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Foto Gobernación del Valle

Con representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad quedó conformado el Comité Departamental de Discapacidad.

“Estamos muy contentos con este Comité, ellos son los voceros directos de las personas con discapacidad en todo el departamento. Quedó conformado con representantes de varios municipios del Valle del Cauca y todas las discapacidades”, aseveró Jimena Toro, secretaria de Desarrollo Social y Participación del Valle.

Andrés Murillo Moreno de Riofrío fue elegido como representante de las organizaciones de personas con discapacidad física; Ana Bolena Rodríguez del distrito de Buenaventura será la vocera de discapacidad cognitiva; Julián de Jesús Castaño, de Andalucía, será el representante de las personas con discapacidad visual, y Milena Toro García, de Trujillo, la vocera de las personas con discapacidad auditiva.

Las personas con discapacidad múltiple estarán representadas por María Patricia Caballero, de Tuluá, y por las personas con discapacidad mental estará Eduvina Ocampo, de Guacarí. Édgar Quintana, será el representante de personas jurídicas.

Además, el Comité está integrado por un vocero de la Red Vallecacucana de Organizaciones de y para personas con discapacidad, Redisvalle, y un representante de la Red Universitaria para lo cual se seleccionó a la Universidad Icesi.

Fuente: Leidy Oliveros Múnera / Gobernación del Valle



El Gobierno de Daniel Ortega ha expulsado este jueves de Nicaragua a Thomas Ess, jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha confirmado el organismo. El Gobierno no ha informado el motivo de esta expulsión, que se da en medio de una cacería contra organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. El CICR es la única organización a la que se le permite inspeccionar las condiciones en las que están los presos políticos del régimen, al menos 179 personas que, según sus familiares, sufren maltratos, no tienen acceso a atención médica y están en difíciles condiciones en las cárceles del régimen.

“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa. Pese a esta situación, el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegado a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”, ha confirmado a este diario una fuente del organismo internacional.

El CICR logró el permiso del Gobierno en 2019 para visitar las cárceles del país e inspeccionar la situación de los detenidos por el régimen, aunque los resultados de sus gestiones son confidenciales. La revista Confidencial, de Managua, ha informado de que los familiares de presos políticos informaron que el CICR solicitó al Gobierno de Ortega el ingreso a las celdas de ‘El Chipote’ —prisión considerada como centro de tortura por organismos de derechos humanos— para conocer la situación de los detenidos, pero las autoridades negaron el acceso. “La última información que tuvimos es que se le ha negado sistemáticamente el ingreso al CICR, a la Dirección de Auxilio Judicial específicamente, a pesar de haber hecho distintas gestiones”, informó Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, citada por Confidencial.

Para los familiares de los presos políticos, el CICR es una de las pocas esperanzas que tienen para conocer las condiciones de salud de sus allegados, dado que el Gobierno es renuente a permitir visitas, dar atención médica o distribuir medicinas para los detenidos, principalmente unas 20 personas consideradas de la tercera edad y otros que sufren enfermedades crónicas. La represión se ha convertido en uno de los pilares para mantenerse en el poder de Ortega, que ha desatado una cacería brutal contra quienes expresen alguna crítica contra el régimen. Los más de 170 presos políticos han sido detenidos, juzgados y sentenciados bajo acusaciones relacionadas a lavado de dinero, menoscabo a la soberanía o crimen organizado.

Los juicios son considerados espurios y en ellos no se han podido probar los delitos que se le imputan a los detenidos. Es el caso, por ejemplo, de Cristiana Chamorro, candidata opositora condenada a ocho años de cárcel. Otros presos políticos han recibido condenas de hasta 15 años por delitos inexistentes.

Organizaciones de derechos humanos y familiares denuncian que estas personas detenidas por criticar al régimen están en condiciones inhumanas en las cárceles, incomunicados y muchos sufren delicadas condiciones de salud. El pasado 12 de febrero falleció en una de estas prisiones el exguerrillero histórico del sandinismo, el general en retiro Hugo Torres, quien estaba recluido en una celda de la cárcel de ‘El Chipote’.

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La expulsión de Thomas Ess se suma a las decisiones del Gobierno de echar de Nicaragua en 2018 a una misión de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), a la misión de expertos la CIDH, y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). Estos organismos han denunciado en sucesivos informes que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad.

