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El campus de la Universidad Politécnica, Upoli, en Managua era a mediados de abril de 2018 un cardumen de estudiantes en resistencia. Unos 150 de ellos se habían atrincherado en su protesta contra el presidente Daniel Ortega. El centro de estudios era el bastión del descontento estudiantil en medio de las manifestaciones que exigían el fin del mandato del exguerrillero sandinista. Una acción que Ortega jamás les perdonaría. Tanto así que este miércoles la Asamblea Nacional, al servicio del mandatario, ha aprobado una iniciativa que ilegaliza cinco centros universitarios, entre ellos la Upoli, en una nueva medida represiva del régimen contra las voces críticas. El Gobierno, además, ha disminuido el subsidio estatal que recibía la jesuita Universidad Centroamericana, UCA, la más prestigiosa del país, donde sus estudiantes han mantenido una posición crítica contra lo que califican de “dictadura”. Se trata de un duro golpe para centenares de estudiantes de escasos recursos que dependen de una beca para terminar sus estudios en esa universidad privada.
Atrás quedaron aquellas imágenes de los estudiantes rebeldes atrincherados en las universidades. Ortega apagó con fuego y sangre las protestas, con una durísima represión que dejó más de 360 muertos, la mayoría jóvenes universitarios. Los reportes de los medios de comunicación y organismos de derechos humanos dan cuenta de chicos asesinados por disparos de francotirador, con balas en la cabeza, cuello y tórax. Se trata, según un reporte de la CIDH, de crímenes de lesa humanidad. Pero la sangría no fue suficiente para el mandatario nicaragüense, que ha decidido poner candado a los centros que permitieron el grito de libertad juvenil. En una orgía de ilegalización de organizaciones de la sociedad civil, los diputados nicaragüenses cancelaron la personería jurídica no solo de los cinco centros de estudio, sino de once onegés, muchas de ellas ligadas a la Iglesia Católica, que ha sido crítica con el régimen.
Uno de los argumentos para ilegalizar a estos organismos se basa en la controvertida Ley contra el lavado y terrorismo, que también ha sido usada para arrestar y enjuiciar a 40 críticos, incluidos siete aspirantes a la presidencia por la oposición, además de periodistas y empresarios. Los juicios en su contra comenzaron el martes y son considerados espurios por familiares y defensores de derechos humanos. “Hay organizaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse. Este es un proceso [la cancelación de organismos] que va a continuar y nadie debe asustarse”, ha advertido este miércoles el diputado Filiberto Rodríguez, del oficialista Frente Sandinista.
Esta decisión se da dos semanas después de que las autoridades de la UCA denunciaron el recorte al presupuesto que el Gobierno otorga a ese centro de estudios de acuerdo a a los fondos destinado a las universidades y establecidos por la ley. La universidad jesuita solo recibirá este año 28.000 dólares, un monto ínfimo para hacer frente a las becas que otorga a los estudiantes de bajo recurso, que incluyen no solo la colegiatura, sino vivienda y alimentación. El recorte “afecta las posibilidades de la Universidad de continuar otorgando becas totales y parciales a estudiantes que por su condición socioeconómica se ven impedidos de hacerle frente a los costos de su formación universitaria”, han explicado las autoridades en un comunicado.
Los estudiantes de este centro están nerviosos y temen por su futuro académico. Algunos de ellos expresaron su temor al medio digital Divergentes. “Es una medida demasiado brutal. Se siente como que (el régimen) dice: si nosotros la queremos cerrar (la universidad) la cerramos, si nosotros queremos joderlos, los vamos a seguir jodiendo. Es un mensaje claro”, ha explicado una estudiante de 21 años. “Tengo temor, porque estoy a un paso de licenciarme. Siento que tener un título en medio de esto, también es como decirle al régimen que seguimos resistiendo en Nicaragua. Yo pude, yo lo hice. Ahora, estudiar es resistir”, ha afirmado otra estudiante de la UCA. Ortega, en su vorágine represiva, intenta ahora truncarles su futuro.
