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La ministra de Exteriores británica viajará a Ucrania para «liderar la oposición internacional a la agresión rusa»

La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, viajará esta semana Ucrania, Polonia y Alemania, en una gira diplomática con la que Londres aspira a intensificar sus esfuerzos por «liderar la oposición internacional a la agresión rusa» en el este de Europa. Truss prevé reunirse con sus homólogos ucraniano -Dmitro Kuleba- y polaco -Zbigniew Rau- para «demostrar el apoyo unánime a la soberanía de Ucrania» entre los países europeos, según ha avanzado en un comunicado el Foreign Office, que no ofreció detalles sobre esos encuentros. La ministra pronunciará un discurso en Kiev en el que «llamará a las naciones a respetar la soberanía de las demás y cumplir con sus compromisos», ha indicado el Ministerio de Exteriores.

El sábado, la ministra asistirá a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que estrechará lazos con los aliados estratégicos del Reino Unido. «Queremos vivir en un mundo en el que las personas estén a cargo de su propio futuro, libres de agresiones y coacciones», esgrimirá Truss en Kiev, según un fragmento adelantado de su intervención. «Eso significa trabajar juntos con nuestros amigos de Ucrania, y con otros más allá, para enfrentarse a las amenazas donde quiera que sea del mundo», agregará la jefa de la diplomacia británica. Truss urgirá asimismo al Kremlin a «tomar la senda de la diplomacia» y «hablar». «Pero, para ser muy claros, si deciden continuar por la vía de la agresión habrá enormes consecuencias y severos costes económicos» para Rusia, advertirá. 

Informa la agencia EFE. 



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El campus de la Universidad Politécnica, Upoli, en Managua era a mediados de abril de 2018 un cardumen de estudiantes en resistencia. Unos 150 de ellos se habían atrincherado en su protesta contra el presidente Daniel Ortega. El centro de estudios era el bastión del descontento estudiantil en medio de las manifestaciones que exigían el fin del mandato del exguerrillero sandinista. Una acción que Ortega jamás les perdonaría. Tanto así que este miércoles la Asamblea Nacional, al servicio del mandatario, ha aprobado una iniciativa que ilegaliza cinco centros universitarios, entre ellos la Upoli, en una nueva medida represiva del régimen contra las voces críticas. El Gobierno, además, ha disminuido el subsidio estatal que recibía la jesuita Universidad Centroamericana, UCA, la más prestigiosa del país, donde sus estudiantes han mantenido una posición crítica contra lo que califican de “dictadura”. Se trata de un duro golpe para centenares de estudiantes de escasos recursos que dependen de una beca para terminar sus estudios en esa universidad privada.

Atrás quedaron aquellas imágenes de los estudiantes rebeldes atrincherados en las universidades. Ortega apagó con fuego y sangre las protestas, con una durísima represión que dejó más de 360 muertos, la mayoría jóvenes universitarios. Los reportes de los medios de comunicación y organismos de derechos humanos dan cuenta de chicos asesinados por disparos de francotirador, con balas en la cabeza, cuello y tórax. Se trata, según un reporte de la CIDH, de crímenes de lesa humanidad. Pero la sangría no fue suficiente para el mandatario nicaragüense, que ha decidido poner candado a los centros que permitieron el grito de libertad juvenil. En una orgía de ilegalización de organizaciones de la sociedad civil, los diputados nicaragüenses cancelaron la personería jurídica no solo de los cinco centros de estudio, sino de once onegés, muchas de ellas ligadas a la Iglesia Católica, que ha sido crítica con el régimen.

Uno de los argumentos para ilegalizar a estos organismos se basa en la controvertida Ley contra el lavado y terrorismo, que también ha sido usada para arrestar y enjuiciar a 40 críticos, incluidos siete aspirantes a la presidencia por la oposición, además de periodistas y empresarios. Los juicios en su contra comenzaron el martes y son considerados espurios por familiares y defensores de derechos humanos. “Hay organizaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse. Este es un proceso [la cancelación de organismos] que va a continuar y nadie debe asustarse”, ha advertido este miércoles el diputado Filiberto Rodríguez, del oficialista Frente Sandinista.

