El Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Universidad Javeriana de Cali, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca -ASTRACAVA, el Premio Jorge Bernal de la Cooperativa Confiar y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural -RIMISP, hicieron posible este enriquecedor proceso formativo en calidad de Diplomado, a través de la Escuela de formación y fortalecimiento para la autonomía económica y el ordenamiento territorial de las mujeres y jóvenes rurales; donde participaron más de 30 mujeres y jóvenes, entre campesinas, indígena y afrodescendientes del Valle del Cauca.
Durante este proceso de fortalecimiento de capacidades, que se desarrolló por ocho meses, en Tuluá, Pradera y Florida, contribuimos a la incidencia política, autonomía económica y participación en el ordenamiento territorial de las escuelantes en cada una de sus comunidades. Tuvimos como ejes de trabajo la agroecología, el cuidado del medio ambiente y la economía social y solidaria, desde el diálogo de saberes y un enfoque de género nutrido por los feminismos populares, campesinos, comunitarios y afro.
Este proceso se realizó en el marco del programa Territorios en Diálogo: Inclusión y Bienestar Social, que a su vez posibilitó la construcción de un mapa de sueños, como herramienta pedagógica con la cual las escuelantes priorizaron las acciones que consideraron relevantes para su bienestar y calidad de vida en cuatro dimensiones: la gobernanza económica, la participación política y comunitaria, la tierra y el territorio y los derechos humanos de las mujeres.
Esta escuela de formación contribuye significativamente a las mujeres y jóvenes participantes, ya que potencia sus capacidades para aportar a la construcción de paz en sus comunidades y territorios, reconociendo el pluriverso que constituye a lo político y la política cuando son las mujeres quienes la dinamizan y encarnan.
Las clausuras del proceso formativo se llevaron a cabo entre el 26 de febrero y 5 de marzo, en los tres municipios, en los actos de ceremonia las participantes recibieron su diploma y la caja de herramientas didácticas, llamada Mujeres Cultivando Horizontes: Herramientas para el Cuidado de la Vida Rural, que contiene material para replicar su conocimiento en sus territorios y que fue construida a partir de sus propias voces, experiencias y sentires.
Adicionalmente, durante la clausura, las escuelantes pudieron compartir con instituciones estatales municipales y regionales así como con representantes de la empresa privada, su agenda de trabajo y los proyectos que buscarán impulsar y desarrollar en el año en curso.
Les invitamos a conocer más sobre este proceso formativo en Mujeres Cultivando Horizontes: Herramientas para el Cuidado de la Vida Rural
Detalle de uno de los formularios de votación de las legislativas de Colombia.Carlos Ortega (EFE)
Nunca llegó a ser una petición formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero la recomendación del presidente Iván Duque y las palabras del registrador nacional, Alexander Vega, que abrieron la posibilidad de volver a contar los votos de las legislativas del pasado 13 de marzo, sumieron a Colombia en la incertidumbre sobre la transparencia de los comicios. Antes de que Duque y Vega abrieran la puerta a un escenario desconocido e inédito en la historia colombiana, fue el expresidente Álvaro Uribe -que vio disminuido su caudal electoral en el Congreso con su partido Centro Democrático– quien dijo que los votos debían volverse a contar, aun cuando no existe una mecanismo legal para hacerlo y solo plantearlo como una posibilidad supone un menoscabo a la democracia e institucionalidad del país.
Este martes, en una audiencia de más de cuatro horas, la mayoría de los partidos políticos se manifestaron en contra de la idea, principalmente porque no existe una figura normativa para hacerlo e intentarlo supondría poner en duda todo el sistema electoral. Solo entonces, el registrador se echó para atrás y reconoció que en Colombia no hay razones para hablar de fraude. La pelea jurídica terminó, pero la puja política continúa y aviva los señalamientos sobre el papel del registrador en un año electoral que apenas empieza. En mayo será la primera vuelta presidencial y, en caso de no resultar vencedor ninguno de los candidatos, se llevará a cabo una segunda en junio, de donde saldrá el presidente de los colombianos para los próximos cuatro años.