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este lunes aceptar un caso que le permitirá dictar jurisprudencia sobre si las universidades pueden considerar la etnia de los potenciales alumnos en los programas de admisión. El caso afecta a la Universidad de Harvard y la de Carolina del Norte, acusadas por la organización Estudiantes a favor de admisiones justas (SFFA, por sus siglas en inglés) de discriminar a los asiático-estadounidenses para facilitar el acceso a otras minorías, como los negros o los latinos. Los demandantes alegan que, teniendo mejores notas, la baza étnica juega en su contra, algo que niegan ambos centros educativos. La contundente mayoría conservadora del alto tribunal amenaza la práctica de la discriminación positiva, que busca mejorar las oportunidades a grupos históricamente excluidos de la sociedad norteamericana.
Los tribunales inferiores rechazaron las demandas de SFFA, argumentando que los fallos del Supremo en los últimos 40 años respaldan que los colegios y universidades consideren la raza en sus programas de admisión para promover la diversidad étnica en las aulas. La última vez que el alto tribunal discutió sobre la discriminación positiva, conocida como “acción afirmativa”, fue en 2016. Entonces falló a favor de la Universidad de Texas, demandada por una mujer blanca que la acusaba de usar la raza como factor de admisión a favor de negros y latinos sobre blancos y asiático-americanos. Sin embargo, la composición del tribunal ha cambiado en los últimos años, aumentando la presencia de jueces conservadores.
La votación en el caso de Texas fue de cuatro a favor de la universidad y tres en contra. Votaron siete de los nueve miembros porque el juez Antonin Scalia había muerto unos meses antes y la jueza Elena Kagan se había excusado de participar. De los cuatro votos progresistas a favor, dos de ellos ya no están: Anthony M. Kennedy y Ruth Bader Ginsburg. Durante su mandato, el expresidente Donald Trump rellenó las tres vacantes disponibles, cargando la balanza hacia el conservadurismo. Ese el Supremo que va a fallar sobre la discriminación positiva. El debate ocurrirá probablemente en octubre, sumándose al listado de casos de alto perfil que han llegado a la mesa del tribunal, como el aborto y la tenencia de armas.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, es reconocido por su voto de desempate en las decisiones más ajustadas de los últimos años. El conservador moderado ha votado en muchas ocasiones con el bloque progresista. Sin embargo, en el caso de la discriminación positiva en las universidades tiene una postura clara: “Dividirnos por raza es un negocio sórdido”, escribió una vez.
SFFA considera que Harvard impone una “sanción racial” a los solicitantes asiático-estadounidenses al calificarlos peor en algunas categorías que a otros postulantes y otorgar “preferencias masivas” a los solicitantes negros e hispanos. El año pasado, Harvard ofreció 1.968 plazas a un récord de 57.435 postulantes. La clase de primer año quedó compuesta por un 27% de población asiático-estadounidense, un 18% negra y un 13% hispana, según se puede leer en la web de Harvard. La universidad no especifica el porcentaje de admisiones de estudiantes blancos. “Si Harvard abandonara las admisiones conscientes de la raza, la representación afroamericana e hispana se reduciría casi a la mitad”, dijo la universidad privada más antigua del país.
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Santiago de Cali, septiembre 20 de 2021. Fueron cerca de 2.000 kilogramos de residuos sólidos los que se limpiaron en los principales ríos de siete municipios del Valle en el marco del Día Mundial de la Limpieza. La jornada liderada por la Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con apoyo de los clubes de Leones, se realizó en Cali, Palmira, Riofrío, Trujillo, Guacarí, Zarzal y Cartago.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Nasly Fernanda Vidales González, dijo que fue una jornada muy positiva porque hubo participación de instituciones, estudiantes y universidades en siete municipios del departamento. "En el río Cali se logró recoger 200 kilos de residuos”, precisó.
La jornada llegó a ríos como Aguaclara y Nima en Palmira; un tramo del río La Vieja en Cartago y Sonso en Guacarí.
Doris Millán, asesora de Medio Ambiente del Club de Leones en Cali, aseguró que el objetivo de la jornada era dar un mensaje de amor al planeta tierra, "debemos seguir concientizando a los vallecaucanos que en la medida que no contaminemos nuestros ríos y parques, vamos a tener una vida más sana".
Comunicaciones Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle
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