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La única respuesta de las autoridades rusas ante las decenas de imágenes de civiles asesinados en Bucha es que estas han sido “escenificadas”. “Mijaílo Podoliak (el jefe de los negociadores ucranios) ha mostrado estas tomas escenificadas como excusa para solicitar armas a los países occidentales”, ha asegurado el Ministerio de Defensa en el primero de sus dos comunicados publicados este domingo, donde ha ofrecido al mismo tiempo dos versiones de los mismos hechos: o algunos cuerpos eran actores, o habían muerto por los bombardeos ucranios.

“Ni un solo habitante ha sido herido por cualquier tipo de acción violenta durante el tiempo en que la ciudad estuvo bajo el control de las fuerzas armadas rusas”, ha asegurado Moscú antes de decir que “todas las fotos y vídeos publicados por el régimen de Kiev que supuestamente evidencian “crímenes” cometidos por los militares rusos son otra provocación más”.

“Las publicaciones sobre Bucha aparecieron en varios medios extranjeros a la vez, parece una campaña mediática planificada. Dado que las tropas abandonaron la ciudad el 30 de marzo, ¿dónde estaban estas imágenes hace cuatro días?, su ausencia solo confirma la falsificación”, dice Moscú.

Los primeros periodistas en poder llegar a una zona que todavía sigue minada revelaron la matanza al mundo este sábado, y el resto de medios se hicieron eco un día después. Los reporteros Simon Gardner, Zohra Bensemra y Abdelaziz Boumzar contaron en su crónica cómo algunos cuerpos llevaban “días, sino semanas”, en descomposición en plena calle. “Los vecinos contaban que los habían matado durante aquel mes largo de ocupación”, recogía el artículo, acompañado también por numerosas pruebas de aquella matanza.

El Ministerio de Defensa ruso negó este domingo la versión de los reporteros que han sido testigos in situ. “Es especialmente preocupante que en las imágenes difundidas por el régimen de Kiev todos los cuerpos no se han endurecido después de cuatro días ni tienen las características marcas cadavéricas ni sangre coagulada en las heridas”, decía Moscú. Sin embargo, varias imágenes tomadas por los fotógrafos si constataban cierta descomposición en los cuerpos.

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“No está claro por qué no han sido enterrados”, decía Reuters en su crónica. “El alcalde Anatoli Fedoruk dijo que más de 300 habitantes habían sido asesinados. Además, una fosa común situada junto a una iglesia aún sigue abierta, con manos y pies sobresaliendo a través de la arcilla roja apilada en la parte superior”, continuaba la descripción de aquel horror.

El Ministerio de Defensa ruso ha hecho hincapié en que el alcalde anunció el 31 de marzo que la ciudad había sido liberada, “pero ni siquiera mencionó que hubiera en la calle algún vecino tiroteado con las manos atadas”. No obstante, una concejala del ayuntamiento, Ekaterina Ukraintseva, advirtió de que era peligroso entrar a la ciudad “debido a las minas y trampas puestas por los rusos”.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso mostró un fragmento de otro vídeo donde la carretera estaba plagada de cadáveres. La calidad de imagen de la publicación rusa es muy inferior a la del vídeo original que se puede encontrar en las redes sociales, y Moscú aseguraba que uno de los cuerpos movía una mano. Sin embargo, varios medios rusos que han sido bloqueados dentro del país, como Dozhd, Mediazona y Meduza, recalcan que en las imágenes con más definición se puede apreciar que no es una mano haciendo un movimiento extraño, sino solo un efecto óptico del parabrisas.

“Bombardeos de las tropas ucranias”

Además de esta versión, Moscú también acusa a Kiev de haber matado a los civiles. “Las afueras fueron bombardeadas 24 horas al día por las tropas ucranias con artillería de gran calibre, tanques y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples”, afirma el Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, ni las crónicas de Reuters ni de otros medios que han entrevistado a los supervivientes recogen denuncias de que hubieran sido atacados tras la marcha de los rusos.