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El general Claudio Graziano (Turín, Italia, 68 años) preside el Comité Militar de la Unión Europea, el máximo órgano castrense de los Veintisiete. “Soy el más veterano y de mayor rango, pero también el más antiguo de los generales en servicio en Europa”, se define en una entrevista con EL PAÍS celebrada este martes en su despacho en Bruselas. Lleva desde el 24 de febrero, cuando Rusia invadió Ucrania, prácticamente reunido en gabinete de crisis con los máximos dirigentes de Bruselas. En su opinión, Moscú ha fracasado en la fase inicial de la guerra. “Putin pensó que iba a ser una campaña rápida, barata y fácil, sin muchas pérdidas, ganando inmediatamente sus objetivos, pero ha resultado todo lo contrario”, dice. “Si no reciben apoyo en unos meses, se quedarán sin recursos”.

Pregunta. ¿Cuánto va a durar la guerra?

Respuesta. En 50 años de carrera nunca he visto la guerra tan cerca y tan amenazante para Europa. Es una contienda de verdad, con tanques, aviones, que ha hecho retroceder el reloj de la historia 70 años. Ya lleva tres semanas y es extremadamente difícil predecir su duración. Es una guerra de agresión contra un país libre llevada a cabo por otro mucho más grande y con un ejército mucho más poderoso. Pero los rusos no han sido capaces de lograr inmediatamente su objetivo; podríamos llamarlo el plan A: sitiar Kiev para derrocar al Gobierno y alcanzar sus objetivos inmediatos en el Donbás. Esta primera fase ha fracasado.

P. ¿Qué ha sucedido después?

R. Han cambiado a una segunda fase, con nuevos medios y otras armas —si se quiere, una guerra muy indiscriminada, aunque aún limitada—, pero también ha fracasado. Hemos visto tres líneas de penetración desde el norte hacia el centro de gravedad de Kiev. Desde el sur para tomar el control del mar Negro; en el noreste y el sureste desde el Donbás, con el fin de ganar terreno. Pero han sufrido grandes bajas, pérdidas logísticas, de suministro y humanas. Necesitan recuperarse y reorganizarse, por lo que ahora están realizando una parada operativa.

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P. ¿Cómo valora la respuesta militar de Ucrania?

R. Los ucranios han mostrado una voluntad y capacidad de lucha impredecible, de resistencia, de usar el sistema de defensa aérea. Se puede decir incluso que [los rusos] están tratando de evitar entrar en las ciudades y ahora ejecutan una guerra de desgaste: en lugar de lanzar una ofensiva, tratan de ganar tiempo con el fin de obtener suministros. Probablemente, el ejército ruso no es tan fuerte como para lanzar una ofensiva, ni está tan bien equipado ni tan desarrollado tecnológicamente, y tal vez no tiene la misma voluntad de lucha que creíamos.

P. ¿Qué ha fallado en sus planes?

R. Han subestimado la calidad y la capacidad del ejército ucranio, y también la fuerza de su pueblo. Alguna vez he hecho la comparación con el ejército afgano que se derritió al sol en Kabul: era relativamente fuerte, pero no tenía ninguna esperanza, porque su presidente huyó. En cambio, el Gobierno y el presidente de Ucrania [Volodímir Zelenski] se mantienen en su lugar y motivan al pueblo, y las Fuerzas Armadas han demostrado la esperanza y la voluntad de defender el país. Ha sido el principal error [de los rusos]. Al no haber sido capaces de superar inmediatamente la defensa de Ucrania, no han ganado superioridad, que es muy importante para esta batalla. Y les ha obligado a reajustar, probablemente, incluso la información que se les dio a los soldados y a los comandantes.

P. ¿Ha desbaratado los planes de Rusia?

R. Lo que Putin pensó que iba a ser una campaña rápida, barata y fácil, sin muchas pérdidas, ganando inmediatamente sus objetivos, ha resultado todo lo contrario: ha sido detenida. El tiempo no ha jugado a favor de Rusia. Los ucranios se han fortalecido y el mundo ha reaccionado. La UE ha comenzado a hablar con una sola voz sobre la defensa común y la OTAN ha encontrado una nueva cohesión. Así que también el efecto psicológico ha sido el contrario: ha compactado a la UE y lo mismo ocurre con los ucranios, cohesionados para luchar contra un agresor. Quizá incluso el agresor se ha dado cuenta de que es un agresor, como demuestra el hecho de que están hablando de usar mercenarios venidos del extranjero. Esto, en cierto modo, supone una escalada porque no siguen las normas de la guerra.