“No es razonable ni ajustado al ordenamiento colombiano que se lleve a cabo un reconteo general de la votación para el Senado porque ya se tramitaron las etapas previstas en el ordenamiento jurídico”, opina el abogado y exmagistrado José Gregorio Hernández. Analistas, historiadores y políticos llevaban horas advirtiendo de que la idea de volver a contar los votos no solo era imposible de realizar sino que además era peligrosa. “Un reconteo daría lugar a una crisis institucional porque podría haber candidatos que no quedaran contentos con el resultado y volvieran a pedir un reconteo”, dice Hernández. Podía ser un proceso sin fin y, al no haber antecedentes, tampoco se sabía cómo llevarlo a cabo. En las elecciones del domingo 13 de marzo participaron 17.000 jurados que trabajaron sobre 112.000 mesas de votación. ¿Cómo se organizarían de nuevo para un reconteo? ¿Cuándo se haría? ¿Cómo se garantizaría que esta vez quedaran todos satisfechos? Hasta este martes no había respuestas sobre la propuesta del Gobierno que puso al país de cabeza.
“Hemos decidido pedir el recuento general de votos para el Senado de la República, a fin de dar transparencia al proceso electoral”, decía el registrador el domingo. 24 horas más tarde aseguraba que no había por qué dudar. “No es posible seguir hablando de fraude electoral en Colombia. Seguiremos trabajando por un proceso electoral transparente y con garantías. Es bueno que se respeten los resultados”, aseguraba la tarde de este martes. El presidente Iván Duque no ha hecho ninguna mención al asunto después de paso atrás del registrador, pero su ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el único interés del Gobierno es que “prevalezcan las instituciones y que sea la decisión del pueblo colombiano la que elija sus representantes”.
La polémica empezó por 500.000 votos. En el preconteo, dado a conocer la misma noche electoral, la coalición de izquierda, liderada por el candidato Gustavo Petro, identificó que no se habían contabilizado más de 400.00 votos, que luego sí se reflejaron en el escrutinio oficial. La advertencia dio pie para que la derecha hablara de que se estaba fraguando un fraude y se empezara a poner sobre la mesa la posibilidad de volver a contar todos los votos e incluso desconocer los resultados electorales. “¿Qué pretende el señor Petro? Que aparezcan 500.000 votos, abrumadora mayoría a su favor y no haya respuesta. ¿Por qué le teme a un reconteo? Que empiece a mirar cuántos tarjetones se entregaron en cada mesa y se revise que no estén adulterados y que hubieran sido contabilizados en debida forma?”, insistía hasta la mañana de este martes el expresidente Uribe, que ha guardado silencio después de que, con excepción de su partido, el Centro Democrático, y el Partido Conservador, todos los demás se opusieron a la idea de volver a contar los votos.
El exmagistrado José Gregorio Hernández, conocedor del sistema electoral, explicaba en un video por qué la sola propuesta era a todas luces ir contra la institucionalidad del país. “Hubo un preconteo inicial en la noche del domingo [la del 13 de marzo] y culminó con la entrega de resultados preliminares. Después se realizó el escrutinio con más de 5.000 jueces de la República y aparecieron algunas votaciones que estaban perdidas por errores humanos. Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá formalizar y entregar las curules correspondientes mediante el título que contempla el ordenamiento jurídico: las credenciales”, decía Hernández en un repaso sobre cómo funciona el sistema. En la misma línea se manifestaron los movimientos políticos que participaron en la audiencia de la Comisión Nacional de Garantías Electorales convocada este martes por el presidente Duque para evaluar volver a abrir las bolsas con votos y empezar de nuevo con el conteo.
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“Rechazamos cualquier insinuación de fraude, no creemos que sea necesario recorrer un camino que nos puede llevar a la deslegitimación de nuestras instituciones y a la fractura de nuestro sistema democrático, rodeamos la institucionalidad del proceso electoral del 13 de marzo”, decía el vocero del Partido Liberal, en nombre del su líder el expresidente César Gaviria. “No es conveniente ni pertinente realizar un recuento general de la votación, es un mal precedente”, señalaba el movimiento Mira. “Hay que actuar con mucha serenidad, debemos ser respetuosos para que se garantice una transición democrática en Colombia. Los llamados desde la presidencia [a un reconteo] rompen la neutralidad”, apuntaba el vocero de la Unión Patriótica, que hace parte de la coalición de izquierda Pacto Histórico. “No hay evidencia de fraude, por ese lado estamos tranquilos, hubo errores humanos, que se han venido subsanando. En este momento es mejor confiar”, aseguraba Dilian Francisca Toro, del partido de La U. La posición de los partidos políticos, que se negaron a un reconteo general, fue clave para que el registrador, que no ha dado mayores explicaciones a su cambio de opinión, decidiera retractarse.
