizados.
— Fiscalía Regional de Coquimbo (@Fisca_Coquimbo) May 3, 2021
En aquella jornada, varias personas protestaban en el recinto comercial, en contra de personal militar que se encontraba patrullando en el sector. En un momento, los efectivos del Ejército comenzaron a disparar y el joven cayó herido.
Dada la extensión de la audiencia de revisión de cautelares, que incluyó diversas réplicas y dúplicas, esta se extendió hasta hoy, dando por resultado la mantención de la medida.
El 20 de diciembre de 2020, el capitán de Ejército ya había pedido una revisión a la Corte de Apelaciones de La Serena, la cual también rechazó su solicitud, disponiendo su reclusión en el Regimiento Nº21 de Coquimbo.
Al crecer en Londres, Gemma Robinson era popular, llamativa, y «le encantaba ser el centro de atención».
«Tenía una enorme alegría de vivir», recuerda Damian, y rara vez se sentía más feliz que cuando estaba en la pista de baile con sus amigas y su hermana Kirsty.
«Ella era el alma de la fiesta, éramos parejas de baile», dice Kirsty.
A medida que crecía, Gemma era la persona a la que acudían muchos si tenían un problema, recuerda Damian.
«Si alguien estaba pasando por una ruptura o si había problemas con la familia, ella siempre estaba ahí para sus amigos. No importaba por lo que estuviera pasando, siempre lo dejaba de lado para estar con las personas que la necesitaban», señala.
«Creo que ese era uno de sus problemas. No se enfocaba en sí misma, siempre se enfocaba en otras personas».
Gemma, con su hermano menor, Damian, cuando eran niños.
Gemma se convirtió en madre de un niño a los 20 años y tuvo a su hija cinco años después.
Su familia dice que le encantaba ser madre y encontró una carrera como instructora de barra vertical. Todo parecía encajar.
Pero las cosas comenzaron a desmoronarse para Gemma hace unos seis años.
Se convirtió en madre soltera después de separarse del padre de sus hijos y luego comenzó a experimentar un dolor de espalda severo, lo que significaba que no podía hacer el trabajo que amaba.
«Cuando estás en esos círculos y con un ánimo bastante autodestructivo … Terminas rodeándote de personas que no son las mejores», expresa Damian.
Fue por esta época que conoció a Joe Falconer.
Damian (izq) y Kirsty (der) cuentan que pudieron ver cómo su hermana se volvía cada vez más distante.
Gemma conoció a Falconer en un pub de Bexley, en el sureste de Londres.
«Todos lo conocimos individualmente en diferentes momentos. Mi papá, yo y otros miembros de la familia dijimos: ‘No estamos muy seguros de él’. Esa fue nuestra primera reacción», relata Kirsty.
«Cuando hablabas con él, ni siquiera te miraba directamente a los ojos».
Damian tuvo una impresión similar: «Nunca me gustó, pero sabía que ella estaba enamorada de él, así que lo intenté».
No pasó mucho tiempo para que el comportamiento de Falconer comenzara a volverse controlador.
«Se notaba que Gemma se estaba volviendo un poco retraída, no era ella misma. Se notaba que algo no estaba bien», dice Kirsty.
Con cada vez más frecuencia él le impedía ver a sus amigos, cuenta Kirsty, y cuando salían juntos, Falconer intimidaba a otros hombres y discutía por cualquier cosa con Gemma.
Gemma no reportó a la policía la primera vez que la atacó, dice Kirsty. Pero la segunda vez sí lo hizo.
Falconer había destrozado la casa de Gemma en un ataque de celos y la había inmovilizado contra una pared.
La trasladaron a un refugio mientras Falconer esperaba su cita en el tribunal.
Pero cuando el caso llegó a la corte, Gemma le dijo a su familia que durante la audiencia habían leído su dirección frente a Falconer.
«No sé por qué hicieron eso, es simplemente ridículo. Ella estaba en ese refugio por una razón», dice Kirsty.
Falconer fue declarado culpable de agresión y daño criminal y se le dio una orden de restricción que le impedía contactar a Gemma. Pero apareció en su casa y la convenció de que lo dejara entrar.
Ella accedió a permitirle dormir en el sofá y él alegó que sufría trastorno de estrés postraumático.
Aproximadamente un mes después, atacó a Gemma nuevamente.
Gemma había estado en la casa de una amiga y había decidido pasar la noche allí porque sus hijos estaban con sus padres.
Falconer comenzó a enviar mensajes abusivos, acusándola de estar con otro hombre.
La llamó y le envió más de 70 mensajes de texto durante la noche, para después disculparse, para hacerle creer a Gemma que era seguro regresar a su casa por la mañana.
Cuando abrió la puerta y subió las escaleras, Falconer saltó hacia ella y la atacó brutalmente.