Esta decisión se da dos semanas después de que las autoridades de la UCA denunciaron el recorte al presupuesto que el Gobierno otorga a ese centro de estudios de acuerdo a a los fondos destinado a las universidades y establecidos por la ley. La universidad jesuita solo recibirá este año 28.000 dólares, un monto ínfimo para hacer frente a las becas que otorga a los estudiantes de bajo recurso, que incluyen no solo la colegiatura, sino vivienda y alimentación. El recorte “afecta las posibilidades de la Universidad de continuar otorgando becas totales y parciales a estudiantes que por su condición socioeconómica se ven impedidos de hacerle frente a los costos de su formación universitaria”, han explicado las autoridades en un comunicado.

Los estudiantes de este centro están nerviosos y temen por su futuro académico. Algunos de ellos expresaron su temor al medio digital Divergentes. “Es una medida demasiado brutal. Se siente como que (el régimen) dice: si nosotros la queremos cerrar (la universidad) la cerramos, si nosotros queremos joderlos, los vamos a seguir jodiendo. Es un mensaje claro”, ha explicado una estudiante de 21 años. “Tengo temor, porque estoy a un paso de licenciarme. Siento que tener un título en medio de esto, también es como decirle al régimen que seguimos resistiendo en Nicaragua. Yo pude, yo lo hice. Ahora, estudiar es resistir”, ha afirmado otra estudiante de la UCA. Ortega, en su vorágine represiva, intenta ahora truncarles su futuro.

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Algunas de las decenas de víctimas que dejó el bombardeo de la coalición contra el feudo Huthi en el norte de Yemen, el pasado viernes.
Algunas de las decenas de víctimas que dejó el bombardeo de la coalición contra el feudo Huthi en el norte de Yemen, el pasado viernes.Hani Mohammed (AP)

Las defensas antiaéreas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han destruido dos misiles balísticos lanzados contra Abu Dabi, la capital, a primera hora de este lunes, ha informado el Ministerio de Defensa emiratí. Las autoridades atribuyen el ataque a rebeldes Huthi de Yemen, quienes ya se responsabilizaron de la operación que hace una semana causó tres muertos y seis heridos. En esta ocasión, no hay noticias de víctimas, pero refleja una peligrosa espiral de represalias.

Algunos residentes en Abu Dhabi vieron inusuales fogonazos en el cielo sobre las cuatro y media de la mañana, según recoge el diario local The National. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran el resplandor y unos puntos de luz que parecen misiles interceptores. El incidente ha interrumpido el tráfico en el aeropuerto internacional durante una hora.

El comunicado militar, difundido por la agencia estatal de noticias, Wam, afirma que “el ataque no causó víctimas, porque los fragmentos de los misiles balísticos cayeron en diferentes áreas alrededor de la capital”. Además, subraya que EAU “está preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que tomará todas las medidas necesarias para proteger al estado de todo tipo de ataques”.

Un portavoz de los Huthi, Mohammed Abdulsalam, ha tuiteado poco después que el grupo había lanzado “una operación militar contra EAU y Arabia Saudí”, sin dar más detalles. La coalición militar que dirige este país ha anunciado la destrucción de un misil balístico dirigido contra Dhahan al Janub, también a primera hora del lunes.

Pero a diferencia de Abu Dhabi, esa ciudad saudí se encuentra cerca la región de Yemen controlada por los Huthi y la zona fronteriza viene siendo objeto de frecuentes bombardeos desde que Riad intervino en la guerra civil del país vecino en marzo 2015. La coalición militar que lidera Arabia Saudí respalda al Gobierno yemení de transición que los rebeldes desalojaron unos meses antes, pero se ha convertido en una guerra por interposición entre Arabia Saudí y su rival Irán, que apoya a los insurgentes.