“De haberse decidido hacerlo [el reconteo] hubiéramos actuado por fuera de lo que se encuentra estipulado en la legislación colombiana. Era peligroso haber abierto ese camino que, aunque podía tener como propósito buscar transparencia, corría el riesgo de terminar en una verdadera deslegitimación”, dice Alejandra Barrios, de la Comisión de Observación Electoral (MOE). Barrios reconoce que la seriedad con la que se abordó este debate en la audiencia de este martes, incluso en los movimientos políticos que se mostraban a favor de un reconteo, permitió que hoy se reconozca en Colombia que los resultados de los comicios son confiables. El reto, dice Barrios, será lo que viene en adelante. La sensación de duda que quedó tras este episodio solo podrá ser contrarrestada con lo que pase en los próximos meses. A la exigencia de una sociedad que pide que cada voto sea contado tendrán que responder con altura todas las instituciones el próximo 29 de mayo cuando se volverán a abrir las urnas. Esta vez para elegir al próximo presidente de los colombianos.
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Dos nuevas jornadas para el agendamiento presencial de citas para renovación o expedición del pasaporte realizará la Gobernación del Valle en Cali en lo que resta del mes.
“Este agendamiento presencial y estas jornadas de descongestión que se van a hacer el 19 y el 26 de marzo obedecen a la alta demanda que se da a mediodía cuando generamos 1.200 citas en el sistema, pero a las que se están conectando más de 12.000 personas, lo que ha impedido que muchos vallecaucanos hayan podido realizar su trámite”, señaló el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Camilo Murcia.
Para agendar la cita de expedición del pasaporte de manera presencial se debe contar con el recibo del primer pago del valor del pasaporte, un trámite que se realiza en los puntos Gane o mediante la plataforma PSE en el micrositio: https://pasaportes.valledelcauca.gov.co/.
También se debe “llevar su documento de identidad original, si es menor de edad el registro civil autenticado. Y el trámite lo hacemos de manera directa en el centro comercial La Estación de Cali, en la Oficina de Pasaportes. No necesitamos la intermediación de terceros y mucho menos entregar nuestra información personal a ninguna otra persona diferente a la de la Gobernación del Valle”, dijo Murcia.
Las jornadas de agendamiento previstas para el 19 y el 26 de marzo en Cali se desarrollarán en horario continuo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., tendrán prioridad las personas que hayan realizado el primer pago del valor del pasaporte antes del 28 de febrero de 2022. No obstante, la atención estará abierta para toda la comunidad.
Alaa M., este miércoles tras su llegada a un tribunal de Fráncfort.BORIS ROESSLER / POOL (EFE)
Alaa M., un médico sirio de 36 años que fue capturado en 2020 en el Estado federado de Hesse (Alemania), y que es sospechoso de haber cometido crímenes contra la humanidad, incluida la tortura de prisioneros en hospitales militares en Siria, ha comparecido este miércoles en un tribunal de Fráncfort, en el segundo caso de este tipo que lleva a cabo la justicia alemana. Hace una semana, un tribunal de Coblenza condenó a un exoficial de los servicios de espionaje sirios a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. El acusado llegó a Alemania en 2015 para trabajar como médico, gracias a un visado expedido por este país para los sirios que trabajan en determinados sectores en los que falta mano de obra cualificada. Alaa M. trabajó como cirujano ortopédico en varios hospitales antes de ser reconocido por unos refugiados sirios. En el momento de su detención, en junio de 2020, ejercía en una clínica de rehabilitación en Bad Wildungen, una tranquila ciudad balneario de Hesse. Sus colegas desconocían su pasado.
La Fiscalía acusa a Alaa M. de “haber torturado e infligido graves daños físicos y psicológicos” a por lo menos 18 detenidos entre 2011 y 2012 en el hospital militar de la ciudad siria de Homs y en los calabozos de los servicios secretos en la misma localidad. Además, se le imputa un asesinato y otros cuatro de lesiones graves. El acusado, según dos testigos, estaba en formación médica en el hospital militar cuando, como médico asistente, vertió alcohol sobre los genitales de algunos prisioneros y luego les prendió fuego. Supuestamente golpeó, pateó, colgó del techo y azotó a varios detenidos.
“Alaa M. no es una excepción en Siria”, ha dicho Annsar Shahhoud, un refugiado sirio, a Tagesschau, el informativo de televisión con mayor audiencia en el país “Los médicos han participado sistemáticamente en la violencia desde 2011. Supervisan las torturas, los asesinatos y emiten certificados de defunción falsos”, ha señalado.
Alaa M. está en prisión preventiva desde su detención en 2020 y podría ser condenado a cadena perpetua. Los fiscales alemanes se han acogido a las leyes de jurisdicción universal que les permiten solicitar juicios para los sospechosos de crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier parte del mundo. Alemania se ha convertido en un país pionero en juzgar los crímenes del régimen del presidente sirio, Bachar el Asad.