P. ¿Cuánto puede durar la situación?

R. Por supuesto, esperamos siempre que sigan las negociaciones y que podamos encontrar una solución diplomática, aunque el camino sea estrecho. Desde el punto de vista puramente militar, el tiempo viene dictado por la disponibilidad de equipamiento, de armas, de soldados y de voluntad. ¿Hasta qué punto se dan la voluntad y las capacidades de los ucranios? Puede ser unas semanas, técnicamente, o un tiempo muy largo. El presidente de Ucrania dijo hace poco que toda la ciudadanía tiene derecho a tomar las armas contra la invasión, algo que es, por definición, un deber sagrado de todos los países. Eso significa que tal vez hay 40 millones de personas listas para encabezar una resistencia. ¿Qué tipo de resistencia? No lo sé. Ahora corremos el riesgo de que se abra permanentemente una trinchera que divida al mundo de nuevo, y de que, aunque la guerra termine físicamente, continúe bajo otras formas. Aún no ha acabado. Ni siquiera es seguro que los rusos concluyan con éxito porque tal vez la situación les lleve a agotar todos los recursos. Pero, aun así, será largo. Los rusos, desde luego, son fuertes.

P. La prensa ha señalado que Rusia ha pedido ayuda a China.

R. No está realmente confirmado. Pero es muy importante saber cuál va a ser la posición de China porque ahora estamos mirando solo a Rusia y Ucrania, a la UE y la OTAN. Pero ya en 2021 estábamos viviendo en un momento muy peligroso. China quiere convertirse en el país más poderoso en 2049, utilizando un sistema completamente distinto al de Rusia; quiere ser una nación poderosa en términos militares. Su posición va a ser extremadamente importante en el equilibrio de poder. Pero, hasta donde yo sé, no tienen previsto proporcionar suministros a los rusos. Más allá de esto, es indiscutible —es mi opinión personal― que probablemente el presidente de Rusia y Xi Jinping [el de China] han hablado antes y durante estos eventos.

P. ¿Rusia necesita recursos?

R. Han dicho que no necesitan nada. Pero ahora vamos a otro punto; Rusia ha dirigido con éxito durante muchos años operaciones híbridas: Georgia en 2008, Crimea en 2014, Siria en 2015 con los Spetsnaz [fuerzas especiales], en Libia con Wagner [empresa de mercenarios], África Central, Malí… Están construyendo un ejército fuerte y tienen un poder nuclear más fuerte, y para este tipo de esfuerzos el balance de defensa del que dispone Rusia es suficiente. Hablamos de unos 60.000 o 70.000 millones de euros, que es menor que el gasto de la UE, de 250.000 millones. Pero la cantidad de dinero que Rusia dedica es seguramente insuficiente para mantener una capacidad nuclear, para desarrollar un sistema de armas avanzado, para apoyar la guerra a largo plazo. Sin duda, necesitan [recursos]. No son tan fuertes como pensamos en términos generales. Son poderosos. Tienen una combinación de poder y tanques, pero no tienen el mismo nivel de desarrollo tecnológico que los países occidentales. Así que si no reciben el apoyo de alguien en un determinado número de meses, se quedarán sin recursos, eso seguro.

P. ¿Hemos de temer un incidente nuclear?

R. Mire, siempre me preocupan todo tipo de amenazas que pueden venir de todas partes. Nunca pensé que después de 50 años de carrera iba a ver tanques rusos invadiendo Ucrania, que está dentro de Europa. Así que cuando alguien menciona, incluso solo como una amenaza, que pone en alerta los recursos nucleares, me preocupa. No creo que vaya a suceder, pero es un mensaje en el que tenemos que pensar porque hay dos palabras que ya no existían en nuestro diccionario como europeos, guerra y enemigo, que siguen existiendo.

P. ¿Qué mensaje lanza Rusia al atacar la base ucrania de Yavoriv, a 20 kilómetros de la UE?

R. Primero, pretende hacer la guerra psicológica, al enviar el mensaje a los ucranios de que no hay refugio seguro ni siquiera en el oeste. Por otro lado, también es un objetivo táctico porque hay una línea principal de comunicación para el abastecimiento de armas y suministros que viene de Occidente. Además, hay que entender que, como los rusos no están ganando, se produce esta guerra de desgaste. No entran en las ciudades porque sería demasiado costoso y tal vez no tienen todavía la capacidad. No podemos excluir que en el futuro hagan un lanzamiento indiscriminado de cohetes sobre ciudades y pueblos, contra cualquier tipo de objetivo, para intentar derrotar la moral y el espíritu del pueblo ucranio y aumentar sus bajas.