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Aunque EAU retiró la mayoría de sus fuerzas de Yemen en 2019, ha seguido patrocinando milicias dentro del país. Los Huthis mencionaron la intervención de estos grupos en los últimos combates, que les han arrebatado territorio, para justificar el bombardeo que llevaron a cabo contra Abu Dhabi el lunes 17. Esta acción ha marcado un punto de inflexión y desatado una espiral de represalias.

Es la primera vez que los gobernantes de Emiratos, que se precian de su estabilidad en una región convulsa, admiten el ataque del grupo que tiene sus bases a 1.500 kilómetros de distancia. Fue además una operación más compleja de lo que inicialmente se dio a entender.

El comunicado inicial se limitó a atribuir las explosiones a “pequeños objetos voladores, posiblemente pertenecientes a drones”. Sin embargo, al día siguiente, el embajador emiratí en Washington, Yousef al Otaiba, explicó en un seminario que el ataque incluyó “una combinación de misiles de crucero, misiles balísticos y drones”, algunos de los cuales fueron interceptados y otros no. Los expertos coinciden en la dificultad de detectar y destruir los drones explosivos que cada vez con más frecuencia utilizan las milicias de la región. Emiratos Árabes ha prohibido desde entonces el vuelo de esos aparatos no tripulados, incluso para uso recreativo.

El Gobierno de Abu Dabi no ha facilitado imágenes de los lugares atacados, el aeropuerto y una zona de almacenamiento de combustible de la empresa nacional de petróleo de ese emirato (ADNOC), ni permitido el acceso de los periodistas. Sin embargo, imágenes de satélite obtenidas por la agencia de noticias Associated Press muestran que los trabajos de reparación de uno de los depósitos alcanzados aún seguían el pasado sábado.

El ministro emiratí de Exteriores, el jeque Abdullah Bin Zayed, aseguró que la osadía de los Huthi no quedaría sin respuesta. Desde entonces, la coalición ha llevado a cabo varios bombardeos, uno de los cuales causó cerca de un centenar de muertos el pasado viernes al alcanzar una cárcel en Saada, la provincia yemení bastión de los rebeldes, donde se encontraban detenidos numerosos migrantes africanos. Los insurgentes amenazaron con vengarse contra Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Los ataques de este lunes se han producido horas antes de una reunión de la Liga Árabe en El Cairo para pedir a Estados Unidos que vuelva a designar grupo terrorista a la milicia yemení.

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Al menos 42 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas este viernes tras un bombardeo atribuido a la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra un bastión de los rebeldes Huthi en una prisión en Saada (ciudad ubicada al norte de Yemen) en la madrugada, según han informado a Efe fuentes de la Dirección provincial de Salud del país. Aún se sigue contabilizando la cifra de víctimas tras el ataque. Residentes de la ciudad dijeron que se efectuaron tres bombardeos, pero la alianza capitaneada por Riad aún no ha confirmado esta acción militar, aunque sí ha asumido otros ataques en la noche de este jueves contra la ciudad de Al Hodeida, al suroeste de Yemen.

Tras los bombardeos, el canal de televisión local Al Masirah, dirigido por los Huthi, difundió imágenes de hombres tratando de apartar los escombros del edificio de dos plantas con sus manos para poder rescatar a quienes se encontraban atrapados y llevarlos hacia el hospital de Al-Jamhuri. El ministro de Salud del Gobierno de los Huthi, Taha al Mutawakil, dijo al canal de televisión que los cuerpos recuperados hasta el momento ascendían a 65 y que los heridos ascienden a 138.

Asimismo, hizo un llamamiento a través de la emisora afiliada al movimiento insurgente para que las organizaciones internacionales y ONG envíen suministros médicos, equipos y aviones medicalizados para atender y evacuar a los heridos, ya que la ciudad no tiene la infraestructura sanitaria suficiente para responder a la emergencia. Entre las víctimas, hay personas provenientes del Cuerno de África que se encontraban en el centro de detención en su paso por Yemen. Pese a la guerra, muchos africanos siguen atravesando el país para intentar migrar hacía Arabia Saudita y otros países ricos del Golfo.