La acusación más grave a la que se enfrenta Alaa M. tiene que ver con la muerte de un opositor. Según la Fiscalía, un preso, que había sido detenido por participar en una manifestación contra el régimen, sufrió un ataque epiléptico al cabo de una sesión de tortura. Alaa M. fue llamado para prestarle auxilio, pero en lugar de ello le golpeó y pateó en al menos dos ocasiones. El preso murió al poco tiempo, sin que se determinase la causa exacta de la defunción.
Según informaciones del semanario Der Spiegel, que difundió en 2020 la verdadera identidad de Alaa M. en una investigación conjunta con la cadena catarí Al Jazeera, los dos testigos en cuyas declaraciones se fundamenta el caso se encontraban detenidos donde el acusado realizó sus torturas.
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Los fiscales consideran que Alaa M. es un partidario fanático de El Asad, que llamaba “cucarachas” a los opositores y participaba “de todo corazón” en la represión. “La apertura del segundo juicio en Alemania por crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria muestra que los esfuerzos para hacer justicia por las atrocidades cometidas en ese país están ganando impulso”, ha señalado en un comunicado la ONG Human Rights Watch antes de que comenzara la audiencia.
El abogado sirio Anwar al-Bunni, que dirige una organización en Berlín en defensa de los derechos humanos y que ayudó a preparar el caso contra Alaa M., dijo en vísperas de la apertura del juicio que la presencia del médico ante el tribunal arrojaría más pruebas de que el Gobierno sirio instigó la tortura para sofocar el levantamiento contra El Asad.
“Esperamos que se le condene a cadena perpetua”, dijo al-Bunni, quien añadió que el tribunal podría emitir un veredicto antes de que termine este año.
El expresidente ucranio Petro Poroshenko ha regresado este lunes a Kiev para afrontar los cargos judiciales de traición contra él, que pueden derivar en su arresto. El regreso y el caso contra el magnate de los dulces, exmandatario y principal opositor al presidente, Volodímir Zelenski, supone un nuevo ingrediente de tensión –esta vez interna— en Ucrania, que se enfrenta a la creciente amenaza de otra invasión de Rusia, que ha concentrado a decenas de miles de tropas junto a sus fronteras. Poroshenko está acusado de utilizar las finanzas estatales para comprar carbón de minas controladas por los separatistas del Donbás en 2014 y 2015, lo que habría contribuido a su financiación.
Los fiscales piden prisión preventiva para Porosheko, uno de los hombres más ricos del país –con una fortuna de unos 860 millones de dólares (unos 753 millones de euros), según Bloomberg—, o una fianza de unos mil millones de grivnas (unos 35,7 millones de dólares). Sostienen que además de que compró minerales a los separatistas, apoyados política y económicamente por Rusia y que luchan contra el ejército ucranio en una guerra que va a cumplir ya ocho años, esas acciones impidieron la diversificación de las fuentes de energía del país y provocó una mayor dependencia de los combustibles rusos, dice la Fiscalía. Los cargos que enfrenta pueden suponer hasta 15 años de prisión.
El expresidente Poroshenko, que gobernó de 2014 a 2019, asegura que el proceso judicial está “motivado políticamente”, niega las acusaciones y ha acusado a Zelenski de cruzar una “línea roja” con sus acusaciones. Con pancartas con lemas como “basta de represión” o “necesitamos democracia”, miles de simpatizantes le recibieron en el aeropuerto de Kiev este lunes, a donde llegó desde Varsovia, donde había pasado unas semanas de reuniones, dijo. Las autoridades han apuntado que salió del país para evitar el proceso. Poroshenko asegura que el Gobierno de Zelenski trata de desacreditarle para “distraer” de los problemas del país.
El político se ha enfrentado a una serie de acusaciones desde su derrota a manos de Zelenski, un cómico sin experiencia política que arrasó en las elecciones de 2019 con un discurso anticorrupción y con la promesa de poner fin a la guerra del Este. El caso contra Poroshenko, sin embargo, preocupa a algunos de los aliados occidentales de Ucrania, que temen que sea un ajuste de cuentas político y que alertan de que puede ser otro elemento desestabilizador en un momento muy delicado, cuando la inteligencia de Estados Unidos ha elevado la voz de alarma sobre otra posible invasión rusa.
La embajadora de Reino Unido en Ucrania se ha mostrado preocupada por el caso este lunes. “Todos los líderes políticos de Ucrania deben unirse contra la agresión rusa ahora mismo. Es tan importante en este momento no perder esto de vista o distraerse con la polarización de la política interna”, tuiteó.
El partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, ha acusado a Poroshenko de tratar de crear un “escándalo artificial y provocar una confrontación civil”.
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Cuando el príncipe Andrés recorrió el miércoles, a bordo de un vehículo Range Rover, la escasa distancia que separa su residencia habitual en las dependencias del castillo de Windsor de las estancias donde habita Isabel II, le acompañaba en el asiento trasero el abogado Gary Bloxsome. El duque de York iba a mantener un encuentro de noventa minutos con su madre para abordar la demanda por abuso sexual presentada en su contra en un tribunal estadounidense por Virginia Giuffre, y, sobre todo, las consecuencias que el caso podía tener para la reputación de la familia real británica. El entorno de la reina obligó al abogado a esperar solo, dentro del vehículo. No entró a la reunión en la que la monarca anunció a su hijo que le despojaba de títulos militares y patronatos reales. Y en la que le dejó claro que, en su particular travesía judicial del desierto, iba a estar solo. Se defendería “como un ciudadano privado”, dijo el duro comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.
Fuentes del equipo jurídico del príncipe Andrés han asegurado a distintos medios británicos, siempre desde el anonimato, que el duque mantiene su voluntad de pelear en los tribunales. Hasta ahora ha negado rotundamente las acusaciones de Giuffre, quien asegura que sufrió hasta en tres ocasiones los abusos sexuales del príncipe. Tenía entonces 17 años —hoy tiene 38— y era una de las muchas menores que formaban parte de la red de “esclavas sexuales” del multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein, y de su novia y cómplice, Ghislaine Maxwell. El primero se acabó suicidando en una celda policial de Nueva York. La segunda fue declarada culpable de cinco delitos de tráficos sexual de menores por un jurado popular estadounidense.
El abogado de Giuffre, David Boies, con fama de hábil y puntilloso en los interrogatorios, ya ha dejado entrever que quiere llamar a declarar ―posiblemente por videoconferencia, desde Londres, como también lo hará el príncipe― a la exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, y a sus dos hijas, Beatriz y Eugenia. En su desastrosa entrevista de 2019 a la BBC, el duque de York negó que el 10 de marzo de 2001 fuera a bailar con Giuffre al club londinense Tramp, y acabaran teniendo un encuentro sexual en el apartamento de la vieja amiga del príncipe, Ghislaine Maxwell. Puso como coartada que aquella tarde había llevado a su hija Beatriz a una fiesta de cumpleaños en el restaurante Pizza Express, en el barrio de Woking. El abogado de la demandante quiere ahora que la exesposa e hijas de Andrés confirmen esa cuestión y maticen horarios.
Aunque desde el entorno de la reina se sugiere, siempre a través de declaraciones sin nombre en los tabloides, que Andrés debería llegar a un acuerdo extrajudicial con su demandante, le cueste lo que le cueste, y eliminar así este escándalo del año en que su madre celebra el Jubileo de Platino —70 años de reinado—, el duque de York insiste en proclamar su inocencia y quiere litigar. El juicio comenzará en otoño, y se prevé largo y complicado. Andrés ha vendido su chalet en los Alpes suizos, valorado en unos 20 millones de euros, para hacer frente al enorme costo que supone entablar una batalla judicial así en los tribunales estadounidenses.
Iniciativa
El príncipe Andrés recibió el título de duque de York el día en que se casó con Sarah Ferguson, el 23 de julio de 1986. Su abuelo, el rey Jorge VI, y su tatarabuelo, el rey Jorge V, habían ostentado previamente el título más prestigioso de la aristocracia británica. Ahora, varios políticos de la ciudad del condado de Yorkshire han puesto ya en marcha una iniciativa para desvincular el nombre de su municipio del hijo de la reina caído en desgracia. “Aunque el príncipe Andrés sigue siendo inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, el Palacio de Buckingham y el Gobierno deberían tomar en consideración las serias consecuencias de las acusaciones a las que se enfrenta”, ha dicho el concejal liberaldemócrata de York, Darryl Smalley. “Después de haber sido despojado de sus títulos militares y patronatos reales, debería renunciar a su título de duque de York”, ha exigido. A su iniciativa se ha sumado la diputada laborista de la circunscripción de York Central, Rachael Maskell, y los concejales del mismo partido. Todos trabajan en la posible elaboración de una moción, que debería ser votada en el pleno municipal. Los concejales conservadores, de momento, han mostrado su rechazo a la propuesta.
