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Vehículos y manifestantes, en Ottawa, Ontario, Canada.
Vehículos y manifestantes, en Ottawa, Ontario, Canada.BLAIR GABLE (REUTERS)

Frente a la ola de críticas por su mal manejo de las protestas contra las restricciones de la covid que han paralizado la capital de Canadá, el jefe de la policía de Ottawa, Peter Sloly, ha comunicado su renuncia al cargo, informa la radiotelevisión pública canadiense (CBC). La renuncia de Sloly se enmarca también dentro de varias denuncias de maltrato laboral y comportamiento errático, lo que habría perjudicado las relaciones con sus superiores y así comprometido la capacidad de las fuerzas de seguridad para lidiar con la protesta de camioneros.

Sloly se convirtió en jefe del Servicio de Policía de Ottawa en octubre de 2019 con el mandato de ayudar a sus hombres a abordar el racismo sistémico, mejorar su respuesta a las llamadas de salud mental y reconstruir la confianza con la comunidad negra de la ciudad.

El pasado lunes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, decidió invocar poderes de emergencia no empleados desde 1970 para poder hacer frente a las protestas que ya duran casi 20 días y que han tenido cerrados algunos importantes pasos fronterizos con Estados Unidos. La gran pregunta es si esa decisión pondrá fin a las protestas de camioneros y otros que están furiosos por la decisión anunciada el pasado 15 de enero por Trudeau de que la vacuna contra la covid sea obligatoria para los trayectos transfronterizos.

Según fuentes de CBC, Sloly supuestamente menospreció y regañó a los oficiales superiores del Servicio de Policía de Ottawa frente a sus colegas, y en ningún momento presentó un plan de operaciones sólido para poner fin a la crisis. Esas mismas fuentes hablan de que el ya exjefe tiene mal carácter y suele emplear malos modos con su equipo.

“Necesitamos que la policía tome las riendas, utilice la Ley de Emergencias e imponga el orden”, declaró el primer ministro Trudeau el lunes. “Hemos dado nuevos poderes a la policía y necesitamos que actúen ya”. Lo que hasta la fecha se desconoce es cuándo y cómo será esa respuesta contra el autodenominado Convoy de la Libertad.

Tras la imposición de la vacunación para los camioneros que cruzan frecuentemente a Estados Unidos, centenares de transportistas condujeron hasta Ottawa para mostrar su rechazo, mientras distintas agrupaciones apoyaban sus reclamaciones. Las protestas también tuvieron lugar en algunas capitales provinciales (como Quebec, Toronto o Winnipeg), pero solo Ottawa —donde se declaró el estado de emergencia hace dos domingos— ha quedado paralizada. Ahora, el Gobierno podrá prohibir los bloqueos en los cruces fronterizos, los aeropuertos y Ottawa; congelar las cuentas bancarias personales y empresariales de los camioneros y suspender sus licencias; además de atacar los sitios de internet que recaudan fondos para apoyar los bloqueos.

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El diario The Globe and Mail señaló recientemente que, mientras era subdirector del Servicio de Policía de Toronto, Sloly fue acusado de hacer un mal trabajo al manejar las denuncias de misoginia y era conocido en los círculos policiales como alguien que rápidamente recurría a medidas de mano dura. “En este momento, la policía de Ottawa está paralizada”, según una fuente citada por CBC. “Están paralizados en la línea del frente. Han estado esperando instrucciones de su superior y están frustrados con la forma en que el público los ve debido al fracaso espectacular de su líder”. Apenas unos días después de que comenzara la protesta, Sloly sugirió que su fuerza no estaba equipada de forma adecuada para hacerse cargo de semejante desafío. “Cuanto más dure esto, más convencido estoy de que puede que no haya una solución policial a esta manifestación”, dijo entonces.

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Los jefes de Estado de la Cedeao, el pasado domingo en Accra (Ghana).
Los jefes de Estado de la Cedeao, el pasado domingo en Accra (Ghana).IVORY COAST PRESIDENTIAL PRESS S (via REUTERS)

La Comisión Económica de Estados de África del Oeste (Cedeao) y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (Uemoa) aprobaron este domingo durísimas sanciones económicas y financieras contra Malí y sus dirigentes en un intento de aislar a la junta militar que gobierna en este país desde agosto de 2020 y forzar la celebración de elecciones democráticas. Las autoridades malienses, que incumplieron su promesa de organizar los comicios para el próximo febrero y se dan de plazo hasta 2026, han calificado dichas sanciones de “ilegales”.