Los ataques recientes también han bloqueado parte de las comunicaciones en el país. El bombardeo en Hodeida ocasionó una caída de internet en todo Yemen, con excepción de la ciudad sureña de Adén. El mismo día, la alianza liderada por Arabia Saudí había anunciado una operación contra las capacidades militares Huthi. Además, se había referido al uso de plataformas de lanzamiento de misiles balísticos en la provincia de Bayda (al centro de Yemen), y ataques dirigidos a objetivos militares en Saná, la capital del país controlada por los Huthi.

Frente a las ofensivas, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han recalcado este viernes que tienen “el derecho legal y moral” de defenderse contra los Huthi, en respuesta al ataque perpetrado por los rebeldes este lunes contra la capital del país, Abu Dabi, y que se saldó con al menos tres muertos y seis heridos. El secretario de Estado para Asuntos Exteriores de EAU, Anuar Gargash, ha trasladado al enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, que el país “ejercerá su derecho a defenderse y a evitar actos terroristas por parte de los Huthi”. Por su parte, Grundberg ha expresado una gran preocupación ante la escalada militar y ha instado a ambas partes a “ejercer la máxima moderación”.

El conflicto, en el que intervino la coalición en marzo de 2015, después de que los Huthi expulsaron al gobierno internacionalmente reconocido de Saná, ha matado a cerca de 377.000 personas, según un informe de la ONU publicado a finales de 2021. La guerra en Yemen también ha desplazado a millones de familias, forzado a más de dos millones de niños a abandonar las escuelas y empujado a más de 16 millones de personas al borde de la hambruna.

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Boris Johnson visitaba este jueves un centro médico de diagnósticos en la localidad de Taunton (Inglaterra).
Boris Johnson visitaba este jueves un centro médico de diagnósticos en la localidad de Taunton (Inglaterra).POOL (REUTERS)

Hay una razón evidente por la que los principales responsables de coordinar a los diputados de una u otra bancada en el Parlamento británico se llaman whips (látigos). La disciplina de grupo en Westminster no tiene la rigidez de las cámaras legislativas de otros países, y los representantes políticos del partido en el poder —sobre todo los que no ocupan cargo en la Administración— profesan más lealtad a los votantes de su circunscripción que al Gobierno. Conviene apretar las tuercas para mantener la coherencia política, y para eso están los whips. No es lo mismo, sin embargo, presionar a los diputados para que respalden una ley, que para salvar el cuello de un primer ministro en apuros. El diputado William Wragg ha declarado este jueves, al iniciar una de las sesiones de la Comisión de Administraciones Públicas y Asuntos Constitucionales, presidida por él, que “en los últimos días, varios parlamentarios han sufrido presiones e intimidaciones por parte de miembros del Gobierno por su intención, declarada o presumida, de perseguir que se vote una moción de censura interna al liderazgo del primer ministro”. Wragg ha sido uno de los primeros en exigir públicamente la dimisión del primer ministro, Boris Johnson, por el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street. “La intimidación de un diputado es un asunto muy serio, y las informaciones recibidas apuntan a un caso de chantaje. Como consejo general a mis colegas, deberían reportar estos incidentes al presidente de la Cámara de los Comunes y a la Policía Metropolitana”, ha sugerido Wragg.

Un portavoz del Gobierno británico ha negado la acusación: “No somos conscientes de ninguna prueba que sostenga una acusación tan seria. Si aparece alguna, la estudiaremos cuidadosamente”, ha dicho.