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«Yo siempre le digo, yo te amo mamá. Ella siente que me falló», diijo Nicky Jam.
«El propósito más grande siempre fue encontrar a mi mamá, ser famoso para que me encontrara», contó Nicky Jam, dejó de verla cuando era un niño, y contó los abusos que sufrió su madre y su dolorosa vida.
Noticias Internacionales.
Después de 10 años prófugo y cuando Nicky Jam se enfrentaba a que también iban a llevárselo preso, su padre volvió a República Dominicana y de la condena, terminó pagando dos años pero salió en uno «disque por buena conducta», todo ese proceso lo vivió el cantante sufriendo por el «abandono de mi madre».
Recordó que a sus 14 años de edad, probó cocaína en medio de una fuerte depreseión luego de que lo dejara su novia.
Aunque a los 12 años «yo ya probaba marihuana».
Todos estos detalles, los contó en una extendida entrevista en Alofoke de Santiago Matías, que se ha viralizado en medio de comentarios de apoyo para el artista por su evolución.
Allí contó como fue su separación de Daddy Yankee reconociendo que fue producto de su inmadurez y su momento de gloria ganando dinero, «él intentó guiarme», también habló de su llegada a Colombia y como en Medellín, encontró el camino para dejar las drogas y volver a su música.
El capítulo de su madre
Nicky Jam es conocido por hablar abiertamente de sus años de «mala conducta», su paso por la cárcel, sus problemas con la justicia, su ruina y su renacer, pero esta vez, habló de uno de los capítulos más dificiles de su vida: la ausencia y reencuentro con su madre.
Su madre, quien se había ido a Estados Unidos y con su padre huyendo de República Dominicana, desapareció de sus vidas cuando él tenía 7 años de edad.
Ella, atacó con arma blanca a un hombre en Estados Unidos y tuvo que huir de ese país. Tampoco podía ir a Puerto Rico.
Pero no volvió a ver a Nicky Jam sino hasta cuando el nombre de él, ya figuraba como un artista y se le apareció en un show en República Dominicana en 2015, 20 años después.
Le avisaron, «hay una señora afuera que dice que es tu mamá».
Sobre quienes juzgan a su madre, dijo: «A mi mamá la adoptaron cuando tenía 7 años, la violaron cuando tenía 12 años. Vivió una vida horrible en su juventud. ¿Qué podía trasmitir mi madre?».
Reconoció que su madre si vive con dolor.
«Yo siempre le digo, yo te amo mamá. Ella siente que me falló», dijo.
Nicky Jam con su madre Ysabel Caminero Maderas.
«Ella no puede venir pa’ acá (Estados Unidos ni Puerto Rico), yo le estoy buscando el perdón, estoy en ese proceso», dijo.
Se ve con ella cuando va a Dominicana o a Colombia, donde compró casa.
Estos fueron los fragmentos de la entrevista en la que habló de su madre, con quien hoy día comparte y a quien cuida.
Durante este miércoles 33 constituyentes electos firmaron una carta para, entre diversos puntos, «no subordinarse al Acuerdo por la Paz», pidiendo un cambio a la forma de enfrentar la elaboración de la nueva Constitución para Chile.
Dentro de las solicitudes se encuentran: Liberar a los «presos de la revuelta y mapuche», la no expulsión de migrantes y el «sometimiento a la soberanía popular» son parte de las ideas planteadas por las autoridades electas.
Además destacaron la «necesidad de hacer efectiva la sobería popular constituyente».
Ante esto el constituyente por el distrito 7 y Premio Nacional de Humanidades, Agustín Squella, conversó con Matías del Río en Medianoche sobre los desafíos de redactar una nueva Constitución y lo que estos 33 pares constituyentes exigen para su elaboración.
«No hay que poner en riesgo el proceso que ya partió» apuntando a las solicitudes que levantaron dichos constituyentes ya que «hay reglas previas a la Constitución de la Convención Constitucional, son reglas previas a las que convocaron el plebiscito del Apruebo o Rechazo».
🌃#MedianocheTVN | Agustín Squella: “No se puede cambiar la regla de la Constitución, solo complementarla y desarrollarla”.
Asimismo señaló que «gracias a todas esas reglas en el inicio del camino, ahora tiene que comenzar la parte más ardua y difícil: la elaboración de la nueva Constitución»
Squella añadió que «la convención tiene que subordinarse a las reglas jurídicas que se dictaron después del Acuerdo por la Paz, aunque no nos gusten debemos seguir operando en el marco de esas reglas».