P. ¿Ha derribado la guerra tabúes militares de la UE?

R. Aún queda mucho por hacer. Pero el verdadero cambio histórico ocurrió el pasado 27 de febrero, cuando se decidió en 72 horas aplicar fuertes sanciones contra Rusia, que realmente ponen bajo asedio el país. Y, además, en cuatro horas se decidió aportar 500 millones de euros para apoyar a Ucrania; 450 millones de euros en armas letales. Una decisión que no habría sido posible en la UE en décadas, se tomó en cuatro horas. La UE y la OTAN siempre han reaccionado bien en emergencias. Somos un poco lentos durante la planificación normal. Tal vez estábamos sufriendo de lo que podríamos denominar la fatiga afgana tras muchos años allí. Pero este punto ha sido realmente como pasar de la Belle Époque a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La historia ha cambiado, esta guerra ha sido un impulso para la defensa común europea. No hay duda de ello. Hemos entendido que con una defensa europea fuerte las cosas serán diferentes.

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Donald Trump y algunos de sus asesores participaron en una “conspiración criminal” para engañar a la ciudadanía y revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, según un documento presentado este miércoles por el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero ante un tribunal. Si el Departamento de Justicia revisa el material y considera que existen suficientes pruebas, el republicano podría ser acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción a un proceso oficial del Congreso al intentar bloquear la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden.

“El Comité también tiene una base de buena fe para concluir que el presidente y los miembros de su campaña participaron en una conspiración criminal para defraudar a los Estados Unidos”, reza el documento presentado ante un Tribunal de Distrito en California. Además de los esfuerzos para entorpecer la certificación, “también hay pruebas de que la conspiración se extendió a los insurgentes involucrados en actos de violencia en el Capitolio”.

La comisión investigadora —formada por siete demócratas y dos republicanos— no tiene el poder de presentar cargos penales, pero sí puede recabar pruebas de un posible delito y recomendarle al Departamento de Justicia que actúe.

“La evidencia respalda que el presidente Trump y los miembros de su campaña sabían que no había ganado suficientes votos electorales legítimos para ser declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2020 durante la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, sin embargo, el presidente trató de usar el vicepresidente para manipular los resultados a su favor”, apunta el documento. El abogado John Eastman, que asesoró a Trump en los últimos meses de su presidencia, presionó a Greg Jacob, representante del entonces vicepresidente Mike Pence, para que éste interviniera y detuviera la ceremonia de certificación de los votos electorales, según la nueva documentación.

El documento judicial surgió de una demanda presentada por Eastman, que está intentando bloquear la entrega de sus documentos al comité alegando una invasión “muy partidista” de su privacidad. El abogado ha revelado cerca de 8.000 páginas de correos electrónicos, pero aún mantiene en secreto 11.000 documentos, citando el privilegio abogado-cliente. El comité ha basado su caso para obtener el material solicitado argumentando que el que ese privilegio no es aplicable cuando la información confidencial busca promover u ocultar un delito.

La comisión ha entrevistado a más de 550 personas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020, entre ellos funcionarios estatales, altos cargos del Departamento de Justicia y parte de la cúpula de Trump. Richard Donoghue, el número dos del Departamento de Justicia durante el mandato del republicano, sostuvo en su interrogatorio que él mismo había intentado disuadir a Trump de sus acusaciones sobre un supuesto fraude electoral. “Le dije varias veces al presidente que las denuncias sobre el contrabando de votos en una maleta y contados varias veces en las máquinas no era verdad. Le dije varias veces que lo habíamos mirado, que habíamos revisado los vídeos, entrevistado a los testigos, y que no era cierto”.

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Esta es la información más detallada y reveladora que ha presentado hasta ahora el comité que trabaja desde hace nueve meses en intentar aclarar qué pasó el 6 de enero de 2021 y cómo pueden evitar que vuelva a ocurrir algo así. Está previsto que la comisión investigadora publique todos sus hallazgos antes de las elecciones legislativas de noviembre.

