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El presidente de Túnez, Kais Said, anunció el pasado domingo que pretende disolver el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), un órgano independiente creado en 2016, compuesto de 45 magistrados. Said acusó al Consejo en un mensaje televisado de corruptelas y parcialidad. Declaró que los puestos y las nominaciones se venden según las afiliaciones de cada juez y añadió que algunos magistrados “han podido recibir” un gran suma de dinero como contrapartida a los nombramientos que designan. Esta medida supone un nuevo mazazo en la estructura democrática que ha regido el país desde la Primavera Árabe de 2011. Said ya destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi, y suspendió las actividades del Parlamento el pasado 25 de julio. Desde entonces ha ido acaparando más y más poderes bajo la promesa de que pretende devolver el verdadero poder al pueblo.

El Consejo Superior de la Magistratura emitió un comunicado este fin de semana en el que aseguraba que continuaría ejerciendo sus funciones, “para defender la independencia del poder judicial”. Sin embargo, la policía cerró las puertas de la sede del organismo este lunes por la mañana e impidió el acceso del personal a sus puestos de trabajo, según informó la agencia Reuters.

El jurista Kais Said, de 63 años, arrasó en las presidenciales de 2019 con el 72,7% de los votos. Llegó al poder sin la ayuda de ningún partido, sin experiencia política previa, ni dinero para sufragar su campaña. Su bandera fue la lucha contra la corrupción, la lucha por la verdadera democracia. Aunque Said tiene un perfil ideológico muy religioso y conservador, su gran rival político era el partido islamista Ennahda, que ha sido la fuerza dominante en esta en el Parlamento y en el Gobierno.

Una parte del país culpa a Ennahda de las grandes deficiencias del país: la corrupción, el paro entre los jóvenes y el afán por disfrutar de los privilegios del poder a cualquier precio. Esta situación impulsó la popularidad de Said, sobre todo entre los jóvenes, que son quienes más sufren el desempleo. Said supo despertar la esperanza en una gran parte del pueblo. Pero los poderes que le otorgaban la Constitución del régimen parlamentario estaban limitados a Exteriores y a la seguridad interior.

El recurso que ideó Said para solventar ese gran inconveniente fue recurrir al artículo 80 de la Constitución, que permite al presidente tomar “medidas excepcionales” ante una situación de peligro inminente para el país. Los principales partidos de la oposición tacharon a Said de golpista. Pero Said siguió gozando de gran popularidad. Hasta que se ha ido desgastando en los últimos meses con la persistencia de los problemas económicos.

El periodista Nessim Bengharbia, especializado en Derecho Público y antiguo alumno del presidente, indicó desde París a EL PAÍS que la medida de Said contra el poder judicial es una grave violación del principio de separación de poderes y marca “un precedente peligroso”. Respecto a las acusaciones del presidente sobre la parcialidad y corruptelas de los miembros del CSM, Bengharbia señala que esos mismos argumentos de “corrupción” los utilizó Said para disolver el Parlamento. “Aunque ninguna de sus acusaciones ha sido probadas después”.

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Por su parte, Youssef Cherif, director de la filial en Túnez del centro universitario Columbia Global Centers, indicó también a este diario que la corrupción es endémica en Túnez,y afecta a la política, la justicia, el Ministerio del Interior, etc. “Así que, probablemente, el presidente no está equivocado al atacar este sector. Sin embargo, la justicia se ha dotado de cierta independencia gracias al CSM, y este CSM se ha mostrado poco dispuesto a aceptar las maniobras del presidente, en parte porque está compuesto por opositores a Kais Said o partidarios del [partido islamista] Ennahda. Y eso convierte al Consejo una institución a la que hay que derribar”.

“Said nunca acusa de corrupción a la policía”

Cherif asegura que esa oposición contra los poderes crecientes del presidente no se da en otros sectores como el Ministerio del Interior ni entre los sindicatos de policía. “Kais Said nunca ataca al Ministerio del Interior, nunca acusa de corrupción a la policía, aunque las acusaciones de corrupción y abuso de poder son tan fuertes como con la justicia”.

El ensayista tunecino Mehdi Kattou señaló a este diario que la disolución del Consejo era previsible, una cuestión de tiempo. Y cree que las acusaciones de Said son fundadas y que el estado de la justicia constituye uno de las grandes plagas de Túnez. Pero también piensa que la disolución del Consejo no arreglará nada. “Yo creo que habrá ahora un gran pulso entre el presidente y los jueces, que hoy por hoy tiene los medios, con razón o sin ella, para no dejarse intervenir por Said”.