Las medidas adoptadas por la Cedeao, cuyos dirigentes se reunieron el domingo en Accra (Ghana), son inéditas: a partir de este momento Malí queda aislado del resto de África occidental. El organismo regional cierra sus fronteras y suspende sus intercambios comerciales con este país a excepción de los productos básicos y de primera necesidad, congela todos los bienes y fondos de Malí y de sus autoridades en los órganos financieros regionales y corta toda la ayuda económica. Además, retira a sus embajadores de Bamako, la capital del país, según un comunicado de la Cedeao en el que se considera “inaceptable” el cronograma electoral propuesto por la junta militar y se advierte del “impacto potencialmente desestabilizador de la [duración de la] transición maliense sobre la región”.

“Nos gustaría tener un espacio democrático en África occidental. No podemos tolerar esta historia de un golpe de Estado que se prolonga durante cinco o seis años, no es posible”, aseguró el presidente en ejercicio de la Cedeao, el ghanés Nana Akufo-Addo. A juicio del organismo regional, permitir a la junta castrense presidida por el coronel Assimi Goïta seguir en el poder hasta 2026 “significa simplemente que un Gobierno militar de transición ilegítimo tomaría al pueblo maliense como rehén durante los próximos cinco años”.

La reacción de las autoridades de Bamako no se ha hecho esperar. “El Gobierno de Malí condena enérgicamente estas sanciones ilegales e ilegítimas”, ha asegurado este lunes el coronel Abdoulaye Maïga, portavoz del Ejecutivo, quien ha leído un comunicado en la televisión pública en el que critica que “organismos regionales de África occidental se dejen instrumentalizar por potencias extrarregionales con intenciones ocultas”. La junta militar ha decidido, por su parte, cerrar también todas sus fronteras terrestres con Senegal, Níger, Burkina Faso y Guinea, además de prohibir la entrada por vía aérea a los ciudadanos de los 14 países que forman junto con Malí la Cedeao y retirar a todos sus embajadores en esos Estados.

En agosto de 2020 un grupo de coroneles encabezado por Assimi Goïta protagonizó un golpe de Estado que derrocó al presidente legítimo Ibrahim Boubacar Keita tras meses de intensas manifestaciones populares que habían puesto al Gobierno contra las cuerdas. Los militares tomaron el poder entre el alivio y la alegría de buena parte de la población, cansada de la corrupción y de la incapacidad de la Administración de hacer frente a la violencia yihadista que se extiende por el norte y el centro del país. Tras un proceso de negociación con la Cedeao, las nuevas autoridades malienses nombraron al coronel retirado Bah Ndaw nuevo presidente del país y aceptaron celebrar elecciones en febrero de 2022 para devolver el poder a los civiles.

Sin embargo, los militares no han mostrado ninguna intención de cumplir esta promesa y, en medio de tensiones crecientes con la Cedeao y organizaciones de la sociedad civil, el pasado mayo dieron un nuevo golpe de Estado para deponer a Ndaw y nombrar presidente al propio Goïta. Durante su investidura, el pasado 7 de junio, el líder de la junta castrense y nuevo jefe de Estado prometió cumplir sus compromisos internacionales y celebrar elecciones en los plazos previstos. En los meses siguientes convocó a partidos políticos, sindicatos y colectivos de la sociedad civil a un gran encuentro denominado Fundamentos Nacionales de la Transición con el objetivo de fijar un calendario electoral.

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En la práctica, los militares impusieron su criterio en dichas reuniones y lograron que el documento final propusiera una transición que se prolongaría “entre seis meses y cinco años”, lo que de facto abría la puerta a los militares a permanecer en el poder hasta finales de 2026. “Los participantes se han pronunciado a favor de prorrogar la transición con el objetivo de poder llevar a cabo las reformas institucionales estructurales y permitir la celebración de elecciones creíbles, justas y transparentes”, asegura el comunicado de los Fundamentos Nacionales de la Transición, publicado el 30 de diciembre.

Malí se enfrenta desde hace una década a la violencia de grupos yihadistas que han logrado hacerse con el control de amplias zonas del norte y el centro del país. Para contrarrestar el avance de los terroristas, que han logrado extenderse a Burkina Faso y Níger, Francia ha liderado dos operaciones militares, primero, Serval y en la actualidad, Barkhane, con el despliegue de hasta 5.500 soldados galos en los tres países. Sin embargo, la llegada al poder de los militares en Malí ha deteriorado las relaciones entre París, que ya está inmerso en una retirada parcial de sus efectivos de Malí, y Bamako, que ha virado hacia Rusia en busca de apoyo militar con unas supuestas negociaciones sobre la mesa con la compañía privada rusa Wagner para el despliegue de mercenarios en el país. Francia y sus aliados europeos han condenado con firmeza la intervención de esta empresa de seguridad que el Gobierno de Malí, sin embargo, niega oficialmente.

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