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Un helicóptero de ataque estadounidense Apache aterriza en el aeropuerto de Lielvarde, en Letonia, el pasado día 24.  (Latvia),
Un helicóptero de ataque estadounidense Apache aterriza en el aeropuerto de Lielvarde, en Letonia, el pasado día 24. (Latvia),TOMS KALNINS (EFE)

El Comité Militar de la OTAN —formado por los jefes de Estado Mayor de los 30 países aliados— celebrará hoy una reunión extraordinaria por vía telemática. El objetivo del encuentro —que sigue al celebrado el pasado viernes por los jefes de Estado y Gobierno de la Alianza Atlántica— es analizar la invasión de Ucrania por fuerzas rusas y la respuesta militar de la OTAN. Descartada una intervención directa en el conflicto —más allá de la donación de equipos militares al Gobierno de Kiev que están haciendo muchos países aliados—, los máximos responsables militares de la alianza estudiarán el refuerzo de su presencia en los países aliados más próximos a Rusia, para disuadir a Putin de cualquier agresión contra ellos.

El plan que está sobre la mesa de los mandos militares, y cuya puesta en práctica se acelerará con toda seguridad, consiste en extender hacia el sudeste de Europa los grupos multinacionales de combate (Battlegroups) que se formaron en 2017 en las tres repúblicas bálticas y Polonia dentro de la operación Presencia Adelantada Reforzada (EPF en sus siglas en inglés), como respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

Además de reforzar los cuatro que ya existen, la OTAN quiere poner en marcha nuevos batallones multinacionales en Rumania, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. Francia se ha ofrecido a encabezar el nuevo grupo de combate de Rumania y, para acelerar su puesta en marcha, está previsto que envíe el batallón que estaba adscrito a la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN. Los mandos aliados han puesto en alerta la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF son sus siglas en inglés) para el caso de que el conflicto de Ucrania se desborde. Las tropas que el presidente estadounidense Joe Biden ha prometido enviar a Europa del Este servirán para poner en marcha los nuevos grupos de combate, según las fuentes consultadas.

En el caso de España, la posibilidad que se plantea, aunque no hay ninguna resolución tomada, es reforzar su presencia en el batallón multinacional de Letonia, en el que actualmente cuenta con un contingente de 350 militares, además de seis carros de combate Leopardo y 15 blindados Pizarro. No obstante, aunque se produzca dicho incremento, el contingente más numeroso seguirá siendo el canadiense, que ostenta el mando del grupo de combate y va a duplicar su aportación.

Además, España cuenta con cuatro cazas Eurofighter en misión de policía aérea en Bulgaria hasta el 31 de marzo y otros seis en Lituania a partir del 1 de abril, así como tres buques en las flotas permanentes aliadas en el Mediterráneo Oriental. En conjunto, la actual contribución española al despliegue de la OTAN en el este de Europa suma casi 800 militares.

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El senador líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, durante una comparecencia en el Capitolio, Washington.
El senador líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, durante una comparecencia en el Capitolio, Washington.TOM BRENNER (REUTERS)

La brecha entre los republicanos estadounidenses después de que el comité del partido describiera el asalto al Capitolio como un “discurso político legítimo” se ha ensanchado. Su líder en el Senado, Mitch McConnell, se sumó a otros compañeros de bancada para condenar la postura del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés). “Todos lo vimos, fue una insurrección violenta”, aseguró el senador, quien también cargó contra la decisión sin precedentes del comité de censurar a los congresistas Liz Cheney y Adam Kinzinger por participar en la comisión del Congreso que investiga lo ocurrido el 6 de enero de 2021.

McConnell afirmó que el ataque perpetrado por simpatizantes de Donald Trump tenía “el propósito de impedir la transferencia pacífica del poder tras una elección legítimamente certificada de una Administración a la siguiente”. La turba que irrumpió en el Capitolio lo hizo azuzada por el discurso de Trump sobre un supuesto fraude electoral. Las declaraciones de McConnell sacuden el tablero. Se trata del miembro del partido de mayor rango en pronunciarse contra de la postura de la RNC y de la narrativa trumpista. En el segundo juicio político (impeachment) a Trump por su responsabilidad en el asalto, el senador de Kentucky votó que no era culpable.

La resolución del RNC adoptada el pasado viernes en su reunión de invierno en Salt Lake City (Utah) no se debatió públicamente, pero fue aprobada por la gran mayoría de los miembros del partido. La frase “discurso político legítimo” no aparecía en el borrador original del texto redactado por el asesor de Trump, David Bossie, según una copia obtenida por The Washington Post. Aún no ha transcendido quién y cuándo decidió incluirla.

