Protesta contra las distintas violencias que sufren las mujeres el 30 de septiembre de 2019.Karl Mancini
“Todas tenemos una amiga que sufrió abusos. Pero nadie tiene un amigo abusador. No dan las cuentas”. Este es uno de los carteles que se han viralizado en Internet a raíz de la violación de una mujer de 20 años por seis hombres en uno de los barrios más turísticos de Buenos Aires. “Muchos ‘podría haber sido mi hija’ y ninguno ‘podría haber sido mi hijo”, advierte otro. La aberrante violación, perpetrada en un automóvil a plena luz del día, ha puesto bajo la lupa la impunidad que rodea a muchos abusos sexuales en Argentina y el silencio cómplice que aún mantienen muchos hombres.
“Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”, tuiteó este miércoles la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. “Crecimos y nos socializamos sobre las bases de una masculinidad que nos enseña que los varones tienen derecho a decidir, solos o en grupo, sobre los cuerpos de las mujeres y LGBTI+ como quien dispone de una propiedad o de una cosa”, agregó la ministra, quien pidió a los hombres que se involucren en la lucha para lograr una “Argentina libre de violencias”.
El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pidió la condena de todo acto de violencia y señaló que a los seis violadores, con edades entre los 20 y los 24 años, “tiene que caerles todo el peso de la ley”. La legislación argentina contempla penas de hasta 15 años de cárcel por este delito, pero muchos ni siquiera llegan a juicio o tienen fallos absolutorios.
Aún así, cada vez más mujeres se atreven a denunciar, como muestran las estadísticas. El Ministerio de Seguridad de la Nación registró 5.703 víctimas de violación en 2020, 159 más que en 2019 y 1.437 más que en 2018. Los casos de 2020 suben hasta los 20.900 cuando se trata de agresiones sexuales.
Uno de los casos que contribuyó a la visibilización de las agresiones sexuales contra las mujeres y los obstáculos que encuentran ante la justicia fue la denuncia de la actriz Thelma Fardin, quien acusó al actor Juan Darthés de haberla violado cuando era menor de edad durante la gira de una serie juvenil en la que participaban. La denuncia, radicada primero en Guatemala, pasó después a Brasil, donde comenzó el juicio pero se suspendió antes del veredicto después de que la justicia de ese país considerase que no tenía jurisdicción.
Dos años atrás, otra presunta violación grupal en un camping de la costa argentina generó también una gran conmoción, pero tampoco tuvo condena. El pasado septiembre, un jurado popular absolvió a los tres acusados de haber abusado sexualmente de una adolescente de 14 años durante los festejos de Año Nuevo.
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La policía custodia a los seis sospechosos de una violación grupal en Buenos Aires, el 1 de marzo de 2022.RR.SS.
“Es terrible, porque muchas veces no se cree a la víctima. Hubo un periodista que ayer dijo que la chica podía haber querido en algún momento tener sexo con alguno de ellos. ¿Cómo es posible? No podemos hablar más de violación en manada porque no son animales, son varones que piensan, que planean violar. A plena luz del día, con impunidad, con tanta crueldad, la violaron mientras había dos fuera del auto tocando la guitarra para disimular”, dice Ada Rico, directora de la ONG La Casa del Encuentro. “Está naturalizado que los cuerpos de las mujeres y las niñas son para el consumo de los hombres. Necesitamos que cambie y para eso se tiene que enseñar Educación Sexual Integral en las escuelas. Es obligatorio por ley desde 2006, pero esa ley no se aplica”, denuncia Rico.
La violación del pasado lunes, ocurrida a una semana del Día Internacional de la Mujer, marcará las movilizaciones del 8-M. El colectivo Ni Una Menos convocó “a recuperar las calles” ese día y manifestarse “en contra de estas violencias que toman a ciertos cuerpos como botín”. La convocatoria señala que la respuesta a estos crímenes no debe ser “aislada ni individual, sino en búsqueda de una reparación colectiva”.
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Cuando llegaron a la frontera de México con Estados Unidos, la maestra venezolana Mayerlin Mayor y su hija Victoria no esperaban encontrarse con un río caudaloso. Los coyotes les habían dicho que cuando lo cruzaran el agua apenas les llegaría a los tobillos. Pero una vez allí, no había tiempo para pensarlo mucho. El 18 de enero de este 2022 cruzaron y en un punto ya no tocaron fondo, contaron sus familiares en Venezuela a medios locales. Según el relato, cayeron en un hueco y la niña murió ahogada en la travesía que miles de venezolanos están haciendo para tocar suelo estadounidense, entregarse a algún agente de la patrulla fronteriza y pedir asilo.
Tres días después de que Mayerlin y su hija intentaran cruzar, entró en vigencia la exigencia de visa para los venezolanos en México. La presión migratoria de los venezolanos en la región sigue creciendo. La dura crisis económica y social en el país petrolero empeora las condiciones de vida de los más pobres y las reformas del Gobierno de Nicolás Maduro para abrir la economía después de décadas de controles han ensanchado la brecha de la desigualdad. Con ello, han ido en aumento las restricciones para intentar frenar un movimiento que ha desbordado a los países de la región. La venezolana es la segunda mayor migración del mundo después de la de los sirios que huyen de la guerra, según ACNUR.