Kattou cree que a partir de ahora podrán llegar medidas semejantes en relación a la ISIE (Instancia Superior Independiente para las Elecciones) y también respecto al Banco Central que “conserva aún una apariencia de autonomía e independencia”. “Kais Said ostenta a partir de ahora todos los poderes, lo que es extremadamente peligroso. Quienes le apoyan podrían hacerse una idea de la amenaza que eso supone solo con imaginar que esos mismo poderes estuvieran en manos de un adversario político”. El analista Kattou cree que, a partir de ahora, Kais Said es un hombre solo que pierde cada día apoyos sustanciales y que va tener que enfrentarse a una crisis de varias dimensiones.

El columnista Josh Rogin titula este lunes en una tribuna para The Washington Post del siguiente modo: “La democracia de Túnez está desapareciendo ante nuestros ojos”. El periodista esgrime: “Mientras nos distrae la guerra que se avecina en Europa, los ‘Juegos Olímpicos del genocidio’ en China y la pandemia interminable, la última esperanza de una democracia árabe exitosa en el Oriente Medio se está desvaneciendo”.

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A siete semanas de llegar al palacio de La Moneda el próximo 11 de marzo, el presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, ha presentado este viernes su primer Gabinete, donde ha roto esquemas en diversos frentes y ha despejado la principal duda que persistía desde la campaña presidencial: si su Gobierno sería de izquierda radical ­–por sus propuestas iniciales y su alianza con el Partido Comunista– o, en cambio, tomaría una ruta socialdemócrata. En su principal decisión política desde que fue electo el 19 de diciembre, el licenciado en Derecho de 35 años ha tomado este segundo camino.

Boric ha teñido su equipo de Gobierno con profesionales independientes y del Partido Socialista, la formación que fue uno de los troncos de las Administraciones de centroizquierda que gobernaron Chile tras la dictadura en la desaparecida Concertación (1990-2010). Tendrá un Gabinete con 14 mujeres y 10 hombres en el que instala a su círculo de confianza en los ministerios políticos de mayor relevancia y donde, por primera vez, una mujer llega al ministerio del Interior, la médica Izkia Siches. Boric ha dado vuelta al tablero con la nominación en Hacienda de un economista moderado y respetado transversalmente. Es Mario Marcel, actual presidente del Banco Central, que ha sido uno de los símbolos en Chile de la disciplina macroeconómica. Con 62 años, es uno de los mayores en un Gabinete donde el promedio de edad es de 49 años, con siete ministros por debajo de los 40.

“Hoy comienza a escribirse un nuevo camino en nuestra historia democrática. No empezamos desde cero: sabemos que hay una historia que nos eleva e inspira. Y estamos seguros de que nuestro mandato es muy claro: impulsar cambios y transformaciones que hagan posible que la justicia y la dignidad sean el pan de cada día”, aseguró Boric. El presidente electo hizo el anuncio en los patios del Museo de Historia Natural, en el centro de Santiago de Chile, un símbolo al pasado y al presente y donde lanzó un guiño a la naturaleza. En su discurso, hizo varias referencias a la artista chilena Violeta Parra.

La médico Izkia Siches, designada como nueva ministra del Interior de Chile por Gabriel Boric.
La médico Izkia Siches, designada como nueva ministra del Interior de Chile por Gabriel Boric.Cristobal Olivares (Bloomberg)

El círculo de hierro

El fuerte compromiso con las luchas feministas va en sintonía con la paridad que se ha buscado en la conformación de la asamblea que redacta una nueva Constitución. La médica Siches, independiente de izquierda, ha sido una figura popular durante la pandemia de la covid-19 que cumplió un papel central en la segunda vuelta presidencial que abrió paso al triunfo de Boric. Es parte de un círculo de hierro que se completa con su principal compañero político, Giorgio Jackson, del Frente Amplio, que tendrá en sus manos la relación con el Parlamento, y la comunista Camila Vallejo, que se desempeñará como portavoz. Los cuatro fueron dirigentes estudiantiles en las protestas universitarias de hace una década y ninguno de los cuatro supera los 35 años.

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Los nombres de los ministros políticos que arroparán al presidente Boric no resultan sorprendentes. Lo que sí que es un golpe de timón importante es la nominación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, un economista ligado al Partido Socialista. Ya cumplió papeles fundamentales en los gobiernos de centroizquierda, es respetado transversalmente y fue candidato a liderar Hacienda en varias ocasiones (cuando estuvo cerca fue en 2006, en la primera Administración de Michelle Bachelet). Desde las revueltas sociales de 2019, ha sido la voz técnica que ha hecho un contrapeso moderado a varias medidas destempladas del Parlamento, como la consecutiva aprobación de proyectos de ley que permiten a las personas retirar un 10% de sus ahorros de las pensiones. Mientras la política galopa a ritmos desenfrenados, Marcel, desde el Banco Central, ha logrado tomar las riendas que los partidos y el Congreso no consiguen sostener y adoptar medidas fuertes para atajar la inflación. Por su labor fue elegido Gobernador del Año para el periodo comprendido entre julio de 2020 y junio de 2021 por la plataforma LatinFinance.