En el escrito, denuncian que la investigación del comité del Congreso impulsado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es “una persecución liderada por los demócratas contra ciudadanos corrientes”. El asalto al Capitolio dejó cinco muertos y más de 150 heridos. Cerca de 750 manifestantes han sido acusados.

Los líderes republicanos, que llevan meses intentando sacudirse el ataque del 6 de enero, ven con preocupación que el conflicto interno los perjudique de cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde se juegan recuperar ambas Cámaras. La senadora republicana Susan Collins, que calificó de “absurda” la defensa del RNC a los insurgentes, aseguró: “Cada momento destinado a litigar una elección perdida o defender a quienes han sido condenados por conducta delictiva nos aleja más de la meta de la victoria este otoño”.

La censura contra Cheney y Kinzinger, los únicos dos republicanos miembros del comité de investigación del Congreso sobre el asalto, supuso la primera vez en la historia que el Partido Republicano reprende a uno de sus miembros en activo en el Congreso. Bill Palatucci, miembro del RNC, aseguró este martes que planea presionar al comité para que derogue el castigo -más simbólico que práctico- contra Cheney y Kinzinger. “Como mínimo, deberían eliminar la frase “discurso político legítimo’ de la resolución. Pero deberían derogarlo todo”, afirmó el abogado, que trabajó en la campaña de Trump.

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La embajada de EE UU en Cuba, ante el malecón de La Habana.
La embajada de EE UU en Cuba, ante el malecón de La Habana.Desmond Boylan (AP)

Las extrañas dolencias que han sufrido algunos integrantes del personal diplomático y de inteligencia de Estados Unidos desde el año 2016 podrían tener su origen en algún tipo de energía electromagnética, según ha concluido este miércoles un grupo de expertos creado por la Casa Blanca para investigar el caso. El pasado 20 de enero, según un informe al que tuvo acceso el diario The New York Times, la CIA concluía que los misteriosos dolores de cabeza, vértigos y náuseas que sufrieron diplomáticos estadounidenses, en un fenómeno conocido como el síndrome de La Habana, no fueron fruto de una operación organizada por Rusia u otros agentes extranjeros con el fin de recopilar información de inteligencia.

Para el espionaje estadounidense, la mayoría de los más de 1.000 casos reportados y de los que Washington tiene constancia podían deberse a condiciones médicas sin diagnosticar o puro cansancio. La Agencia rechazaba de plano que la misteriosa dolencia que ha atacado desde 2016 a los espías y diplomáticos estadounidenses se debiera a una campaña global llevada a cabo por una potencia extranjera.

El hallazgo del panel de expertos de la Casa Blanca es consistente con las conclusiones anteriores a las que había llegado la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, que encontró que “una energía electromagnética parece ser el mecanismo más plausible para explicar estos casos”. Ese estudio fue presidido por David Relman, profesor de microbiología e inmunología en la Universidad de Stanford, quien también trabajó con el panel de expertos de la comunidad de inteligencia. El panel no atribuyó ningún caso a un dispositivo o país específico, según informa el diario The Washington Post. El objetivo de la investigación no ha sido determinar quién es responsable de los incidentes, sino explicar los mecanismos que podrían estar detrás de los daños que han sufrido los funcionarios estadounidenses.

El Gobierno de Biden decidió investigar estas misteriosas dolencias, que han afectado recientemente a funcionarios estadounidenses en Alemania, Austria, Rusia y China. Se le conoce, de forma errónea, como “síndrome de La Habana” porque los primeros incidentes se conocieron en la isla de Cuba a finales de 2016. Pero desde entonces han ido brotando por lugares tan lejanos como Austria, Colombia, Rusia, Australia, China o Uzbekistán. El pasado otoño, el Congreso sacaba adelante, con apoyo de demócratas y republicanos, una ley para apoyar económicamente a las víctimas del incidente de salud no identificado, algunas de las cuales no han podido reincorporarse al trabajo.

Justo este martes, el presidente de EE UU pidió a su equipo de seguridad nacional que identificara para finales de este mes de febrero a aquellos funcionarios estadounidenses que tienen más riesgo de sufrir esos síntomas, según informó la agencia EFE. Además, encargó la coordinación de la respuesta de su Gobierno a Maher Bitar, que ejerce como director senior de programas de inteligencia en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, siglas en inglés) de la Casa Blanca.