«La agarró del brazo izquierdo, la arrastró al baño y la empujó a la ducha», leyó la fiscal Vivian Walters en el tribunal.
Le presionó el cuello, lo que le dificultó la respiración y la golpeó repetidamente en la cara, agregó la fiscal.
Cuando él se fue, Gemma logró llegar a su sala, donde la vio un vecino que llamó a una ambulancia.
Falconer fue arrestado tres días después.
«Ella estaba petrificada»
Cuando salió del hospital, Gemma se fue a vivir con Kirsty mientras se recuperaba de una fractura en la órbita del ojo.
Kirsty cuenta que su hermana nunca volvió a ser la misma.
«Desde la mañana en que la atacó, ella era una persona completamente diferente. Vi a mi hermana convertirse en la sombra de lo que había sido. Estaba petrificada», señala.
«Lloraba por la noche, yo tenía que entrar y abrazarla. Estaba muy nerviosa. Cualquier ruido fuerte la hacía saltar, cualquier voz fuerte de un hombre la hacía saltar».
Luego trasladaron a Gemma a otro refugio.
Poco después comenzó a recibir el apoyo de una organización de asesoría sobre violencia doméstica, con sede en Kent, Inglaterra, llamada Choices.
Pero la asesoría telefónica fue suspendida y eso alteró a Gemma, dice Kristy.
«Eso realmente me disgustó porque siento que tal vez no estaríamos aquí si ella hubiera tenido ese apoyo, porque lo necesitaba», dice Kirsty.
Choices le dijo a la BBC que no podían hacer comentarios mientras se realizaba una «revisión de homicidio doméstico».
Las cosas comenzaron derrumbarse para Gemma cuando el país entró en confinamiento por la pandemia.
Empezó a beber en exceso para tratar de adormecer el dolor y estaba teniendo pesadillas por el ataque.
En julio, cuando tenía 34 años, Gemma se suicidó. Unos días después estaba previsto enfrentarse a Falconer en el tribunal.
Damian, que se encontraba en Camboya, recibió una llamada de su madre.
«Eso fue desgarrador. Me subí en el siguiente vuelo», cuenta.
«Sé que ella decidió que no podía haber ninguna forma de vida feliz. Ni siquiera el hecho de ser una madre tan dedicada ni la idea de dejar a sus hijos fueron suficientes para que decidiera seguir con nosotros. Creo que había tenido años de tortura… Y creo que quizás Joe la llevó al extremo», dice.
«Después de que Gemma murió me enteré de que le había dicho a Kirsty y a su mejor amiga que todavía lo amaba», cuenta Damian.
«Cuando amas tanto a alguien, el dolor que sientes no se parece a nada que hayas sentido nunca. Si sumas a eso el hecho de que esta persona a la que amas te golpeó y abusó mentalmente de ti y vas tener que enfrentarla en la corte para enviarla a prisión… Eso tiene que arruinar a cualquiera».
Lucy Hadley, jefa de campañas y políticas de la organización de ayuda para mujeres Women’s Aid, dice que alrededor de 30 mujeres se suicidan cada semana en Reino Unido, y muchas de ellas han sufrido violencia doméstica.
«El nivel de miedo que se necesita para denunciar el abuso doméstico y luego perseguir a alguien a quien amaste y en quien confiaste, que tuvo un nivel de control sobre ti durante años o décadas, y luego llevarlo a los tribunales… Es algo enorme», explica.
«Sin el apoyo adecuado, sin el apoyo de un especialista en abuso doméstico durante todo ese proceso, es una experiencia realmente aterradora y difícil y puede exponerlas a un mayor riesgo, como en este caso».
«Con demasiada frecuencia, para demasiadas víctimas, el apoyo no está ahí».
El dolor de la familia se vio agravado por la sentencia de Falconer en febrero.
Negó haber infligido daño corporal grave (GBH) con intención y se declaró culpable del cargo menor de infligir daño corporal grave y daño criminal.
Fue encarcelado durante tres años y cuatro meses, pero recientemente fue liberado con tobillera electrónica debido al tiempo que había pasado en prisión preventiva.
Kirsty relata que quedó «completamente devastada» cuando se enteró de su liberación.
«Simplemente hace que la gente piense que está bien hacer esas cosas si te dan sentencias tan ligeras», dice.
Damian espera que la historia de Gemma llegue a otras víctimas de abuso doméstico.
«Me imagino a Gemma leyendo su propia historia y reconociendo que está en esa misma situación … Tal vez eso la hubiera hecho cambiar de opinión. Tal vez hubiera dicho: ‘Hay canales de ayuda'», dice.
«Si alguien se encuentra en la misma situación que Gemma, tal vez pueda encontrar algo de solidaridad y un futuro positivo».
«Una persona sería suficiente. Valdría la pena».
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