Es un profesional de izquierda de alto nivel que se ha destacado por la disciplina macroeconómica y suele definirse como un socialdemócrata. Tuvo cargos de relevancia en los primeros gobiernos democráticos y en los años 90 del pasado siglo trabajó en el Banco Interamericano del Desarrollo (BID). Luego fue director de Presupuestos –un cargo clave– en el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006). En ese periodo fue el padre de la regla fiscal del balance estructural, una señal de seguridad que entregó Lagos –el primer socialista que llegaba a La Moneda después de Salvador Allende– para generar confianza en lo económico. Marcel había hecho su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge sobre balances estructurales como mecanismo de medición de la política fiscal y la implementó entre 2000 y 2006. Fundamentalmente, esta regla permite la actuación de estabilizadores automáticos del presupuesto a lo largo del ciclo: entrega espacio para gastar cuando la economía está débil y obliga a ahorrar cuando la economía está fuerte. Fue una fórmula pionera en el mundo –solo Suecia y Suiza la implementaban en esa época– y permitió que la economía chilena esquivara con éxito crisis importantes como la de 2008-2009.

La nominación de Hacienda era, probablemente, la de mayor relevancia en el Gabinete de Boric. Es el cargo que tiene en sus manos las arcas fiscales, un puesto que especialmente en esta Administración resulta de alta sensibilidad, dado los cambios profundos que busca realizar en materias como los tributos y las pensiones. Marcel, justamente, lideró una comisión sobre las pensiones en el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), cuando la socialista desechó nominarlo en Hacienda. Su llegada a este ministerio desde el Banco Central ­–un organismo autónomo que lideraba por un segundo periodo luego de la reciente nominación de Sebastián Piñera– ratifica la línea moderada que ha empujado Boric desde la campaña de segunda vuelta, que le permitió ganar con un 55% y un alto número de votos.

El entonces presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, en el foro económico de Jackson Hole en 2017.
El entonces presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, en el foro económico de Jackson Hole en 2017.David Paul Morris (Bloomberg)

Con este Gabinete, Boric amplía y reconfigura su coalición de Gobierno. Fue candidato a la presidencia por la coalición Apruebo Dignidad, una alianza entre su propia formación, el Frente Amplio, y el Partido Comunista. En esa alianza, los sectores de la izquierda moderada fueron vetados para participar en una primaria presidencial conjunta, pese a los intereses del ahora presidente electo. Cuando el ultraconservador José Antonio Kast obtuvo el mayor número de votos en la primera vuelta presidencial el 21 de noviembre, sin embargo, Boric moderó fuertemente su discurso, aunque no abandonó los cambios profundos y estructurales que considera necesarios en este nuevo ciclo político en Chile, en materias múltiples. Luego ganó con el apoyo de los principales rostros de la Concertación, como el propio expresidente Lagos, que en una entrevista con EL PAÍS prefirió no catalogar a Boric como un socialdemócrata: “Por sus obras los conoceréis”, aseguró.

Pero los resultados de las parlamentarias forzaron a Boric a ampliar su base de apoyo en el Congreso para conseguir las transformaciones que busca para el periodo 2022-2026. Apruebo Dignidad solo cuenta con 37 de los 155 diputados y cinco senadores de los 50 escaños de la Cámara Alta en el próximo Congreso, por lo que Boric comprendió que el único camino para sumar lealmente los 28 votos que la centroizquierda tiene en la Cámara Baja y los 13 que tiene en el Senado era incorporarlos al Gabinete. Sumó a rostros de los partidos que conformaron los gobiernos de centroizquierda ante los que el Frente Amplio se rebeló hace una década. El presidente Boric optó por la amplitud para instalar el Gobierno, “para facilitar el cumplimiento del programa y asegurar que la Convención Constitucional logre su trabajo y llegar al plebiscito de salida sin problema”, explicó ayer el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, formación que se queda con tres carteras.

Boric ha incorporado a mujeres de gran simbolismo y trayectoria en el primer Gabinete de la historia de Chile en el que las ministras superan a los ministros. Para liderar la Cancillería ha nombrado a la abogada Antonia Urrejola, que integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2018 y 2021 y la presidió en 2021, con un papel especialmente relevante en crisis democráticas de la región, como en Nicaragua. La nieta de Salvador Allende, la diputada socialista Maya Fernández –hija de Beatriz Tati Allende, la hija más cercana políticamente del socialista que se quitó la vida en medio del bombardeo militar en 1973–, asumirá el ministerio de Defensa.

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