El año pasado, los venezolanos, después de los mexicanos, fueron el grupo más numeroso que llegó a la frontera norte con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. Más de 100.000 lograron atravesar ese peligroso paso en 2021, 20 veces más que el año anterior, según Brian Fincheltub, comisionado para asuntos consulares del Gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, que cuenta con reconocimiento de Washington.
Un migrante venezolano carga una mujer para cruzar el Río Bravo en Coahuila, México. GO NAKAMURA (Reuters)
La exigencia de visa en México, que hace todo lo posible para contener el flujo de migrantes a Estados Unidos, ha sido la barrera más reciente y ha significado un duro golpe para los venezolanos. No solo para los migrantes que esta semana protestaron en Tapachula, en el Estado de Chiapas, el primer torniquete de la frontera sur, sino también para los más de 80.000 que ya viven en México y que aspiraban reagrupar a sus familias.
Los requisitos para conseguir este documento son casi imposibles de cumplir para quienes se están moviendo por la región en busca de mejores oportunidades: demostrar arraigo al país a través de un contrato laboral, por ejemplo, y una solvencia económica de más de 2.500 dólares, explica July Rodríguez, defensora de derechos humanos y fundadora, junto a la abogada Lizbeth Guerrero, de Apoyo a Migrantes, una organización que desde hace cinco años orienta gratuitamente a los venezolanos que han salido del país. “Esta medida viola el derecho al asilo y a pedir refugio en México a una población que ya es vulnerable”, denuncia Guerrero, de 56 años, que emigró a Ciudad de México hace cuatro años, tiene a la mitad de su familia en Venezuela y comparte el trabajo social con migrantes con una venta de comida desde su casa.
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En Apoyo a Migrantes responden cerca de cien mensajes al día a través de un número de WhatsApp y una página en Facebook de venezolanos en tránsito —recientemente también de centroamericanos desde distintos puntos de la región— con dudas sobre los requisitos para entrar de forma legal, por necesidad de asistencia jurídica porque fueron detenidos o para pedir ayuda humanitaria porque están en la calle. En pandemia, cuando pensaron que el trabajo bajaría, se triplicó por las crisis en los países de acogida. “Están cercando a la comunidad venezolana, que somos personas que no estamos saliendo de nuestro país por vacaciones”, dice Rodríguez a través de una videollamada.
Las activistas, junto a otras organizaciones, están preparando un amparo para impugnar la medida. México ha sido el último país en sumarse a la lista de quienes ponen restricciones a los venezolanos, el 21 de enero, y la semana pasada su vecino Belice también anunció que pediría visas. En 2022 hay 98 países que piden visa a los venezolanos, 22 de ellos en la región, y la mayor parte de este grupo lo ha impuesto en los últimos cinco años.
Junto a estos muros de requisitos, también comienzan las deportaciones. Durante el Gobierno de Donald Trump, se deportaron venezolanos desde Estados Unidos a través de terceros países como Trinidad y Tobago, México o República Dominicana, pues las relaciones entre Washington y Caracas están rotas y no hay vuelos directos entre los dos países como parte de las sanciones aplicadas en 2019. Esta medida fue criticada duramente por un Joe Biden en campaña presidencial, pero han continuado bajo la administración demócrata, pese a que el año pasado dictó un estatuto temporal de protección para los venezolanos.
El 27 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional informó de que dos venezolanos fueron enviados en un vuelo comercial a Colombia bajo el Título 42, una cuestionada ley de los años cuarenta del siglo pasado, que permite expulsar extranjeros en un escenario de “grave peligro”, en el que puedan “introducir una enfermedad transmisible a los Estados Unidos”. Esta ley sanitaria anula la posibilidad de solicitar asilo y protección humanitaria y se ha aplicado durante la pandemia, bajo el Gobierno de Trump, y ahora se amplía con los venezolanos. En México, las activistas Rodríguez y Guerrero están viendo más casos de inadmisiones de asilo y expulsiones casi inmediatas desde la frontera con Estados Unidos.
Un grupo de migrantes venezolanos cruzando la frontera entre Chile y Bolivia en la comuna de Colchane al norte de Chile.Adriana Thomasa (EFE)
La medida produjo un cruce de declaraciones entre Estados Unidos y Colombia. Washington argumentó que los ciudadanos fueron enviados a Colombia porque con anterioridad habían obtenido algún tipo de estatus migratorio en el país. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que esperaban que los vuelos a Colombia con venezolanos deportados se realizaran de “forma regular”, insinuando un acuerdo con el Gobierno de Iván Duque, que su canciller ha negado.
Las deportaciones también levantaron rechazo entre defensores de derechos humanos. Más de 100 organizaciones emitieron esta semana un comunicado en el que exigen detenerlas. “Estas expulsiones bajo el Título 42 violan la ley y arriesgan a que se envíen personas de vuelta a condiciones peligrosas, algunas veces las mismas que causaron que fueran en busca de un lugar seguro”, señalan el texto que suscriben Amnistía Internacional, Oxfam y WOLA, entre otros.