🌃#MedianocheTVN Agustín Squella, constituyente por la Convención Constitucional: “Tiene que sujetarse a las reglas jurídicas de carácter constitucional después del acuerdo para la paz”.
Ejemplificando con «la regla de los dos tercios no me gusta, pero es lo que establecieron las reglas, aunque no me agrade, no está en mis manos cambiar eso, hay que ajustarse a ella».
Finalmente el constituyente por el distrito 7 indicó que tras el llamado de no subordinarse en el Acuerdo por la Paz «que todos podemos pedir cambios pero no podemos presentar esas peticiones como condiciones».
Bruce Ackerman es uno de los mayores expertos del mundo en constitucionalismo.
Usted ha estudiado varios procesos constituyentes en el mundo y en América Latina ¿Qué hace diferente a este proceso de Chile?
La innovación más positiva aquí es que los miembros de la Convención Constituyente no pueden estar en el gobierno al mismo tiempo.
Hay problemas en el país a corto plazo, como la crisis del coronavirus y otras emergencias, y el gobierno debería centrarse en la solución de estos problemas.
Luego tenemos los problemas a largo plazo y uno de ellos es cómo salir de esta crisis de constitucionalismo que hay en el mundo. Debemos mirar cómo las instituciones nos ayudan a salir de esta crisis o la exacerban.
Tener miembros elegidos popularmente que sólo se centren en estos problemas es una gran innovación. Pocas veces en la historia se ha dado esta separación.
Para tener un sentido de esta cuestión crucial es que la Convención puede debatir si Chile debería romper con el modelo presidencial de gobierno que ha llevado a tantos golpes militares en la historia de la región y elegir a cambio darle al mundo y a América Latina una idea de que un sistema parlamentario funcionaría mejor contra el populismo de la derecha y la izquierda.
Chile es un ejemplo de esperanza para América Latina y el resto del mundo y puede ser como Escandinavia. Chile tiene la misma población que Dinamarca, Noruega y Suecia, que han liderado Europa en el siglo XX por su socialdemocracia.
En octubre de 2020 Chile aprobó por una mayoría del 78% el proceso para redactar una nueva Constitución.
Entonces, usted cree que un eventual cambio de sistema político es la mayor esperanza del proceso.
Es correcto, y la noción de que una Convención Constituyente suele estar dominada por el gobierno.
Ninguna lista ganará el 51%. Muchos de sus miembros serán de la población joven, de la próxima generación. También han nominado a gente senior, de 70-75 años que tienen sabiduría.
Entonces tenemos energía, juventud y sabiduría. Y es en interés de estos grupo que tenga éxito.
¿Y qué le parecen las singularidades de la paridad entre hombres y mujeres en la Convención, el debate de derechos sociales, de medio ambiente, de los derechos indígenas y de que toda decisión deba aprobarse por mayoría dedos tercios?
Lo crucial y lo que lo hace ejemplar es la independencia del gobierno. Luego hay temas importantes, pero si la Convención crea una buena estructura gubernamental, esos temas serán debatidos y resueltos en las instituciones gubernamentales.
Lo de los dos tercios es excelente porque una Constitución no puede ser solo de la derecha o la izquierda, tiene que ser de todos.
La toma de decisiones por mayoría de dos terciospuede hacer que la Constitución sea muy amplia o muy reducida, en función de los niveles de acuerdo. ¿No es un riesgo?
Esta es una extraña oportunidad de centrarse en reformar las bases de un Estado.
En un sistema parlamentario, y la Convención Constituyente es parlamentarismo puro, se reduce la capacidad de que los extremos se enfrenten, y esto es lo crucial.
Este proceso es visto como una solución al estallido social que comenzó en 2019. ¿No existe un riesgo de que haya demasiadas expectativas porque se ve como la solución de todos los problemas del país?
Cualquier cosa que hagas, la izquierda o la derecha dirá que no es suficiente. El consenso total es una ilusión.
La cuestión es si la Constitución llega a buenos principios fundamentales. Con la regla de los dos tercios hay un interés en que converjan principios en los que derecha e izquierda van a estar de acuerdo.
Ahora se elegirán a los 155 miembros de la Constituyente que durante nueve meses debatirán el proyecto de nueva Constitución.
Pero la Constitución es sólo un conjunto de buenas buenas intenciones, no es el paso definitivo. En sí misma no es suficiente, ¿no?
Eso es completamente incorrecto.
Seamos prácticos: si Chile decide que siga habiendo un parlamento bicameral, por ejemplo, es una gran diferencia, porque hace que sea más difícil que las cosas se aprueben. Si opta por una representación electoral proporcional en lugar del sistema de que el ganador se lo lleva todo, como en Estados Unidos, todo eso es una gran diferencia… Las instituciones importan.