Es el penúltimo episodio que viene a demostrar la enorme tensión existente entre Johnson y los diputados rebeldes, a pesar de que el primer ministro lograra ganar algo de tiempo después de la sesión de control del miércoles. En parte, gracias a una actitud defensiva y desafiante que contrastaba con su tono bajo y resignado de las horas previas. Pero sobre todo, gracias a la torpe explotación por parte de la oposición laborista de la deserción del diputado conservador Christian Wakeford. Después de ganar en las elecciones generales de 2019, por apenas 400 votos, el escaño de la circunscripción de Bury South, que sostuvo durante años la izquierda británica, Wakeford era uno de los nuevos parlamentarios tories que veían su futuro político en peligro por los desmanes de Johnson. Y decidió saltar a la bancada de enfrente. Pero no existe partido político en el mundo al que no desagrade el transfuguismo en sus filas, y la decisión del diputado de Bury South sirvió para recuperar cierta unidad entre los conservadores. Muchos de los que habían decidido ya presentar su “carta de retirada de confianza”, para activar la moción contra el primer ministro, optaron por esperar. Para la semana que viene se espera que la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, presente su informe definitivo sobre las fiestas en Downing Street. Johnson ha implorado a sus críticos que le den una tregua hasta que se publique el resultado de esa investigación. Confiaba en un principio en que, a pesar de su previsible dureza, el informe no incriminaría penalmente ni señalaría la responsabilidad directa del primer ministro. De ese modo, calculaba el equipo de Johnson, sería posible que rodaran algunas cabezas para mostrar ejemplaridad y contrición, y poder pasar página.

Pero sobre la mesa de Gray se han ido acumulando los indicios. Según la cadena ITV, ya ha encontrado el correo electrónico que un exasesor mandó al secretario privado de Johnson, Martin Reynolds, el hombre que envió la invitación a una de las fiestas a cerca de cien personas. Era una carta de advertencia, por la aparente ilegalidad del evento. El mismo aviso que Dominic Cummings asegura que le dio en persona a su entonces jefe, el primer ministro. La alta funcionaria ha decidido interrogar también al exasesor estrella de Johnson, y cada vez va a resultarle más complicado presentar una conclusión que exculpe al político conservador.

El ministro de Sanidad, Sajid Javid, se ha convertido en el tercer miembro del Gobierno que no solamente da por sentado, sin el menor asomo de dudas, que hubo fiestas en Downing Street durante el confinamiento, sino que ha exigido que se proceda cuanto antes a la expulsión de los responsables. Y, como el ministro de Economía, Rishi Sunak, tampoco ha querido poner la mano en el fuego por Johnson. Si se demuestra que mintió al Parlamento, al asegurar que no sabía que estaba asistiendo a una fiesta, también tendría que irse. “El Código de Buen Gobierno es muy claro. Si un ministro, incluido el primer ministro, se salta la ley, debe renunciar. Es una regla general que vale para todos, sin excepciones”, ha dicho Javid.

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Una de las puertas de acceso al aeropuerto de Abu Dhabi, en una fotografía de enero de 2019.
Una de las puertas de acceso al aeropuerto de Abu Dhabi, en una fotografía de enero de 2019.ANDREW CABALLERO-REYNOLDS (AFP)

Un pequeño fuego en el aeropuerto de Abu Dhabi y la explosión de tres camiones cisterna de petróleo en una zona industrial cercana han alarmado este lunes a la población de la habitualmente tranquila capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU). Las investigaciones preliminares apuntan a la posibilidad de que los incidentes hayan sido causados por drones, según la agencia estatal de noticias, Wam. Los rebeldes Huthi de Yemen se han atribuido la autoría. Hay tres muertos (dos ciudadanos indios y un paquistaní) y seis heridos.

La policía de Abu Dhabi ha confirmado que la explosión de tres camiones cisterna después de que se iniciara un fuego en una zona de almacenamiento de Adnoc, la empresa nacional de petróleo de Abu Dhabi, en el barrio de Musaffah. También ha informado de un incendio de menor envergadura en la nueva área de construcción del Aeropuerto Internacional de la capital emiratí. Los servicios de emergencia acudieron a sofocar los incendios. No consta que haya heridos ni daños materiales de importancia.