Otro de los primeros medios en llegar fue la agencia AFP, cuyo reportero afirmó haber visto al menos dos decenas de cadáveres tirados en una calle, algunos de ellos maniatados. Según Moscú, “la fosa común con los cuerpos fue hecha por las fuerzas armadas ucranias porque hace más de un mes bloquearon la ciudad al volar el puente cercano a Irpin”.

“Cuánto duelen los comentarios de los negacionistas desde aquí… y después de visitar Irpin y hablar con los evacuados de Bucha”, escribía este domingo en su perfil de Twitter Almudena Ariza, reportera de RTVE que ha sido testigo de los hechos.

Según el Pentágono, “menos de un 20%” del ejército ruso se ha retirado de las inmediaciones de Kiev de forma desordenada. El presidente ruso, Vladímir Putin, justificó la orden de atacar Ucrania con que el país sería “desarmado y desnazificado” y protegería así a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk de un “genocidio”.

Según los datos que ha podido recopilar Naciones Unidas, al menos 1.417 civiles han muerto y 2.038 más han resultado heridos en toda Ucrania hasta el 2 de abril, aunque la cifra podría ser mucho mayor por no poder acceder a muchas zonas que han sido ocupadas o asediadas. Del recuento total, 67 civiles han muerto en las zonas separatistas de Donbás.

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Una mujer observa los retratos de seis sacerdotes jesuitas que fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989, el 6 de enero de 2022, en San Salvador (El Salvador).
Una mujer observa los retratos de seis sacerdotes jesuitas que fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989, el 6 de enero de 2022, en San Salvador (El Salvador).Rodrigo Sura (EFE)

La sentencia contra el coronel y ex viceministro de Defensa Inocente Orlando Montano por la matanza en 1989 de seis jesuitas —cinco de ellos españoles— en El Salvador, confirmada hace un año, parecía cerrar tres décadas de impunidad por el asesinato de Ignacio Ellacuría y los otros cinco religiosos. Sin embargo, el anuncio de la reapertura del caso por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano da cuenta de que todavía falta mucho para que los hechos se esclarezcan y todos los militares implicados sean responsabilizados.

“La decisión la recibimos con agrado, ya que se responde a una demanda de justicia y de verdad, tanto de parte de la Compañía de Jesús como de la Universidad Centroamericana (UCA) y los familiares de las víctimas”, ha dicho el sacerdote jesuita Andreu Oliva en declaraciones a Efe. Andreu es rector de la UCA, en cuyo campus universitario se produjo la masacre.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó frenar la investigación contra los hombres señalados como autores intelectuales de la masacre. Ante la decisión, que representó un golpe para las familias y la comunidad religiosa a la que pertenecían los religiosos, el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó en noviembre pasado un amparo ante el Constitucional para que revisara la decisión. Para el fiscal, cerrar el caso significó ir “contra de la ley salvadoreña y contra el derecho a la verdad y a la justicia que tienen el pueblo salvadoreño y las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.

El asesinato de los sacerdotes y dos colaboradoras ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 durante la guerra civil de ese país. En medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora batallón Atlacatl cometieron el asesinato en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana. Ellacuría se había convertido en una figura incómoda para el Gobierno de El Salvador. Junto a él fueron tiroteados otros cuatro religiosos españoles (Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno); y uno salvadoreño, Joaquín López, además de la esposa e hija del guardián de la universidad, Elba y Celina Ramos.

Los militares entraron en la universidad con el propósito de matar a quien era su rector, el jesuita Ellacuría y a sus compañeros, prestigiosos intelectuales que analizaban críticamente la realidad del país centroamericano.

Los señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, René Emilio Ponce [quien ya falleció] y el coronel Inocente Montano, condenado en España a 133 años de prisión.

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La decisión del Supremo ha abierto una nueva oportunidad para conocer la verdad sobre uno de los crímenes que han marcado la historia del país centroamericano. “Si realmente se llega a determinar quiénes son los que organizaron y decidieron la masacre en la universidad y son condenados según nuestras leyes, el mensaje que se estaría dando es que ya no hay más impunidad en El Salvador y que los crímenes de lesa humanidad y de guerra pueden ser juzgados”, ha asegurado el sacerdote jesuita Andreu Oliva.

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