Pero por ejemplo, ahora hay un conflicto y protestas en Colombia. Y Colombia tiene una Constitución relativamente joven y con muchas garantías. Es decir, es un ejemplo de que la Constitución en sí misma no es la solución.
A pesar de los problemas del gobierno, Chile tiene las condiciones básicas del Estado de Derecho.
Si la Convención responde a las demandas populares para una reforma fundamental, esa nueva Constitución no nacerá de un vacío institucional.
Al revés, la Convención reorganizará la relación entre el Parlamento, el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ejército de manera que responda a las demandas de justicia social y medioambientales del siglo XXI.
En contraste, Colombia ha sido escenario de una guerra continua (entre el Estado y la guerrilla) que ha hecho añicos muchos de los supuestos institucionales fundamentales del sistema democrático.
Como consecuencia, reconstruir un orden constitucional legítimo no ocurrirá en los próximos años. Se necesitará una generación de liderazgo democrático antes de que Colombia, como Chile, pueda hacer una Convención Constituyente que tenga una posibilidad seria de lograr un amplio apoyo popular para una Constitución que enfrente los retos del siglo XXI.
En 2022, al final del proceso de debate, habrá un nuevo referendo para aprobar o no la nueva Carta Magna.
Otro temor en Chile es que los partidos tradicionales, contra los que también la gente se manifestaba como parte del sistema, tomaron el control del proceso Constituyente y que quizás quieran un cambio para mantener todo igual.
Eso es un peligro, pero no deberíamos hablar de los partidos. Lo que tenemos aquí es gente entre 30 y 45 años de diferentes partidos y gente de 60-75 años de diferentes partidos.
Más que de partidos yo creo que la diferencia fundamental es la división entre nuevas generaciones y generaciones mayores.
Y también se postulan muchos independientes, ¿qué papel pueden tener?
Esos independientes deben saber que deben ser mediadores y ser parte de esos dos tercios que hacen que se aprueben las cosas.
Veo dos peligros: que el gobierno diga a los miembros de la Convención al oído qué deben decidir.
El otro, el mayor, es que cada uno haga su juego mediático y se culpen entre ellos y que todo se caiga.
Pero no creo que ninguna de estas cosas pasen. Si tienen éxito, será un modelo de esperanza y no sólo para Chile… Al final la Convención tiene que ocuparse de asuntos significativos para los próximos 40 años.
El movimiento feminista ha ganado poder en Chile en los últimos años y ha cambiado el debate social en el país.
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Ministro Moreno y viajes a regiones por votación: «Puede hacerlo sin problemas»
Para poder trasladarse a otra región, el ministro de Obras Públicas informó que las personas «solo deben portar su cédula de identidad, tener el documento de consulta al Servel de sus datos electorales y su pasaporte sanitario».
24Horas.cl Tvn
12.05.2021
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se refirió al histórico proceso eleccionario que enfrentará el país durante este 15 y 16 de mayo, en el cual la ciudadanía manifestará su voto para la designación de Gobernadores, Alcaldes, Concejales y los integrantes de la Convención que redactará la nueva constitución.
En conversación con el Canal 24 Horas, Moreno entregó una serie de detalles del plan de movilidad y traslados interregionales para las elecciones, asegurando que «si la persona tiene que ir a otra región, puede hacerlo sin problemas».
«Solo debe portar su cédula de identidad, tener el documento de consulta al Servel de sus datos electorales y su pasaporte sanitario», sostuvo.
Cabe señalar que el ministro informó que desde el día jueves las personas pueden trasladarse a la región que les corresponde y que para regresar a sus viviendas se requieren los documentos ya mencionados.
«Pueden volver con estos mismos documentos hasta 48 horas después de cerrar las mesas, es decir, hasta el día martes en la tarde», inció.
En el caso de los votantes que deben desplazarse dentro una comuna que se encuentra en Fase 1 del plan Paso a Paso, la autoridad aseguró que «si usted se está moviendo dentro de la misma región, solo necesita el carnet de identidad».
De esta forma, una persona que vive en una comuna que está en cuarentena no deberá solicitar ningún tipo de permiso temporal para ejercer su derecho a voto.
Finalmente, explicó que se dispusieron distintos horarios para el transporte público, el cual comenzará a operar desde las 05:00 horas hasta poco tiempo antes del toque de queda. «Habrán facilidades para poderse desplazar y, tanto en Santiago como en regiones, existirá disponibilidad del metro y buses».