Las autoridades han iniciado una investigación sobre las causas de ambos incidentes. Pero las investigaciones preliminares sugieren, según Wam, que fueron provocados por “pequeños objetos voladores, posiblemente relacionados con drones”, que cayeron en las zonas afectadas.

Si se confirma ese extremo, queda por determinar el origen de esos aviones no tripulados y la posibilidad de que se trate de un atentado. Emiratos Árabes tiene una estricta normativa sobre al uso privado de drones y dónde puede volarse.

El portavoz militar de los Huthi, el general Yehya Sarea, ha anunciado en Twitter que el grupo había lanzado una operación militar “en el corazón de EAU” y que facilitaría detalles en las próximas horas.

Los Huthi, alineados con Irán, se enfrentan desde marzo 2015 a una coalición militar árabe, encabezada por Arabia Saudí, para restablecer el Gobierno que derribaron unos meses antes. Aunque Emiratos Árabes retiró sus tropas de Yemen hace dos años, cuenta con una gran influencia a través de sus aliados locales. Esas fuerzas han reforzado en las últimas semanas su ataque contra posiciones rebeldes en las regiones yemeníes de Shabwa y Mareb.

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A pesar de encontrarse en una zona convulsa, el país se ha mantenido hasta ahora al margen de los ataques terroristas que de vez en cuando sacuden a sus vecinos. No obstante, algunos grupos extremistas han proferido amenazas en el pasado y algunos barcos han sido atacados en sus aguas.

Los Huthi también se responsabilizaron en 2019 de un atentado con drones contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudí que todos los analistas atribuyeron a Irán.

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Supervivientes del ataque recibían este sábado asistencia en un centro médico de Dedebit, en la región de Tigray, al norte de Etiopía.
Supervivientes del ataque recibían este sábado asistencia en un centro médico de Dedebit, en la región de Tigray, al norte de Etiopía.STRINGER (REUTERS)

Un ataque aéreo en la región etíope de Tigray mató el viernes por la noche al menos a 50 personas, incluidos niños, e hirió a otras 30 en un campamento para desplazados por el conflicto que azota la zona, según dos trabajadores humanitarios citados por la agencia Reuters. Los empleados del centro, una escuela reconvertida de la localidad de Dedebit, a pocos kilómetros de la frontera con Eritrea, señalaron que las autoridades locales habían difundido que eran 56 las víctimas mortales. El Gobierno no se pronunció sobre la tragedia.

Getachew Reda, portavoz del grupo rebelde Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés), acusó del ataque en su cuenta de Twitter al Ejército etíope y señaló que el bombardeo se había realizado con aviones no tripulados. “La parte más triste de la historia es que las víctimas son personas desplazadas del oeste de Tigray por la campaña genocida del régimen”, tuiteó Reda.

El gerente de un hospital de Mekele, la capital de Tigray, en el norte del país, dijo a France Presse que a un centro médico de la localidad de Shire habían llegado más de 150 víctimas del ataque, de las que 55 habían muerto.

”No había escapatoria”

Uno de los trabajadores humanitarios aseguró que había estado visitando a los heridos en Shire. “Me dijeron que las bombas caían en plena noche. Estaba totalmente oscuro y no había escapatoria”, comentó.

Reuters y France Presse destacaron que no pudieron verificar la cifra de muertos de manera independiente. Según fuentes diplomáticas consultadas por la agencia Bloomberg, desde el pasado mes de octubre más de 140 personas han fallecido en estos bombardeos.

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El ataque del viernes llega en un momento de inercia favorable para el Ejército etíope, que ha logrado que los rebeldes retrocedan a la región de Tigray, después de meses en los que ocuparon localidades de las vecinas Amhara y Afar. El conflicto estalló en noviembre de 2020 después de que el primer ministro, Abiy Ahmed, premio Nobel de la Paz en 2019, acusara al TPLF de atacar dos bases militares provocando numerosos daños y fallecidos, ataques que los rebeldes niegan.

Horas antes del bombardeo del viernes, el Gobierno de Ahmed anunció el indulto de varios antiguos líderes del TPLF.

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