El panel de expertos elegido por la Administración Biden ha contado con personas tanto del ámbito gubernamental como fuera de él, con experiencia en ciencia, medicina e ingeniería, que ha tenido acceso a información clasificada sobre los incidentes reportados. La determinación del Ejecutivo de Biden ha pretendido corregir la falta de acción de Washington durante el mandato de Donald Trump después de los ataques de 2016.

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Imagen del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Imagen del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.Shannon Stapleton (REUTERS)

El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ha cursado citaciones este viernes para 14 republicanos que pretendieron certificar electores ilegítimos a favor de Donald Trump para revertir el recuento de los votos del Colegio Electoral el 6 de enero de 2021 (que daba la victoria a Biden), el mismo que se vio interrumpido durante varias horas por la violenta incursión de una turba de partidarios del entonces mandatario en el Congreso.

El presidente de dicho comité, el representante demócrata Bennie Thompson, ha declarado este viernes que varios asesores del expresidente Trump o de su campaña habían utilizado falsos electores para “justificar la demora o el bloqueo de la certificación de la elección durante la Sesión Conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021″. Un grupo de asesores de la campaña de Trump, encabezados por su abogado particular, Rudy Giuliani, fue quien se encargó de presentar certificaciones electorales ilegítimas.

Las citaciones están dirigidas a personas que se reunieron y presentaron certificados falsos del Colegio Electoral en siete Estados ganados por el presidente Biden: Arizona, Georgia, Míchigan, Nuevo México, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Diez de las personas ahora citadas se reunieron el 14 de diciembre de 2020, el día de la votación del colegio electoral, en las capitales de cinco Estados en los que Biden había ganado: Arizona, Georgia, Míchigan, Nevada y Wisconsin. Se declararon “debidamente elegidos y cualificados” y enviaron certificados firmados a Washington que afirmaban que Trump era el verdadero vencedor. La intención última era provocar demora e incluso bloqueo en la certificación de Biden en enero como nuevo presidente de la nación.

“El comité selecto está buscando información sobre los intentos en varios estados de anular los resultados de las elecciones de 2020, incluida la planificación y coordinación de los esfuerzos para enviar listas falsas de electores a los Archivos Nacionales”, dijo Thompson en un comunicado. “Creemos que las personas que hemos citado hoy tienen información sobre cómo se conocieron estos llamados electores suplentes y quién estaba detrás de ese montaje”.

Antes de las elecciones, los partidos eligen una lista de posibles electores en cada Estado en el que el candidato se postule, que son los delegados de cada partido al Colegio Electoral, instancia que final y realmente elige al próximo presidente. Esa ceremonia se realiza en cada Estado “el primer lunes después del segundo miércoles del mes de diciembre” siguiente a las elecciones y en ella los electores votan por el candidato que representan. El presidente de Estados Unidos es elegido por 538 electores que son repartidos en función de la población de cada Estado.

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El Comité creado a petición de la presidenta de la Cámara de Republicanos, Nancy Pelosi, ha hablado con unos 400 testigos y ha emitido docenas de citaciones. El comité tiene como objetivo publicar un informe provisional en el verano y un informe final en otoño, según informa Reuters a través de una fuente familiarizada con la investigación.

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Donald Trump besa a su hija Ivanka al término de un mitin en Dubuque (Iowa), el 1 de noviembre de 2020.
Donald Trump besa a su hija Ivanka al término de un mitin en Dubuque (Iowa), el 1 de noviembre de 2020.CARLOS BARRIA (Reuters)

El Comité selecto de la Cámara de Representantes creado el verano pasado para dilucidar lo sucedido durante el ataque al Capitolio en enero de 2021 ha hecho llegar una invitación a Ivanka Trump para que aporte información sobre cómo se encontraba, qué sentía y cómo actuó su padre, entonces todavía presidente, aquel día en el que la capital de Estados Unidos vio un asalto a su democracia en directo.

Ivanka Trump, de 40 años, fue asesora de su padre durante todo su mandato (2017-2021) y estaba “en contacto directo” con el mandatario en momentos clave de aquel trágico 6 de enero. Trump convocó para aquel día una protesta cerca de la Casa Blanca y, al concluir, unas 10.000 personas marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara el resultado electoral, que daba como nuevo inquilino de la Casa Blanca al demócrata Joe Biden. Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos.