Otros países, como Chile, batieron récords en deportaciones en 2021, siendo los venezolanos y haitianos los más numerosos. En diciembre, dos días antes de la Navidad, el presidente de Perú, Pedro Castillo, asistió a la base militar aérea de Lima a presenciar la expulsión de 41 venezolanos, que al final no pudo concretarse porque no hubo comunicación con la Cancillería venezolana.
Para la especialista en temas migratorios Claudia Vargas Ribas la respuesta de los Estados ha sido la usual cuando ocurren estas oleadas. “Lo que está cambiando son la cantidad y las condiciones en que están saliendo los venezolanos y la diversificación de las rutas ante estos muros jurídicos que imponen los países, además del empeoramiento de la crisis en los países latinoamericanos por la pandemia”, señala la socióloga, investigadora de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. “En 2018 no imaginábamos que íbamos a ver personas irse del país caminando, ya lo vimos. Tampoco venezolanos aguantando altas temperaturas como las de Atacama en Chile, cruzando la peligrosa selva del Darién o el río Grande para llegar a Estados Unidos. Ojalá no los veamos en masa subidos a La Bestia (el tren de carga que recorre México de norte a sur)”, advierte.
Migrantes venezolanos esperan a las afueras de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. Para obtener un código QR y registrar su situación migratoria en México. JOSE TORRES (REUTERS)
El 20% de la población venezolana —más de seis millones de personas, según ACNUR— ha salido en los últimos seis años y encabezan las peticiones de asilo en todo el mundo, aunque el porcentaje de aprobación es bajo. En este momento, señala Vargas, los venezolanos comienzan a encarnar mucho mejor el concepto de diáspora, pues no se están produciendo migraciones a un destino, sino que “los migrantes ya han estado en dos o tres países antes”.
En 2019 la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados pidió protección para los venezolanos y exhortó a la comunidad internacional a tratarlos como tal, aunque desde 2021 los cataloga como “venezolanos desplazados en el exterior”, una categoría especial que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos. “Sigue habiendo una migración mixta entre profesionales de clase media y personas de pocos recursos, pero ahora están saliendo los que viven con las más grandes carencias en Venezuela, con mucha urgencia de dinero, muchas mujeres, jefas de familia, que antes no eran el grupo predominante, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos”. La perspectiva, añade, es que sigan saliendo pues la crisis venezolana no tiene todavía un horizonte de mejora.
La socióloga señala que América Latina tiene una deuda histórica con una política regional para la migración, pues nunca antes había vivido un movimiento de personas tan grande en tan poco tiempo. “Cada país tiene sus leyes, que terminan siendo incompatibles con los derechos migratorios”, señala Vargas. Agrega que mientras no se den pasos hacia la regularización e integración, como ha hecho Colombia, donde hay 1,7 millones de venezolanos, se van a seguir incrementando las rutas informales, las redes de trata de personas y la xenofobia, “que en muchos casos se alimenta desde el discurso oficial”.
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Hombre que supuestamente se levanta de una morgue,
El video es viral en redes.
Noticias Internacionales.
Usuarios de redes sociales han mostrado asombro e intriga por un video que circula en diferentes plataformas digitales donde se observa a un «muerto» levantarse de un camilla de lo que sería una morgue de alguna ciudad de Rusia.
En las imágenes se visualiza el cuerpo de una persona de sexo masculino «revivir», aparentemente antes de que se le practique la autopsia.
El clip tiene fecha del 25 de enero del presente año, sin embargo, esta espeluznante escena data de junio del 2021 y tendría una explicación diferente a un caso de catalepsia, un estado biológico en el cual una persona yace inmóvil, en aparente muerte, y sin signos vitales, cuando en realidad se halla en un estado consciente que puede, a su vez, variar en intensidad.
😱💥Hombre se levantó de una morgue luego de ser declarado como muerto😱
Cámaras de seguridad captaron el impresionante momento en que un sujeto sale por sobre la sábana que cubría su cuerpo, se la quita desde la cabeza, se levanta y luego procede a tapar su cuerpo desvestido. pic.twitter.com/xAjIocUjE7
Tras la viralización de las imágenes, las autoridades sanitarias del país europeo emitieron un comunicado advirtiendo que el video no corresponde a ningún centro médico de Tver, ciudad Rusa, territorio de donde se atribuyó la grabación.
«El video es falso. La habitación del vídeo, que supuestamente es una morgue de Tver, no es tal. No hay morgues en Tver similares a la que aparece en el video», expresó el Ministerio de Salud de Rusia.
El video tiene una explicación
Las imágenes en cuestión se tratan de un aparte de un video de una serie grabada en una morgue de Moscú, más no de Tver.
Así lo reveló el médico forense, Eduard Tumanov.
Según explicó en el mes de julio la sala de la morgue estaba cerrada por algunas remodelaciones.
Esta situación fue aprovechada por la productora para llevar a cabo el rodaje.
Al parecer, este video se filtró como si fuera real y por eso causó tal confusión. Sin embargo, se especula que habría sido una estrategia publicitaria para causar suspenso y expectativa entre los espectadores de la serie de la cual se desconoce el título.