“El comité solicita que Ivanka Trump proporcione información para la investigación sobre la violencia del 6 de enero y sus causas”, asegura el comunicado del comité. En una carta de ocho páginas, el presidente del comité, el legislador demócrata Bennie Thompson, asegura que la hija favorita del republicano “tuvo conocimiento de primera mano” sobre las decisiones que tomó -o no tomó- su progenitor.

Lo que el comité ha cursado es una invitación y no una citación. A principios de enero, la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, citaba a declarar a los dos hijos mayores del expresidente en el marco de la investigación civil sobre presuntos delitos fiscales de la Organización Trump. La oficina de James quiere escuchar los testimonios de Ivanka Trump y Donald Trump Jr. “sobre la valoración de propiedades propias o controladas” por el magnate o su conglomerado.

El comité posee información que asegura que Ivanka Trump estuvo en la Casa Blanca cuando su padre telefoneó al entonces vicepresidente, Mike Pence, para que le respaldara en su intención de frenar la ratificación de Biden. El pasado martes, el comité citó a declarar a cuatro antiguos aliados del expresidente Donald Trump, entre los que se encuentra el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. Los cuatro fueron citados a declarar por haber promovido teorías falsas sobre fraude electoral en los comicios de noviembre de 2020, en los que Trump fue derrotado por Joe Biden, explicaba en un comunicado el presidente de la comisión, Thompson.

Además de Giuliani, las otras dos abogadas que recibieron una notificación para testificar ante el Congreso son Sidney Powell y Jenna Ellis, que interpusieron varias demandas para anular el resultado electoral. También fue citado a declarar Boris Epshteyn, un exasesor de la Casa Blanca que supuestamente conversó el mismo 6 de enero con Trump para ver cómo se podía evitar que se certificara la victoria de Biden.

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El expresidente ha criticado la investigación del comité y la ha calificado como un esfuerzo partidista. Además, trata de manera continua de bloquear el testimonio de otros ayudantes y se niega a entregar documentos de la Casa Blanca.

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El comité de la Cámara baja de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado citó este martes a declarar a cuatro antiguos aliados del expresidente Donald Trump, entre los que se encuentra el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. Los cuatro fueron citados a declarar por haber promovido teorías falsas sobre fraude electoral en los comicios de noviembre de 2020, en los que Trump fue derrotado por Joe Biden, explica en un comunicado el presidente de la comisión que investiga el asalto al Capitolio, el demócrata Bennie Thompson.

Giuliani, que fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, intentó convencer a legisladores estatales para que invalidaran la victoria de Biden, y, además, estuvo en contacto con Trump y otros miembros del Congreso para evitar que se ratificaran los resultados electorales.

Además de Guliani, las otras dos abogadas que recibieron una notificación para testificar ante el Congreso son Sidney Powell y Jenna Ellis, que interpusieron varias demandas para anular el resultado electoral. También fue citado a declarar Boris Epshteyn, un exasesor de la Casa Blanca que supuestamente conversó el mismo 6 de enero con Trump para ver cómo se podía evitar que se certificara la victoria de Biden.

Los cuatro deberán entregar una serie de documentos al comité que investiga el asalto al Capitolio antes del 1 de febrero y deberán acudir a declarar el próximo el 8 de febrero. De negarse, podrían ser declarados en desacato, tal y como ha ocurrido hasta ahora con tres excolaboradores de Trump: su exjefe de gabinete Mark Meadows, el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark y su exasesor y exjefe de campaña Steve Bannon, quien además enfrenta cargos por la vía penal.

Trump había convocado el 6 de enero una protesta cerca de la Casa Blanca y, al concluir, unas 10.000 personas marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara el resultado electoral. Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos.

Donald Trump tiene que enfrentar también otros conflictos con la justicia. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha afirmado este martes que existen “pruebas significativas” que indican que el conglomerado del expresidente de EE UU utilizó valoraciones de activos “fraudulentas o engañosas” para obtener beneficios económicos como préstamos, cobertura de seguros y deducciones de impuestos. James también emprendió acciones legales para que Trump y sus hijos Donald Jr. e Ivanka comparezcan ante los magistrados para prestar testimonio.

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La Fiscalía sostiene que los informes de la compañía contienen información engañosa, como por ejemplo el tamaño del ático de la Trump Tower y el valor de otras propiedades del magnate o activos mal categorizados como “efectivo” para exagerar así la liquidez del expresidente.

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